Vacíos legales ponen cuesta arriba trabajo de UFERCO en caso de periodistas

El que no exista en Honduras una ley que regule los recursos asignados para publicidad y propaganda oficial, impide determinar bajo qué tipo penal podrían estar siendo requeridos los comunicadores, dice el especialista en derecho penal, Edy Tábora

 

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa. –Que Hilda Hernández, prometiera verbalmente, a más de 70 periodistas de diferentes medios de comunicación radial y televisiva ser beneficiados con cheques depositados en sus cuentas, les involucra en el último requerimiento fiscal presentado por la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción, (UFERCO), dependencia del Ministerio Público, MP.

Según el ente investigador, 77 comunicadores habrían recibido montos millonarios de la empresa Servicios e Inversiones AID, para que “emitieran opiniones favorables respecto a la gestión del presidente Juan Hernández, hermano de la titular de Comunicación y Estrategia de Casa Presidencial, Hilda Hernández, sin existir ningún vínculo con la misma”.

En una nueva línea de investigación, relacionado con el caso “Pandora”, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) adscrita a la UFERCO, identificó la existencia de la empresa ficticia, Servicios e Inversiones AID e indagó sobre los fondos manejados en la cuenta de cheques número 10111000856 de Banco Atlántida, a nombre de José Adolfo Sierra Morales.

Sierra Morales, por encargo de la subjefe de Presupuesto de la secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, se constituyó comerciante individual para “ejercer actos de comercio” bajo la citada razón social, Servicios e Inversiones AID.

Una vez que la fallecida hermana del presidente, Juan Hernández, Hilda Hernández fue nombrada en el cargo de ministra de Comunicación y Estrategia de Casa Presidencial, se le informó al motorista José Adolfo Sierra Morales, que su empresa operaría desde la sede del Poder Ejecutivo.

En el requerimiento fiscal, la UFERCO constantemente se refiere a la cuenta de cheques 10111000856 de Banco Atlántida, de donde entre 2014 y 2017, se emitieron 2175 cheques a nombre de 95 beneficiarios, entre personas naturales y jurídicas.

Precisamente, dentro de estas personas naturales, surgen los nombres de 77 periodistas con sus respectivas cuentas de ahorro en el sistema bancario nacional, señalados como depositarios de millonarias cantidades de dinero por concepto de “publicidad y propaganda”, sin tener vínculo alguno con la empresa Servicios e Inversiones AID.

La UFERCO, además, analizó que los pagos a periodistas se empezaron a realizar de manera “sistemática” una vez que tomó posesión de la Presidencia, Juan Hernández, en el año 2014.

En ese listado, figuran reconocidos comunicadores, aspirantes a diputados por los movimientos en contienda del Partido Nacional; otros reconocidos radio-periodistas de legendarias cadenas nacionales de noticias y hasta catedráticos de la Escuela de Periodismo.

Periodistas beneficiados con los fondos de origen ilícito manejados a través de la empresa Servicios e Inversiones AID: 

Periodistas caso Hermes

CONTRATACIONES DIRECTAS Y FRACCIONAMIENTOS DE CONTRATOS

Para la UFERCO, en el proceso de contratación investigado, no se encontró documentación que evidencie que éste se haya realizado mediante licitación pública, tal como lo establecían las disposiciones generales del presupuesto vigentes para los años 2014, 2015 y 2016, ni resolución o acuerdo mediante el cual se autorizara realizar compras directas en Casa Presidencial. 

 Asimismo, se determinó fraccionamiento en el objeto del contrato de manera que para el año 2014 se suscribieron siete contratos, tres con vigencia trimestral y cuatro con vigencia mensual); para el año 2015 se celebraron doce (con vigencia mensual) y para el año 2016 se celebraron diez; todos suscritos bajo la modalidad de contratación directa y con el mismo objeto: «servicio de manejo en la entrega de publicidad a medios de comunicación empresarial e independiente de forma digital y física a medios radiales y de televisión a nivel nacional a Casa Presidencial”.

La Gerencia Administrativa de Casa de Gobierno, informó que, durante dicho periodo, el procedimiento que se seguía para contratar con los proveedores de publicidad era la de contratación directa mediante la remisión de contrato y autorización de orden de pago por parte del Despacho de Comunicaciones y Estrategia.

Para el MP, a través de la UFERCO, por los montos y el objeto de los contratos,  las contrataciones entre Casa Presidencial y la empresa individual Servicios e Inversiones AID/José Adolfo Sierra fueron realizadas “incumpliendo lo establecido en los artículos 23, 24, 25, 63, sección tercera, de la Ley de Contrataciones del Estado; artículo 54 de las disposiciones generales del presupuesto para el año 2014, articulo 62 de las disposiciones presupuestarias del 2015 y artículo 66 de las disposiciones presupuestarias del 2016, pues, para el 2014, el monto máximo para contracción directa era de L. 470,000,01, y L. 550,000.01 para los años 2015 y 2016”.

Entre tanto, en el caso específico, de proveedores de servicios de publicidad, el procedimiento de pago se iniciaba cuando el despacho de Comunicaciones y Estrategia (Hilda Hernández) remitía el contrato y autorizaban las órdenes de pago.

La elaboración, revisión y autorización de las órdenes de pago del año 2014 al 2018 eran realizadas por los departamentos de contabilidad y administración, subraya la UFERCO, en el documento de 117 páginas, presentado ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Del 27 de enero al 7 de marzo de 2014, Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, ocupó el cargo de Gerente Administrativo de Casa Presidencial; y Harvis Edulfo Herrera Carballo, lo hizo del 03 de marzo del 2014 a la fecha.

En el mismo período investigado, la contadora general, fue Lesly Mireya Funes Sierra, (3 de febrero del 2014); y la Coordinadora del Gabinete de Estrategia Presidencial y Directora de Comunicaciones de Gobierno con rango de Secretaria de Estado, entre 2014 y 2016, fue Hilda Rosario Hernández Alvarado.

El requerimiento fiscal, presentado por la UFERCO el pasado 22 de febrero, incluye los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, fraude, malversación de caudales públicos por cambio de destino, lavado de activos, entre otros, contra 11 funcionarios ligados a Casa Presidencial entre 2013 y 2018.

El abogado Santos Cruz, consultado sobre quién es el dueño de Servicios e Inversiones AID, dijo verse impedido en revelar su nombre por tratarse de “testigo protegido por el MP”, sin embargo, por el contenido del requerimiento fiscal, se deduce, es el mismo José Adolfo Sierra Morales.

 La señalada empresa Servicios e Inversiones AID, se creó en 2013 exclusivamente para sustraer fondos del Estado y en su totalidad recibió 133 millones de lempiras, provenientes del Congreso Nacional y de Casa Presidencial.

Ahondó que 11 millones de lempiras ya están siendo imputados en el caso “corrupción sobre ruedas” y 122 millones de lempiras depositados en la ya desaparecida empresa Servicios e Inversiones AID, vinculados con este último requerimiento.

