American Dream and Promise Act, entre el optimismo y la cautela
La petición de descargo del American Dream and Promise Act ya reúne 210 de las 218 firmas necesarias para llegar al pleno de la Cámara de Representantes. Aunque la iniciativa reabre la posibilidad de regularizar el estatus de beneficiarios de DACA y TPS, aunque advierten que el proceso legislativo aún enfrenta importantes obstáculos.
Tegucigalpa, Honduras. – La congresista demócrata por Texas, Sylvia García, presentó una petición de descargo para llevar al pleno de la Cámara de Representantes el American Dream and Promise Act. Al 29 de julio, la iniciativa ya contaba con 210 de las 218 firmas requeridas para forzar su votación y avanzar en la regularización del estatus migratorio de dreamers y tepesianos.
La petición de descarga del proyecto del Ley de Sueños y Promesas, como es conocida en español la American Dream and Promise Act, abre la posibilidad de una protección permanente para los migrantes beneficiarios de la DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y del Estatus de Protección Temporal (TPS). Sin embargo, hasta la fecha se ha mantenido estancado y no ha sido llamado a debate.
Helena Olea, subdirectora de Alianza Américas y abogada especializada en derecho internacional, explicó a Criterio.hn que el American Dream and Promise Act consta de dos secciones. La primera está dirigida a los dreamers y les permitiría obtener una residencia permanente condicional por 10 años, periodo durante el cual podrían completar sus estudios o prestar tres años de servicio en el Ejército, según la vía que elijan. Cumplidos esos requisitos podrán solicitar la residencia permanente. La segunda sección beneficia a las personas amparadas bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) con designaciones vigentes al 1 de julio de 2024, quienes podrían solicitar directamente la residencia permanente, sin un periodo de residencia condicional.
Como antecedente, Olea mencionó la petición de descargo impulsada para otorgar un TPS a ciudadanos haitianos. Explicó que la iniciativa logró reunir las firmas necesarias y que, al momento de la votación, recibió incluso más votos de los que había obtenido como respaldo inicial en firmas, incluidos los de algunos legisladores republicanos.
La subdirectora de Alianza Américas señaló que la cercanía de las elecciones legislativas de noviembre ha modificado el panorama político. Aunque los beneficiarios de DACA y TPS no pueden votar, explicó que muchos de sus familiares sí ejercen el sufragio y que el fin de estas protecciones también impacta a comunidades donde estas personas trabajan, generan empleo y participan activamente en la economía.
La profesional del derecho aclaró que, incluso si la iniciativa reúne las firmas necesarias y es aprobada en la Cámara de Representantes, aún deberá superar su discusión en el Senado, donde el panorama es más complejo. Explicó que solo un tercio de los senadores se someterá a elecciones en noviembre y que el proyecto necesitaría 67 votos para quedar a prueba de un eventual veto presidencial.
Un escenario similar ocurrió con la petición de descargo para extender el TPS a ciudadanos haitianos, que logró ser aprobada en la Cámara de Representantes, pero no consiguió los votos necesarios en el Senado.
Olea contó que entre los proyectos de ley presentados también se encuentra el Dignity Act, presentado por la representante de Florida, María Elvira Salazar, cuya iniciativa ofrece un estatus llamado Dignity con una duración de siete años, por el que las personas deberán pagar USD 7,000 para obtenerlo, pero sin la posibilidad de eventualmente obtener la ciudadanía, lo que provocado rechazó a la misma por parte de un sector de las comunidades migrantes, aunque sí brinda la oportunidad a los beneficiarios del DACA a obtener una residencia permanente.
A estos proyectos se suma la iniciativa de Ley de Registro, que ofrecía regularización a todos, y que fue presentada por el senador Alex Padilla y la representante Zoey Lovegreen, ambos demócratas y de California. Inicialmente, comentó la profesional del derecho, este proyecto fue el más atractivo, pero por alguna razón no tuvo el empuje que se esperó.
Regresando a la petición de descargo para forzar la votación del American Dream and Promise Act, actualmente, la Cámara de Representantes permanece en receso, por lo que los congresistas que aún no han firmado deberán hacerlo cuando regresen a Washington, a finales de agosto. Aunque se prevé poco movimiento durante el receso, las organizaciones continúan reuniéndose con legisladores y sus equipos para obtener las ocho firmas que faltan y llevar la iniciativa al pleno.
La subdirectora de Alianza Américas enfatizó que, aunque la iniciativa representa una oportunidad importante para los migrantes, las familias no deben bajar la guardia ni abandonar sus planes de emergencia, ya que el proyecto no implica una solución inmediata. Sin embargo, sostuvo que el respaldo alcanzado refleja un cambio en la narrativa migratoria en el Congreso de Estados Unidos, al volver a poner sobre la mesa la regularización de dreamers y beneficiarios del TPS, una discusión que, a su juicio, podría cobrar mayor fuerza en el próximo periodo legislativo.
