Estudiando las encuestas —la más reciente de ERIC indica que el 65 % de la opinión pública cree que la democracia se debilitó en las últimas elecciones y que estas habrían sido manipuladas— algunos colegas se preocupan por el futuro de la democracia en Honduras.
Yo antes me pregunto por la razón y por su pasado. En rigor, el escepticismo es hoy mucho más generalizado.[1] Pero nuestro problema no es solo que la gente haya dejado recientemente de creer en la democracia, y exprese su trauma. El desencanto es cuarentón y tiene fundamento.
A este país no solo le falta democracia. Más que crisis electoral, Honduras padece un déficit de construcción estatal. Carece de un mito de origen integrador, la ciudadanía no comparte una idea vigente de sí misma y cantamos mucho el himno y hacemos marchar a los muchachos en la efeméride, pero no tenemos un proyecto de nación. Carecemos de un relato compartido sobre nuestro pasado o de un consenso sobre el presente que vemos y el destino que anhelamos.
Nos ha gustado votar. Hemos acudido con ilusión a las urnas durante un siglo, desde que salimos de la Guerra Civil eligiendo, en 1925, un gobierno de razón. Las dictaduras prescindieron de elecciones libres. Pero seguíamos votando con entusiasmo aún en 1982, cuando se habló de una nueva Constitución y de transición democrática.
Durante un siglo elegimos gobiernos de casi todos los signos: liberales, nacionalistas, reformistas, neoliberales, social-liberales, refundacionales sin que ninguno cristalizara en confianza general o política de Estado sostenida que trazara un rumbo.
A sus cuarenta y cuatro años, la Constitución actual es una entelequia. Celebramos elecciones y cambios de gobierno sin que cambie lo esencial, atrapados todavía bajo la torpe tiranía de caudillos que devienen capos.
Ninguno consiguió reformar el Estado para hacerlo profesional y moderno, garantizar una justicia independiente, universalizar una educación de calidad, proteger el agua, el suelo y la montaña, la modernizar la agricultura. Si las tareas fundamentales siguen pendientes después de cien años de elecciones, cuesta atribuir al sistema político otros avances que el país ha conocido. Y nada autoriza a imaginar que, tal como hoy opera, el futuro inmediato pueda reivindicarlo.
Una nación puede prosperar poco durante mucho tiempo e incluso sobrevivir sin prosperidad. No puede continuar indefinidamente sin afianzar las condiciones básicas de su existencia. Difícilmente subsistirá sin alimento, sin agua o sin justicia y una idea compartida de patria. En Honduras, cada vez hay más hambre, sed y enajenación. Las elecciones no lo remedian.
Fracasa la democracia no por defecto propio de su idea, sino porque no ha logrado cimentar las condiciones que hacen posible una nación funcional: No ha institucionalizado un proyecto compartido que sobreviva a los gobiernos, no sostiene un acuerdo elemental sobre los objetivos permanentes de nuestra convivencia. La calamidad actual es fruto y evidencia de esa ineficacia; su vulnerabilidad del sistema, la consecuencia.
Desde una perspectiva histórica, diríase que el país necesita romper círculos viciosos, a saber: a) instituciones débiles, desprestigiadas por el caudillismo y la corrupción; b) el cortoplacismo, que engendra polarización, ingobernabilidad e ineficacia; c) la baja productividad que perpetúa la pobreza, la ignorancia y la poca inversión en desarrollo tecnológico.
Si lográramos avanzar de manera sostenida en esos frentes durante veinte años, muchas otras dificultades —la migración y la inseguridad— comenzarían a ceder. El sistema político podría legitimarse por sus resultados y conseguiría despertar ciudadanía.
Después de la crítica necesitamos propuestas. O, al menos, una. Menos promesas, obra magna o medida milagrosa para propaganda, y más soluciones prácticas para los problemas torales que se arrastran y agravan. Que solo pueden acometerse desde lo público.
Enarbolar un proyecto compartido quizá sea el desafío más difícil, en medio de tanto egoísmo miope. Pero, si la política (lo de todos) no vuelve a organizarse alrededor de un haz de prioridades convenidas, Honduras dejará de fracasar como democracia porque habrá comenzado a fracasar como nación.
