Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-El coordinador de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura y expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, anunció esta tarde la cancelación de la protesta programada para mañana domingo en las afueras de la cárcel de máxima seguridad, más conocida como “El Pozo”.
URGENTE / SE POSPONE MOVILiZACION, carcel el POZO @SalvadorAlianza . “ JOH “ ordenó cancelar las visitas familiares como tortura a los detenidos y culpar a la ALIANZA . Pendiente nuevo aviso #insurreccion
— Manuel Zelaya R. (@manuelzr) February 24, 2018
Al dar a conocer la decisión a través de su cuenta de Twitter, Zelaya Rosales, argumentó que ésta se había adoptado porque el gobierno de Juan Hernández ordenó cancelar las visitas familiares “como tortura a los detenidos y culpar a la Alianza”.
La Alianza de Oposición había convocado para mañana domingo a un plantón en los alrededores de “El Pozo” para exigir la liberación de 22 “presos políticos”, recluidos en diferentes cárceles hondureñas y que fueron capturados en el marco de las protestas que denuncian un fraude electoral en las elecciones del 26 de noviembre del año pasado.
La cancelación de la actividad se efectuó luego que el gobierno de Hernández emitiera un comunicado acusando a los líderes de la Alianza, Manuel Zelaya y al excandidato presidencial, Salvador Nasralla de mantener una alianza con las maras y pandillas y que advirtiera que la actividad de protesta iba a ser utilizada por ambos líderes para acusar al gobierno de violación a sus derechos humanos.
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“El Pozo”, que se ubica en el municipio de Ilama en el occidental departamento de Santa Bárbara, ha sido resguardado desde este sábado por elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
El gobierno hondureño argumenta que en Honduras no existen presos políticos porque las personas que fueron capturadas en el marco de las protestas contra el fraude, han sido acusadas por diferentes delitos como robo, quemas de negocios, tentativa contra la policía y otros. Sin embargo, organismos defensores de los derechos humanos alegan que el gobierno ha acusado a los apresados por delitos comunes para aparentar ante el mundo que en el país no hay presos políticos.
Los defensores de los derechos humanos, dicen además que en el marco de la crisis política ya se contabilizan al menos 34 víctimas mortales las que, en su mayoría, han sido atribuidas a las fuerzas de seguridad del Estado, que han disparado para disuadir a los manifestantes.