La espera por una nueva Ley de Contratación del Estado se prolonga mientras el Congreso Nacional aguarda la iniciativa oficial del Ejecutivo.
Analistas consultados por Criterio.hn consideran que Honduras necesita un marco jurídico moderno para las compras públicas, pero alertan que la falta de personal especializado y de controles efectivos continuará limitando la eficiencia del gasto público si esos problemas no son atendidos.
Tegucigalpa, Honduras. –A cinco meses de que la Procuraduría General de la República (PGR) presentara un primer borrador de una nueva Ley de Contratación del Estado, el Congreso Nacional aún no recibe el proyecto completo para iniciar su análisis y remitirlo a una comisión de dictamen para su posterior discusión y aprobación.
Mientras el Poder Legislativo espera la propuesta oficial, economistas y juristas coinciden en que Honduras necesita actualizar su marco normativo para modernizar los procesos de compras públicas, reducir obstáculos administrativos y fortalecer los mecanismos de transparencia y control en el uso de los recursos estatales.
El 19 de febrero de 2026, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Dagoberto Aspra, entregó al Congreso Nacional un primer borrador de la iniciativa, en el que planteó una transformación del sistema de adquisiciones públicas mediante la incorporación de herramientas digitales, proveedores certificados y procesos automatizados.
Durante una breve comparecencia ante medios de comunicación Aspra explicó que la propuesta busca adoptar modelos utilizados en países con sistemas de compras públicas considerados exitosos, mediante la creación de un portal interactivo en tiempo real que permita conectar a compradores y proveedores certificados, así como establecer un catálogo de productos y servicios.
Explicó que la nueva normativa tendría como objetivo posicionar a Honduras con un marco jurídico moderno en materia de contratación pública y convertirse en una herramienta para prevenir actos de corrupción, agilizar procesos y aumentar la transparencia.
Uno de los principales cambios planteados es la transformación de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) en una Dirección Nacional de Compras y Contrataciones, con autonomía funcional, administrativa y financiera.
De acuerdo con el funcionario, esta nueva estructura permitiría fortalecer la capacidad regulatoria del Estado para establecer políticas obligatorias y controles más estrictos en los procesos de adquisición pública.
Para la elaboración del anteproyecto, Aspra informó que participan equipos técnicos de la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Secretaría de Finanzas, quienes trabajan en mesas de discusión para consensuar el contenido de la propuesta.
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CONGRESO ESPERA VERSIÓN OFICIAL DEL EJECUTIVO
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano Molina, informó que el Poder Legislativo todavía no ha recibido formalmente la iniciativa de ley por parte del Ejecutivo.
En una entrevista brindada a medios de comunicación el titular del Legislativo indicó que hasta ahora únicamente conocen un borrador entregado por el procurador general de la República, Dagoberto Aspra, pero que esperan la versión final para iniciar el proceso legislativo correspondiente.
El presidente del Legislativo agregó que, una vez recibida la propuesta formal, esta deberá ser turnada a una comisión para su análisis y posterior dictamen antes de ser sometida a discusión en el pleno.
Durante la presidencia de Luis Redondo Guifarro (2022-2026), en el Congreso Nacional se sometió a discusión una nueva Ley de Contratación del Estado, que terminó, como otros proyectos, durmiendo el sueño de los justos.
Dicha iniciativa fue trabajada por la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLC) y la Asociación de Municipios de Honduras (Amohn).
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UNA NORMATIVA QUE REQUIERE MODERNIZACIÓN
Para la economista y expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo, considera necesaria una reforma a la Ley de Contratación del Estado debido a que algunos procedimientos actuales pueden generar retrasos en la ejecución de proyectos públicos.
Castillo señaló que, independientemente del gobierno de turno, uno de los principales problemas está relacionado con la falta de personal especializado en procesos de licitación y contratación pública.
En platicas con Criterio.hn la economista explicó que “hay muchos trámites que no agilizan los procesos, más bien son engorrosos, y posiblemente eso afecta para que la ejecución vaya siendo tan lenta”.
De igual manera, consideró que la revisión de la normativa debe acompañarse de una evaluación del recurso humano encargado de ejecutar los fondos públicos, ya que una ley más moderna no resolverá por sí sola las deficiencias si las instituciones carecen de personal capacitado.
En esa misma línea de pensamiento opinó el extitular de la Secretaría de Transparencia (STLC), Edmundo Orellana, quien sostuvo que la Ley de Contratación del Estado vigente cuenta con elementos positivos, pero requiere una actualización para responder a las necesidades actuales.
“Todos creen que los problemas a la hora de las compras y contrataciones estatales se pueden resolver con una nueva ley. Es cierto que necesitamos una nueva ley, por supuesto que sí, para modernizar el proceso, pero no es porque la ley no sirva, es porque necesita mejoras”, externó el exfuncionario en una conversación brindada semanas atrás a este medio.
Recordó que durante la administración anterior se elaboró una propuesta integral de reforma a la Ley de Contratación del Estado con apoyo de especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y expertos internacionales de países como República Dominicana, Argentina e Italia.
Según explicó, ese documento ya estaba elaborado y fue entregado a la presidencia del Congreso Nacional, pero no avanzó hacia su discusión ni fue enviado a una comisión de dictamen.
El exsecretario también indicó que la ley vigente establece restricciones para que empresas con incumplimientos graves vuelvan a contratar con el Estado; sin embargo, advirtió que en la práctica algunos proveedores sancionados continúan participando en procesos de adquisición pública.
Mientras el Congreso Nacional espera la entrega oficial del proyecto, analistas coinciden en que la discusión no debe centrarse únicamente en aprobar una nueva ley, sino en garantizar instituciones fortalecidas, funcionarios capacitados y mecanismos efectivos de fiscalización para evitar que las compras públicas continúen siendo un punto vulnerable frente a la corrupción.