Primero hay que convenir propósitos y prioridades. Necesitará liderazgo, un consenso mínimo para reformar y fortalecer instituciones, respeto para los derechos de todos, capacidad estatal de ejecución y luego perseverancia
No puede improvisarse ese proyecto Y urge avanzar, porque el tiempo para reaccionar se está agotando. Antes, sin embargo, necesitamos crear las condiciones…
1. Reformar un Estado profesional y moderno
Vista la raíz política del problema, habrá que empezar por construir un Estado moderno, con un servicio público profesional que se atenga al pacto y a la ley, y no a las presiones del entorno o los gobiernos de turno.
Si con cada cambio de gobierno se sustituye, en todos los niveles de la administración, a oficiales y técnicos experimentados por activistas, clientes políticos, amigos o parientes, el Estado nunca podrá acumular la experiencia ni la capacidad administrativa necesarias para resolver los problemas permanentes del país. Ese despilfarro continuo tiene un costo enorme.
Varios casos ofrecen semejanzas y diferencias en el proceso de construcción del estado. [2] Hacia mediados del siglo XX, Costa Rica compartía todavía con Honduras varias características estructurales: una economía agroexportadora, un poderoso enclave bananero, una integración territorial incompleta y una fuerte influencia de intereses extranjeros. Pero, después de derrocar a un dictador, abolir su ejército y resistir una invasión, consiguió institucionalizarse. Hoy ya pertenece a la OCDE y celebra elecciones con confianza.
En Honduras, por el contrario, el Estado primario de 1930 fue capturado sucesivamente por caudillos, empresas extranjeras, facciones militares, partidos clientelistas y, más tarde, por nuevos actores económicos que impidieron institucionalizar una justicia independiente o consolidar un verdadero servicio civil. Sin justicia nada va a cambiar; sin Estado, tampoco.
Honduras debe recorrer hoy ese mismo camino: instituir un Estado profesional para que la democracia pueda funcionar y resolver.
2. Garantizar justicia y seguridad (ciudadana y jurídica) con mano firme
El primer paso es la justicia. Antes, sin embargo, hay que establecer una cultura de respeto por la ley. Y, para concitar esa cultura, lo primero es deducir las responsabilidades correspondientes.
El acto supremo de exigir responsabilidad tiene un pilar judicial —la fiscalía y la judicatura— y otro policial y penitenciario. Esas funciones deben descansar en instituciones respetadas, independientes, probadas en toda crisis, jerarquizadas por mérito, ética y eficacia, y a salvo de cualquier injerencia política. Quien falle en ellas debe ser denunciado y separado del cargo.
Luego hay que entender que no serán la militarización ni el armamento policial los que resolverán nuestros problemas. Tampoco la represión, la pena de muerte, el encarcelamiento masivo, ni mucho menos la exigencia de que la sociedad renuncie a sus prerrogativas y libertades.
La seguridad no depende principalmente de la fuerza del Estado, sino de la legitimidad y la fortaleza del derecho. Para garantizarla se requiere una justicia integral, con leyes justas y sobrias, consensuadas para todos y pactadas entre ellos.
Las formas de gobierno pueden cambiar; no el imperio de la ley. Las leyes deben cambiar solo mediante procedimientos consensuados.
Todos deben conocer las atribuciones del Estado y los derechos de la sociedad, de las personas, de las organizaciones y de diversas clases de empresas, sujetas todas a las mismas reglas básicas.
Como dice Salvador Moncada, toda ley debe manar de los principios fundacionales de la nación, sin excepción ni privilegio; y toda transgresión debe recibir un castigo proporcional a su gravedad, la derivada del daño provocado.
La inversión productiva sostenible y el arraigo de las personas dependen de que prevalezcan la seguridad jurídica y la seguridad personal. Nadie invierte con confianza ni construye un proyecto de vida duradero donde la ley es incierta o se aplica selectivamente. El reinado de la justicia exige un pacto y un asentimiento general.
3. Educación básica y media de calidad
Luego de establecer las condiciones necesarias, para desarrollar las capacidades y para aprovecharlas. Necesitamos formar a la gente.
