Tegucigalpa, Honduras. – Las movilizaciones masivas de migrantes auspiciadas por los problemas sociales, el alto costo de la vida y el desempleo han regresado. Entre 400 y 600 personas habrían salido desde la Gran Terminal de San Pedro Sula, Honduras, con rubo a Estados Unidos, desde el domingo 20 de septiembre.
Videos que han sido publicados por redes sociales y medios de comunicación que dan seguimiento al paso de los migrantes, muestran que los integrantes se acompañan de pancartas y consignas en las que reprueban la gestión del gobierno de Nasry Asfura (2026-2030).
La movilización ha sido bautizada por los migrantes como “Caravana Fe y Esperanza”, en la cual van familias completas con sus hijas e hijos menores de edad, mujeres y hombres de todas las edades, pero en su mayoría gente joven que no cuentan con un empleo digno ni las oportunidades para desarrollarse plenamente en su propio país.
Con mochilas y bolsas en mano, transitan por las carreteras del norte del país con el objetivo de llegar a la frontera con Guatemala. A medida que avanzan van tomando más fuerza porque otras personas se unen. Entre los migrantes, una mujer relató que fue deportada de Estados Unidos, al llegar a Honduras, se desplazó de Islas de la Bahía hacia El Progreso, Yoro, para encontrar trabajo, pero cansada, ha tomado la descripción de intentar regresar al norte, porque ya tiene unos siete meses sin empleo.
“¡Fuera la racha!”, gritan algunos cuando llegan los camarógrafos de algún medio de comunicación a cubrirlos. Aunque el panorama es desalentador, muchos sonríen y avanzan convencidos de que al menos en México, quizás, puedan encontrar una oportunidad para establecerse y resguardar a sus familias, aunque esto pueda tomar años.
Observa que la situación es más compleja de lo que superficialmente se expone en la mayoría de los espacios de medios de comunicación y redes sociales. No solo es el alto precio de los combustibles, una canasta básica inalcanzable y el afloramiento de la pobreza, lo más preocupante es que la mayoría de la población no tiene ni siquiera la garantía de sus derechos humanos más básicos.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), los derechos básicos son aquellas condiciones y garantías esenciales que toda persona posee por el simple hecho de existir, necesarias para vivir con dignidad, como el acceso a un trabajo y a una vida digna en las comunidades, pero eso es justamente lo que en Honduras está siendo flagelado.
No es desconocido que la ruta migratoria implica condiciones de alta vulnerabilidad y alto riesgo. Además, existen políticas migratorias que criminalizan a las personas en tránsito, pero aun así la gente prefiere irse.
Desde el día de su toma de posesión, el 20 de enero de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció las principales políticas y órdenes ejecutivas migratorias de su segundo mandato y continúa implementando nuevas restricciones de manera ascendente, entre ellas, las modificaciones de USCIS (sobre sobre carga pública, Estatus de Protección Temporal -TPS y la green card) y proclamaciones de visados en 2026, es decir, decretos u órdenes ejecutivas que emite el presidente para restringir, suspender o modificar las condiciones para otorgar visas o permitir el ingreso de extranjeros.
El Alto Comisionado señaló que existen numerosas políticas migratorias aplicadas por las autoridades de Estados Unidos que causan arrestos y detenciones arbitrarias e ilegales, por parte de la Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE). A su vez, reprochan que suscitan decisiones infundadas de deportación.
Lea: Realidades y suposiciones sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS)
SIN TPS Y SIN POLÍTICAS ESTATALES
La determinación de continuar con la cancelación del TPS fue emitida por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, luego de que se levantó la orden judicial que mantenía suspendida su terminación el 31 de diciembre de 2025. De tal forma, El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, emitió un fallo el nueve de febrero de 2026, que permitió al gobierno de Estados Unidos, avanzar con la cancelación del TPS de Honduras, Nicaragua y Nepal, lo que sepultó la credibilidad en el sermón de que la cercanía entre Nasry Asfura y Donald Trump blindaría ese beneficio migratorio, al contrario, unos 50 mil hondureños han quedado desprotegidos.
Lo anterior debido a que la realidad histórica que abruma a los hondureños que viven en el exterior, es que, Honduras no cuenta con los servicios necesarios para atender a los más de 1.4 millones de migrantes que viven en situación irregular en Estados Unidos, lo que dificulta que la mayoría de ellos pueda acceder a los servicios de las misiones diplomáticas y consulares de Honduras en ese país.
La Cancillería de la República de Honduras, el lunes 21 de septiembre, un día después de que los migrantes emprendieron camino, publicó en su página de X una serie de imágenes elaboradas con IA, con el único objetivo de advertir y recordar a los migrantes los riesgos de la ruta migratoria. En la publicación no se anunció en ningún momento la implementación de medidas inmediatas para contrarrestar y suplir las necesidades que obligan a las personas a abandonar al país.
Aunque las condiciones que obligan a la migración parecen males históricos, lo cierto es que se han arreciado con el paso del tiempo, debido a la inexistencia de políticas de Estado que realmente se implementen para regular estas situaciones. En su lugar, esto no pasa de ser la noticia del momento y luego pasa al olvido hasta que vuelve a salir otra caravana del país.
“Creo que es necesario hacer ya políticas de Estado y no políticas de gobierno que se terminan cada cuatro años. Recordemos que estamos ante una cancelación de un TPS y actualmente en el país no tenemos atención integral para ningún programa desde las distintas secretarías”, alertó Valladares.
La representante de Cristosal, recordó que muchas personas, tanto las que salen como las que pueden ser retornadas, huyen de criminalidad que les orilló al desplazamiento forzado de sus hogares y, como el país no cuenta con las condiciones para proteger a estas personas, esto las expone a un peligro inminente.
La realidad migratoria nunca se ha analizado de manera profunda. Valladares señaló que es de suma importancia que se reactive el Consejo Nacional para la Protección al Hondureño Migrante (Conaprohm), en la que participan diversas instituciones estatales y organizaciones de sociedad civil, para que trabajen con un enfoque basado en derechos humanos, integral y diferenciado, debido a que los grupos de migrantes se componen de poblaciones mixtas.
La situación se torna más crítica al recordar el acontecimiento absurdo y preocupante que sufrieron unas 15 familias, el siete de septiembre de 2026, en el sector ocho de la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa, quienes tuvieron que abandonar sus hogares luego de recibir amenazas directas de la Pandilla 18. La Policía Nacional en lugar de intervenir en favor de los pobladores de una manera contundente, se limitaron a observar cómo estos sacaban sus muebles y desalojaban sus viviendas, tal como lo ordenó la estructura criminal.
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