La MACCIH investigaba en Honduras los contratos hidroeléctricos antes de ser mutilada

Tomado de ElPaís.com

La Maccih tiene pruebas de vínculos entre expresidente Lobo y el cártel de Los Cachiros como beneficiarios de proyectos hidroeléctricos contra los que protestaba la ecologista asesinada Berta Cáceres

El trabajo de 10 abogados levantando alfombras, rastreando cheques, cuentas y movimientos durante dos años ha empezado dar frutos. Pero los frutos no están gustando nada a la clase política hondureña.

La Misión contra la impunidad y la corrupción de Honduras (Maccih), creada por la Organización de Estados Americanos (OEA), ultima una investigación sobre el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) y ha reunido pruebas contundentes sobre sus vínculos con el cártel de Los Cachiros en la concesión de proyectos hidroeléctricos.

Los abogados e investigadores de la Maccih, con el apoyo de la fiscalía, investigan al exmandatario, a su esposa y a varios funcionarios vinculados al Partido Nacional, actualmente en el poder, confirmaron a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación.

Según estas fuentes se trata de dos casos distintos. El primero, que afecta al desvío de recursos orquestado por la primera dama, Rosa Elena Bonilla, estaría terminado el 15 de febrero. Para el segundo falta todavía detallar la estrategia empleada por el cártel de Los Cachiros para el lavado de dinero utilizando para ello la licitación pública de proyectos hidroeléctricos.

La fuente no quiso detallar la forma de operar, pero señaló que la investigación esconde el trasfondo del acoso que vive la Maccih «y que ha puesto tan nerviosa a gran parte de la clase política», señala.

Algunos de los vínculos entre Lobo y Los Cachiros se han ido conociendo en una corte de Nueva York donde declaran algunos miembros de este cártel, uno de los más poderosos de Centroamérica. Lo que se desconocía hasta ahora es que la Maccih tiene pruebas en Honduras sobre los vínculos con proyectos hidroeléctricos de miembros del Partido Nacional del actual mandatario Juan Orlando Hernández, un controvertido modelo de licitaciones muy criticado por la ecologista Berta Cáceres, en cuyo asesinato en 2016 estuvo implicado personal de una de estas empresas beneficiadas.

La investigación podría tensar aún más la relación entre la misión de la OEA  y la clase política local, que sueña con que desaparezca de sus vidas a base de recortes.

Congreso de Honduras

Hace dos semanas, el 18 de enero, el Congreso, aprobó una reforma de ley que prácticamente impide investigar a la Misión, al transferir gran parte de sus competencias al Tribunal de Cuentas, controlado por los partidos políticos. Tras la aprobación de esta reforma, cinco diputados encarcelados por quedarse con dinero público destinado a ONG fueron liberados inmediatamente.

El «pacto de impunidad», como es conocido, frenó también una investigación que implicaba a otros 60 diputados más, incluido el presidente del Congreso. Sin embargo, la sospecha es que «la red es más amplía y podría llegar a 140 diputados, incluido el presidente», señala una fuente de la Maccih que habla bajo condición de anonimato.

Con esta reforma tampoco podrán investigarse escándalos relacionado con los sobornos de la constructora Odebrecht a funcionarios de los tres últimos gobiernos de Manuel Zelaya, Roberto Micheletti o Porfirio Lobo.

 El cambio legal deja herida a la Misión en su intento por replicar el modelo de la Comisión contra la Impunidad (Cicig) en Guatemala, que se ha convertido en un referente para la región. Un grupo de jueces incorruptibles, bien pagados, con medidas de seguridad y ajenos a las redes de poder e impunidad seleccionados por Naciones Unidas, que han logrado encarcelar a varios ministros y presidentes con el código penal como única arma.

De hecho, su impacto es tal que en agosto sucedió algo tan extraño, como ver nevar en Centroamérica, cuando miles de guatemaltecos salieron a las calles a defender de los ataques una institución de justicia y extranjera, las tres entelequias más desprestigiadas del continente.

Finalmente, en 2016 se acordó exportar el modelo a Honduras con la creación de la Maccih, pero los gastos y la organización correrían a cargo de la OEA. Un intento de madurez tras años de resoluciones e informes de escaso impacto.

«El acoso a la Maccih es la consolidación del giro autoritario del presidente Juan Orlando Hernández. El primer escenario estuvo marcado por el fraude electoral, el respaldo de Estados Unidos, la presión social y luego la represión, según nuestras cifras son 36 muertos», dice desde Tegucigalpa Joaquín Mejía, abogado del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric), vinculado a los jesuitas y recientemente amenazado por su oposición al actual gobierno.

«La Maccih reveló la telaraña de corrupción que afecta a gran parte del congreso y ellos cambian la ley para que solo investigue el Tribunal de Cuentas, que claramente no tiene capacidad para ello», resume el abogado.

Cuando la semana pasada Juan Orlando tomó posesión del cargo, cientos de jóvenes salieron a la calle con tres reclamos: contra su reelección, el fraude electoral y el control de las instituciones.

