Tegucigalpa, Honduras. –La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), conocida como Unidad de Política Limpia, aprobó un expediente sancionatorio e impuso una multa de 146 millones de lempiras contra el excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, por hallazgos relacionados con el financiamiento de su campaña electoral de 2025.
Nasralla rechazó los señalamientos de la UFTF y asegura ser víctima de una persecución política, cuyo fin es inhabilitarlo para que no participe en los comicios electorales de 2029.
La resolución fue aprobada sin el voto del comisionado Vladimir Mendoza y contempla una millonaria sanción vinculada con 21 aportaciones que, de acuerdo con la Unidad de Política Limpia, superaron el límite establecido de 120 salarios mínimos y no fueron reportadas conforme a los procedimientos exigidos por la normativa.
El caso de Nasralla forma parte del informe presentado el jueves 17 de septiembre por la Unidad de Política Limpia, que contempla posibles sanciones contra más de 500 candidatos y candidatas por supuestas irregularidades en sus informes financieros de campaña. En total, la institución señaló a 556 personas, entre ellas 14 candidatos electos: cuatro diputados y 10 alcaldes.
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UFTF SEÑALAN INCONSISTENCIAS EN INFORME DEL EXCANDIDATO LIBERAL
La comisionada de la Unidad de Política Limpia, Ivonne Ardón, explicó que el informe financiero del excandidato liberal Salvador Nasralla sí fue presentado dentro del plazo, pero que durante el proceso de auditoría se identificaron inconsistencias que fueron notificadas al responsable financiero de la campaña.
Según Ardón, el equipo financiero presentó documentación y descargos para justificar las observaciones, sin embargo, algunos de los hallazgos no pudieron ser subsanados.
La funcionaria señaló que el pleno de la Unidad dio por recibido el informe en tiempo, pero no conforme, debido a que existen hallazgos que, según la institución, deben ser investigados por el Ministerio Público.
Aclaró que la UFTF trabaja con la documentación entregada por los propios responsables financieros y que no realiza investigaciones externas sobre la procedencia de los recursos más allá de sus competencias.
Ardón indicó que la función de la institución es verificar el origen, uso y destino de los fondos utilizados en las campañas y aplicar las sanciones correspondientes cuando determina incumplimientos.
De acuerdo con la explicación de Ardón, las 21 aportaciones cuestionadas superaron el equivalente a 120 salarios mínimos. Para estos casos, sostuvo, la legislación establece una sanción equivalente al doble del monto recibido cuando se trata de una primera infracción; si el hecho se repite en otro proceso electoral, la sanción sería del triple.
Cabe recordar que en julio de 2026, la comisionada Ivonne Ardón fue citada en calidad de Testigo por el Ministerio Público en el marco de la investigación que busca determinar si existió un presunto traslado de fondos vinculados al Partido Liberal hacia cuentas particulares o internacionales, extremo que ha sido rechazado por Nasralla y por dirigentes de su equipo de campaña.
NASRALLA RECHAZA SEÑALAMIENTOS Y AFIRMA SER VÍCTIMA DE PERSECUCIÓN POLÍTICA
Tras conocer la resolución de la Unidad de Política, el excandidato liberal, Salvador Nasralla, rechazó los señalamientos y sostuvo que las 21 aportaciones cuestionadas sí fueron reportadas durante su campaña.
En una serie de videos publicados en sus redes sociales el excandidato liberal afirmó que los recursos, que según su versión ascienden a unos 73 millones de lempiras, corresponden a aportaciones realizadas por 21 personas, en su mayoría identificadas por él como nacionalistas, que superaron el umbral de 120 salarios mínimos.
Nasralla argumentó que el problema no fue la falta de reporte del dinero, sino que el responsable financiero de su campaña no habría completado un formulario específico para las aportaciones que superaban el límite establecido en la ley. Según su interpretación, dicho requisito correspondía a una normativa vinculada con las elecciones de 2017 y ya no estaría vigente.