Que esta suma de dinero fue distribuida en pago a 77 personas dedicadas al periodismo, a la compra de vehículos y de terrenos, pago a empresas de transporte, adquisición de plantaciones de palma africana, enumeró.

Por el momento, el MP ha solicitado orden de captura contra 11 funcionarios de la administración Hernández Alvarado, sin descartar se sigan presentando solicitudes de requerimiento fiscal contra otros implicados y nuevas “líneas de investigación” que continuarán, según la UFERCO.

LA DENFENSA DEL COLEGIO DE PERIODISTAS

En un comunicado, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) estableció que el requerimiento fiscal tiene como propósito hacer “escarnio público” de las figuras de algunos de sus colegas y manifestó no tener información oficial al respecto.

El requerimiento del MP presentado ante la secretaría general de la CSJ, una vez recibido, es de conocimiento público, los reporteros de la fuente judicial tienen acceso a tales documentos, de manera que el CPH, también podría acceder al mismo, sin contratiempos.

Los periodistas colegiados dicen “celebrar” la lucha por adecentar la corrupción, pero a la vez cuestionan la investigación que señala a varios de sus colegas y califican el ejercicio de la UFERCO como una acción “perversa y siniestra para generar odio, levantar cortinas de humo, obtener ganancias pírricas en la política vernácula para colocar en el paredón del linchamiento público a algunos colegas, con quienes nos solidarizamos”.

Algunos de los 77 periodistas señalados de obtener jugosas sumas de dinero por medio de la empresa Servicios e Inversiones AID integran la directiva del CPH, incluyendo el Tribunal de Honor de este; paradójicamente, otros son formadores de opinión en las aulas universitarias.

El CPH responsabiliza – sin precisar nombres – a quienes considera promotores de una campaña de odio, “de cualquier atentado atroz” que afecte a sus colegas y a sus familias.

Las autoridades del CPH aseguran que se mantendrán vigilantes para acompañar a los cerca de 80 periodistas en cuestión, pero no mencionaron que se presentarán ante la CSJ a verificar qué suscitó este novedoso escándalo de corrupción.  

LA SANCIÓN QUEDARÁ EN LO MORAL

En un mar de corrupción, hay dos actores: los que corrompen y aquellos que se dejan corromper, según el investigador del Equipo de Reflexión, Investigación, y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC), Joaquín Mejía.

El régimen de Juan Hernández no ha sido incomodado por los periodistas, que han dejado su obligación democrática, al falsear la verdad o encubrir la misma, violentando el derecho a la libertad de expresión del pueblo hondureño: Joaquín Mejía, investigador del Equipo de Reflexión, Investigación, y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC).

Participan en esta clase de hechos, actores intelectuales y materiales, en donde la prensa juega el papel de “encubridores”, continuó Mejía.

Consultado si la implicación de 77 comunicadores en el desvío de fondos a través de la empresa de maletín Servicios e Inversiones AID, podría enfrentarlos con la justicia, estableció que en Honduras impera una “justicia selectiva”.

En este contexto, Honduras cuenta con un Ministerio Público fraccionado en dos: el representado por la UFERCO, bajo el liderazgo de Luis Santos y el que es liderado por el Fiscal General Oscar Chinchilla, que ha cercenado la actuación de la UFERCO, con la reducción de personal, recorte de presupuesto, entre otros beneficios coartados para su funcionamiento en la lucha contra la corrupción, indicó el también profesional del derecho y experto en derechos humanos.

Según Mejía, los periodistas mencionados por la UFERCO conseguirán con seguridad una “sanción moral” por parte de la sociedad hondureña, más considera difícil que se les aplique la ley, como se demanda.

Indicó que es “autoritarismo” de los periodistas y medios influyentes aseverar que ellos sí son confiables por los años que tiene de estar en el aire, a fin de mantener desinformado al pueblo hondureño.

Atentan contra la libertad de expresión, quienes pretenden alzarse como los únicos dueños de la verdad y continuar siendo complacientes con el régimen, aseveró.

Según Mejía, “con este requerimiento, la UFERCO está indicando que estos 77 periodistas están en actos de corrupción” y lo más grave es que se trata de “moldeadores de la opinión pública”.

En opinión del co-director del bufete Justicia para los Pueblos, Edy Tábora  la UFERCO no estableció claramente la participación criminosa de los periodistas en ese requerimiento fiscal; deja un vacío en la interpretación jurídica sobre qué debería proceder contra éstos.

El MP, tampoco aclara el tipo penal que podría aplicárseles, pero sí que el dinero tiene un origen ilícito y la contratación de publicidad sino tiene un sustento, ni se prueba que la misma se trasmitió, se trata de un delito.

La falta de una ley que regule la publicidad oficial permite la asignación en esta materia de manera arbitraria y el gobierno puede utilizar mecanismos de pauta publicitaria, sea que se preste o no el servicio como aparenta este caso.

Este experto en derecho penal reconoce que la acusación de la UFERCO conforme la relación de hechos y pruebas presentadas plantea la comisión de delitos, en una “trama” gestada desde la secretaría de Estrategia y Comunicación, en la que la gran ausente es Hilda Hernández.

 Lo anterior, sugiere, que se busquen mecanismos de control para el discurso único, y uno de los recursos a los que acude este y muchos gobiernos, es la “pauta publicitaria”.

Honduras no cuenta con una ley de regulación de publicidad oficial, por tanto, cuando el MP presenta un caso de esta magnitud la pregunta es “qué se puede hacer”.

El entrevistado, estableció que cuando no hay regulación de publicidad oficial, hay asignación arbitraria de ésta, con el fin de implementar un discurso único, interpretadas como “censuras sutiles”, en donde no callan voces, sino que imponen una agenda mediática para replicar el discurso público.

Según el jurista, los delitos perpetrados en contra de la administración pública por los 11 funcionarios requeridos claramente están acreditados por el emplazamiento judicial y cuentan con similar metodología utilizada por Hilda Hernández -con la venia del presidente de la Republica – en el caso Pandora.

En ese caso, recordó se utilizaron empresas o fundaciones a las que se les asignaba fondos sin ningún procedimiento de contratación estatal, drenados hacia terceros: hoy fueron periodistas las personas naturales beneficiadas.

El ventilar nombres de periodistas en este último caso de corrupción, es el elemento relevante para la opinión pública, sin embargo, “hay que ser cuidadosos a nivel de discurso público, identificando quién es el mayor responsable de este hecho delictivo”, advirtió.

Para Tábora, este caso impacta en la sociedad pues cuestiona cómo se malversa el erario frente a tantas necesidades del pueblo por atender y conlleva un impacto democrático, por la necesidad de controlar el discurso público e imponerlo como “discurso único”, por quienes ostentan el poder.

Ese pretendido control mediático, genera una gran limitación a la libre difusión de las ideas e información, cuya responsabilidad recae en funcionarios públicos (Hilda Hernández).

Políticamente responsable es Juan Hernández porque fue su gobierno entre 2014 y 2018 el beneficiado; él dirige la administración y ejecución del presupuesto como titular del Poder Ejecutivo, según la Constitución de la República.