Se ocupan instituciones superiores sólidas en las ciencias, las técnicas, las humanidades y las artes. Pero, más que multiplicar universidades, necesitamos una educación primaria y secundaria de primera calidad, capaz de preparar a los estudiantes para aprovechar la educación superior y de proporcionar la base práctica sobre la que puedan florecer también los colegios técnicos.
La base institucional existe; lo que falta es hacerla funcionar con eficacia y continuidad, convertirla en el fundamento práctico del desarrollo. La educación debe transformarse en un compromiso nacional que no admita interrupciones ni retrocesos. No ha estado funcionando. Por sus frutos los conoceréis.
Un país donde una parte importante de la población tiene dificultades para leer, realizar operaciones matemáticas elementales, comprender científicamente el mundo o expresarse con claridad no logrará una participación plena de sus ciudadanos. Muchos quedan al margen de la vida común porque no están preparados ni integrados.
Así se desperdicia el más valioso de los recursos: el talento humano. Sin una población formada será difícil modernizar la agricultura, industrializar el país, fortalecer la administración pública y desarrollar la ciencia y las artes. Sin educación será imposible desarrollar la economía, fortalecer la democracia, resolver los problemas sociales.
Y hay que empezar por los maestros. Debemos reconocer que cumplen una función crucial, remunerarlos sin mezquindad y, precisamente por ello, exigirles un renovado sentido de compromiso.
La educación debe tener eficacia y propósito: enseñar a pensar, cooperar y comunicarse; fortalecer el razonamiento lógico. Debe mostrar cómo la ciencia es la llave para comprender la naturaleza, la sociedad, sus sistemas y sus procesos. Debe también transmitir la historia de la nación, la tradición que nos une, la memoria de nuestros ancestros y el valor del patrimonio común. Porque en esa comprensión de las experiencias compartidas reside la razón de la convivencia y el fundamento de la ciudadanía. Sin educación no habrá Honduras mañana, y habrá poco que recordar de ella.
4. Pacto para proteger el territorio y los bienes comunes.
Ello supone recuperar la soberanía territorial y fortalecer las mancomunidades de municipios para sentar las bases ambientales de la prosperidad. Dotándolas de los recursos necesarios para administrar y proteger los bienes comunes que no son mercancías ordinarias. Son patrimonio de la nación. Su aprovechamiento puede concederse temporalmente, bajo vigilancia pública, nunca permitirse su destrucción o apropiación definitiva.
Toda concesión debe subordinarse al interés público y a la conservación del patrimonio natural. Los ríos, las montañas, los bosques, los recursos del subsuelo y las costas constituyen bienes comunes de la nación. El Estado y las mancomunidades deben administrarlos en nombre de todos y protegerlos frente a cualquier aprovechamiento que comprometa su conservación o el entorno comunitario.
El agua será uno de los recursos estratégicos del siglo XXI, especialmente cuando amplias regiones del país enfrenten condiciones cada vez más áridas. No hay agua sin bosque, ni bosque sin montaña.
Honduras no puede seguir destruyéndose por mano igual del campesino y del empresario, con la complicidad o negligencia del Estado, so pena de que los sobrevivientes de una futura hecatombe social terminen muriendo de hambre y de sed.
La protección de cuencas como la Cordillera del Merendón no es un lujo ambientalista; constituye el aseguramiento de una infraestructura natural indispensable para la seguridad del país. De ella dependen el abastecimiento de agua, la producción de alimentos, la estabilidad de los suelos y la viabilidad de ciudades como San Pedro Sula, que deberán evolucionar hacia ciudades esponja, como hoy se recomienda alrededor del mundo. Lo mismo vale para Tegucigalpa, La Ceiba, Danlí, Tocóa y el resto del territorio.
Destruir o contaminar ríos, bosques y montañas resulta mucho más costoso que conservarlos. Solo su protección preserva ese tesoro natural, garantiza la habitabilidad del territorio con mejores condiciones de vida para las generaciones futuras. Solo un ambiente protegido permitirá seguir cultivando, recolectando y cosechando el pan.
Sin agua no hay nada. Ni inteligencia artificial, mucho menos civilización.
