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Señor jefe de Estado

- Redaccion

Edmundo Orellana Mercado

Por: Edmundo Orellana

Con su obsesión de quebrantar el orden constitucional para mantenerse en el poder y consumado el hecho, mediante una toma de posesión que no pasó de ser una mera formalidad protocolar por estar desprovista de la solemnidad que legitima el voto popular, perdió su investidura de Presidente de la República.

Lo suyo es continuismo, no reelección. Porque se mantiene en el Poder en contra de la Constitución y por decisión del TSE. Por eso, ningún Jefe de Estado ni de gobierno estuvo presente en la toma de posesión.

Los reconocimientos no fueron explícitos ni efusivos. La invitación que le hacían a dialogar con la oposición es una clara indicación de que la comunidad internacional es consciente de que su gobierno carece de la aprobación de más del 50% del pueblo hondureño.

La indignación popular que se manifestó desde que fue evidente la fraudulenta manipulación de los resultados electorales, luego de casi un mes de espera, y que se intensificó, con tomas de carreteras y marchas multitudinarias, es una clara demostración de que la mayoría del pueblo rechaza los resultados oficiales del TSE.

Su toma de posesión fue un acto deslucido, no por lo sobrio que sería, según advirtió Ud., porque de sobriedad es de lo que careció su gestión por los lujos innecesarios de los que la rodeó, sino porque el Estadio Nacional lucía desolado por la falta de acompañamiento de sus propios partidarios. Y los pocos que fueron recibieron un trato humillante y grosero después de la ceremonia.

Más allá de las instalaciones del Estadio Nacional estaba Honduras, como lo dijo Ud. en su discurso. Esa Honduras que ha pasado a ser el país más pobre del continente y, a su vez, ¡vaya paradoja!, uno de los que más crecimiento económico exhibe. Esa Honduras cuyo territorio quiere reducir y ceder su soberanía a las, conocidas popularmente, “Ciudades Modelo”, que se construirán con los impuestos de los hondureños y se gobernarán, no por ciudadanos, sino por empresas, cuyos directivos hilvanarán el ordenamiento jurídico al que estarán sometidos, sin obligación alguna con Honduras, ni siquiera tributaria.

Esa Honduras cuyos fogonazos de indignación, en medio de su sobria y deslucida ceremonia, asombraron al mundo, que observaba angustiado en las primeras planas de los periódicos más importantes y en los programas televisivos de noticias, la salvaje represión de que era objeto. Ese día el protagonismo lo tenía la indignación popular en las calles, no Ud., de quien, esos medios de comunicación advertían sobre el infierno al que estaría llevando el país.

Sigue Ud. en el Poder no por sus méritos, sino por la debilidad de la oposición. En todo caso, su mérito es haberse aprovechado de la ineptitud de la dirigencia opositora, que, desde el inicio, fue incapaz de organizarse en un frente común, desde el que se formularan estrategias acompañadas de tácticas efectivas para reconducir el arrojo y valentía del pueblo indignado por los senderos adecuados.

Observe los síntomas de la descomposición política y social del país. Su continuismo no será pacífico. La indignación crece cada día más y de esa amorfa masa que Ud. persigue, con una policía militar protegida por la impunidad que le ofrece ser procesada y juzgada únicamente por fiscales y jueces que dependen de ella, saldrán los nuevos líderes que sabrán cómo dirigirla para restaurar el orden constitucional.

No es Ud. Presidente de la República. Porque quién suplanta la voluntad popular carece absolutamente de legitimidad. Por eso, su gobierno será de excepción y se mantendrá en permanente Estado de Excepción, el que podrá sostener apoyado en esa institucionalidad represora que Ud. vino construyendo desde que era Presidente del Congreso. Su título, de conformidad con el Derecho Internacional, podrá ser de Jefe de Estado, pero, desde la perspectiva de nuestro ordenamiento jurídico, su título está desprovisto de legitimidad; en todo caso, es Ud. un Usurpador.

Independencia judicial y justicia

- Redacción

Por: Edmundo Orellana

La independencia judicial no radica en la ley ni en los mecanismos para hacerla efectiva, sino en el juez o magistrado que debe decidir. Si es débil de carácter, cederá ante cualquier presión, hasta la más inocua; si es fuerte, nada lo hará cambiar de opinión.

En una ocasión, recuerdo, allá por la década de los 80, que un magistrado de apelaciones fue acremente recriminado por el Presidente de la Corte Suprema porque le pidió audiencia para que le dijera cómo decidir sobre un caso que estaba conociendo. El magistrado de marras era un hombre bueno, incapaz de recibir un soborno, pero presa de sus inseguridades, que le impedían cumplir su función debidamente. No era un corrupto, pero su falta de carácter lo hacía presa fácil de cualquiera.

También están aquellos que pudiendo escoger varias opciones (detención preventiva o medidas sustitutivas) se cuidan de escoger la que menos reacciones provoca en el sistema. En este caso, el funcionario tiene a su favor que la ley le permite escoger, decisión que, sin duda, estará condicionada por la calidad del imputado, independientemente del hecho al que lo liguen.

El caso de Ricardo Alvarez- el joven del sur que fue encarcelado por robarse una gallina, quizá para dar de comer a sus hijos hambrientos- no tiene semejanza alguna con el caso de los saqueadores del IHSS, ni con el reciente caso de la “red de diputados”, por la desproporción del daño causado. Sin embargo, hubo algunos, en el caso del IHSS, que fueron beneficiados con arreglos por los que jamás pisaron las cárceles. Y por ese camino van los involucrados en la “red de diputados”.

