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Presupuesto 2027: seguridad y defensa crece y reduce recursos para transparencia y combate a la corrupción

El proyecto de Presupuesto General de la República 2027 aumenta los recursos para educación, seguridad y defensa, pero reduce asignaciones a instituciones vinculadas con la transparencia, fiscalización y combate a la corrupción, como el IAIP, el TSC y la PGR.

Por otro lado, la propuesta fiscal contempla una inversión pública de 39,889.5 millones de lempiras, equivalente al 8.8% del gasto total del Sector Público. De este monto, 10,652.3 millones serán destinados a inversión productiva en 11 sectores y más de 46 proyectos y programas enfocados en infraestructura, bienestar social, productividad y modernización estatal.

Presupuesto 2027: seguridad y defensa crece y reduce recursos para transparencia y combate a la corrupción

Tegucigalpa, Honduras. – El proyecto de Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2027 asciende a 455,374.8 millones de lempiras, lo que representa un incremento de 11,109 millones de lempiras frente al presupuesto vigente de 2026, que se ubica en 444,265.8 millones de lempiras. Entre las principales disminuciones destaca el recorte al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

La propuesta presupuestaria, remitida al Congreso Nacional para su discusión y posterior aprobación, contempla aumentos en áreas consideradas prioritarias como educación, seguridad, defensa y algunas instituciones del sector social, pero también plantea reducciones en dependencias vinculadas a la transparencia, acceso a la información pública e infraestructura.

Entre las principales disminuciones destaca el recorte al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que pasaría de un presupuesto vigente de 65 millones de lempiras en 2026 a 56.5 millones de lempiras para 2027, una reducción de aproximadamente 8.4 millones de lempiras.

Sumado a ello, la eliminación de la Secretaría de Estado en los Despachos de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLCC), ocurre en un contexto donde en el mismo proyecto de Presupuesto General 2027, se busca reservar información de las asignaciones presupuestarias y los gastos efectuados por el Congreso Nacional, Casa Presidencial y la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor).

Para el economista y analista, Ismael Zepeda, las decisiones incorporadas en el proyecto de presupuesto reflejan un debilitamiento de las instituciones encargadas de promover la transparencia y combatir la corrupción, al considerar que la asignación de recursos públicos no necesariamente se traduce en beneficios para la población si no existen controles efectivos sobre su ejecución.

Déficit comercial de Honduras
“De nada sirve tener miles de millones asignados a salud, educación, infraestructura, si no existe un verdadero combate a la corrupción”, manifestó el economista, Ismael Zepeda.

Durante una entrevista brindada a un medio capitalino el analista recordó que, aunque el presupuesto proyectado para 2027 supera los 455 mil millones de lempiras, persisten cuestionamientos sobre la capacidad institucional para garantizar que esos fondos sean ejecutados con eficiencia y transparencia.

A su criterio, la ausencia de mecanismos como una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), una demanda planteada durante los últimos años por sectores de la sociedad civil, mantiene pendiente la discusión sobre el fortalecimiento de la lucha anticorrupción.

Zepeda también destacó que algunas instituciones tendrán incrementos presupuestarios, como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Procuraduría General de la República (PGR); sin embargo, señaló que estas entidades no sustituyen las funciones de una instancia especializada en investigación y persecución de redes de corrupción.

Lea: Proyecto de Presupuesto 2027 busca blindar información sobre gastos del Congreso, Casa Presidencial y Condepor

DISMINUYE CAPACIDAD FINANCIERA DE INSTITUCIONES QUE INVESTIGAN, FISCALIZAN Y GARANTIZAN TRANSPARENCIA

El proyecto de Presupuesto General para el ejercicio fiscal 2027, plantea aumentos a la persecución penal, sin embargo, esto no sucede en instituciones encargadas de la fiscalización y combate a la corrupción, en un contexto marcado por demandas de mayor rendición de cuentas.

En las instituciones encargadas de investigación penal, justicia y fiscalización de fondos públicos los incrementos son menores. El Ministerio Público tendría un presupuesto de 2,855 millones de lempiras para 2027, frente a los 2,829 millones de lempiras vigentes en 2026, un aumento aproximado de 26 millones de lempiras.

Entre otras variaciones, el proyecto contempla un aumento para el Poder Judicial, que pasaría de 4,396.4 millones de lempiras en 2026 a 4,758.7 millones de lempiras para 2027.

Mientras que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), institución encargada de fiscalizar el uso de los recursos públicos, recibe un ligero recorte en su presupuesto, al pasar de 778 millones de lempiras a 777 millones de lempiras para 2027, lo que representa una reducción cercana a un millón de lempiras.

