¿Qué pasará con la reasignación de fondos de la Red Solidaria?
Tegucigalpa, Honduras. – El cierre del Programa de la Red Solidaria (PRS) ha generado dudas, sobre qué ocurrirá con los fondos de proyectos sociales que se realizaban a través de ese brazo social, ya que, el actual gobierno de Nasry Asfura (2026-2030), estableció que serán reasignados para que los ejecute la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pero la redistribución de fondos internacionales conlleva trámites y procesos muy complicados, según especialistas.
De acuerdo con el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. PCM-004-2026, publicado el miércoles 25 de febrero del 2026, se ordenó suprimir cinco programas sociales estatales, entre ellas, el Programa de la Red Solidaria (PRS), que era el proyecto insigne del gobierno de la presidenta Xiomara Castro (2022-2026).
Dicha disposición, se argumentó en el objetivo de racionalizar el gasto público y garantizar la eficiencia y modernización de las instituciones del Estado, lo que constituye un proceso administrativo y legal supuestamente orientado a mejorar la organización institucional, el desempeño del talento humano y la prestación de servicios.
Asimismo, el decreto autorizó a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) para que, en nombre y representación del Gobierno de la República de Honduras, realice los procedimientos administrativos y legales necesarios ante los organismos financieros internacionales, con el fin de formalizar el cambio de unidad u organismo ejecutor de los recursos disponibles de la cartera de financiamiento vigente y trasladar la responsabilidad de la Red Solidaria a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) como nuevo ejecutor.
La otra opción, sería cambiar cosméticamente el destino, es decir, a un programa similar que ya existe con ese organismo multilateral, para lo cual, no sería necesario el Congreso Nacional, solo una solicitud formal de parte de Sefín al organismo multilateral. En el caso de la Red Solidaria podría ser un programa ya existente y dirigido al apoyo social.
Se entiende que el ente social, al quedar suprimido, desaparece y ya no ejercerá ninguna función o labor dentro del Estado, la entidad deja de tener autoridad legal para tomar decisiones o prestar servicios. Además, los contratos de los trabajadores terminan conforme a la ley y los derechos laborales vigentes.
La Red Solidaria quedó suprimida, pero actualmente cuenta con un monto en el Tesoro Nacional de L103,106,564 y de L1,751,105,100 provenientes de fuentes externas, lo que genera un total de L1,854,211,664, detallado dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales, dentro del Ejercicio Fiscal 2026, Decreto No. 62-2026, publicado el jueves 23 de abril de 2026.
Ante esto, se ha generado la suspicacia de si los fondos podrán ser realmente redirigidos y cómo serán utilizados.
Según un informe de evaluación presupuestaria de la Red Solidaria, en la parte de Ejecución Física Financiera, desglosa que, según el Decreto Ejecutivo PCM-05-2022, el programa nació como un ente desconcentrado de Sedesol, con el objetivo de contribuir a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, mediante la ejecución de programas y proyectos dirigidos a poblaciones vulnerables, focalizadas a través de los sistemas de información social y las herramientas técnicas disponibles del Estado.
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¿CONTINUIDAD DE LA LABOR SOCIAL?
El programa contempló el diseño, estructuración, ejecución, administración y supervisión de proyectos productivos y sociales, incluyendo programas de becas dirigidos a jóvenes de educación primaria, media y universitaria, con el propósito de fortalecer las oportunidades de desarrollo e inclusión social de la población beneficiaria, al designar que los proyectos que se encontraban bajo la responsabilidad de la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales (AEPAS-H), se ejecutarán a través del Programa de Red Solidaria.
De acuerdo a lo que indica el informe, el propósito actual es garantizar la continuidad en el desarrollo de los programas y proyectos vigentes, las instituciones mantendrán temporalmente su carácter de organismos ejecutores, por lo que deberán continuar con las actividades operativas y administrativas hasta que los programas y proyectos sean transferidos de manera ordenada, eficiente y conforme a derecho a las instituciones públicas correspondientes.
Se estableció un período máximo de transición de seis meses a partir de la entrada en vigencia del decreto PCM-004-2026, tiempo que se cumpliría el 25 de agosto. Y, se estableció que se respetarán los objetivos, alcances y condiciones establecidas en los convenios, contratos de crédito y donaciones internacionales.
El 29 de junio de 2026, la institución lanzó una convocatoria al público para aplicar a la contratación de 162 gestores sociales, para brindar acompañamiento logístico y técnico-social integral en territorio, según describe el documento, con código No. HO-L1194-P00354-HO-L1230-P00223.