Evidentemente, la justicia formal no actúa con justicia. Si fuera justa, en ningún caso podría permitir que un saqueador del erario público fuese beneficiado con medidas sustitutivas, por las consecuencias de su inicuo proceder. Mientras el robo de la gallina provoca daños materiales solo al propietario de ésta, la sustracción de recursos del erario público provoca daños a todos los hondureños, porque ese dinero, que pudo canalizarse para mejorar la cantidad y la calidad de los servicios públicos de salud, educación, etc., sirve para incrementar el patrimonio de los saqueadores.

En este caso de la “red de diputados” hay un factor adicional que debe ser considerado. La mayoría de esos diputados fueron de los que decidieron con su voto, contrario a la línea partidaria, la elección de los magistrados, por lo que fueron obligados a integrarse a otros partidos o a otras bancadas. Habrá que considerar, entonces, el sentimiento de agradecimiento que seguramente tienen los magistrados para los diputados que, por haber votado por ellos, hasta fueron expulsados de sus partidos, lo que, sin duda, influirá en las decisiones que deben tomar en este caso.

La justicia formal se traduce en el deber de decidir imparcialmente, es decir, de evaluar objetivamente los hechos y las interpretaciones que de los mismos aleguen las partes, y de decidir con ánimo sereno y ecuánime e ilustrado criterio. Sin embargo, en este caso, para cumplir con estos requisitos, los magistrados tendrán que hacer acopio de mucha fuerza de voluntad para elevarse por sobre ese sentimiento y resolver correctamente.

Por eso, es legítima la inquietud de la MACCIH, quien ha dejado claro que su posición no es neutral, porque su obligación es estar del lado del acusador, a quien auxilia activamente en la investigación y en la estructuración de los argumentos jurídicos que sustentan sus acusaciones. Y su intervención no afecta en modo alguno nuestra soberanía, como algunos argumentan, puesto que está apegada a su convenio constitutivo, aprobado por el Congreso, luego de que su presencia fuese exigida por el pueblo en las calles y pedida por el gobierno a la OEA. Simplemente, está cumpliendo con su deber: combatir la corrupción por medio del MP.

Los que esto alegan, curiosamente, jamás han levantado su voz contra las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, verdaderos atentados contra nuestra soberanía y causa de la mayoría de nuestras desgracias económicas y sociales.

En todo caso, el parangón entre el caso del joven Ricardo Álvarez y el de los saqueadores del erario público, nos ilustra la visión que de justicia tiene nuestro Poder Judicial. Mientras los “Ricardo Álvarez” del cuento languidecen en las cárceles, los funcionarios corruptos están recluidos en lugares especialmente acondicionados, se defienden en libertad o simplemente no son acusados.

Nuestra justicia, incuestionablemente, se aplica a cada quien según su clase y su posición.

 

Aversión a la consulta

- Redacción

Por: Edmundo Orellana

No le gusta al gobernante consultar al pueblo. Es más, da la impresión de temerle (¿o despreciarlo?). Por eso, ha evitado consultarle cada vez que debe hacerlo.

Desde que se aprobaron los mecanismos de consulta popular, como el plebiscito y referéndum, es posible consultarle al pueblo sobre temas, por cuya trascendencia, es conveniente no dejarlo al criterio (capricho, mejor dicho) de aquellos en quien éste ha delegado el ejercicio del Poder. Por estos mecanismos, según el criterio dominante, se puede hasta consultar sobre la pertinencia de los famosos “artículos pétreos”; de modo que, por esta vía, se pueden derogar o reformar si esa es la decisión del soberano, para quien no hay obstáculo alguno en manifestar y hacer efectiva su voluntad, dentro o fuera de la Constitución. Sin embargo, no ha sido posible utilizarlos porque el gobernante se opone.

El tema de la constitucionalización de la policía militar fue uno de los más notorios. El gobernante insistía que se reformara con la simple mayoría de los diputados, esta mayoría, sin embargo, consideró que por la importancia del tema era preferible someterlo a consulta popular, iniciativa que no prosperó porque el gobernante se opuso ferozmente, con argumentos, que siempre aduce cuando alguien se opone a sus caprichos: se oponen, dijo en esa ocasión, por sus vínculos con el crimen organizado, especialmente el narcotráfico. De eso acusó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que inconstitucionalmente destituyó por su temor a que ampararan a su contendiente en las elecciones, quien pedía un recuento de las elecciones “voto por voto”. En ambos casos, las imputaciones fueron falsas, porque de haber tenido el mínimo fundamento habría accionado el MP; sin embargo, nada puede restaurar su honor ultrajado, por la imposibilidad de ejercer su derecho a la reparación por la calumnia de que fueron objeto, debido la sumisión incondicional del Poder Judicial a los caprichos presidenciales.

Su afán de continuar en el Poder lo llevó a remover la prohibición de la reelección vía la Sala de lo Constitucional y no, como lo pedía la oposición, por medio de la consulta popular, consciente de que el hondureño ha sido contrario al continuismo, lo que se ilustra con los muchos ejemplos que nuestra historia ofrece, casi todos sangrientos. Eludió el pueblo porque sabe que repudia su gestión por su autoritarismo, las sospechas de corrupción desenfrenada en el manejo de los recursos públicos y su indiferencia ante los problemas sociales, causa directa del aumento de la pobreza, desempleo, discriminación y exclusión.