5. Una agricultura productiva y suficiente
Honduras fue granero de Centroamérica y hoy depende de importaciones masivas de alimentos. No necesitamos más tierra bajo cultivo; necesitamos conservar la tierra cultivable que tenemos y aprovecharla mejor. Necesitamos políticas de Estado para fomentar esa producción. Muchos países han multiplicado su producción de alimentos sin expandir significativamente la frontera agrícola.
Esa tarea exige tecnificar el campo mediante una mejor genética animal y vegetal, riego eficiente sostenido en cuencas protegidas, manejo adecuado de los suelos, investigación agrícola y nuevas formas de organización productiva. Exige también usar energía inteligente y respetar las áreas que no se deben intervenir.
Agricultores de todos los tamaños, cooperativas, empresas y asociaciones e individuos deben participar en una transformación integral de la producción de alimentos. Una reforma que, más allá de la distribución de tierras —que también debe ser consensuada, para respetar el derecho de todos a la propiedad y al cultivo—, conduzca una transformación integral del agro.
Y es imposible que esta sea únicamente una tarea privada. El Estado debe proteger, conducir, coordinar y empujar la gran palanca que impulse esa transformación. Debe incorporar a la academia, promover la cooperación, trazar el rumbo, invertir en infraestructura y regular los usos.
Y, para asegurar los alimentos, hay algo más que debemos recuperar, algo que las sociedades humanas practicaron durante milenios: conservar en lugar de desperdiciar. Salar, deshidratar, ahumar, fermentar y preservar los alimentos permitió históricamente enfrentar las épocas más difíciles. Hoy desperdiciamos demasiado por falta de previsión, logística y organización. Es un lujo que nuestro país no debería permitirse. El Estado puede fomentar una política nacional contra el desperdicio alimentario.
La producción de alimentos no puede quedar sometida totalmente a las fluctuaciones del mercado. Constituye un asunto de seguridad nacional y de estabilidad política. Ningún país soberano puede depender indefinidamente de otros para alimentar a su población.
Porque no hay soberanía sin pan. Y, cuando falta el pan, ni el circo alcanza.
Resumen
En Honduras, históricamente, la democracia electoral no nos ha dado lo indispensable para inspirar fe, lealtad o siquiera el deseo de converger en un proyecto común. O arraigo. La esencia del sistema es la instrumentalización del poder público para servir a las mayorías, mediante respuestas concretas que hagan funcional al Estado.
Pero entonces la democracia no se salva agotando escrutinios dudosos. Se fortalece construyendo una nación capaz y cobra pleno sentido cuando produce resultados.
Cuando eso ocurra, las elecciones dejarán de ser un rito periódico envuelto en la parafernalia retórica de la «fiesta cívica» para convertirse en la expresión natural de una comunidad política viva.
Después de un siglo de elecciones, Honduras tiene derecho a juzgar su democracia por las capacidades que ha construido y por las respuestas efectivas que ha dado a las necesidades del pueblo. Los comicios anárquicos son un reflejo. Lo trágico es que, para demasiados hondureños, ese juicio se ha pronunciado con los pies: migrando.
[1] 1. El fenómeno no es novedoso, lleva décadas, ni es exclusivamente hondureño. En Estados Unidos, tras las elecciones de 2016, dirigentes demócratas sostuvieron que la injerencia rusa incidio en la victoria de Donald Trump; después de las elecciones de 2020, Trump afirmó que la victoria de Joe Biden obedeció a un fraude masivo; y ahora vuelve a denunciar un eventual fraude en su contra con injerencia china. En Honduras, el presidente Mel Zelaya y otros han atribuido la derrota de LIBRE a la injerencia de Trump. Más allá de la validez de esas afirmaciones, el denominador común es el creciente deterioro de la confianza pública en los procesos electorales.
[2] Corea del Sur y México fortalecieron importantes capacidades estatales antes de consolidar la competencia democrática. Para nada fue un caso único pero excepcional en la región, Costa Rica construyó un Estado profesional, modernizo su economía e institucionalizo una democracia estable sin atravesar una prolongada etapa de centralización autoritaria.