De momento es difícil establecer qué pasará con las personas que fueron beneficiadas de los fondos provenientes de un acto de corrupción, porque en el requerimiento el MP solamente establece que no hay justificación por el tema de publicidad de parte de los 77 periodistas.

En tal sentido, el defensor de derechos humanos sugiere analizar la situación de los periodistas, dado que muchos de ellos forman parte de medios de comunicación.

“Si no hay justificación para que hayan recibido esos pagos, los periodistas tienen una responsabilidad ética por la libertad de expresión; se dice que los medios de comunicación y los periodistas son muy importantes en la difusión de las ideas, en el pluralismo democrático, en la difusión y discusión de los asuntos de interés público, así que este involucramiento es meramente ético”: Edy Tábora, abogado especialista en derecho penal.

Los periodistas difunden el discurso del gobierno en vez de realizar una pauta publicitaria y eso es un asunto ético; si los periodistas recibieron fondos y no hubo a cambio una prestación de servicios de publicidad, hay un delito, asegura. 

La contrapartida de una pauta publicitaria es que se difunda la publicidad: el caso de una campaña de vacunación en salud… si eso no se dio, hubo participación en un delito, arguyó.

Así, la única forma de establecer una responsabilidad penal por este acto a los periodistas es analizar la Ley de Contratación de la Administración Pública porque no existe una ley de regulación específica sobre este tema.

El MP no puede dejar solo a la interpretación los hechos ocurridos en cuanto a los periodistas, deben presentar elementos de prueba contra ese presunto ilícito, algo muy relevante para la ciudadanía.

Todavía no hay un hecho probado de la comisión del delito, sólo se prueba que los 77 periodistas recibieron los fondos de acuerdo con la acreditación de nombres, números de cuentas de cada uno de ellos, y las cantidades recibidas, fondos de origen ilícito y esto no significa que se trate de un delito.

En conclusión, los periodistas pueden alegar que no existe una normativa que regule la publicidad oficial y que el MP debe acreditar ante juzgados y ante la sociedad, la existencia o no de contratos de publicidad con los periodistas y definir el objeto de la relación contractual, de no existir éste, el MP que presente una acusación.

El caso presentado contra los 11 funcionarios está muy bien fundamentado, pero el gran problema es que los periodistas no están siendo acusados, pues ya conocemos cómo y de dónde se les generó recibir esos cuantiosos montos en moneda nacional.

Si esos fondos no tienen base contractual, es decir, un producto en este caso, una publicidad, el MP podría recurrir a la Ley de Privación de Dominio, para lo cual deberán presentarse las pruebas, caso contrario, los periodistas pueden ser llamados como testigos, explicó.

Para la recuperación de la sustracción de esos fondos, el MP también puede utilizar la Ley de Privación de Dominio, siempre acreditando que tales fondos no tienen un respaldo de contratación.

La lección aprendida para los hondureños radica en que la publicidad oficial debe ser regulada y se debe exigir a la institucionalidad que investigue la “Ley de Canje de Impuesto por Publicidad”, en la que podría presentarse un delito mayor que el caso Hermes, apuntó.

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La Ley del Programa Voluntariado de Rescate, Promoción y Fomento del Sector de las Comunicaciones, más conocida como Ley de Canje Publicitario, entró en vigor en junio de 2013 luego de su aprobación en el Congreso Nacional cuando este poder del Estado era presidido por el actual presidente Juan Hernández.

Conocida popularmente como la Ley de Canje Publicitario, la normativa permite a los medios de comunicación ser acogidos por un régimen especial [del gobierno], que les permite canjear sus deudas concernientes al pago de impuestos y de servicios públicos y sus obligaciones presentes y futuras por dichos conceptos.

 Es normal que toda persona que reciba fondos públicos rinda cuentas ante la sociedad, pues es de interés público las transacciones cuando se reciben fondos del erario nacional, dijo ante el planteamiento del CPH.

Tábora no cree que el MP esté interesado en perseguir a los periodistas, “quien los juzga es la sociedad, porque está descontenta con el enfoque de la línea editorial de los periodistas”.

En Honduras, se rompe el discurso oficial del gobierno con la existencia de medios alternativos que han venido a cambiar el panorama para la discusión de los temas de interés público, hay un antes y un después de los medios digitales, estableció.

El gran tema de imposición del discurso de la oficialidad, son los negocios entre las empresas difusoras de noticias y entretenimiento con el régimen y los periodistas están condicionados por las empresas mediáticas donde están los mayores intereses, puntualizó.

El humanista reiteró, que la UFERCO “tiene que explicarle a la sociedad más profundamente sobre el involucramiento de periodistas en el drenaje de fondos gestados desde Casa Presidencial mediante la empresa Servicios e Inversiones AID”.

 El que no exista en el país una ley que regule los recursos asignados para publicidad y propaganda oficial, impide determinar bajo qué tipo penal podrían estar siendo requeridos los comunicadores.

“El MP está obligado a investigar en qué consiste la Ley de Canje del Impuesto por publicaciones, puesto que, en la ética de los periodistas, descansa la verdadera libertad de expresión”, finalizó.    

Asesinato de «Madgaleno Meza» activa las alarmas ante un “narco-gobierno”: Edy Tábora

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. –El director de C-Libre, Edy Tábora dijo que el crimen de Nery Orlando López Sanabria, dentro de la cárcel de máxima seguridad, más conocida como «El Pozo», es sumamente grave y activa las alarmas ante un “narco-gobierno”.

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El defensor de los derechos humanos cuestionó que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) no haya traslado a la víctima a otro centro penitenciario pese a que su defensa expuso que su vida corría peligro.

En el caso de López Sanabria—quien en su momento fingió su muerte y se identificaba como Magdaleno Meza Fúnez— las autoridades penitenciarias arguyeron que no hacían el traslado porque no contaban con una orden judicial, pero paradójicamente en el caso de los ambientalistas de Guapinol-que existen dos resoluciones judiciales—no lo han hecho, cuestionó Tábora.

Todo apunta, según Tábora, que las autoridades están jugando a la conveniencia política que tienen sobre cada privado de libertad.

Las autoridades del INP actúan arbitrariamente porque el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad les ha otorgado facultades normativas, modificando la ley del sistema penitenciario, dijo el defensor de derechos humanos.

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, es una estructura que otorga poderes absolutos al presidente de la República, que es quien lo preside. Fue constituido en el año 2011 mediante una ley especial aprobada en el Congreso Nacional cuando este poder del Estado era presidido por el actual jefe de Estado, Juan Hernández.

La instancia está integrada, además, por el Fiscal General de la República, los presidentes de los poderes Legislativo, Judicial y los secretarios de Estado en los despachos de Defensa y Seguridad.

“Por eso nosotros hemos venido denunciado al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad como el órgano que concentra institucionalmente la dictadura, porque rompe con el principio de separación de poderes”, expresó el director de C-Libre.

Para el defensor de los derechos humanos, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que configuró una dictadura alrededor de Juan Hernández, debe desaparecer porque rompe con los principios constitucionales de separación de poderes e independencia judicial.