Ahora resulta que para despejar las múltiples sospechas de fraude que dejó este maltrecho escrutinio que irresponsablemente el TSE prolongó por más de tres semanas, y que implantara en el imaginario popular la idea de que hubo un descarado y gigantesco fraude electoral, se propone la celebración de nuevas elecciones, nada menos que por el Srio. Gral. de la OEA, advertido por sus observadores de las objeciones contenidas en su informe preliminar- que, oportunamente, hicieran públicas-, y que apuntan a que no hay certidumbre de quién es el ganador, por las deficiencias en la transparencia, en la seguridad de la transmisión de los datos, en el software y un largo etc. Razones suficientes para considerar que las acusaciones de fraude de la oposición y la diferencia de apenas 1.53% entre el Presidente- candidato y el candidato de La Alianza, no permiten certificar un ganador.

La propuesta del Srio. Gral de la OEA, que seguramente aprobará el Consejo Permanente, es la más razonable de todas las planteadas para resolver esta crisis política. Sin embargo, anticipamos que será rechazada por el Presidente por su aversión a consultar al pueblo.

Ya dio señales de ello. En lugar de elecciones, propone, en cadena nacional, un gran dialogo nacional. De estas propuestas ya hay antecedentes. Al inicio de su gobierno propuso lo mismo para calmar a los gremios, molestos por sus medidas. En esa ocasión simuló dialogar para desactivar, aprovechando la debilidad y mediocridad de los dirigentes gremiales, los mecanismos que dotaban de independencia y beligerancia a los gremios, reduciéndolos a simples cascarones. Modus operandi al que, seguramente, se apegará para anular la oposición e imponer la dictadura.

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Las opciones legales se terminan y quedan únicamente las políticas. La oposición debe tener claridad sobre esto y, particularmente, que el último recurso posible, de naturaleza política, son las elecciones. Más allá de esto, las opciones se tornan más extremas, oscuras y dolorosas.

Declaratoria del TSE es una provocación irresponsable: Edmundo Orellana Mercado

- Redaccion

El exfiscal general de la República dice que no se puede dialogar con un usurpador

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Para el exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado, la declaratoria que hizo este domingo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que pone a Juan Hernández como el ganador de las elecciones del 26 de noviembre, es una provocación para el pueblo hondureño.

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“Es un acto de provocación irresponsable el que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral, lo ha hecho porque temía que la Organización de Estados Americanos, en su resolución después de leído el informe, hiciera la declaración de que se repitieran las elecciones”, apuntó Orellana Mercado.

El profesional del derecho amplió que “ya la guerra ha sido declarada al pueblo hondureño, la institucionalidad está cerrada, creo que en este momento el diálogo no es ya una opción, porque nadie puede sentarse a negociar con un usurpador”.

Señaló que ahora lo que conviene es que las fuerzas políticas de  oposición busquen un intermediario que esté libre de anticuerpos y que esté al margen de sospechas de “estar involucrado en el ambiente”. En ese sentido sugirió que ese intermediario sea secretario general de la Organización de las Naciones Unidas.

“Si eso no se logra yo me temo que este país va a entrar en una crisis y en una convulsión sin precedentes en la historia y ahí todos vamos a salir perdiendo”, expresó.

Dijo que en Honduras la institucionalidad ha dejado de ser una opción. Sin embargo indicó que todavía hay una posibilidad para que a través del actual Congreso Nacional se inicie un juicio  político contra los magistrados del TSE y declararlos responsables políticamente por lo que está pasando y sustituirlos por otros que sean aceptables por todas las partes.

Orellana Mercado no descartó que como salida a la crisis se convoque a nuevas elecciones.

En cuanto al rol de las Fuerzas Armadas de Honduras sobre su papel de garantizar la alternancia en el poder, dijo que lamentablemente los constituyentes de 1982 le dieron ese poder “a las bayonetas, a las balas”, cuando la responsabilidad de defender la Constitución, la democracia y la República, le compete a la institucionalidad, porque se defiende en los tribunales, mediante el uso de la razón, al amparo de la ley y con la autoridad legítima

“Pero ya que le dieron ese papel a las Fuerzas Armadas, creo que este es el momento en que ellos deberían estar reflexionando sobre lo que deben hacer”, concluyó.

La segunda vuelta electoral es posible

- Redacción

Por: Edmundo Orellana

Hemos llegado a un callejón sin salida. Los resultados no han sido declarados oficialmente, los partidos no están de acuerdo con lo hecho por el TSE y la observación internacional ha señalado irregularidades de grueso calibre al proceso, incluido el cuestionamiento de que la candidatura del Presidente viola flagrantemente la Constitución de la República.

A lo anterior, agreguemos que la mayoría del pueblo hondureño, que votó en contra del inconstitucional proyecto continuista del Presidente- candidato, está convencido de que hubo fraude y que el TSE es el ejecutor del mismo.

Finalmente, está pendiente de revisión la totalidad de las actas y demás documentos que sirvieron para la practica de las elecciones.

Estas son las causas de la indignación del pueblo hondureño que no duda en tomarse las calles en el día, sonar las cacerolas en la noche y desafiar el toque de queda, para protestar en contra del amañado proceso electoral que, favoreciendo al Presidente- candidato, rectoró el TSE. Manifestaciones democráticas en las que, el gobierno, infiltró delincuentes- siguiendo las estrategias de alguno de los famosos carniceros de los ochentas-, con el ánimo de desprestigiarlas, que vandalizaron negocios, ocasionando el caos en las zonas urbanas.

