La Alcaldía de Santa Elena creó un registro obligatorio para ONG, instituciones públicas, privadas y personas naturales que desarrollen actividades en las comunidades del municipio. Especialistas advierten que la medida reflejaría cómo restricciones al espacio cívico, impulsadas desde el ámbito nacional, podrían comenzar a replicarse en las municipalidades.
Tegucigalpa, Honduras. – La aprobación de leyes que, según especialistas, restringen el espacio cívico en Honduras podrían haber comenzado a tener eco en el ámbito municipal. En Santa Elena, La Paz, la alcaldía emitió el 19 de junio una ordenanza municipal que obliga a las organizaciones no gubernamentales (ONG), instituciones públicas y privadas, así como a personas naturales, a registrarse antes de ingresar a las comunidades del municipio para realizar visitas, proyectos o actividades.
La ordenanza también establece sanciones por incumplir esta disposición. El artículo 2 de la orden municipal dispone que, para obtener el registro, será necesario presentar una nota dirigida al alcalde explicando el propósito de la visita, un listado del personal y vehículos que ingresarán, un cronograma de actividades y la documentación legal que respalde la actividad a realizar.
Asimismo, contempla multas de entre 2,000 y 5,000 lempiras, la suspensión de actividades y faculta a la alcaldía a solicitar el apoyo de la Policía Nacional para verificar su cumplimiento.
En una publicación difundida ese mismo 19 de junio, la alcaldía justificó la medida como un mecanismo para garantizar la seguridad de los habitantes, evitar estafas y asegurar que la ayuda y los proyectos lleguen de forma coordinada a quiénes más lo necesitan. Además informó que las instituciones deberán obtener una constancia de autorización municipal e instruyó a patronatos y auxiliares a solicitar ese documento a toda persona o grupo externo que llegue a las comunidades. Según el comunicado, quienes no porten la constancia no podrán realizar la visita.
No obstante, para la investigadora Lucía Vijil, la ordenanza de Santa Elena no constituye un hecho aislado, sino la expresión local de un proceso que comenzó con la aprobación de normas como la reforma al Código Penal que amplió la definición del delito de asociación terrorista y la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial. A su juicio, estas medidas han reducido el espacio cívico y ahora esa lógica empieza a trasladarse a las municipalidades.
“Las escalas de lo punitivo, de cerrar el espacio cívico y de controlar el debate se están trasladando a las dinámicas municipales”, advirtió la investigadora, quien consideró que esto deja en mayor indefensión a los sectores que impulsan protestas o demandas sociales.
Criterio.hn contactó a la Alcaldía de Santa Elena a través del número telefónico publicado en su portal de transparencia. Inicialmente, el personal municipal facilitó el contacto de la vicealcaldesa, María del Carmen Portillo Díaz. Sin embargo, no respondió ni vía mensaje ni llamada, a las consultas planteadas. Posteriormente, desde el número de la alcaldía dejaron de atender los mensajes una vez que se explicó el motivo de la solicitud de la entrevista.
Santa Elena es un municipio fronterizo con El Salvador, ubicado en el departamento de La Paz, en el suroccidente de Honduras. Su actual alcalde es William Saúl Ventura Pereira del Partido Nacional de Honduras (PNH).