El asesinato de López Sanabria se registró el mediodía del sábado. Esa misma tarde las autoridades del gobierno hicieron circular un vídeo en el que se muestra la brutalidad y la saña con la que fue fulminado el supuesto socio de “Tony” Hernández, que tenía en su poder varias “narco libretas” que sirvieron de evidencia en el recién finalizado juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Las “narco libretas” fueron parte de las pruebas con las que la fiscalía estadounidense logró declarar culpable al exdiputado del Partido Nacional. Dentro de los apuntes aparecen las iniciales de JOH, con las que se identifica el gobernante hondureño y hermano de “Tony” Hernández. De acuerdo con los apuntes, el gobernante hondureño es parte también de la estructura criminal que estaba alrededor de “Tony” Hernández.

Vida de ambientalistas de Guapinol corre peligro en La Tolva: Defensores de DD. HH.

Interponen recurso de habeas corpus porque autoridades del Instituto Nacional Penitenciario no acatan dos resoluciones judiciales que ordenan su traslado a cárcel de Olanchito

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. –Defensores de derechos humanos advirtieron este lunes que la vida de los ambientalistas de la comunidad de Guapinol, del municipio de Tocoa, Colón—que están privados de su libertad en una cárcel de máxima seguridad—está en riesgo.

Los líderes comunitarios se encuentran recluidos en la cárcel de máxima seguridad, conocida como “La Tolva”, en el municipio Morocelí, El Paraíso, pese a que existen dos resoluciones judiciales que exige su traslado a la cárcel de Olanchito, en el departamento de Yoro.

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A raíz del incumplimiento, la defensa de los ambientalistas interpuso este lunes un recurso de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) cumpla una resolución de un juez de ejecución de Danlí, El Paraíso, que el pasado 13 de septiembre ratificó la decisión de la jueza de jurisdicción nacional, Lizeth Vallecillo, que el 1 de septiembre pasado ordenó el traslado de los privados de libertad a la cárcel de Olanchito.

Pese a la determinación judicial, las autoridades del INP han advertido a la defensa de los ambientalistas que no acatarán lo dispuesto porque la ley las ampara para determinar el centro penitenciario donde deben ser enviados los procesados.

El director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y miembro de la defensa de los ambientalistas, Edy Tábora, dijo a CRITERIO que desafortunadamente el INP está actuando de manera arbitraria y discrecional.

Añadió que la institución penitenciaria goza de una serie de facultades que le ha otorgado el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, las que invocan sus autoridades para no acatar las resoluciones judiciales.

Tábora apuntó que en un Estado de derecho los jueces son los encargados de determinar el lugar dónde se deben cumplir las penas, hacer traslados o determinar otras circunstancias relacionadas al estado procesal de los privados de libertad.

Los apoderados legales de los ambientalistas de Guapinol acudieron al Poder Judicial alarmados por el asesinato dentro de la cárcel de máxima seguridad, conocida como El Pozo, de Nery Orlando López Sanabria, quien se identificaba como Magdaleno Meza Funez, un supuesto socio del narcotraficante, Juan Antonio, alias “Tony” Hernández.

El director de C-Libre apuntó que la presentación del recurso de habeas es para denunciar públicamente sobre lo que les puede ocurrir a los defensores del medio ambiente de Guapinol, porque actualmente en Honduras existe un “narco-gobierno” y eso genera inseguridad.

Los ambientalistas se oponen a la construcción del proyecto minero ASP y ASP 1, concesionado a la empresa Los Pinares, propiedad de del empresario Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del fallecido terrateniente Miguel Facussé.

En septiembre pasado, durante la audiencia inicial, la jueza Lizeth Vallecillo, decretó auto de formal procesamiento y la medida de prisión preventiva contra: José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Arnol Javier Alemán Soriano, por suponerlos responsables de los delitos de incendio agravado y privación injusta de la libertad, en perjuicio de Santos Hernández Corea y por el delito de incendio agravado en perjuicio de la Sociedad Mercantil Inversiones Los Pinares S.A. de C.V.

Relator para la Libertad de Expresión alerta sobre violaciones del nuevo Código Penal

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-En el marco de un foro celebrado este miércoles en la capital hondureña, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edilson Lanza, advirtió sobre una serie de violaciones a los derechos fundamentales contenidas en el nuevo Código Penal.

A juicio de Lanza el nuevo Código Penal, que entrará en vigencia el 10 de noviembre próximo tras seis meses de vacatio legis, contempla varias figuras que afectarán la libertad de prensa y de expresión, porque mantiene vigente los delitos de injuria, calumnia y difamación.

Relator Libertad de Expresión
Edilson Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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Asimismo, porque se sancionará a los periodistas que reproduzcan una injuria o algo que diga un tercero, cuando lo que generalmente lo que hace el periodista es reproducir debates de interés público, por lo que la función de la prensa será restringida.

El nuevo código sanciona también falsedades que puedan generar pánico económico y otras, las que a su criterio son vagas y ambiguas y se convierten en una amenaza para la libertad de expresión.

El relator señaló además que la normativa afecta el derecho a la protesta, ya que un hecho violento aislado podría convertirse en una causal de sanción penal para los organizadores.

“Todas estas figuras nos preocupan y esperamos que el Congreso las modifique en línea con los estándares internacionales”, expresó el relator, quien adelantó que próximamente presentará un informe detallado sobre la situación de las libertades fundamentales en Honduras.

Consultado sobre la ley de ciberseguridad, en discusión en el Congreso Nacional, Lanza se limitó a decir que la censura previa está prohibida por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En cuanto al Mecanismo de Protección a Periodistas, Abogados y Defensores de Derechos Humanos y la ley de escuchas telefónicas, prefirió no emitir una opinión, pues dijo que su visita no es de evaluación sino que corresponde a una visita académica.

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Lanza compareció en el foro: “Limitaciones a la libertad de expresión en Honduras”, en el marco de una visita académica gestionada por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), organización que sostiene que el nuevo Código Penal publicado el pasado 10 de mayo en el diario oficial La Gaceta, manifiesta el incumplimiento del Estado de adecuar las normativas a los estándares internacionales sobre la libertad de expresión, porque se  utilizan delitos contra el honor para acallar a las y los comunicadores, filtradores de información y otras personas que hacen uso de este derecho fundamental.

Relator Libertad de Expresión
En el foro se debatió sobre las nuevas figuras penales que atentan contra las libertades fundamentales.

C-Libre ha señalado además que la normativa establece nuevas figuras relacionadas con la veracidad exigida en la divulgación de noticias e información que pone en una situación de precariedad a los periodistas.

En el año 2018, C-Libre emitió cerca de 24 alertas por agresiones cometidas contra periodistas, mientras daban cobertura a diferentes protestas en el territorio hondureño. Según la organización, los responsables de dichas agresiones, en su mayoría (21), son agentes policiales y militares.

