Tegucigalpa, Honduras. –La segunda vuelta presidencial, la ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y modificaciones a la Ley Procesal Electoral forman parte de un paquete de 87 reformas electorales presentado por organizaciones de sociedad civil, pero la iniciativa enfrenta desde ahora obstáculos en el Congreso Nacional, donde la propia Comisión de Asuntos Electorales considera difícil alcanzar los votos necesarios para aprobar varias de las propuestas.
La propuesta fue presentada el lunes 21 de septiembre de 2026, a la Comisión de Asuntos Electorales y al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano Molina, por diez organizaciones de sociedad civil, entre ellas el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), la Unión Nacional de Ciegos de Honduras (UNCIH), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), entre otras. Además, contaron con la participación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En el documento plantean modificaciones a la Constitución de la República, la Ley Electoral, la Ley Procesal Electoral, la normativa sobre financiamiento de los partidos políticos y la Ley de la Unidad de Política Limpia, con el objetivo de atender, entre otros aspectos, problemas identificados en los últimos procesos electorales.
En lo que va de 2026, el Congreso Nacional y la Comisión de Asuntos Electorales han recibido dos propuestas orientadas a incorporar la segunda vuelta presidencial al sistema electoral hondureño. Al tratarse de una reforma constitucional, esta requiere 86 votos en el Congreso Nacional y su ratificación en una legislatura posterior.
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SEGUNDA VUELTA: UNA REFORMA QUE VUELVE AL DEBATE ELECTORAL
La discusión sobre la segunda vuelta cobró nuevamente fuerza después de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, en las que el actual presidente, Nasry Asfura Zablah, obtuvo el 40.26% de los votos, mientras el candidato liberal Salvador Nasralla alcanzó el 39.55 %, una diferencia de 0.71 puntos porcentuales.
Para las organizaciones que impulsan la reforma, ese resultado vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el mecanismo mediante el cual se elige al presidente de la República.
Al respecto el director del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), Gustavo Irías, explicó que la segunda vuelta figura y la reforma a la Ley de Financiamiento Transparencia y Fiscalización a partidos políticos, figuran entre las reformas prioritarias de las 87 propuestas presentadas por la mesa de organizaciones de sociedad civil.
Durante una entrevista brindada a Criterio.hn el analista indicó que la reforma busca modificar las reglas electorales para que la Presidencia sea asumida con un respaldo mayoritario cuando ningún candidato alcance una mayoría suficiente en la primera ronda.
Su planteamiento parte de que el sistema político hondureño se ha vuelto más fragmentado y que los resultados presidenciales recientes han mostrado porcentajes relativamente reducidos para los candidatos ganadores, sumado a la incertidumbre que generan estos pequeños márgenes.
De acuerdo a lo expuesto por el entrevistado uno de los principales obstáculos para incorporar la segunda vuelta es de carácter constitucional. La propuesta necesita 86 votos en el Congreso Nacional y posteriormente debe ser ratificada en una subsiguiente legislatura.
El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales y diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas, señaló que la propuesta presentada por organizaciones de sociedad civil será analizada por esa comisión. Sin embargo, descartó que la segunda vuelta electoral sea aprobada.
Durante una comparecencia a medios de comunicación el Rivera Callejas, quien ha sido reelecto al menos cuatro veces en su cargo, precisó que la segunda vuelta y la ciudadanización de las mesas electorales podrían no ser aprobadas debido que se necesitan 86 votos.
Callejas aseguró que la propuesta de las organizaciones de sociedad civil será presentada ante el pleno y que posteriormente pasará a comisión de dictamen para que sea discutida y aprobada.
CIUDADANIZACIÓN DE LAS MESAS TAMBIÉN GENERA DEBATE
El paquete de reformas plantea, además, modificar la integración de la ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos. La propuesta contempla que los secretarios y escrutadores de las aproximadamente 18,000 RJV sean seleccionados mediante sorteo y no representen a partidos políticos.
Antonio Rivera Callejas, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, explicó que la iniciativa busca que quienes participen en esas funciones no tengan representación partidaria, bajo el argumento de separar las labores de recepción y escrutinio de los intereses de los partidos.
La propuesta, sin embargo, también genera cuestionamientos en sectores políticos y, junto con la segunda vuelta, fue identificada por el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales como una de las reformas más complejas de alcanzar.
ELIMINAR SECRETIVIDAD EN APORTACIONES PRIVADAS A CANDIDATOS
Criterio.hn consultó al director de Cespad, Gustavo Irías, si se incluyó la eliminación de la reserva de información sobre determinados datos relacionados con los aportantes privados a las campañas electorales de los diferentes candidatos y candidatas a cargos de elección popular.
Irías respondió que se incluyó un artículo transitorio a la Ley de Financiamiento Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, vigente desde 2017, para que sea anulada la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que permite la reserva y protección datos personales de aportantes privados, así como imágenes de cheques y facturas, estados financieros, auditorías y bases de datos de la Unidad de Política Limpia
El planteamiento cobra relevancia dentro del paquete porque las organizaciones consideran que la transparencia sobre el origen de los recursos utilizados durante las campañas es un componente necesario para la fiscalización electoral.
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