Pese a que la Procuraduría General de la República (PGR) asumió funciones de la extinta Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLCC), esta modificación institucional no se refleja en un aumento de recursos para la entidad.

Por el contrario, el proyecto de Presupuesto General de la República 2027 contempla una reducción en su asignación, al pasar de 435.1 millones de lempiras en 2026 a 355.2 millones de lempiras para el próximo ejercicio fiscal.

SALUD AUMENTA LEVEMENTE MIENTRAS PERSISTEN DEMANDAS DEL SISTEMA SANITARIO

Para la Secretaría de Salud (Sesal), el proyecto contempla un presupuesto de 31,647 millones de lempiras, frente a los 31,397 millones de lempiras vigentes en 2026, lo que representa un aumento aproximado de 249 millones de lempiras.

Aunque la asignación registra un incremento nominal, este crecimiento representa una variación limitada frente a las necesidades acumuladas del sistema sanitario, que enfrenta demandas relacionadas con abastecimiento de medicamentos, infraestructura hospitalaria, contratación de personal y reducción de listas de espera, pese a la vigencia de un fideicomiso suscrito con Banco de Occidente.

Para contrarrestar los desafíos en el sistema sanitario hondureño, en febrero de 2026, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud que decretó una emergencia sanitaria y el fideicomiso para financiar cirugías, acelerar compras directas de medicamentos y habilitar quirófanos.

En julio de 2026, Criterio.hn reveló que el 19 de marzo se realizó una transferencia inicial de 500 millones de lempiras a Banco de Occidente, para la adquisición de medicamentos, material quirúrgico y reducir la mora de cirugías en el sistema sanitario.

Por otro lado, el presupuesto asignado al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) aumentaría de 21,869 millones de lempiras en 2026 a 23,167 millones de lempiras en 2027, equivalente a un incremento superior a los 1,200 millones de lempiras.

Vea: Fideicomiso: Gobierno transfirió L500 millones a banco, pero hospitales siguen desabastecidos

SECTOR EDUCACIÓN REFLEJA INCREMENTO

El sector educativo concentra uno de los aumentos más significativos dentro del proyecto presupuestario para el ejercicio fiscal de 2027. Por ejemplo, la Secretaría de Educación (Seduc) pasaría de 46,440 millones de lempiras en 2026 a 51,698 millones de lempiras para 2027, un aumento de aproximadamente 5,258 millones de lempiras.

El incremento busca fortalecer la inversión en el sistema educativo, aunque organizaciones y sectores vinculados a la educación han señalado en distintos momentos que persisten retos relacionados con infraestructura escolar, cobertura, calidad educativa y condiciones laborales del personal docente.

Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) tendría un incremento de 626 millones de lempiras, al pasar de 7,160 millones de lempiras en 2026 a 7,786 millones de lempiras proyectados para 2027.

Aunque representa un aumento presupuestario, la institución recibirá una asignación que mantiene el debate sobre la suficiencia de los recursos para atender sus necesidades académicas, administrativas y de expansión.

El artículo 161 de la Constitución de la República señala que el Estado debe asignar a la máxima casa de estudios una partida presupuestaria no menor al 6% del Presupuesto de Ingresos Netos de la República. Sin embargo, las autoridades de la UNAH, por décadas, han cuestionado que esta disposición no se cumple.

En el área social, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tendría un incremento presupuestario al pasar de 2,372.5 millones de lempiras en 2026 a 3,314.8 millones en 2027.

No obstante, algunas instituciones enfrentarían recortes. La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) reduciría su presupuesto de 17,595.1 millones de lempiras en 2026 a 12,280.5 millones para 2027. La Secretaría de Energía (SEN) también tendría una disminución, al pasar de 7,998.9 millones a 6,961.1 millones de lempiras.

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COMO EN CADA PRESUPUESTO SEGURIDAD Y DEFENSA INCREMENTAN SUS RECURSOS

El proyecto también prioriza las instituciones encargadas de seguridad y defensa. Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad pasaría de 13,337 millones de lempiras en 2026 a 14,777 millones de lempiras en 2027, un aumento cercano a 1,440 millones de lempiras.

Mientras tanto, la línea presupuestaria de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) incrementaría de 12,369 millones de lempiras en 2026 a 13,331 millones de lempiras en 2027, con un aumento superior a los 962 millones de lempiras.

Estos incrementos ocurren mientras el país mantiene una agenda de reformas penales y otras leyes, la creación de otras dependencias persecutoras y de combate al crimen organizado y reformas al sistema penitenciario. Sumando a ello, la persecución y priorizar las actuaciones relacionadas con desalojos de bienes inmuebles al amparo de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería, Pequeños Productores Agrícolas (Decreto 107-2026).

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