“Hay un aumento de violencia contra las y los periodistas y el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones para prevenirlo y utilizan un lenguaje estigmatizante que crea condiciones para que se generen más agresiones”, denunció el director de C-Libre, Edy Tábora.

El Ministerio Público debería acusar a Ebal Díaz por el delito de apología al odio

La finalidad Ebal Díaz es generar aversión hacia las personas que son catalogadas por el gobierno como enemigas: Edy Tábora, director del Comité para la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tábora.

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El Ministerio Público debería actuar de oficio y acusar por el delito de apología al odio al secretario de la Presidencia de Honduras, Ebal Díaz, por haber emitido declaraciones estigmatizantes contra la oposición política, defensores de los derechos humanos y la prensa en general.

El discurso del señor Ebal Díaz debería implicar una investigación por parte del Ministerio Público porque es un discurso que genera odio, es un discurso que es sancionado por el Estado hondureño, sobre todo porque es un discurso oficial”, dijo el director del Comité para la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tábora.

El delito de apología al odio está estipulado en el artículo 321, literal B del Código Penal.

Tábora instó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se pronuncie al respecto porque las expresiones del funcionario gubernamental se emiten alrededor de un caso que está siendo conocido por el organismo de derechos humanos y que ya ha resuelto una medida cautelar.

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El secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, se pronunció el jueves sobre el caso del periodista David Romero, haciendo uso de un discurso estigmatizante contra opositores, defensores de derechos humanos y la prensa.

El periodista y director de Radio Globo, David Romero, fue capturado el jueves y remitido a un batallón militar, tras un allanamiento a la estación radial que goza, al igual que el comunicador social, de medidas cautelares por parte de la CIDH.

El pasado 11 de enero, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró “sin lugar” un recurso de casación presentado por la defensa del periodista, y ratificó la sentencia emitida en marzo de 2016, de 10 años de reclusión, por la comisión de seis delitos de calumnias constitutivas de difamación, ante una querella presentada por Sonia Gálvez, esposa del exfiscal general adjunto, Rigoberto Cuéllar.

En Honduras hay un excesivo y abusivo uso de la excepción de seguridad nacional

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Honduras se ha convertido en el país de Latinoamérica con mayor abuso de la excepcionalidad de seguridad nacional para el manejo de la información pública.

Lo anterior es una conclusión de Mariana Mas, experta en acceso a la información y seguridad nacional del Open Society Institute, con sede en Nueva York. Mas participó en el foro ciudadano “El derecho de acceso a la información pública y el carácter excepcional de sus limitaciones”, que se desarrolló el martes en Tegucigalpa, bajo la organización del observatorio de Justicia Penal de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

La experta en acceso a la información y seguridad nacional hizo la reflexión al hacer un análisis comparativo en la región latinoamericana sobre la excepcionalidad de la seguridad nacional, luego de haber analizado la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública, más conocida como Ley de Secretos, vigente en Honduras desde el 7 de marzo de 2014.

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Honduras
Mariana Mas, experta en acceso a la información y seguridad nacional del Open Society Institute.

Mas analizó además la Ley de Acceso a la Información Pública vigente desde al año 2006.

A juicio de la experta, tanto la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública como la Ley de Secretos, tienen una serie de carencias e incumplimiento con los estándares internacionales, en lo referente a lo que regula el acceso a la información pública, específicamente en la información que proviene del sector seguridad.

Apuntó que la Ley de Secretos genera una limitación de las garantías al acceso a la información pública, ya que impacta en otras instituciones que no tienen que ver directamente con la seguridad.

La Ley de Secretos, que se aplica en 16 instituciones del Estado, clasifica la información pública en reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta y el blindaje es de cinco, diez, 15 y 25 años respectivamente, pudiéndose prorrogar por el mismo periodo de tiempo.

“Todo estos son elementos de alerta sobre los impactos que deben darse en el acceso a la información pública y generan las condiciones para que haya un abuso en la reserva de la información”, dijo Mas.

A raíz de la aplicación de la normativa, los jueces hondureños no pueden tener acceso a información que se encuentra en el catálogo de la secretividad, sino cuentan con la autorización del presidente del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), es decir del presidente de la República. Esto de acuerdo a la experta internacional, no es más que la concentración del poder en manos del titular del Poder Ejecutivo.

La práctica que aplica en Honduras viola además el debido proceso, porque de acuerdo a la Constitución hondureña y a los estándares internacionales más básicos, tanto universales como interamericanos, un juez siempre debe garantizar un debido proceso, remarcó.

“Esto lo que está generando es el Poder Ejecutivo interviniendo sobre el mandato del Poder Judicial y esto es algo sumamente preocupante, ya que un juez, como un fiscal, debería tener acceso a los documentos requeridos”, señaló la visitante.

La MACCIH ha propuesto reformas a la Ley de Secretos, sin embargo estas no han sido consideradas por el Congreso Nacional, donde se celebran de manera recurrente pactos de impunidad que blindan la información que podría llevar al desmantelamiento de redes de corrupción.

Al respecto Mariana Mas dijo que si no hay los estándares básicos de acceso a la información pública, no pueden existir elementos de prevención de la corrupción.

Código Penal de Honduras
Edy Tábora, director de Comité por la Libre Expresión.

Por su parte, el presidente del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tábora, consideró ineludible que se armonice la legislación que conlleve al acceso a la información pública, para conocer mejor la gestión pública y el manejo de los recursos financieros.

Tábora apuntó que al sistematizar la información se ha descubierto que existen otras restricciones más graves a la Ley de Secretos como la Ley de Inteligencia que anula totalmente el derecho al acceso a la información pública.

Asimismo, la información relacionada a las exoneraciones fiscales, contemplada en el Acuerdo número 842-2018  de la Secretaría de Finanzas que declara en secreto dicha información y el Acuerdo Ministerial 1402-2018 de MiAmbiente, que  establece secretividad en las licencias y otros trámites ambientales.

 

A sangre y fuego se impuso proyecto minero en El Guapinol

Coalición Contra la Impunidad documenta caso e interpone denuncia ante el Ministerio Público

 

Alcalde de Tocoa revela en vídeo que el proyecto minero fue concesionado inicialmente a Los Cachiros 

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-“Hemos andado siempre en apoyo. Porque cuando nosotros mirábamos a la comunidad de El Guapinol, cuando el agua empezó a ensuciarse, no se podía hacer nada con esa agua, teníamos que comprar el botellón y el botellón cuesta 20 lempiras. Entonces no hallamos qué hacer. Parecía que habíamos batido un poco de lodo, de ese colorado…espeso. Y el agua en la pila ya empezaba a echar mal olor”.

Sus palabras calaron en medio de las tibias paredes de un hotel capitalino a defensores del medio ambiente y de derechos humanos, pobladores de comunidades en conflicto por la explotación de los recursos naturales y a la poca prensa que asistió. Era la introducción vehemente de doña María Victoria Del Cid, una mujer de más de 70 años, que pese a su avanzada edad sigue luchando por la defensa del Río Guapinol, ubicado en la comunidad de El Guapinol, en el municipio de Tocoa, Colón.

