Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-En el marco de un foro celebrado este miércoles en la capital hondureña, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edilson Lanza, advirtió sobre una serie de violaciones a los derechos fundamentales contenidas en el nuevo Código Penal.
A juicio de Lanza el nuevo Código Penal, que entrará en vigencia el 10 de noviembre próximo tras seis meses de vacatio legis, contempla varias figuras que afectarán la libertad de prensa y de expresión, porque mantiene vigente los delitos de injuria, calumnia y difamación.
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Asimismo, porque se sancionará a los periodistas que reproduzcan una injuria o algo que diga un tercero, cuando lo que generalmente lo que hace el periodista es reproducir debates de interés público, por lo que la función de la prensa será restringida.
El nuevo código sanciona también falsedades que puedan generar pánico económico y otras, las que a su criterio son vagas y ambiguas y se convierten en una amenaza para la libertad de expresión.
El relator señaló además que la normativa afecta el derecho a la protesta, ya que un hecho violento aislado podría convertirse en una causal de sanción penal para los organizadores.
“Todas estas figuras nos preocupan y esperamos que el Congreso las modifique en línea con los estándares internacionales”, expresó el relator, quien adelantó que próximamente presentará un informe detallado sobre la situación de las libertades fundamentales en Honduras.
Consultado sobre la ley de ciberseguridad, en discusión en el Congreso Nacional, Lanza se limitó a decir que la censura previa está prohibida por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En cuanto al Mecanismo de Protección a Periodistas, Abogados y Defensores de Derechos Humanos y la ley de escuchas telefónicas, prefirió no emitir una opinión, pues dijo que su visita no es de evaluación sino que corresponde a una visita académica.
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Lanza compareció en el foro: “Limitaciones a la libertad de expresión en Honduras”, en el marco de una visita académica gestionada por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), organización que sostiene que el nuevo Código Penal publicado el pasado 10 de mayo en el diario oficial La Gaceta, manifiesta el incumplimiento del Estado de adecuar las normativas a los estándares internacionales sobre la libertad de expresión, porque se utilizan delitos contra el honor para acallar a las y los comunicadores, filtradores de información y otras personas que hacen uso de este derecho fundamental.
C-Libre ha señalado además que la normativa establece nuevas figuras relacionadas con la veracidad exigida en la divulgación de noticias e información que pone en una situación de precariedad a los periodistas.
En el año 2018, C-Libre emitió cerca de 24 alertas por agresiones cometidas contra periodistas, mientras daban cobertura a diferentes protestas en el territorio hondureño. Según la organización, los responsables de dichas agresiones, en su mayoría (21), son agentes policiales y militares.
“Hay un aumento de violencia contra las y los periodistas y el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones para prevenirlo y utilizan un lenguaje estigmatizante que crea condiciones para que se generen más agresiones”, denunció el director de C-Libre, Edy Tábora.