La Secretaría de Seguridad afirma que el estado de excepción solo sería utilizado en circunstancias extraordinarias y en territorios específicos. Defensores de derechos humanos cuestionan que existan condiciones que justifiquen su eventual reactivación.
Tegucigalpa, Honduras. – El gobierno del presidente Nasry Asfura Zablah descartó reinstaurar un estado de excepción a nivel nacional como parte de su estrategia de seguridad. No obstante, el secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, no descartó que en el futuro se retome esta medida, pero en zonas específicas si se presentan hechos de violencia de alto impacto, como masacres.
Las declaraciones del funcionario se producen semanas después del repunte de hechos violentos registrados en distintas regiones del país y reabren el debate sobre la utilización de medidas extraordinarias para enfrentar la criminalidad, una estrategia que durante el gobierno de Xiomara Castro fue objeto de fuertes cuestionamientos por parte de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
«El estado de excepción sigue siendo una medida legal que está en la ley y en la Constitución de la República. Eventualmente podría utilizarse, pero la decisión del presidente Nasry Asfura es que no va a ser una medida generalizada», dijo el funcionario a medios de comunicación.
El titular de Seguridad reafirmó que la medida únicamente sería considerada ante situaciones excepcionales y focalizadas. «Quizás en algún momento ocurran circunstancias puntuales, como en el caso del Bajo Aguán, donde ocurrió esa lamentable muerte múltiple, tengamos que volver a implementarlo», declaró.
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CUATRO AÑOS BAJO MEDIDAS EXCEPCIONALES
Honduras permaneció bajo estado de excepción desde abril de 2022 hasta el 26 de enero de 2026, a pocas horas antes de la toma de posesión del presidente Nasry Asfura Zablah.
El 24 de abril de 2022, la presidenta Xiomara Castro decretó un estado de excepción tras el asesinato de tres policías en el departamento de Colón, con el objetivo de facilitar la búsqueda de los responsables mediante restricciones temporales a derechos constitucionales y un mayor despliegue de fuerzas de seguridad.
Posteriormente, el 6 de diciembre de 2022, el estado de excepción fue ampliado para incluir barrios y colonias de Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula, bajo el argumento de combatir a las estructuras de la Mara Salvatrucha (MS-13) y la pandilla Barrio 18.
Durante 2023 la medida se extendió progresivamente hasta abarcar 73 municipios y, posteriormente, la totalidad del territorio nacional.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron las sucesivas ampliaciones de los decretos ejecutivos PCM-29-2022 y PCM-01-2023, al considerar que las restricciones a garantías constitucionales se prolongaron sin una evaluación suficiente sobre su necesidad, eficacia y proporcionalidad.
Organizaciones de sociedad civil pusieron en tela de juicio la legalidad de estas ampliaciones, ya que no contaron con el aval del Congreso Nacional.
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NO EXISTE UNA JUSTIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
A juicio del director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Javier Acevedo, la eventual reactivación del estado de excepción debe cumplir estrictamente con los requisitos establecidos en la Constitución de la República y los estándares internacionales de derechos humanos.
Durante una entrevista brindada a Criterio.hn el defensor sostuvo que el Gobierno tendría que demostrar la existencia de una situación excepcional distinta a la criminalidad y la violencia que vive el país.
“Desde esa perspectiva no hay justificación, particularmente si consideramos que la propia Secretaría de Seguridad ha divulgado cifras que hablan de una disminución de las muertes violentas», advirtió el también abogado.
Acevedo recordó que, de adoptarse nuevamente la medida, el procedimiento constitucional exige que sea aprobada por el Consejo de Secretarios de Estado y posteriormente remitida al Congreso Nacional para su ratificación.
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TEMOR A QUE LA MEDIDA SEA UTILIZADA CONTRA LA PROTESTA SOCIAL Y LA DISIDENCIA
Javier Acevedo, director de Ciprodeh, manifestó su preocupación por la posibilidad de que un estado de excepción focalizado coincida con recientes reformas penales y otras disposiciones legales que han sido cuestionadas por organizaciones nacionales e internacionales por su posible impacto sobre las libertades fundamentales.
Según Acevedo, una aplicación de estas medidas en zonas donde existen conflictos agrarios o disputas territoriales podría utilizarse para responder al descontento social en lugar de atender sus causas estructurales.
Agregó que «no estamos viendo una estrategia integral de seguridad. Lo que existe es una repetición de las tradicionales estrategias policiales y una mayor disposición a actuar frente a las tomas de tierra, sin atender los conflictos sociales que las originan».
Asimismo, advirtió que la combinación entre un estado de excepción y reformas penales más severas podría afectar el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, la protesta pacífica y la defensa del territorio.
En similares términos se pronunció el exdirector del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) y de Radio Progreso, Ismael Moreno Coto, al considerar que, en un contexto de alta polarización política y debilitamiento institucional, recurrir nuevamente a un estado de excepción podría profundizar la fragilidad del Estado de derecho.
En conversación con este medio digital el sacerdote jesuita expresó que la prioridad debería centrarse en fortalecer las instituciones democráticas y generar confianza ciudadana, en lugar de endurecer las medidas de seguridad.
Además, advirtió que los principales afectados serían los sectores históricamente vulnerables, entre ellos periodistas, defensores de derechos humanos, ambientalistas, pueblos indígenas y comunidades que defienden sus territorios.
«Un estado de excepción en las condiciones actuales solo provocará más daño a la sociedad hondureña, especialmente a los sectores empobrecidos y en situación de vulnerabilidad», concluyó.