Un exempleado de la Red Solidaria, a quien llamaremos Marcio, por razones de seguridad, comentó a Criterio.hn que, los fondos con los que se estarían realizando las contrataciones serían externos y que era algo pendiente que quedó desde el gobierno de Xiomara Castro (2022-2026) con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También comentó que todavía hay personas trabajando y siendo pagados con fondos estatales dentro del programa.
“Tengo entendido que hay empleados pagados con fondos estatales, a esas personas no las absorberá Sedesol, una vez que se líquide el programa por completo, ellos quedarían sin trabajo. El tema del pago de prestaciones va muy lento y son muy pocos los que han recibido su pago, falta que les paguen a personas que estaban por acuerdo, por contrato, según un listado solo a unas 30 personas se les ha pagado”, expresó la fuente.
El exfuncionario estima que la Red Solidaria contaba con unas 600 personas y han quedado laborando menos de 30, luego de los despidos masivos que ha realizado de forma paulatina el actual gobierno desde marzo de 2026.
La Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano (Decreto No. 17-2026), fue complementada por decretos ejecutivos de reestructuración como el PCM-004-2026, que facultó al Poder Ejecutivo para suprimir, fusionar o absorber un estimado de hasta 38 entidades públicas. Muchas de las personas afectadas por la ley aun no reciben el pago de sus prestaciones.
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FINALMENTE, TODA DECISIÓN ES POLÍTICA
El economista Melchor Rodríguez, explicó a Criterio.hn que, al cerrar una entidad con el objetivo de llevar a cabo una modernización, lo que se permite es despedir personal sin tener que tener una justificación, pero al mismo tiempo hace posible a las personas lograr un reintegro en caso de que hayan decidido demandar.
Expresó que no existe un análisis previo especializado para justificar la ineficacia y el cierre de una entidad, para proceder a suprimirla o fusionarla, con el propósito de fortalecerla, por lo que, no son decisiones fundamentadas en estudios técnicos, sino que se deben más a temas políticos para brindar trabajo a activistas.
Si hay fondos a nombre de la Red Solidaria, expresó que entonces debe ser la ministra de Sedesol, Fátima Juárez, quien solicite que los fondos presupuestarios se transfieran, pero se debe a un procedimiento administrativo, luego de cerrar el ente se procede a que los presupuestos sean redistribuidos de nuevo a través de la Secretaría de Finanzas, según las necesidades de las secretarías de Estado.
Sobre la convocatoria para contrataciones expresó que, si existe un decreto para suprimir la Red Solidaria, no debería de poderse contratar personal, a menos que sean auditores o de una firma auditora contratada para terminar de cerrar el programa.
En ese sentido, si el programa tiene un tiempo límite para cerrar, el objetivo final debería ser elaborar un informe para detallar el porcentaje ejecutado y las metas alcanzadas con los fondos que fueron otorgados por organismos internacionales.
Los fondos externos de la Red Solidaria provenían principalmente de organismos financieros multilaterales, a través de créditos y donaciones internacionales, entre los que destacan el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En referencia al cierre de instituciones, Emilio Hernández Hércules, a finales de febrero de 2026, apuntó: “Vamos a buscar que de 113 instituciones podamos reducir por lo menos a unas 74 o 78. Hay derechos constitucionales que no podemos eliminar. En el caso de que por alguna supresión o por alguna fusión de instituciones haya que remover algún personal, se debe garantizar el derecho a petición y los derechos laborales, cesantías y prestaciones”.
Lourdes Dinora Cruz Cerrato, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH), dijo a Criterio.hn que se ha mantenido un ambiente de hostilidad y de amenaza de despido contra integrantes de los sindicatos y los que han logrado permanecer en sus trabajos, se debe al fuero sindical que los arropa, por el respaldo del Código del Trabajo y convenios internacionales, pero la amenaza de despido sigue latente.
La líder sindicalista compartió que, en el Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos (PVAH-CONVIVIENDA), habían despedido a todo el personal, pero apuntó que la institución sigue funcionando.
Criterio.hn, conversó también con un sindicalista del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social (Sitrasedesol), de quien reservamos su nombre por motivos de seguridad, quien informó que durante estos últimos días se habrían dado algunos despidos a empleados de Sedesol y que quienes pertenecen a la junta directiva ya habían sido despedidos en una ocasión.
A su vez, señaló que no están pagando las prestaciones completas y que ante la difícil situación laboral que atraviesa el país, muchas personas prefieren tomar el dinero.
En el Portal Único de Transparencia del Programa de la Red Solidaria fue actualizado por última vez el 27 de enero de 2026, día en que se llevó a cabo el traspaso presidencial en Honduras.