Con su cuerpo arqueado por el paso de los años, pero con su memoria lúcida, doña María contó cómo fue que en Tocoa se conformó el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales. Desde esta estructura comenzó—junto a varias mujeres y a unos “cuatro varones”, según sus propias palabras—a luchar por la defensa del rio Guapinol concesionado desde el año 2013 al proyecto minero ASP y ASP 1, ahora en poder de la empresa “Inversiones Los Pinares”, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé.

Guapinol

Doña María contó que estaba consiente que se reirían de ella y que esperaba que lo primero que dijeran, era: ¿esa viejita qué va a hacer?…Bueno, aunque sea andar haciendo bulla y animando, se respondió.

A los pocos días de haberse conformado el Comité, dijo que conoció al alcalde de Tocoa, Adán Funes, a quien le dejó claro que no necesitaba de su dinero para vivir y le expresó su incomodidad por sus posturas a favor de los proyectos mineros. Relató también, que ese mismo día, luego de concluir un evento público, persuadió a sus compañeros de lucha que el edil no haría nada por ellos, porque los políticos cuando ya tienen el dinero en la mano no se preocupan por el pueblo.

Doña María es firme en su mensaje y posturas, las que dice haber logrado por ayuda divina, porque apenas cursó el segundo grado. La longeva mujer habló en público durante un evento informativo donde se discutió sobre el conflictivo proyecto minero ASP y ASP1, instalado en la zona núcleo del Parque Nacional de Botaderos

La septuagenaria es testigo fiel del conflicto generado por la concesión del proyecto minero, que en los últimos años ha dejado al menos seis muertes  de dirigentes comunales, contaminación del rio Guapinol, que suple de agua potable a los hogares de la comunidad, daños al ambiente en general en la zona núcleo y alrededores del Parque Nacional de Botaderos, establecida desde el año 2012 como zona protegida y ahora conocido como Parque Nacional Carlos Escaleras, en memoria del líder ambientalista Carlos Escaleras.

El Parque Nacional Carlos Escaleras es una zona de alta producción de agua. Allí nacen los ríos Mame, Monga, Cuaca, San Pedro, Guapinol, Tocoa, Taujica, Bonito, Izquierdo, Rio Chiquito, Tinto o negro, entre otros.

El proyecto minero jamás debió desarrollarse, porque está instalado en una zona protegida. No obstante, sobre el mismo hay cualquier cantidad de abusos e ilegalidades, ya que fue desde las instituciones del Estado que se reformó el decreto de creación del parque para adecuarlo a las pretensiones de la empresa minera.

Área protegida

El Parque Nacional Montaña Botaderos fue creado en el año 2012, como área protegida con el fin de conservar y proteger los recursos naturales y culturales. El parque cuenta con una extensión de 96,755.4 hectáreas, de las cuales 24,223.7 conforman la zona núcleo y 72,531.7 la zona de amortiguamiento.

En diciembre de 2013, el diputado al Congreso Nacional por el departamento de Colón, Ricardo Díaz, introdujo un proyecto de decreto para reformar el Decreto 127-2012, que contiene la declaratoria del parque como área protegida. El decreto fue presentado fraudulentamente bajo la idea de la necesidad de ampliar la zona de amortiguamiento, sin embargo, la finalidad oculta de la reforma se hace evidente al comparar la nueva redacción del artículo con la anterior. Ahora la Zona núcleo se ve reducida de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36, es decir 217.34 hectáreas menos.

De manera maliciosa, pese a que el Parque Nacional ha sido declarado como área protegida, aún no ha sido inscrito en el Catálogo de Patrimonio Público Forestal Inalienable, bajo el alegato que dicho proceso es indispensable pero costoso. La Ley de Minería prohíbe otorgar derechos mineros en dicho catálogo, siendo esta la verdadera razón para no hacer la inscripción.

Otras de las arbitrariedades que se están cometiendo es la violación al Plan de Manejo del Parque que establece algunas restricciones a los proyectos mineros como: Procesos participativos de socialización con las comunidades a fin de que acepten y se involucren en las etapas del proyecto.

También prohíbe realizar actividades mineras en zonas de recarga hídrica o tomas de agua donde se abastecen las comunidades y la construcción de carreteras o vías de acceso y construcciones a orillas de quebradas, ríos u zonas de riegos.

Criminalización

El conflicto también ha dejado la criminalización contra decenas de personas, que se han organizado alrededor del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales. Como nuestra de ese estigma 18 personas que forman parte del “Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida”, que se mantiene desde hace varios meses como acto de resistencia y protesta contra el proyecto minero, están siendo judicializadas, acusadas por los delitos de usurpación y daños, en perjuicio de la empresa minera “Inversiones Los Pinares”.

Los pobladores han sido arrinconados a los Juzgado con Competencia Nacional Territorial, donde se ventilan casos del crimen organizado, ubicándolos en una categoría como si se tratasen de criminales de alta peligrosidad.

A raíz de las denuncias de los pobladores de El Guapinol, la Coalición Contra la Impunidad (CCI), integrada por 19 organizaciones de sociedad civil, se trasladó a la zona a realizar una visita in loco y constató en noviembre de 2018 que la concesión minera es producto de prácticas legislativas irregulares y corruptas para favorecer el despojo territorial por parte de empresas privadas.

Noticia Relacionada: Coalición Contra la Impunidad constata terrible violación de derechos humanos en El Guapinol, Tocoa, Colón

 

Este miércoles la CCI presentó un informe en un hotel de Tegucigalpa, donde además de doña María se encontraban otros pobladores y dirigentes sociales. Seguido del evento, los abogados de la Colación, Edy Tábora, Carlo Jiménez y Allan Alvarenga, se trasladaron a las oficinas del Ministerio Público a presentar una denuncia por abuso de autoridad y omisión de las obligaciones de los funcionarios, alrededor del conflictivo proyecto minero.

La Coalición documentó y analizó el proceso, desde que se creó el Parque Nacional de Botaderos hasta el momento en que la municipalidad de Tocoa, Colón, otorgó el permiso de operación.

En todo el proceso hay distintas instituciones que están relacionadas con el otorgamiento del título minero de manera irregular. La denuncia identifica al Instituto Nacional de Geología y Minería (Ingeomin), la desaparecida Secretaría de Recursos Naturales (Serna), la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente), el Instituto de Conservación Forestal y la Corporación Munucipal de Tocoa, Colón.

La Coalición demandó a la Fiscalía que proceda al decomiso de todos los expedientes relacionados con la concesión e individualice cuál es la participación de los funcionarios en cada una de las instituciones del Estado.

Relación de hechos

El conflictivo proyecto minero surge en el año 2013. El 22 de abril de 2013 el apoderado legal de EMCO MINING COMPANY presentó solicitud de otorgamiento de una concesión minera no metálica, para la explotación y posteriormente explotación de óxidos de hierro. Dicha solicitud fue admitida en junio de ese mismo año, identificando la zona como ASP.

