Entrevista a Rosa Alonso Cañete*
En América Latina y el Caribe, las élites políticas y económicas influyen en los Estados para obtener privilegios fiscales que perpetúan y aumentan la desigualdad y la pobreza. Rosa Cañete, coordinadora de la Campaña IGUALES contra la Desigualdad en América Latina y el Caribe de la organización Oxfam, explica las formas en que el poder económico intenta influir sobre las decisiones políticas y apunta medidas para reducir y evitar la captura del Estado por parte del lobby económico y financiero.
Por: Victoria Mutti
Foto de portada/cronicon.net
Hablamos de «democracias capturadas» para referirnos a aquellas que en sus decisiones sobre políticas públicas no están consiguiendo beneficiar los intereses de las grandes mayorías sino privilegiar a unos pocos, que es exactamente lo contrario de la base fundamental de un sistema democrático. Es decir, cuando estas democracias no logran reducir la pobreza y la desigualdad de una forma determinante no es porque no se sepan cuáles son las políticas que lo consiguen. De hecho, América Latina ha demostrado que con ciertas políticas se puede reducir la pobreza y la desigualdad. No es porque no se sepa, es porque con los niveles de desigualdad existentes en la región las élites acaban imponiendo sus intereses en las decisiones sobre políticas públicas, acaban consiguiendo que la política las privilegie por encima de otros. Las consecuencias de esto son, por ejemplo, sistemas fiscales que, en algunos países de la región, aumentan la pobreza. Esto quiere decir que el sistema fiscal, que es el principal instrumento de un Estado para redistribuir, no solo no reduce la desigualdad, sino que genera pobreza. Y esto en un Estado democrático es intolerable. La acción del Estado es exactamente la contraria: extender los derechos de la ciudadanía, aumentar las capacidades de todos, facilitar que cada persona pueda hacer de su vida lo que desee, etc. Sin embargo, está desarrollando políticas que no solo no consiguen eso, sino que además lo hacen más difícil. Como, por ejemplo, está ocurriendo con la política fiscal en algunos países de la región.
¿Cómo se articula la connivencia entre élites políticas y económicas para generar esta «captura del Estado»? ¿Cuáles son los principales mecanismos utilizados por las élites?
Lo que hemos explorado en el estudio es, por un lado, que la élite económica a veces opera fuera del sistema político e influye de manera desmedida en las decisiones del sistema político. Pero, por otro lado –y ha habido un avance en los últimos años en América Latina–, está empezando a ocupar directamente cargos electivos. Están empezando a ocuparlos de manera directa. No es ya solo que haga un lobby feroz o que desarrolle campañas comunicacionales que generen una opinión pública favorable a sus intereses –que lo puede hacer desde afuera con los recursos que posee–, sino que incluso está llegando a ocupar numerosos puestos legislativos y también presidenciales. Y esto tiene altos riesgos. Porque un funcionario público tiene que tener muy en claro que su función es velar por el interés colectivo, por el bien común. Sin embargo, cuando tu posición va asociada a un interés privado y a grandes empresas, se genera un conflicto de intereses que puede realmente afectar, y de hecho lo está haciendo, las decisiones sobre políticas públicas. Y no solo eso, sino que, además, afecta la competitividad del sector privado. Es decir, afecta la competencia dentro del sector privado, puesto que un ministro del sector financiero tiene información privilegiada y se encuentra por encima de cualquier otro empresario de su mismo sector. Por lo tanto, va a tener una ventaja importantísima y un acceso a decisiones que podrían estar beneficiándolo por encima de las otras empresas. Y, por lo tanto, esto también afecta al sector empresarial, que debería preocuparse por esta situación.