Asimismo, afirmó que la resolución no estaría firme porque, según su interpretación, todavía cuenta con un plazo para presentar su defensa. Aseguró que sus abogados recurrirán la decisión y calificó el proceso como una persecución política encaminada a impedir su participación en las elecciones de 2029.
Nasralla vinculó además la actuación de la Unidad con su reciente anuncio de que buscará la presidencia del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y posteriormente una nueva candidatura presidencial.
También señaló directamente a dirigentes liberales, entre ellos Yani Rosenthal y Jorge Cálix, de estar detrás de las acciones en su contra, aunque estas afirmaciones corresponden a sus propios señalamientos y no aparecen acreditadas en el material proporcionado.
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ANALISTAS Y ALLEGADOS SEÑALAN UNA POSIBLE PERSECUCIÓN POLÍTICA
A juicio de analistas y allegados a Salvador Nasralla, estas acciones son una clara persecución política cuya finalidad es inhabilitarlo de cara al proceso electoral de 2029.
El analista político, José Zúniga consideró que Nasralla dispone de recursos para impugnar la resolución y cuestionó que la decisión haya sido adoptada con una votación de dos comisionados, mientras uno de los integrantes del pleno estaba ausente.
Zúniga también relaciona la sanción emitida por la Unidad de Política Limpia con el anuncio de Nasralla de competir por la conducción del Partido Liberal y con sus aspiraciones presidenciales para 2029.
El analista sostuvo que las acciones en su contra podrían tener una dimensión política, aunque señaló que será necesario observar hasta dónde prosperan los recursos y procesos abiertos.
El diputado liberal, Carlos Umaña, también interpretó la sanción como una maniobra para impedir las aspiraciones políticas de Nasralla. Esa valoración corresponde a la posición del parlamentario y no a una conclusión independiente sobre las actuaciones de la UFTF.
DINERO PÚBLICO Y DEL NARCOTRÁFICO SE INFILTRA EN CAMPAÑAS POLÍTICAS
El expediente contra Nasralla vuelve a colocar en el centro del debate la fiscalización del financiamiento de las campañas electorales en Honduras, un tema que durante años ha estado marcado por denuncias sobre el ingreso de recursos de origen ilícito y dinero público luego que un expresidente admitió haber utilizado dinero del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para su campaña política en el proceso electoral de 2013.
En junio de 2015, el exmandatario Juan Orlando Hernández reconoció que empresarios vinculados a un multimillonario desfalco al Seguro Social financiaron su campaña política con parte de ese dinero.
«Mi partido (el Partido Nacional) me ha informado que la suma es de unos 147,783 dólares. Fueron diez cheques, pero yo no tengo nada que ver con la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)», dijo Hernández Alvarado durante una conferencia de prensa.
El material de contexto recuerda que, durante el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por delitos relacionados al narcotráfico y posteriormente indultado, en Estados Unidos en el cual narcotraficantes hondureños y extranjeros declararon haber financiado campañas políticas en Honduras.
A este antecedente se suma la declaración de la propia comisionada Ivonne Ardón en 2024, cuando reconoció las dificultades para rastrear el flujo de dinero en efectivo procedente del narcotráfico y del crimen organizado hacia las campañas electorales.
Otro elemento que incide en la fiscalización es la reserva de información sobre determinados datos relacionados con los aportantes privados. El material señala que una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) declaró parcialmente con lugar una solicitud de reserva y mantuvo bajo protección datos personales de aportantes privados, así como imágenes de cheques y facturas, estados financieros, auditorías y bases de datos de la Unidad de Política Limpia.
Así, mientras la UFTF sostiene que actuó conforme a las disposiciones legales aplicables a la fiscalización electoral, Nasralla afirma que la sanción se fundamenta en una normativa que, según su interpretación, ya no está vigente y que el procedimiento busca afectar sus aspiraciones políticas. La resolución y los recursos que presente el excandidato deberán determinar, en las instancias correspondientes, el alcance jurídico de los hallazgos señalados por la autoridad electoral.
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