El relator especial Morris Tidball-Binz recordó que el Estado hondureño debe investigar y sancionar a quienes ejecutaron y planificaron la masacre, reparar integralmente a las víctimas y garantizar la no repetición de ataques contra las comunidades campesinas.
Tegucigalpa, Honduras. – El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, recordó que el gobierno de Honduras está obligado a juzgar a los responsables, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición de ataques contra comunidades campesinas como el ocurrido en la masacre de Rigores en Trujillo, Colón.
Esta no es la primera vez que Tidball-Binz se pronuncia sobre la masacre. En mayo condenó el crimen en el que fueron asesinadas 20 personas –entre ellas catorce hombres, tres mujeres, y tres niños [dos de 14 y uno de 17 años]– cuando se preparaban para iniciar su jornada laboral, en las inmediaciones de una iglesia.
Noticia relacionada: Hermetismo estatal rodea masacre en Colón, zona de conflicto agrario en Honduras
El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias indicó que “la memoria de quienes fueron asesinados exige verdad, justicia y reparación”. Agregó que “sus familias y comunidades tienen derecho a conocer lo ocurrido y a ver que los responsables rindan cuentas por sus actos”.
Tidball-Binz, cuyo mandato como relator finaliza este año, exhortó a las autoridades hondureñas a realizar una investigación pronta, independiente y efectiva, siguiendo los principios del Protocolo de Minnesota, con el propósito de garantizar que tanto los perpetradores, como quienes planificaron los crímenes, sean identificados. Remarcó que “[n]inguna persona, grupo o institución que haya participado directa o indirectamente en estos crímenes debe quedar fuera del alcance de la justicia”.
El experto instó al Estado a garantizar una reparación integral para los sobrevivientes y familiares de las víctimas, que vaya más allá de una compensación económica. Señaló que las comunidades afectadas tienen derecho a recibir apoyo del Estado para reconstruir sus vidas, superar las consecuencias del trauma y disfrutar de condiciones de seguridad que les permita vivir sin miedo.
El experto, que en 2023 realizó una gira por Honduras, señaló que la región del Aguán ha estado marcada históricamente por conflictos por el uso de la tierra, la industria de la palma aceitera y las actividades de redes criminales que operan en la zona.
El Protocolo de Minnesota es una herramienta para guiar toda investigación de muertes potencialmente ilícitas o muertes en las que se sospeche constituyen violaciones al derecho a la vida o una muerte arbitraria. El propósito último es asegurar que toda muerte potencialmente ilícita se ajuste a los más altos estándares de buena práctica para asegurar la confiabilidad de los resultados de las investigaciones, explicó Tidball-Binz durante un encuentro en septiembre de 2025 de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) para América Latina.
Lee también: Masacre en Rigores reaviva discurso de militarización y terrorismo en el Bajo Aguán
Para Pedro Mejía, abogado del Estudio para las Ciencias Jurídicas (ECJ) que representa jurídicamente a la Plataforma Agraria, las nuevas declaraciones del relator dejan tres mensajes centrales. El primero es que la condena de Naciones Unidas reafirma la gravedad de la masacre de Rigores y rechaza que la violencia en el Bajo Aguán sea asumida como un hecho normal. El segundo, que el crimen debe entenderse como parte del conflicto histórico por la tierra y no como un episodio aislado de violencia común. Finalmente, destacó que el llamado del relator a investigar a quienes planificaron y facilitaron la masacre pone el foco en los autores intelectuales, cuya impunidad, advirtió, permite la continuidad de la violencia contra las comunidades campesinas en la zona.
Según Mejía, hasta el momento, los avances de la investigación del Ministerio Público se limitan a los supuestos autores materiales del crimen, mientras permanecen pendientes las indagaciones contra los responsables intelectuales, quienes dada la magnitud de la operación criminal, involucraría a agentes con poder económico y criminal importante para financiar y garantizar que la operación se llevara a cabo.
“Particularmente en esta masacre, urge que los autores intelectuales, que los autores que van a estar generando siempre violencia, sean juzgados. De lo contrario, si nunca son llevados ante un tribunal, la impunidad que les genera les permitirá seguir contratando estructuras criminales que sigan ejecutando masacres en contra de los campesinos, que sigan desplazando a grupos campesinos de sus tierras y que se siga profundizando la violencia en la zona”, pormenorizo el profesional del derecho.
En 2023, Tidball-Binz –quien es un médico especializado en ciencias forenses, derechos humanos y acción humanitaria– recordó al Estado de Honduras “que toda ausencia de investigación en una muerte potencialmente ilícita puede constituirse en una violación al derecho a la vida”.
De interés: ONU urge al Estado de Honduras fortalecer investigación y reducir impunidad para garantizar la justicia
En esa visita a Honduras señaló que las ejecuciones extrajudiciales sistemáticas en la década de 1980 y que alcanzaron su punto álgido tras el golpe de 2009 y la crisis postelectoral de 2017, “siguen siendo un fenómeno generalizado” que afecta especialmente a grupos en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, afrohondureños, campesinos y personas defensoras de derechos humanos y medioambientales, periodistas y personas LGBTIQ+.