Posteriormente, en el año 2014 el Instituto de Conservación Forestal (ICF) emitió un dictamen técnico (DPA-031-2014) declarando que el proyecto no era factible por estar en un área protegida y la Asesoría Legal recomendó a la Secretaría de Recursos Naturales declarar sin lugar la licencia ambiental porque se encuentra localizado dentro de la zona núcleo y dentro del proyecto se encuentra una fuente de agua que abastece a las comunidades.

Más adelante, la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), el 21 de mayo de 2014 emitió el Informe y Dictamen Técnico número 713/2014 mediante el cual se determinó la viabilidad ambiental del proyecto minero no metálico.

El 9 de mayo de 2014 el abogado Miguel Sánchez solicitó se dejará sin valor y efecto la opinión legal del ICF junto con los demás pronunciamientos de los departamentos que conforman el ICF. Luego y siguiendo las presiones de los empresarios, el 23 de junio de ese mismo año el ICF emitió el dictamen técnico OL-TOCOA-MDF-042-2014, concluyendo que el proyecto era factible.

Explotación minera

En ese juego de favoritismo, el 28 de enero de 2014 el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Ingeomin) realizó la inscripción de la resolución que declara con lugar la solicitud de exploración y explotación del proyecto minero ASP ante el Registro Minero y Catastral, firmándose así el respectivo contrato de concesión minera no metálica.

A finales del 2014, el 29 de diciembre para ser exactos, la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente), emitió la licencia ambiental número 014-2014 a favor de EMCO MINING COMPANY, con una vigencia de cinco años. Y en enero de 2015 la corporación municipal de Tocoa, bajo el liderazgo del alcalde Adán Funes renovó el permiso de operación.

Narcotráfico

Sobre el proyecto minero de El Guapinol se ha dicho que inicialmente perteneció a la familia Rivera Maradiaga, líderes del cártel de “Los Cachiros”, extraditados a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

 “La participación de narcotraficantes no la tenemos documentado”, dijo el director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) e integrante del grupo de abogados de la Coalición Contra la Impunidad, que hasta el momento ha analizado 300 folios de 1,268 en total.

El profesional del derecho respondió, además, que la Coalición está trabajando en una investigación para establecer cómo el derecho minero se ha ido trasladando de una empresa a otra para evadir responsabilidades.

Tábora dijo a CRITERIO que solo han revisado 300 folios por impedimento del Acuerdo Ministerial 1402-2018 de MiAmbiente, aprobado el 8 de agosto y publicado en el diario oficial La 17 de agosto de 2018, que declara en secretividad las licencias y otros trámites ambientales.

Los Cachiros

Mientras Tábora no ha logrado documentar la participación de narcotraficantes en las concesiones mineras, el propio alcalde de Tocoa, Adán Funes, confiesa, según un video publicado por las “Noticias de Colón”, que la concesión de EMCO MINING COMPANY, pertenecía a Javier Rivera.

En el contexto del video, Funes dice además: “esas concesiones aquí en el sector San Pedro eran de Javier Rivera Maradiaga y no creo que ustedes siendo de este sector, siendo amigos de Javier Rivera Maradiaga y de toda la familia Rivera, ustedes no se dieran cuenta que él había solicitado esas concesiones, incluso la de allá, arriba de La Laguna, esa era de Javier Rivera”.

https://www.facebook.com/lasnoticias.decolon/videos/1047694445348158/?t=0

Funes reclama a sus partidarios que ahora que Javier Rivera Maradiaga se encuentra recluido en una cárcel de Nueva York nieguen su amistad. “Se lo llevaron los gringos y los que nos afanábamos de decir que éramos amigos de él, ahora no lo conocemos, ahora le damos la espalda a un amigo que le dio respaldo a estas comunidades”, dijo el edil durante una reunión de cabildo abierto de consulta en la comunidad de San Pedro, Tocoa.

El Parque Nacional Carlos Escaleras es una zona de alta producción de agua. Allí nacen los ríos Mame, Monga, Cuaca, San Pedro, Guapinol, Tocoa, Taujica, Bonito, Izquierdo, Rio Chiquito, Tinto o negro, entre otros.

Partir del 27 de enero en Honduras habrá un gobierno de facto: Edy Tábora

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- “A partir de este 27 de enero lo que se vivirá en Honduras es la instalación de un nuevo gobierno de facto”, dijo el director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión C-Libre, Edy Tábora.

Tábora señaló que,  será un gobierno de facto porque se llega al poder violentando loa Constitución y haciendo uso de las armas, de las fuerzas militares y policiales. Esas son las características de un Estado dictatorial y que no respeta los procedimientos constitucionales para reformar la Carta Magna y que usa los mecanismos electorales para garantizar su permanencia en el poder, apuntó.

El defensor de derechos humanos,  manifestó que aunque aún no se sabe que es lo que va a pasar dentro de los próximos siete días de paro que se ha convocado por la Alianza de Oposición, si se sienta Juan Hernández de nuevo en la presidencia, lo que tendremos será un gobierno de facto.

Nota relacionada Honduras atrapada entre el “fraude electoral”, la protesta social y el cerco mediático: Edy Tábora

Señaló que el paro será complejo debido a las situaciones de represión que está viviendo el pueblo hondureño aunque señaló que cree que la ciudadanía está lista para enfrentar la situación, no solo con el pueblo en las calles, sino con distintas expresiones.

Vea la entrevista completa….

El Colegio de Periodistas de Honduras es una vergüenza: Wilfredo Méndez (VIDEO)

C-Libre considera que el CPH se ha prestado al blanqueo de una norma que restringe derechos fundamentales.

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- “El Colegio de Periodistas de Honduras, como mi colegio, el Colegio de Abogados, ha sido uno de los colegios más vergonzosos en su forma gremialista de dirigirlo, realmente el Colegio de Periodistas es una vergüenza su representación porque no ha representado los intereses del gremio”.

En esos términos se expresó el director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez, al referirse al papel que ha jugado en las últimas horas el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) ante la aprobación de las reformas penales, más conocidas como “ley antiterrorista”.

El defensor de los derechos humanos dijo que el CPH se ha preocupado más por defender a los dos últimos gobiernos del Partido Nacional del expresidente Porfirio Lobo Sosa y del actual mandatario Juan Hernández, que estar del lado del periodismo independiente. A su juicio en estas dos últimas administraciones es cuando más violaciones a los derechos humanos de los periodistas y medios de comunicación han existido.

Insistió en que el CPH “no es la mejor representación para un gremio en el que los periodistas son los trabajadores de la palabra, los trabajadores del pensamiento, en resumen las personas que deben ser más ilustradas”.

Apuntó que probablemente los dirigentes de los periodistas actúan de manera errónea por ignorancia, por acomodarse al gobierno y por representar intereses mezquinos, “y eso es nefasto para el periodismo y por eso es que hay muchas personas que prefieren no colegiarse y ejercer un periodismo sin ninguna referencia del colegio”, agregó.

El pasado jueves el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, se comprometió con el CPH a hacer una reconsideración del artículo 355B del Código Penal que establece penas que van de cuatro a ocho años de reclusión a quienes incurren en el delito de terrorismo a través de los medios de comunicación y difusión.