Hemos identificado 11 mecanismos utilizados por las élites, sobre la base de un estudio detallado de múltiples autores académicos y también de medios de comunicación. El periodismo de investigación ha aportado mucho para develar las prácticas que ocurren tras las sombras. Hemos levantado el trabajo de estos múltiples académicos y medios, y hemos podido identificar los mecanismos que utilizan las élites para capturar. Entre ellos, el más utilizado y el más reportado es la campaña mediática. Es decir, la capacidad que tiene tanto el poder político como el poder económico de influir en la construcción de opinión pública. Por ejemplo, cuatro de cada cinco lectores en las principales economías de la región están controlados por menos de cuatro empresas. Esto significa que leemos o nos informamos de lo que ellos quieren y desde su propio enfoque. Y ese es un poder aún mucho mayor que el económico.
También hemos visto estas prácticas desde los gobiernos. Ha habido gobiernos en la región que también han intentado limitar la libertad de expresión, y creemos que esto es algo que tampoco puede ocurrir en un sistema democrático. Otro de los mecanismos muy utilizados es la «puerta giratoria», referida anteriormente. Uno de los casos más salientes es el argentino. Existen estudios que prueban que 40% de los funcionarios del sector de hacienda y finanzas del gobierno de Mauricio Macri han sido altos ejecutivos de empresas. Y esto genera un conflicto de intereses en la definición de la política fiscal y en la definición de muchas otras decisiones sobre deuda, precios y tasas de interés que pueden afectar el interés público. Quisiera resaltar también otro de los mecanismos que se observan en el informe: el tema del lobby.
El lobby es un mecanismo legal, pero la riqueza y la concentración que tienen algunos sectores le otorga un poder desmedido. En Estados Unidos, por ejemplo, la industria farmacéutica –que es la que más invierte en lobby– gasta al año 200 millones de dólares en este concepto y contrata a más de 1500 lobistas para conseguir que las decisiones sobre acceso a medicamentos beneficien a las empresas y no a la ciudadanía en un bien tan básico como es la salud. En América Latina no tenemos esta información porque el lobby no está regulado, pero seguramente ocurre de la misma manera. Esto genera una influencia desmedida de ciertos sectores que afecta las bases principales de la democracia.
En función de los hallazgos del informe, ¿qué medidas se podrían tomar, tanto desde los gobiernos como desde la sociedad civil, para revertir o morigerar el impacto de la captura?
El informe tiene un listado detallado de posibles medidas que podrían reducir, limitar o regular esta influencia desmedida que es legal en estos momentos. Es decir, tenemos en cuenta que la mayoría de los mecanismos son legales, aunque ilegítimos. Entre estas medidas, podríamos resaltar la necesidad de la regulación del lobby. Chile es pionero en esto. Ha desarrollado leyes que obligan a la regulación de esta práctica, que se han aprobado muy recientemente y que, por ejemplo, podrían haber limitado la capacidad que tuvo el poder empresarial de influir en la reforma fiscal de 2014. Otra línea importantísima es la regulación del financiamiento partidario. En Honduras, una comisión independiente encargada de la lucha contra la corrupción ha empujado la aprobación de una ley que obliga a regular el financiamiento de los partidos a través del sector empresarial, tanto los montos que pueden recibir como la necesidad de que se transparenten. Y esto es muy importante que se regule en toda América Latina porque, por ejemplo, prácticas como la de Odebrecht han desnudado cómo las empresas podían financiar partidos de todo signo ideológico en diez países de la región, y a través de eso conseguir de manera absolutamente irregular los contratos de grandes obras de construcción, lo que afecta los derechos de las grandes mayorías. Ahora, todas las medidas que plantea el informe son cambios institucionales y deben ser desarrollados por gobiernos, parlamentos y sistemas judiciales. Por lo tanto, encuentran un techo de cristal que solo será posible romper con una mayor participación social y política de la ciudadanía, desde un enfoque del reconocimiento de la igualdad, exigiendo a los gobiernos que tomen estas medidas y vigilándolos de manera continua para que cumplan su función de garantizar el bien común. La ciudadanía debe poner en su voto este tipo de valores y exigir que los gobiernos que va a elegir desarrollen este tipo de medidas.
*Rosa Cañete Alonso es coordinadora de la Campaña IGUALES contra la Desigualdad en América Latina y el Caribe de Oxfam.