«Ni el gobierno, ni los grupos de poder, van a ceder el mínimo espacio para que la Maccih pueda actuar. A la Maccih le han cortado las piernas y los brazos y su supervivencia dependerá del apoyo nacional e internacional que reciba», dice Hermilo Soto, exlíder sindical vinculado a los movimientos obreros y campesinos.

El activista se imagina un país donde la comunidad internacional y la juventud hondureña se movilizan vigorosamente para defender a la Maccig. Como hicieron en agosto en la vecina Guatemala… hasta que ganaron.

CSJ atrasa investigación de robo del INFOP por proteger funcionario: CNA

Por: Redacción CRITERIO

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Tegujcigalpa.- El jefe de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Fernandez argumentó que la  denuncia fue presentada desde marzo de 2016,  pero no hay avances debido a que la Corte Suprema de Justicia no ha resuelto un recurso de amparo que uno de las personas denunciada presentó.

La investigación presentada en marzo de 2016 es sobre un contrato por 76 millones de lempiras, donde hay irregularidades de 64 millones de lempiras y una sobrevaloración de 21 millones de lempiras.

En esa oportunidad, la titular del CNA, Gabriela Castellanos informó que  la denuncia involucra a cuatro actuales servidores públicos de Infop y dos altos cargos del Poder Judicial y Congreso Nacional, respectivamente.

El funcionario del CNA señaló que la MACCIH tiene conocimiento del caso del INFOP y hay avances en temas de auditorías pero que las zancadillas que se han metido dentro del proceso están limitando al Ministerio Público.

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A juicio de Fernández,  presentar un recurso de amparo para que la Fiscalía no investigue es contrario a lo que establece la Ley sobre Justicia Constitucional y  a todas luces es claro que esas son redes de corrupción instauradas en cada una de las instituciones para limitar el accionar de la justicia.

Fondo Vial intervenido tras “blanqueo” de contratos con el crimen organizado

Agencia financiada por EE.UU. asumirá sus funciones

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Tras el blanqueo de contratos carreteros a favor del crimen organizado, el gobierno determinó la intervención  del Fondo Vial y trasladar sus funciones a Invest-Honduras”, conocida también como Cuenta de Desafío del Milenio (MCA-Honduras).

La decisión se adoptó por el Consejo de Ministros y surtió efecto legal desde el pasado 26 de mayo, tras la publicación del decreto Ejecutivo PCM-040-2017, firmado por el presidente, Juan Hernández  y que establece un plazo inicial de intervención de 180 días, es decir seis meses, pudiéndose prorrogar por más tiempo.

Una investigación de InSight Crime de marzo de este año, cuantificó que el Fondo Vial les pagó a las empresas de la organización de narcotraficantes Los Cachiros más de US$4 millones entre 2010 y 2013 para que llevaran a cabo obras de mantenimiento de carreteras en los departamentos de Colón, Olancho y Yoro.

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CRISIS

En uno de sus considerandos, el Decreto Ejecutivo  establece que el “Fondo Vial atraviesa una creciente crisis institucional, que va en detrimento de la nación, poniendo en alto riesgo la adecuada y oportuna prestación de los servicios que le corresponde según su ley orgánica y su Reglamento”, sin hacer mención de los negocios irregulares que se hicieron en el ente desconcentrado de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), ahora Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep).

Para llevar a cabo el propósito trazado por el gobierno, se crea una Comisión Interventora,  que se encargará de la administración del Fondo Vial y de su funcionamiento, desarrollo y operación, ejerciendo todas las potestades de administración y dirección de todas las actividades, así como el ejercicio de las demás facultades que por norma legal adicionalmente le correspondan.

El decreto específica que el Consejo Directivo de Invest-Honduras, también Cuenta del Desafió del Milenio-Honduras (MCA-Honduras), integrará en pleno la Comisión Interventora.

Señala además la suspensión en el ejercicio de sus funciones, y durante el tiempo  que dure la intervención, del Comité Técnico Vial, la Dirección Ejecutiva, Subdirección Ejecutiva, Gerente Técnico y cualquier otro órgano de dirección o gerenciamiento.

Asimismo autoriza a la Comisión para que proceda a la suspensión temporal del personal, la terminación de contratos de trabajo o la revocación de acuerdos de personal que se consideren innecesarios.

Dentro de los primeros 90 días de la intervención, la Comisión deberá rendir al presidente de la República un informe de evaluación sobre la situación administrativa, técnica y financiera, así como las medidas transitorias implementadas y las recomendaciones para la reestructuración, modernización y mejora del Fondo Vial.

Si es procedente, la Comisión Interventora deberá, además, informar sobre los hallazgos encontrados, al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Ministerio Público (MP) y a la Procuraduría General de la República (PGR).

Sin menoscabo de lo anterior, la Comisión deberá solicitar al TSC, la implementación de una auditoría de carácter financiero, de cumplimiento y forense, con el propósito de lograr el establecimiento de prácticas administrativas, financieras y gerenciales transparentes en el Fondo Vial.

El decreto refiere también que para la reestructuración y regularizar los procesos de compra y contrataciones, la Comisión Interventora tendrá la asistencia técnica directa de la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones (ONCAE).

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