La comunidad señaló que entre los hombres armados había un ciudadano estadounidense. Una búsqueda inversa mostró coincidencias con imágenes de Erik Prince, fundador de la empresa de seguridad Blackwater, sin que exista confirmación oficial de que se trate de él.
Tegucigalpa, Honduras. – A menos de una semana del desalojo violento contra la comunidad garífuna de San Juan, un nuevo incidente se reportó el domingo 12 de julio a nueve kilómetros de distancia, esta vez en la comunidad de Tornabé, en Tela, Atlántida, costa caribeña de Honduras.
Hombres fuertemente armados, entre ellos un extranjero, arribaron a bordo de cuatro vehículos sin placas. Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras se reportó que pasadas las 9:30 de la mañana, la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigación (DPI) decomisaron al menos cinco cargadores de grueso calibre en un solo vehículo.
“Exigimos detención e investigación inmediata de estos hombres que pretendían asesinar a nuestras compañeras y compañeros. La comunidad garífuna de Tornabé ha denunciado desde el 9 de julio una serie de agresiones y amenazas con las que buscan despojarles de su territorio”, publicó la Red Nacional de Defensoras.
Uno de los pobladores, quien no fue identificado por la organización, relató que estas personas arribaron a la comunidad mostrando sus armas, por lo que entienden que el propósito era intimidarles y que la razón por la que no actuaron en contra de la comunidad era por el número de personas presentes. “Esa gente no venía a resolver pacíficamente. Ellos vinieron [para] hacernos algo, para quitar vidas. Desde que bajaron con arma en mano es porque ya lo traían en mente”, afirmó.
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Finalmente, las personas que irrumpieron en el territorio garífuna fueron subidas a la paila de un vehículo policial y trasladadas bajo resguardo de los cuerpos de seguridad del Estado.
Christian Nolasco, comisario de la Policía Nacional, dijo a Radio Progreso que únicamente se documentó su presencia, pese a las denuncias de amenazas realizadas contra la comunidad. Consultado sobre por qué no fueron requeridos por las armas que llevaban, Nolasco respondió que la legalidad de portar armas depende de factores como si se encontraban en propiedad privada, el tipo de arma que portaban, si contaban con permisos o si actuaban como parte de una empresa de seguridad registrada. Agregó que esos aspectos deberán investigarse para determinar si existió alguna irregularidad.
Las y los pobladores manifestaron su inconformidad por lo que denominaron una “justicia selectiva” por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Señalaron que, si hubieran sido ellos quienes iniciaron el conflicto, ya estarían encarcelados. Sin embargo, al tratarse de un norteamericano, no actuaron con la misma celeridad.
¿QUIÉN ES EL EXTRANJERO INVOLUCRADO?
Aunque las autoridades no han identificado oficialmente al ciudadano extranjero involucrado, integrantes de la comunidad de Tornabé y publicaciones difundidas en redes sociales afirmaron que se trataría de Erik Prince, fundador de la empresa de seguridad privada Blackwater.
Ante esas versiones, Criterio.hn realizó una búsqueda inversa de la imagen compartida en redes sociales de la persona extranjera involucrada. El resultado mostró coincidencias con fotografías de Erik Prince, incluidas imágenes difundidas durante su presencia en Haití en 2025. No obstante, la búsqueda inversa, por sí sola, no permite confirmar la identidad de la persona retratada.
Blackwater, es una controversial empresa de seguridad ahora conocida como Constellis o Academi. Prince fue investigado en 2021 por las Naciones Unidas por supuestamente proporcionar armamento, durante el embargo de armas en Libia, a un comandante de milicias. Él niega la acusación. Previamente, contratistas de Blackwater asesinaron a al menos 17 civiles en Bagdad durante la guerra de Irak en 2007.
En julio de 2025, el sitio Insight Crime publicó un artículo sobre cómo tras el arribó al poder de Donald Trump, America Latina se habría convertido en el nuevo laboratorio de mercenarios de Prince. A la fecha ha sostenido reuniones con Nayib Bukele en El Salvador y Daniel Noboa en Ecuador.
Además, compañías estadounidenses en Haití habrían contratado una de sus empresas para realizar operaciones letales contra bandas criminales. Mientras que en Perú sus operaciones estarían enfocadas en contrarrestar la minería ilegal, además de ofrecer servicios de inteligencia y entrenamiento a policías y militares.
En Honduras, no existen registros públicos de reuniones entre Prince y el presidente Nasry Asfura. No obstante, en redes sociales quedó documentado un encuentro que sostuvo en enero del año pasado con el diputado por Atlántida, Marco Antonio Midence Milla, el mismo departamento donde se registró el incidente.
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DESPOJO TERRITORIAL
La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), divulgó que la comunidad de Tornabé cuenta con título definitivo de 2,200 hectáreas de tierra desde 1992. Pese a esto, tanto la municipalidad como el Instituto de la Propiedad (IP) habrían registrado –de forma irregular– tierras a nombre de terceros.
Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh, responsabilizó al Estado de Honduras por cualquier daño o perjuicio que sufran los lideres y lideresas de la comunidad de Tornabé. Además, exigió el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz, San Juan, Punta Piedra y Cayos Cochinos, las cuales establecen medidas de no repetición de los hechos.
El incidente ocurre en medio de la implementación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas, bajo cuya normativa se habría realizado el desalojo en la comunidad garífuna de San Juan la semana pasada.
