Por: Erick Tejada Carbajal
Fue la infante democracia Griega, con sus retrocesos y avances dubitativos, que empezó a reconocer a gobernantes de talante dictatorial y de poderes omnímodos, como tiranos.
Así, Platón en ese contexto y muchos siglos después Santo Tomás de Aquino, reflexionaron sobre el derecho del pueblo de defenderse ante los tiranos y sus injusticias. Ese derecho o resistencia a la opresión, fue consagrado también en la declaratoria de la independencia de los Estados Unidos en 1776, dicha declaratoria- maravilloso condensado del espíritu humano-, reza en uno de sus fragmentos:
“Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad”.
De la revolución francesa, se deriva otro de los grandes documentos que la humanidad ha parido: la declaratoria de los derechos del hombre (mujer) y del ciudadano. El artículo 35 de dicha declaratoria es claro en su enunciado: “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes”.
John Locke, el teórico político que aportó con mayor lucidez la división de poderes como una premisa fundamental de las Repúblicas liberales, consideraba que el poder de los gobernantes es una cesión del poder de los gobernados. Esta es una cesión condicional. Los individuos aceptan vivir bajo la protección de un estado a cambio de una cesión de poderes. Por su parte, el gobierno ha de utilizar ese poder otorgado por los individuos para el bien común. Cuando no obra así, entonces el pacto entre los individuos y el estado se rompe y queda deslegitimado. En este contexto, los gobernados tienen derecho a la rebelión.
Es así, que se deduce, si se estudia la teoría política clásica, que, el derecho de los pueblos a la rebelión, a resistirse a la opresión, ha sido consagrado en la mayoría de constituciones del planeta (incluida la nuestra en el artículo 3), como un recurso legítimo al que tienen derecho los gobernados ante la tiranía, el abuso de poder y, contra gobiernos que han roto descaradamente el pacto social entre gobernados y gobernantes: la búsqueda del bien común.
En Honduras, el cerco mediático, vil y oscuro pulpo que se ha alimentado del status quo por décadas, insiste en esparcir la misma propaganda plagada de populismo conservador que nos ha inoculado por lustros. La pleitesía al “orden” y la “paz” como pilares fundamentales del “Estado de derecho”. ¿Se puede hablar de paz- me pregunto- en un país con una población sistemáticamente sometida a la pobreza, el hambre, la miseria y la violencia? ¿Se puede hablar de Estado de derecho en un país en el cual Lena Gutiérrez deambula con absoluta libertad mientras 40 personas están presas por protestar? ¿Hay Estado de derecho con los niveles de impunidad y homicidios de jóvenes que tiene Honduras? ¿Qué es más perjudicial para la economía nacional, qué se consolide una dictadura 4, 8 o 12 años, o, que el país se pare 7 días en resistencia a la tiranía?
Es imposible dialogar con un criminal demente embriagado de poder y embarrado de sangre; moral y éticamente sería ponernos a su altura, sería reconocer que el putrefacto sistema y sus estercoleros tienen derecho a formar parte de la naciente Honduras; impune e infamemente. El cinismo desbordado, una cúpula absorta en una cápsula confeccionada de negación y ceguera; pretende, imponer por la fuerza de las armas, la continuidad de este sistema caduco y vetusto que ha engendrado por décadas miseria, pobreza y hambre.
Ante un tejido social resquebrajado, ante la imposibilidad de darle un cauce institucional político adecuado al malestar generalizado de la población, ante el irrespeto del voto del pueblo expresado en las urnas, ante los abusos vergonzosos de una élite voraz y abyecta que arropa al tirano con sábanas bordadas de falsos halagos; lo que queda, sin remordimientos, más bien con orgullo e hidalguía, es, el derecho a la rebelión, a la insurrección, como expresión altísima y legítima del espíritu ciudadano y del campo popular. No hay pueblo libre y digno que no haya transitado esa senda, sobre la cual, quedan tendidos siempre, como espeluznantes gárgolas, los monstruos y sus agoreros.