Mediante un compromiso verbal, Oliva garantizó al CPH que la revisión del artículo se hará una vez que este se convierta en ley, es decir después que se publique en el diario oficial La Gaceta.

El director de C-Libre, Edy Tábora, dijo ayer jueves que el presidente del Congreso no puede arrogarse una facultad que legalmente no le compete porque el Poder Legislativo no puede hacer reconsideraciones de una ley que no existe porque en este caso lo que ocurrió fue que el presidente de la bancada del Partido Nacional, Óscar Álvarez, presentó una moción para que se agregara el artículo 355-B del Código Penal.

Recordó además que la moción de Álvarez no fue dictaminada por la Corte Suprema de Justicia, como ocurrió con los demás artículos. En ese sentido lo que procedía era el veto presidencial o la presentación de una iniciativa en el Parlamento para la derogación del artículo, añadió.

El CPH y el Congreso Nacional argumentaron ante los medios de comunicación que el veto no procedía porque si el presidente Hernández lo hacía tendría que vetar todo el paquete de reformas que componen la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad.

Al respecto el director de C-Libre, quien es abogado y exfiscal del Ministerio Público, dijo que la tesis del Congreso y del CPH es falsa porque perfectamente el mandatario pudo vetar únicamente el artículo 335-B.

A raíz de las inconsistencias, Tábora apuntó que se ha cometido un “fraude legislativo”, por lo que C-Libre y un grupo de 25 ciudadanos pertenecientes a diferentes organizaciones presentaron ayer viernes un recurso de amparo contra la actuación del Congreso Nacional.

BLANQUEO

Tábora consideró además que el Colegio de Periodistas de Honduras se ha prestado a “blanquear” el “fraude legislativo” porque ha respaldado la ilegalidad del Congreso Nacional.

“Lamentamos que el Colegio de Periodistas se arrogue la facultad de representación que no la tiene, porque somos diferentes las personas las afectadas, y se sienten a hacer una negociación que es una falsedad. Lo que plantea el Congreso Nacional es falso, no se puede nombrar un comité para revisar una ley, porque no lo establece el reglamento del Poder Legislativo ni la Constitución de la República.

https://www.youtube.com/watch?v=uL9oaiYc5NY

Tábora dijo lo anterior ya que como parte de los acuerdos entre el CPH y el Congreso, se estableció la conformación de un comité para revisar el artículo una vez que éste se convierta en ley  y luego hacer las reconsideraciones que ambas instituciones estimen.

“Nos preocupa que haya sido el presidente del Colegio de Periodistas el que haya salido de vocero de la negociación que se hizo el día de ayer (jueves)  y no los obligados a hacer las reformas que es el Congreso Nacional. Con esto creemos que se está generando un blanqueo a la norma que restringe derechos fundamentales”, expresó el defensor de derechos humanos.

COMUNICADO DEL CPH

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) comienza a dudar de la “buena fe” del Congreso Nacional. Ayer viernes emitió un comunicado mediante el cual señala que espera que las autoridades del Parlamento cumplan su compromiso verbal de hacer las modificaciones a la “ley antiterrorista” y advierte que si no lo hacen emprenderán las acciones legales pertinentes.

En el numeral 6 la organización gremial  informa que se declara “en sesión permanente para que se cumplan los compromisos adquiridos por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva”.

El CPH también reitera su espaldarazo a los reformas penales, pese a que éstas  han sido duramente cuestionadas por diferentes sectores, incluyendo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) por considerar que la normativa atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos al criminalizar la protesta social y tipificar el delito de terrorismo de manear errónea.

“Como miembros de un ente colegiado y de la sociedad hondureña en general, víctima de la violencia, respaldamos las acciones legales que se adopten para contribuir a un clima de paz y seguridad en Honduras”, cita el numeral 8 de comunicado.

El jueves al comparecer ante los medios de comunicación en la sede del Poder Legislativo, el presidente de los periodistas, Dagoberto Rodríguez, expresó: “en ningún momento el CPH ha estado en contra de las reformas penales que tipifican el delito de terrorismo y aumentan las penas por el delito de extorsión porque consideramos que si hay medidas que contribuyan a reducir el clima de inseguridad que existe en el país, el CPH las acompañará”. 

A continuación el comunicado del CPH:

Derechos Humanos en Honduras van involucionando

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tábora, dijo este sábado que Honduras ha ido involucionando en el tema de los derechos humanos.

Tábora aclaró  que la involución no es exclusiva de Honduras sino que es algo que se está dando en todo el mundo.  “No solo es en Honduras, en el mundo se están haciendo planteamientos que en el nombre de la seguridad nacional o seguridad pública o contra el terrorismo o la crisis financiera o puesta al desarrollo, se restringen derechos”.

Ante ese escenario, agregó que  los pueblos están resistiendo los embates de la explotación de los derechos humanos, recursos naturales y las violaciones a los derechos laborales y a la salud.

Edy Tábora, director ejecutivo de C-Libre.
Edy Tábora, director ejecutivo de C-Libre.

En el caso de Honduras consideró que cada vez hay menos  inversión en salud, pero paradójicamente se están comprando más armas y la corrupción se está registrando en temas relacionados con los derechos como lo que ocurrió con el saqueo de los fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que afecta la salud de los ciudadanos.

Finalmente anotó que las violaciones a los derechos humanos no deben desvincularse con el bloque a la información pública que genera la aplicación de la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública, porque “cuando no tenemos acceso a la información no podemos monitorear la situación de derechos humanos”.

VIOLACIONES A LOS DD.HH. UN PROBLEMA FUNDAMENTAL EN HONDURAS

El director de C-Libre, emitió su punto de vista durante una rueda de prensa  junto al embajador de Canadá, Michael Gort, quien reconoció que las violaciones a los derechos humanos se han convertido en un problema fundamental en Honduras.

“No estaríamos aquí sino reconociéramos que existe un problema fundamental en Honduras”, manifestó el diplomático al tiempo que enfatizó que a su país le preocupa la gran incidencia de violaciones a los derechos humanos y confesó que “es la razón por la cual estamos en Honduras y tenemos un programa bilateral”.

Michael Gort
Michael Gort, embajador de Canadá.

Pese a la adversidad, Gort dijo que hay algunos aspectos que se han registrado en los últimos meses que pueden ser  catalogados como pasos importantes, como la apertura de la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la aprobación  de la Ley de Protección de Periodistas, Operadores de Justicia y Defensores de los Derechos Humanos y el proceso de depuración de la policía.

Sin embargo, consideró necesario trabajar en varios temas como el fortalecimiento de la institucionalidad mediante la adopción de una cultura de lucha contra la corrupción y la impunidad y la defensa de derechos humanos

Asimismo hacer algunos cambios en las leyes que impiden el acceso a la información a fin de transparentar la gestión de los gobiernos.

El Día de los Derechos Humanos se celebra todos los años el 10 de diciembre. Se conmemora el día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.