La funcionalidad y eficacia del Sistema Nacional de Emergencias-911, continúa siendo un tema de debate y malestar para amplios sectores de la población hondureña, sobre todo para quienes han buscado su intervención tras algún delito o situación que lo amerita y no encontraron respuesta oportuna.
El 911 tiene una labor de suma importancia, pero ha sido más un escenario de controversias que una institución que brinde los resultados esperados en comparación con su presupuesto. Además, su politización no ha permitido que su trabajo técnico brinde resultados.
Tegucigalpa, Honduras. – Existe mucha suspicacia en torno a la eficacia de las cámaras de seguridad del Sistema Nacional de Emergencias – 911, debido a múltiples denuncias que cuestionan la operatividad para gestionar y coordinar respuestas inmediatas ante situaciones de riesgo que comprometan la vida, la integridad, la seguridad o los bienes de los ciudadanos.
Criterio.hn, atendió la denuncia de un ciudadano a quien llamaremos Joel, por asuntos de seguridad e integridad, quien contó su experiencia en torno a la operatividad del 911.
A Joel le robaron la moto en un sector de la Residencial Plaza, aproximadamente a las 6:30 de la noche, en ese momento su moto estaba estacionada mientras él jugaba un partido de fútbol con amigos.
Cuando se disponía a regresar a su casa su moto ya no estaba y le pidió a un vecino que tenía cámaras de vigilancia fuera de su negocio que, por favor, le mostrara si se había logrado grabar el robo.
Cuando observaron la grabación, pudieron ver que un hombre llegó con toda la tranquilidad del mundo, rompió el bloqueo de la moto y como si nada, se la llevó. Joel, puso de inmediato su denuncia ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y luego contactó al Sistema Nacional de Emergencias – 911.
“Uno llama al 911 y solo dicen, le robaron la moto, entonces ahora vaya a poner la denuncia, uno pone la denuncia, toman la declaración y te dicen, ahora usted investigue por sus medios y nosotros por el nuestro, si la llega a encontrar nos avisa para que vayamos a traer la moto”, denunció Joel.
Razonó que lo primero sería revisar las cámaras, pero no lo hacen o, al menos eso entiende, luego que son tan herméticos y no informan si hay avances en la búsqueda y persecución del delito. Después de la denuncia, le asignaron un oficial que seguiría el caso y encargado de informar los procedimientos que se van realizando para encontrar la motocicleta.
“Solo dicen que esté pendiente y luego no responden. Se vuelve como un sistema oscuro y cerrado que no da respuesta de nada, se vuelve engorroso y tedioso. Si existía alguna esperanza de que lo iban a hacer, se pierde de inmediato porque pareciera que no están dispuestos a ayudar o hacer su trabajo”, expresó Joel.
Por otro lado, le llamó la atención que la primera pregunta que le hicieron fue si la moto estaba asegurada y cuando les respondió que no, le dijeron que entonces no podían brindarle ninguna información.
Además, resaltó que da la impresión de que no hay proceso claro de qué hacer y se preguntó de qué sirve contactar al 911. Cuestionó el hecho de que una institución estatal como el 911, está adherida a una parte privada en la que no pueden resolver un caso de robo de vehículo o moto solo por no estar asegurada.
Joel compartió que a su primo le ocurrió lo mismo y nunca pudo recuperar su moto. Han pasado más de tres semanas y hasta el momento no ha vuelto a saber nada sobre cómo va la investigación del panadero de su motocicleta.
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MUCHOS CASOS SIN RESOLUCIÓN
Lo más terrible es que estos grupos organizados que se dedican al robo de motocicletas las utilizan para realizar crímenes, asaltos e incluso revenderlas, fortaleciendo la estructura criminal y su modo de operar.
Como estas han llegado otras denuncias a Criterio.hn de ciudadanos a los que nunca se les da resolución a sus casos o que se logró capturar al responsable, por ejemplo, del robo de un vehículo y luego fue dejado en libertad.
El comisionado de Policía en condición de retiro, Leandro Osorio, dijo en entrevista con Criterio.hn, que se necesita más capacitación y formación policial y de seguridad para lograr mayor eficacia.
“En el pasado se utilizó -el 911- para meter personas que no tenían ningún conocimiento y eso dificulta el trabajo de la operatividad policial”, dijo Osorio.
A su vez, apuntó que el personal del 911 debe conocer muy bien la ciudad y que deben dotarse de drones y fortalecer las capacidades tecnológicas, así como colocarse más cámaras inteligentes en los 298 municipios de los 18 departamentos de Honduras, para poder cubrir los delitos en sus diferentes manifestaciones.
Osorio explicó que la denuncia debe presentarse ante la Policía Nacional o la DPI, luego estos contactan al 911 para acceder a los videos y, que, los ciudadanos no pueden pedir videos al 911 porque se pueden prestar a actos irregulares.