Ha habido, colateralmente, acciones tendientes a apremiar al TSE  a culminar el proceso, como las tomas de carreteras y demás acciones, responsabilidad, en este caso, del pueblo organizado, acciones que, afortunadamente, no ha logrado desprestigiar el gobierno con sus infiltrados.

Las manifestaciones pacíficas son actos de protesta protegidos y estimulados por la normativa constitucional que prevé el derecho de protestar contra los atentados a la Constitución, enriquecido por la jurisprudencia de la CIDH, que reconoció, en el caso de los jueces hondureños despedidos por sus acciones de protesta contra el Golpe de Estado del 2009, que defender la Constitución es, para los funcionarios judiciales (por consiguiente, lo es también para los demás funcionarios y mucho más para el pueblo) un derecho y un deber ineludible. Las protestas públicas del pueblo hondureño, pacíficas, porque sospecha que se ha consumado fraude electoral a favor del Presidente- candidato, constituyen, inequívocamente, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber cívico.

Si el TSE se atreve a declarar oficialmente al Presidente- candidato, en estas condiciones, provocará una reacción en el pueblo hondureño de consecuencias imprevisibles.

Para evitarlo, los partidos deben aproximarse para buscar soluciones. Una, posible jurídicamente, es la versión catracha de la segunda vuelta electoral que contempla nuestra Constitución. Sí, en nuestra Constitución vigente.

En la Carta Magna se prevé, para el caso de que la elección presidencial no haya sido declarada oficialmente un día antes del 27 de enero, que el Consejo de Ministros asuma el Poder Ejecutivo, convoque a elecciones dentro de los 15 días siguientes al 27 de enero, para que se practiquen en un plazo no menor de 4 ni mayor de 6 meses, contados desde la fecha de la convocatoria, y practicadas las mismas se hará la declaratoria dentro de los 20 días siguientes al día de la elección.

Mientras estas elecciones se llevan a cabo, continuarán desempeñándose interinamente los diputados y los acaldes actuales, hasta que tome posesión el nuevo Presidente, fecha en la que se comenzará a computar el período de gobierno.

Esta es la solución que ofrece nuestra Constitución que, de convenir los tres partidos de verdad, puede resolver la crisis política en la que nos encontramos, por la irresponsabilidad del TSE, cuyos magistrados se han ganado, incuestionablemente, el juicio político, con todas sus consecuencias.

Confundir

- Redacción

Por: Edmundo Orellana

Esta es la orden del día emanada desde el gobierno para todos los que tienen compromiso con éste. En lugar de ofrecer datos legibles, presentan fórmulas matemáticas para fundamentar lo que nadie, aplicando el sentido común, logra entender.

Es curioso, por ejemplo, que luego de ofrecer datos en los que resultaba evidente que la tendencia favorecía ampliamente a Nasralla, el TSE guardara un prolongado silencio que aprovechó el gobierno para presentar a una compañía nacional- cuyo propietario es un empleado de este gobierno y, a su vez, líder máximo de un partido pequeño que tiene representante en el TSE- presentando un informe de las elecciones a nivel presidencial, en el que resulta vencedor el inconstitucional proyecto continuista del Presidente-candidato.  Curioso, porque inmediatamente después de esa presentación comenzó a ofrecer información el TSE en la que aparecía acumulando votos el Presidente- candidato.

Luce como una estrategia, en la que estaba previsto que la presentación de la empresa, del que también es empleado del gobierno, sin interrupción, desde el Presidente Reina, sirviera para preparar el ambiente para lo que haría después el TSE, es decir, ofrecer datos que favorecían al Presidente- candidato. Saturó la presentación de fórmulas matemáticas que desorientaron al periodista que cedió el espacio de su programa para la misma, por lo que sus preguntas no lograron desentrañar esa telaraña de fórmulas y se quedaron en la epidermis de la cuestión. Nadie comprendió realmente la presentación, ni siquiera el periodista, que en los programas siguientes ha tratado de buscarle un sentido. Nadie entendió por qué tendría que resultar vencedor el Presidente- candidato, según lo dicho por el empresario- empleado público- político; sin embargo, quedó clarísimo que la intensión fue convencer de que Nasralla no ganó las elecciones.

Esa empresa no es confiable porque en su propietario concurren cualidades incompatibles entre sí. Además de ser el propietario de esta empresa, es empleado del gobierno y, en su condición de líder supremo de la Democracia Cristiana, tiene un representante en el TSE. Es evidente, pues, que su lealtad está comprometida. ¿Por qué creer en él entonces? ¿Por qué atribuirle más credibilidad que a la información que difunden los partidos o el mismo TSE?

Ese largo silencio del TSE que cubrió la empresa que generó esa tremenda confusión en un programa de tv, aumenta la sospecha que todos tenemos de ese organismo electoral, porque sus integrantes no son magistrados, aunque la ley así los llame, son simples representantes de los partidos políticos, con la responsabilidad de hacer lo que tienen que hacer para favorecer a sus representados, que, en este caso, se da la particularidad de que el partido de gobierno tiene mayoría.

Ahora resulta que la distancia entre Nasralla y el Presidente- candidato se acorta aceleradamente, amenazando aventajarlo holgadamente. Nadie sabe lo que ha pasado, pero la explicación, en la que curiosamente coinciden, el PN y el TSE, es que el voto rural está definiendo la elección del nivel presidencial, apoyada en una movilización de la policía militar cuya presencia parece más intimidación que protección.

