Expresidentes del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) y exconsjeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), presentaron un documento con reformas a la Ley Electoral entre las que se incluye: prohibir licencias a consejeros propietarios del CNE y ciudadanizar las mesas electorales.
Tegucigalpa, Honduras. – La implementación de una segunda vuelta electoral, la ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), la prohibición de licencias para los consejeros propietarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y nuevas medidas para combatir la desinformación en campañas políticas forman parte de un paquete de reformas a la Ley Electoral presentado este martes por un grupo de exfuncionarios electorales.
La iniciativa, contenida en un documento de 60 páginas, propone alrededor de 70 modificaciones a la Ley Electoral de Honduras, vigente desde el 25 de mayo de 2021, con el argumento de fortalecer la institucionalidad democrática, mejorar la transparencia de los procesos electorales y corregir vacíos identificados durante los últimos procesos electorales celebrados en el país.
Asimismo, se contempla cambios en el financiamiento electoral, la integración de las juntas receptoras de votos, el padrón electoral, el funcionamiento de los partidos políticos, la fiscalización del financiamiento político y reformas constitucionales.
En representación del grupo promotor, el expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, afirmó que las propuestas fueron elaboradas con el objetivo de fortalecer la credibilidad del sistema electoral y garantizar que los resultados reflejen la voluntad ciudadana.
A su vez, el exconsejero del CNE, Kelvin Aguirre, explicó que el equipo optó por impulsar reformas puntuales en lugar de promover una nueva Ley Electoral debido a las limitaciones de tiempo y a la necesidad de alcanzar consensos políticos antes de los próximos procesos electorales.
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SEGUNDA VUELTA REQUERIRÍA REFORMA CONSTITUCIONAL
El reducido margen con el que Nasry Asfura Zablah, del conservador Partido Nacional, ganó las elecciones presidenciales del 30 de noviembre de 2025 volvió a colocar sobre la mesa la discusión sobre la segunda vuelta electoral.
Asfura obtuvo el 40.26% de los votos, mientras que Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, alcanzó el 39.55 %, una diferencia de apenas 0.71 puntos porcentuales que, para los impulsores de la reforma, evidencia la necesidad de un mecanismo que otorgue mayor legitimidad al presidente electo.
Según el documento, este mecanismo permitiría fortalecer la legitimidad de las autoridades electas al exigir que quien gane la Presidencia obtenga la mayoría absoluta de los votos, especialmente en escenarios de alta fragmentación política o resultados estrechos.
Los exfuncionarios sostienen que la segunda vuelta favorecería una mayor legitimidad del presidente electo, incentivaría la construcción de alianzas entre fuerzas políticas y permitiría a la ciudadanía decidir entre las dos candidaturas más votadas.
No obstante, el propio documento reconoce que esta figura también implicaría mayores costos logísticos y financieros, una posible disminución de la participación ciudadana en la segunda jornada electoral y un incremento de la polarización política.
La propuesta requeriría reformar el artículo 236 de la Constitución de la República para definir las condiciones bajo las cuales se celebraría el balotaje, el porcentaje de diferencia entre el primer y segundo lugar que activaría una segunda ronda y otros aspectos procedimentales, además de introducir modificaciones a la Ley Electoral.
PROPONEN PROHIBIR LICENCIAS A CONSEJEROS PROPIETARIOS DEL CNE
El documento también plantea modificar el artículo 14 de la Ley Electoral para prohibir que los consejeros propietarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) soliciten licencias durante el ejercicio de sus funciones.
La propuesta surge semanas después que el Congreso Nacional aprobara licencias sin goce de sueldo para las consejeras Ana Paola Hall, presidenta, y Cossette López Aguilar, quienes fueron designadas como embajadora de Honduras en España y representante permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), respectivamente.
Tras esas licencias, el Legislativo juramentó temporalmente a Eduardo Fuentes, en el lugar de López Aguilar, y Aixa Zelaya, en sustitución de Hall García, como consejeros sustitutos.
Pese a que el artículo 15 de la referida normativa establece prohibiciones claras durante el ejercicio del cargo, entre ellas no ocupar otros cargos públicos remunerados, evitar el activismo partidario y garantizar la independencia en la función electoral, el Congreso Nacional aprobó los permisos a las funcionarias electorales.
Por ello, los exfuncionarios proponen incorporar un nuevo numeral al artículo 15 para establecer que, cuando un consejero incumpla los deberes y prohibiciones establecidos en la ley, el pleno del CNE remita un informe al Congreso Nacional para la eventual aplicación de un juicio político y, simultáneamente, envíe copia al Ministerio Público para que determine si existen responsabilidades penales.
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JUNTAS RECEPTORAS DE VOTOS DEJARÍAN DE ESTAR INTEGRADAS POR PARTIDOS
Otra de las reformas busca modificar la conformación de las Juntas Receptoras de Votos. La iniciativa se encamina a eliminar la integración partidaria de las JRV y propone que sus miembros sean ciudadanos seleccionados mediante un sorteo aleatorio realizado un año antes de las elecciones generales.
El desempeño del cargo sería obligatorio y ad honorem. Quienes se nieguen a integrar una junta sin causa justificada podrían enfrentar una multa de cinco mil lempiras.
Los partidos políticos conservarían únicamente la figura de fiscales electorales para vigilar el proceso, pero sin facultades para tomar decisiones dentro de las mesas receptoras de votos. Además, esos fiscales no podrían ser candidatos a cargos de elección popular.
La propuesta también abarca el tema del presupuesto. Los exfuncionarios electorales proponen garantizar que el presupuesto especial para las elecciones sea remitido al Congreso Nacional un año antes de los comicios y aprobado en un plazo máximo de 60 días.
De incumplirse ese plazo, la iniciativa plantea que los integrantes de la junta directiva del Poder Legislativo puedan incurrir en responsabilidad penal por la comisión de un delito electoral.
COMISIÓN ELECTORAL ANALIZARÁ VIABILIDAD POLÍTICA
Los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional confirmaron que el documento será remitido para su análisis y que cada una de las reformas será evaluada conforme al respaldo político que logre obtener de las diferentes bancadas en ese poder del Estado.
El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, señaló que la iniciativa recoge la experiencia de exmagistrados del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), exconsejeros del CNE y exfuncionarios del Registro Nacional de las Personas (RNP).
«Han traído un paquete de reformas para que sean analizadas. Será la Comisión Electoral la que las discuta y posteriormente llegarán al pleno. Hay reformas que requieren 86 votos y ahí veremos si realmente existe voluntad política para fortalecer la democracia y blindar el sistema electoral», dijo a medios de comunicación el legislador.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Antonio Rivera Callejas, anunció que la propuesta será conocida «lo antes posible» y reconoció que varios de los cambios, como la segunda vuelta electoral, dependerán de la construcción de consensos entre las distintas bancadas, ya que al ser una reforma constitucional requiere 86 votos y ratificación en una subsiguiente legislatura.