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MUCHA INVERSIÓN Y NO TANTOS RESULTADOS
Cabe recordar que, las cámaras de seguridad a nivel nacional se aprobaron legalmente en 2015,mediante el Decreto Legislativo No. 58-2015, el cual creó el Sistema Nacional de Emergencias – 911. A través del marco legal se permitió al Estado instalar y operar miles de dispositivos de videovigilancia pública en las principales ciudades de Honduras.
En esa fecha también inició el proceso de licitación e instalación de las primeras 1,300 cámaras de videovigilancia, que fueron colocadas inicialmente en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
El Estado de Honduras invirtió $90 millones de dólares (equivalentes a más de L2,000 millones de lempiras según el tipo de cambio de ese entonces), para llevar a cabo este proyecto en 2015.
En marzo de 2026, el portavoz de la institución, Leonel Espinoza, informó que el 911, cuenta con un parque instalado de aproximadamente 7,300 cámaras a nivel nacional. Sin embargo, solo 5,223 cámaras están funcionando y más de 2,000 están inoperativas por falta de mantenimiento.
Ese proyecto se llamó “Seguridad al Cien», cuenta con una inversión de L430 millones y, además de abarcar 120 municipios estratégicos, se incluyó la cobertura en los principales corredores viales como las carreteras CA-5 y CA-13.
Según se detalló, las cámaras cuentan con tecnología avanzada de resolución 4K y un alcance de zoom de hasta 4 km. También, el despliegue incluye tres tipos principales de dispositivos, como ser: cámaras PTZ (360º) operables para una cobertura panorámica, cámaras tipo bala fijas con diseño para la detección de rostros y armas, y cámaras LPR especializadas en el reconocimiento y seguimiento de placas vehiculares.
A pesar de tener la mayor concentración en la capital, este sistema de monitoreo es insuficiente para la vigilancia de más de un millón de personas. Sumado a eso, existen muchas denuncias, a través de medios comunicación y redes sociales en las que la población expone su malestar y preguntan para qué sirven las cámaras si su efectividad no es tan contundente a la hora de poner una denuncia.
Se ha enfatizado que las cámaras se colocaron para la seguridad de los ciudadanos en las calles, pero que eso no se refleja verdaderamente en la práctica.
Ahondando en su estado actual, muchas de las cámaras ya tienen más de 10 años operando, unas se dañaron por falta de mantenimiento, otras han sido desinstaladas o trastocadas por grupos criminales que no están contentos con ser grabados en sus actividades ilícitas y otras incluso han sido robadas.
Para el 13 de mayo de 2026, el subdirector del Sistema Nacional de Emergencias-911, Lester Carías, compartió que un total de 6 mil 900 cámaras de seguridad permanecen activas en distintos puntos del país.
El abogado y criminólogo, Gonzalo Sánchez, manifestó en conversación con Criterio.hn que, las cámaras del 911 son más importantes de lo que imagina la población. Recordó a un niño que fue secuestrado en Taulabé y que fue rescatado el mismo día gracias a las grabaciones.
Asimismo, contó el caso de una joven que estaba siendo golpeada por un hombre en un bulevar de San Pedro Sula, que fue interceptado y capturado con la ayuda del 911.
El funcionamiento del 911 ha sido cuestionado por varios sectores a lo largo de sus años de existencia, entre ellos el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y analistas de seguridad, por su costo presupuestario y capacidad para brindar respuestas.
Los principales cuestionamientos incluyen: los tiempos de respuesta por fallas en la coordinación que provocan retrasos críticos. De igual forma, la crisis administrativa y transparencia por millonarios gastos anuales (históricamente asociado a fideicomisos), pero bajos resultados y falta de operatividad. A esto se suma la politización, tras denuncias por despidos masivos de personal técnico permanente para contratar a militantes políticos, lo que afecta la capacidad técnica del centro de llamadas.
El presupuesto vigente del Sistema Nacional de Emergencias-911, para el año fiscal 2026, asciende a la cantidad de L 992 millones 422 mil 188.
En 2022, el gobierno de Xiomara Castro (2022-2026), intervino tras denuncias de la Comisión Interventora sobre corrupción, sobrevaloración de servicios y politización, por lo que derogó el fideicomiso del 911 que, anteriormente, fue un mecanismo financiero a través del cual una empresa privada administraba cerca de L 2,000 millones anuales.
Cabe recordar que la empresa privada que operaba y administraba la plataforma tecnológica, las cámaras de seguridad y el enlace de datos del 911, era la sociedad mercantil Dynamic Corporation S.A. de C.V.
Por medio del controvertido proyecto «Ciudades Seguras», la empresa manejaba el soporte informático y de videovigilancia. Dicho conflicto estalló cuando el gobierno derogó el fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional, mecanismo con el cual se le pagaba, por lo que la compañía apagó el sistema de monitoreo de cámaras, así llegó la posterior intervención estatal de la institución.