La percepción generalizada es que nada de esto es real. Que se trata de una maquinación para quitarle el triunfo a La Alianza. La palabra, entonces, la tiene esta organización política, cuyos máximos líderes tienen en su pasado errores imperdonables. Mel, que no defendió con la energía necesaria el triunfo que, según él, obtuvo la candidata de Libre en las elecciones pasadas; Nasralla, que permitió el secuestro ilegal del PAC por parte del TSE, sin oponer resistencia visible. El momento exige actitudes enérgicas y decisiones determinantes para evitar que lo que claramente se percibe ocurra. Es el orden constitucional el centro de esta cuestión.

Si las actas en su poder arrojan que la victoria es de La Alianza, deben acreditarlo y defender el triunfo con energía. Si actúan como en el pasado, su futuro político está sellado.

Los Candidatos

- Redacción

Por: Edmundo Orellana

Los candidatos presidenciales son ampliamente conocidos. Al Presidente- candidato lo conocen todos los hondureños, porque por más de 8 años ha gobernado el país, puesto que compartió, de hecho, la presidencia con Lobo y participó activamente, desde su curul de diputado, en el Gobierno de Facto.

El problema del Presidente- candidato no es que se mantenga, aproximadamente, en los mismos niveles de aceptación de su elección pasada, sino que el repudio a su gobierno es masivo. Según las encuestas su nicho de votación es exclusivamente el Partido Nacional, y dentro de éste hay un rechazo significativo a su candidatura, que no se midió en las elecciones primarias porque fueron obligados a votar.

Fuera del Partido Nacional, el Presidente- candidato no tiene posibilidades de atraer votos. No votarían por él, según las encuestas no comerciales, que son las creíbles, militantes del Partido Liberal ni de la Alianza, quienes, de darse el caso, prefieren cruzar su voto entre estas organizaciones políticas. Tampoco los independientes o indecisos, que en un porcentaje superior al 90% manifiestan su repudio a su candidatura, e, igualmente, expresan que, de ir a votar, lo harían por el PL o la Alianza.

El Presidente- candidato ha subestimado al pueblo, creyendo que con la propaganda masiva a su favor se esfumaría el descontento generalizado por el alza de precios de la canasta básica, la falta de oportunidades, los ilegales y crueles despidos masivos, y el incremento de la pobreza, del desempleo, de la inseguridad y de la corrupción. No consideró que colocar a las personas en situación de precariedad extrema, al grado de no tener ni lo necesario para atender las necesidades básicas de su familia, se volvería en su contra. Cualquier abuso puede perdonar el ciudadano, menos que vacíen sus bolsillos o limiten severamente su libertad. El Presidente- candidato calculó mal, se preocupó por satisfacer las demandas del FMI, a costa de sumergir al pueblo en un océano de necesidades insatisfechas, que ese pueblo sabe que se debe a la generalizada y descontrolada corrupción, como la del IHSS, Ministerio de Salud y un largo etc.

De nada le sirvieron la Bolsa Solidaria y otras dádivas, con las que envileció la pobreza, para amortiguar esos devastadores efectos en el pueblo hondureño, por lo que el Presidente- candidato es el que menos posibilidades tiene de alzarse con la victoria, si el voto del pueblo es masivo y consciente, y no se impone el fraude.

El candidato de la Alianza tiene a su favor la popularidad estimulada desde los espacios televisivos que dirige. Sin embargo, es inestable emocionalmente e incoherente, al grado de que el líder de la Alianza, Mel Zelaya, ha dicho en varias oportunidades que sus declaraciones deben interpretarse y no tomarse literalmente, porque el suyo es estilo “Trump”. No es deshonesto; al contrario, peca de serlo, porque dice lo que piensa y lo que siente, metiéndose en problemas innecesarios, puesto que el sentimiento aleja la prudencia, que es hija del raciocinio, y atrae las dificultades. Por otro lado, aunque, en política, es aceptable decir lo que se piensa, pero matizando las expresiones, lo importante no es hablar, sino hacer. A su favor también podemos contabilizar que no ha contribuido en la crisis que hoy flagela la sociedad hondureña, porque jamás ha sido funcionario público, ni ha tenido funciones de dirección de una organización, y, justamente por esto, exhibe un evidente desconocimiento de la administración pública y de lo que demanda el país. De ganar, entonces, el ambiente político será el más inestable de todos los tiempos.

El candidato del Partido Liberal desbordó los moldes del político tradicional. Sin ser conocido en su partido, cautivó la atención de las bases, convenciéndolas de la pertinencia de sus propuestas y de su compromiso para cumplirlas. En la víspera de las elecciones generales, es evidente que ya ocupa una posición privilegiada en la intención de voto del hondureño por sobre los demás candidatos, respecto de los cuales tiene a su favor la menor opinión desfavorable, lo que inclinará a su favor el voto de los independientes e indecisos que decidan votar.

No es por arte de magia que ha alcanzado esa posición. Lo logró demostrando coherencia entre lo que ha hecho y ofrece hacer; acreditando sus éxitos como administrador, que sin estar animado por el lucro y sí por la sensibilidad social, llevó a una universidad privada a los primeros lugares en el sistema educativo superior privado; anteponiendo la ética y el cumplimiento de la ley, aunque políticamente le sea adverso, cuando debe tomar decisiones, lo que garantiza que siempre privilegiará los intereses del pueblo a los intereses personales, de grupo o de partido; formulando propuestas creíbles, porque son realizables, ya que no van en contra del sentido común.

