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EL MIRÓN · VERIFICACIÓN · 8 min lectura

Pagar prestaciones no desestima la vulneración de los derechos laborales, como afirma Luis Castro

El clientelismo político de los gobiernos de turno ha dado paso al flagelo indiscriminado de los derechos laborales de los empleados públicos, sin importar que estos sean respaldados por la Constitución de la República, el Código del Trabajo, los tratados internacionales y los contratos colectivos suscritos entre los sindicatos y las instituciones.

El Mirón, verificó las afirmaciones, sin argumentos y alejadas del derecho laboral que dijo, sin vacilar, el secretario privado de Nasry Asfura (2026-2030), Luis Castro, al ordenar que antes del 31 de diciembre de 2026, los empleados del partido Libertad y Refundación (Libre) que todavía estén laborando en las instituciones públicas sean despedidos, y sostener que con pagarles las prestaciones les está garantizando el cumplimento de sus derechos.

Pagar prestaciones no desestima la vulneración de los derechos laborales, como afirma Luis Castro

Tegucigalpa, Honduras. – Los gobiernos de turno se han encargado de vulnerar los derechos laborales e impulsar el clientelismo político a niveles descarados. Una muestra palpable de esta actuación es el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, quien sin titubear dio un ultimátum a los ministros y secretarios de Estado, para despedir a los empleados que se incorporaron a las instituciones gubernamentales durante el mandato del partido Libertad y Refundación (Libre) que dirigió Xiomara Castro (2021-2026), para desocupar los puestos de trabajo que ahora, según él, le pertenecen al Partido Nacional.

El alto funcionario argumentó durante una jornada de Evaluación de Gestión por Resultados del Partido Nacional— en la ciudad de Comayagua, en la que estuvieron presentes militantes y ministros del gobierno de Nasry Asfura (2026-2030) que— aunque los despidos sean por motivos políticos, si a los empleados se les despacha con sus prestaciones, no se les están violentando sus derechos laborales.

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“A los ministros que están aquí, tienen al 31 de diciembre para sacarme al último Libre de esas instituciones. Mire, para hacer eso no se necesita ser malcriado. Solo es de acercarse [y decirle]: Ya trabajaste cuatro años, ¿verdad? Es el turno de nosotros, dame espacio. Aquí están tus prestaciones. Nos vemos. Yo no le estoy violentando sus derechos. Le estoy pagando sus prestaciones”, dijo Luis Castro a los representantes de su partido.Lo expresado por Luis Castro es contrario a lo que estipula el derecho laboral que está diseñado fundamentalmente para proteger al trabajador y lo reconoce como la parte más vulnerable en la relación laboral.

El Mirón de Criterio.hn, buscó, en primera instancia, lo que establece la Constitución de la República en el artículo 127, Capítulo V del Trabajo y que literalmente señala que “toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a las condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.

Además, en su artículo 129, señala que “la ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y las justas causas de separación”. Agrega que “cuando el despido injustificado surta efecto y se firme que sea sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección a una remuneración en conceptos de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas;  o, a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios”.

El Código del Trabajo, expresa en su artículo 3 que, son nulos “ipso jure” (por virtud del derecho), todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el Código del Trabajo, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u pacto cualquiera.

Asimismo, en la sección de las Prohibiciones a los Patronos, especifica en el numeral tres que, se prohíbe, despedir o perjudicar en alguna u otra forma a sus trabajadores a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales lícitas. 

En el inciso nueve, menciona que se prohíbe ejecutar o autorizar cualquier acto que directa o indirectamente vulnere o restrinja los derechos que otorgan las leyes a los trabajadores, o que ofendan la dignidad de estos. Y, en el apartado 10, agrega que se prohíbe, despedir a sus trabajadores o tomar cualquier otra represalia contra ellos, con el propósito de impedirles demandar el auxilio de las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento y aplicación de las leyes obreras.

Los contratos colectivos también priorizan los derechos del trabajador. Por ejemplo, la cláusula 89 sobre el Respeto a la Estabilidad Laboral, del Contrato Colectivo del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Stenee), dicta que, se debe garantizar el respeto a la estabilidad laboral de los trabajadores afiliados al Stenee, con el propósito de reconocer la experiencia y especialmente el derecho al trabajo que constitucionalmente le corresponde a cada ciudadano. 

Expresa que no debe existir ningún tipo de discriminación ideológica, política, religiosa, de sexo, raza, sin menoscabo del derecho que le corresponde a la ENEE, para actuar en casos de trabajadores que han cometido actos reñidos con las leyes debidamente comprobados, cumpliendo con los procedimientos establecidos en el Contrato Colectivo y demás disposiciones legales. 

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CONTINÚAN ATROPELLOS A DERECHOS SINDICALES Y LABORALES

En conversación con El Mirón, el secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH) y presidente del Sindicato de la Escuela Agrícola Panamericana de El Zamorano, Pablo César Flores, apuntó que es preocupante escuchar la falta de conocimiento de un servidor público con un cargo tan alto, respecto a los derechos constitucionales que asisten a los trabajadores.

“Él no está facultado para decidir si una persona quiere o no seguir trabajando en una institución pública o en una institución privada. Eso le toca al ciudadano decidirlo, como indica la Constitución. No queda a discrecionalidad de que este señor lo decida por un compatriota”, manifestó el líder sindical.

Compartió que el Estado ya ha sido requerido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debido a las denuncias documentadas de 14 organizaciones sindicales, presentadas el 25 de agosto por la FUTH, la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), la Federación Sindical Mundial (FSM) y la Red Contra la Violencia Antisindical, sobre los diferentes abusos laborales y sindicales del gobierno, producto de despidos masivos injustificados a trabajadores protegidos por el fuero sindical, personas con discapacidad, enfermedades crónicas, tercera edad, mujeres embarazadas o en lactancia.

Flores destacó que solo un gobierno dictatorial estaría amenazando con más despidos masivos, sin importar que ya hay instituciones estatales requeridas y un llamado a la Secretaría del Trabajo, debido a los atropellos a los derechos laborales, sindicales y derechos humanos que están sufriendo más de 17 mil empleados públicos despedidos a la fecha.

Pagar prestaciones o derechos laborales como el aguinaldo, las vacaciones, índice inflacionario, auxilio por cesantía, jubilación y pensión, no es un favor, ni un acto que borre la discriminación laboral que haya sufrido un empleado, son derechos adquiridos que corresponden a cada trabajador por el simple hecho de haber trabajado. Su pago es una obligación legal básica durante y al término de cualquier relación laboral.

Flores expresó que las declaraciones de Luis Castro deberían ser motivo suficiente para que el Ministerio Público lo requiera de oficio. “Es una conducta discriminativa por donde lo mire, hacia compañeros por el color político. Y lo peor es incitar al odio, a vulnerar, incita al maltrato, que nos matemos entre sí. Esa es la clase de funcionario que tiene este gobierno”.

En conclusión, El Mirón categoriza como: Falsa, la afirmación del secretario privado de la presidencia, Luis Castro, respecto a que el solo hecho de pagar las prestaciones laborales signifique que no se están violentando los derechos de un trabajador. El despido injustificado por motivos discriminatorios como la afiliación política ya es un flagelo al derecho del trabajador. Además, el Código de Trabajo y la Constitución de la República hablan de estabilidad y derecho al trabajo e invalidan por completo la versión de Castro.

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