Propone reconstruir el Estado de Derecho y la Seguridad Jurídica, fortaleciendo las instituciones vía la aplicación irrestricta de la ley y seleccionando a los más idóneos para los cargos no políticos, lo que es, además de conveniente, un reclamo popular. Asimismo, propone combatir el burocratismo, estableciendo reglas claras y procesos fluidos y transparentes para el operar de la Administración Pública, para que los programas y proyectos públicos sean efectivos y eficaces, y se garantice la rendición de cuentas.

Finalmente, propone la estimulación de un proceso económico de base productiva, incluyente y equitativo, para erradicar la pobreza y eliminar la exclusión económica y social, garantizando su apego a los principios de liberalismo social.

De todos los candidatos, es Luis Zelaya el que, por su coherencia y compromiso, garantiza la realización efectiva de sus propuestas. Por eso, estimado lector, votar por Luis Zelaya es el medio más seguro para hacer del nuestro un país de instituciones fuertes dedicadas exclusivamente al cumplimiento irrestricto de la ley y a la promoción del bienestar económico, social, político y cultural de todos, sin excepción.

Violencia electoral

- Redacción

Por: Edmundo Orellana

El Presidente ha dicho que hay violencia electoral. Compartimos su aserto, Señor Presidente. No hay duda al respecto. Su presencia en el proceso electoral como candidato es un acto de violencia electoral, porque se origina en un atentado contra la Constitución de la República, marco regulatorio fundamental de las instituciones republicanas, democráticas y representativas, y de sus procesos.

Desconocer la supremacía constitucional sobre el ordenamiento jurídico es negar los valores y principios que informan nuestro Estado de Derecho y la Seguridad Jurídica. El vértice normativo, hasta hace poco, ocupado por la Constitución, ahora corresponde a la Sala de lo Constitucional. Lo que esta exprese en sus decisiones es norma suprema a la que todas las leyes, instituciones y personas deben someterse. El fundamento de sus decisiones ya no es la Constitución ni los valores y principios en los que ésta se asienta. Nada delimita, entonces, las motivaciones de sus decisiones ni los alcances de éstas.

Los intereses, prejuicios, creencias y sectarismo pueden colarse impunemente en las decisiones del tribunal constitucional, quien se ha arrogado la potestad de decidir qué es constitucional y qué no lo es. Decretar la inconstitucionalidad de la Constitución es, pues, su consecuencia lógica. Esto es violencia en el más alto grado. Y lo es más todavía, cuando se usa para favorecer el inconstitucional proyecto continuista del Presidente- Candidato.

También es violencia que desde el Consejo de Defensa y Seguridad se instruya a los Poderes del Estado para actuar según los caprichos del Presidente- candidato, y que, a su vez, en el seno de ese organismo se decidan los jueces y fiscales, con jurisdicción nacional, que se asignan a la Policía Militar, competentes para conocer del delito de “terrorismo”, entre cuyos supuestos (los nuevos, aprobados en reciente reformas) se encuentran las protestas que, seguramente, habrá en caso de fraude electoral. Esos jueces y fiscales jugarán, inevitablemente, el lastimoso papel de verdugos de la protesta política y social que, eventualmente, vendrá. Por eso, su designación es aprobada por el Presidente en el seno del Consejo de Defensa y Seguridad.

Violencia es también aprovecharse de su posición privilegiada para proyectar su inconstitucional proyecto continuista. En estos últimos días lo hemos visto más activo al Presidente- candidato, usando automóviles, helicópteros, combustible, equipo, personal, etc. del Estado. ¿Quién nos garantiza que no se están usando fondos del “Tazón” para la campaña, si su uso se mantiene en secreto por ley? ¿Y los fondos de la OABI, en que se usan?

Violencia es que los funcionarios de más alto nivel llamen a los programas de radio y tv amenazando a periodistas y a los entrevistados de la oposición, cuando critican al gobierno. Asimismo, es violencia extrema echarle la “Nueva Mancha Brava” al candidato liberal, para intimidarlo porque señala las graves consecuencias del mal gobierno nacionalista.

Violencia, igualmente, es que se someta a vigilancia continua a los lideres de la oposición, interviniendo sus teléfonos, sus correos electrónicos y demás comunicaciones. Así como amenazar a la oposición con revivir juicios criminales o iniciarlos.

Violencia es insinuar que se tiene una lista de extraditables que no se envía al Poder Judicial para evitar dañar a los partidos de oposición. Reiteradamente ha dicho Luis Zelaya, manden la lista, no importa quien esté en ella. Es evidente que no la mandan porque los más afectados serán los del partido gobernante.

Violencia es amenazar la MACCIH, no aprobar las leyes que faciliten alcanzar a los corruptos que siempre quedan fuera de la justicia y disminuir las penas para los delitos de corrupción. Esa es violencia contra los intereses del pueblo hondureño, porque promover la corrupción es disminuir y encarecer los servicios públicos, y aumentar la pobreza, el desempleo y la inseguridad.

Violencia electoral no es exigir transparencia en el sufragio y en el escrutinio. Tampoco lo es demandar que se evite la compra de las credenciales de los representantes a las mesas electorales receptoras. Ni lo es reclamar que la transmisión de datos sea certificada debidamente o que se sustituya por un conteo rápido de organismos de la comunidad internacional.

Violencia es, Señor Presidente- candidato, lo que usted y su gobierno están haciendo contra el pueblo, el Estado de Derecho, la Seguridad Jurídica y la democracia.

Sumisión total

- Redacción

Por: Edmundo Orellana

La indiferencia con la que se ha recibido, en algunos sectores, la reducción de las penas y la severidad con la que se castiga la protesta, hace surgir la sospecha de que la beligerancia que exhibían en el pasado, desapareció.

En la sociedad civil, porque el liderazgo que se han arrogado las ONG identificadas plenamente con el gobierno, a las que, supuestamente, financia con fondos del “Tazón”, ha disminuido el peso de las rescatables, al grado de invisibilizarlas. Es percepción general, que cuando habla algún dirigente de estas organizaciones, supuestamente,  representantes del sector, es lo que le place al gobierno sea dicho. La agresividad con la que emprenden acciones para exigir transparencia y la rendición de cuentas en el sector público, contrasta con la sumisa actitud que adoptan, bajo la apariencia de indiferencia, frente a los avances del gobierno en su afán de controlar las instituciones del sistema de justicia, en perjuicio de la seguridad jurídica, y en su inconstitucional proyecto continuista.

La Iglesia, suprema autoridad espiritual en el pasado, a la que estaban sometidos los Estados, en reconocimiento a su ancestral función tutelar de los principios y valores del vivir cristiano, en política, en sociedad y en privado, hoy, bajo diversas denominaciones, cada una reclamando ser la auténtica Iglesia de Cristo, calla misteriosamente, pese a que, apenas ayer exigían participación en procesos políticos. No se les ve aquella energía con que exigían al pueblo que no votaran por los candidatos homosexuales o suprimir los artículos del Código Penal que restringían su participación en política, y, además, lo motivaban a combatir pretensiones reeleccionistas en el inmediato pasado. La separación entre Estado e Iglesia no es excusa para que ésta se refugie en la laicidad estatal, justificando su indiferencia ante la amenaza que, contra la sociedad, representa la aprobación de leyes que, además de promuever la corrupción, tienen carácter draconiano, cuya finalidad manifiesta es reprimir impunemente a los que protesten legítimamente por el ultraje a sus derechos políticos; en estas condiciones la indiferencia se traduce en aquiescencia. Nadie, que observe indiferente la comisión de un delito, es inocente.

La oposición legislativa, cuyo deber es, precisamente, evitar estos abusos, despliega una locuacidad aplastante para justificar su negligencia o, en algunos casos, complicidad con el gobierno. Cualquier intento de probar la imposibilidad de oponerse, se estrella con el hecho irrefutable de que son mayoría en el Congreso. Los que se han entregado vergonzosamente a los caprichos del gobierno, no les importa justificarse; su cinismo guía sus pasos, despreciando a los demás. Los que con su negligencia han contribuido a que el Presidente haga realidad sus sueños, ningún argumento será suficiente para exonerarlos de responsabilidad. Responsabilidad histórica, porque ninguna otra podrá deducírseles, ni la moral, habida cuenta el silencio de las iglesias, ni la que se castiga con el voto, porque, de no cambiar el patrón de conducta del votante, seguirán reeligiéndose indefinidamente, sin importar cuantas felonías cometan ni el daño que éstas les ocasione.

La dirigencia de la Resistencia y de los Indignados terminaron ocupando o aspirando a curules parlamentarias. Ahora son parte de lo que en las calles repudiaban.

Ese es el contexto social en que opera la política. Por eso, algunos, presas de su frustración, ven, hacia afuera, como si más allá de nuestras fronteras se encontrara la solución de nuestros problemas. Se preguntan, insistente y plañideramente ¿Qué hará Estados Unidos? ¿Qué la cooperación internacional? Nada, porque no les incumbe. Lo que ocurre en nuestro país es responsabilidad nuestra y somos nosotros los obligados a encontrar soluciones y aplicarlas.

Esto nos explica por qué en Guatemala las instituciones estatales responsables de impedir que los gobernantes se extralimiten en el ejercicio del Poder, funcionan. Porque allá hay un pueblo que tiene la sabiduría de rectificar y el coraje de tomarse las calles exigiendo la renuncia y castigo para el gobernante abusador. Del lado de éste, están sus compinches, los políticos corruptos del Congreso; del lado del pueblo, las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias y las instituciones del sistema de justicia. Esa es la diferencia. De ahí, que en Guatemala sea posible que la justicia, popular y formal, le declare la guerra a los políticos, especialmente a los corruptos, y sean héroes populares los fiscales y los jueces.

En el proceso anterior, dos candidatos venían de actividades fuera de la política. Uno, seguido de dirigentes tradicionales, portadores de los vicios y cualidades de este tipo de políticos; el otro, acompañado de verdaderos novatos en política, movidos por su auténtico deseo de cambiar el país, cedieron, sin embargo- y muy rápidamente-, a las conspiraciones de pasillo del parlamento, inoculados por Nírita con el virus que descerebra a quien asume funciones públicas, y, ya sin anticuerpos, arriaron las banderas anticorrupción y, cayeron de rodillas ante el Poder; aberrante conducta que, más de una vez, los enfrentó con su líder,  quien les reclamaba su ingenuo (?) proceder, vanamente.

En este proceso electoral, Luis Zelaya hace la diferencia. Además de su incuestionable autoridad moral para postularse como candidato, pues nada puede reprochársele en el orden personal o profesional, debe a la academia su discurso coherente y la capacidad para cuestionar con propiedad los desaciertos del gobierno y formular respuestas pertinentes a los problemas que aquejan al país, por medio de un plan que se ha revelado como el más pragmático, despojado de toda sospecha populista y demagógica.

Nunca nos hemos encontrado en momentos tan definitorios como éste. Si votamos por continuar con las políticas que niegan al ser humano la calidad de sujeto de las acciones gubernamentales, rebajándolo a la condición de objeto, prolongaremos la crisis, el desempleo, la pobreza extrema y la inseguridad; si votamos por la oposición, debemos elegir al que resulte más confiable de entre todos, considerando que quien llegue a la presidencia debe contar con la idoneidad suficiente para enfrentar atinadamente los problemas que deja este gobierno (que son los más explosivos) y los que arrastra el país históricamente.

Ya es tiempo de desmontar esa estructura totalitaria que atenta contra los más elementales derechos humanos y de suprimir esos procesos que llevan a la sumisión total de las organizaciones sociales y políticas. Ya es tiempo de decir ¡BASTA! A los malos gobiernos y a los políticos corruptos.

Combate a la corrupción

- Redacción

Por: Edmundo Orellana

Comienzan a funcionar los juzgados anticorrupción, acompañados de una fiscalía especial encargada de dirigir, desde de una perspectiva técnico- jurídica, la investigación de los casos de corrupción y judicializarlos. Es un avance institucional importante, sin duda. Sin embargo, no es suficiente para demostrar que existe voluntad para luchar contra la corrupción.

Para tener resultados de este complejo institucional es necesario que los encargados de investigar, de dirigir la investigación y de decidir sobre la responsabilidad de los imputados, demuestren su competencia técnica y profesional en el manejo de las causas que conozcan. En otras palabras, que lo investigado sea presentado con la solidez necesaria para resistir los cuestionamientos de la defensa, que los alegatos del fiscal sean jurídicamente consistentes y atinentes a la causa, y, finalmente, que el juez demuestre en la sentencia poseer su capacidad profesional para discernir, imparcialmente, lo ocurrido en el juicio y aplicar, con criterio jurídico, la normativa pertinente al caso.

No obstante, el sistema nos ofrece ejemplos que nos inducen a pensar que la voluntad del gobierno para luchar contra la corrupción carece de energía.  

El caso de la reducción de penas, es uno. Reducir las penas en un país que ocupa los primeros lugares de corrupción en las clasificaciones internacionales, que no ha logrado incorporarse a la cuenta del milenio, justamente, por cuestiones de corrupción y que, precisamente, por la corrupción del sistema de justicia hubo necesidad de instalar la MACCIH, es decir, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Nombre de inequívoca y demoledora elocuencia), es una evidente contradicción con la iniciativa de, supuestamente, hacer más efectiva la lucha contra la corrupción, mediante la creación de juzgados y fiscalías anticorrupción.

La reciente condena del ex vicepresidente del desaparecido Consejo de la Judicatura, es otro ejemplo. El tribunal resolvió como si fuera un caso más. No consideró que el condenado ocupó un cargo de rango igual al de magistrado de Corte Suprema, que su deber legal era evitar aquello por lo que fue condenado y, finalmente, que se aprovechó del cargo para envilecer el sistema de justicia hondureña. Pese a la gravedad del caso, el tribunal resolvió con benevolencia, mientras muchos languidecen en las cárceles, con penas severísimas, por robarse una bicicleta o una gallina.

Podría afirmarse en beneficio del sistema, que los nuevos juzgados anticorrupción no actuarán como este indulgente tribunal. Probablemente, pero, por ley, los casos de corrupción ya judicializados- que no son pocos- seguirán siendo conocidos por jueces con la formación de los que resolvieron el caso citado. Es de esperar, entonces, sentencias del mismo tenor de la aplicada al  ex vicepresidente del desaparecido Consejo de la Judicatura. Lo que se explica con lo dicho por el Presidente de la Corte en la inauguración de los nuevos juzgados: “éstos nuevos jueces solo obedecen a la Constitución” (¿a quién obedecen los demás?)

También podría citarse como ejemplo de la falta de voluntad de combatir la corrupción, la resistencia a aprobar la Ley de Colaboración Eficaz, apoyándose en el pobre argumento de que esta ley permitirá el encarcelamiento por chismes, inventado, sin duda, por los que temen ser denunciados por aquellos con quienes han conspirado para sustraer fondos públicos o  torcer la ley.

La explicación oficial de la policía para justificar el comportamiento brutal contra los estudiantes y defensores de derechos humanos, que quedó registrado en un video que fue subido a la web, es otro ejemplo. Los hechos están allí y no hay palabras para suavizarlos ni argumentos para justificarlos. Pero se atrevieron, alegando que el rasguño de una femenina a un policía lo justificó (¡Pobre policía, su vida estuvo en peligro por el arañazo!). ¡Las altas autoridades apañando la violación a los derechos humanos!. El marco de antivalores permanece intacto en aquellos ofíciales no depurados, que callaron los crímenes de sus jefes y ahora, fieles a su conducta, pretenden callar los de sus discipulos- subalternos.

La Comisión Depuradora de la Policía, que no es parte de esa cofradía policial, actuó como se esperaba, exigiendo la sanción respectiva. Es una acción propia de quien se apega a elevados principios y valores que dignifican la persona humana.

Finalmente, pero no por ello menos importante, tenemos la denuncia que el portavoz de la MACCIH formuló oportunamente. Las presiones de políticos para que se vaya del país, por temor a lo que están por hacer (aún no sabemos qué hará y, sin embargo, ya tienen canillera los corruptos)

En este contexto operarán los nuevos juzgados anticorrupción. ¿Qué opina usted, estimado lector? ¿Tiene voluntad el gobierno para combatir la corrupción y la impunidad?