Las y los garífunas se apostaron el 14 de septiembre en una playa del Cayo Menor, exigiendo respeto al ciclo de desove de la tortuga Carey, el cierre de la causa penal contra cinco defensores de la comunidad garífuna de San Juan y el cumplimiento de las cuatro sentencias a favor de cuatro comunidades del pueblo garífuna, entre ellas la de Cayos Cochinos.
La acción de defensa territorial fue respondida con el arribo de agentes antimotines de la Policía Nacional y militares de la Fuerza Naval, quienes registraron las casas de campaña donde las personas defensoras tenían previsto pernoctar la noche del lunes 14 de septiembre. Al día siguiente, durante la protesta, uno de los polícias, identificado únicamente como Zerón, habría empuñado el arma frente a las y los manifestantes apostados en la playa, denunció la lideresa garífuna Mabel Robledo.
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En el centro de la disputa se encuentran las restricciones impuestas a las comunidades dentro del archipiélago, que históricamente han dependido del desarrollo de actividades tradicionales como la pesca y el aprovechamiento de actividades tradicionales. Así como la ausencia de una consulta previa, libre e informada, antes de la creación del área protegida, ahora denominada Monumento Natural Marino Archipiélago de Cayos Cochinos, la creación de planes de manejo del mismo y la decisión de grabar reality shows, sin el consentimiento de la población.
¿QUÉ DIJO LA CORTE DEL REALITY?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó en marzo de este año el falló mediante el cual estableció que el Estado de Honduras violento derechos a la consulta previa, propiedad colectiva, integridad cultural y alimentación de las comunidades garífunas en Cayos Cochinos.
En el párrafo 212 del fallo estableció que “el Estado deberá garantizar la realización de una consulta previa libre e informada de carácter general con la Comunidad, para posibilitar la eventual realización de programas televisivos de tipo reality shows”. De acuerdo, al párrafo 213, la medida debe ser adoptada en un plazo de dos años y su implementación debe mantenerse compatible con los derechos de las comunidades indígenas y tribales comprendidas en la zona de influencia del área protegida.
En la relación de hechos, la Corte IDH establece que estos eventos televisivos son grabados desde 2006 y han sido producidos por empresas italianas, españolas, colombianas y rusas. El tribunal también señala que las filmaciones han generando inconformidad entre las comunidades garífunas, debido a las restricciones para acercarse a las zonas donde se realizan, lo que ha provocando “la suspensión de actividades de pesca artesanal y limitó la movilidad de las comunidades garífunas a su propio hábitat marino, afectando la obtención de alimentos y el acceso a recursos esenciales”.
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Esta situación fue documentada por Criterio.hn en la investigación “Cayos Cochinos, el paraíso del reality y la disputa territorial garífuna”, publicada durante la filmación realizada en marzo de este año. En ella, pescadores garífunas denunciaron restricciones para acercarse a determinadas zonas del archipiélago y utilizar playas que tradicionalmente forman parte de sus espacios de trabajo, mientras los participantes y el equipo de producción del reality ocupaban esos mismos espacios. “Nos restringen a nosotros, pero no a ellos [a los del reality]”, señaló un pescador.
Desde el Tribunal regional –amparándose en convenios y declaraciones firmados por el Estado de Honduras, así como su legislación interna– se dispuso “que la protección internacional de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales se extiende al hábitat funcional del que depende su existencia colectiva, incluyendo no solo los espacios terrestres, sino también los recursos naturales, ecosistemas y áreas marinas con los cuales mantienen vínculos tradicionales de uso y aprovechamiento”.
Caleb Navarro, abogado de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), explicó a Criterio.hn que la Corte IDH determinó que los reality shows afectan parte del territorio ancestral garífuna en Cayos Cochinos por múltiples razones, entre ellas, la ausencia de una consulta previa, libre e informada. Agregó que las restricciones establecidas por el Estado durante las grabaciones también afectan el derecho de las comunidades al acceso a la alimentación, al impedirles desplazarse y acceder a distintas zonas de los cayos.
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA VS REALITY
Mabel Robledo, lideresa garífuna y presidenta del patronato de Nueva Armenia, señaló, en un video difundido las redes sociales de la comunidad, que en nombre de la conservación se violentan derechos del pueblo garífuna, mientras se permite a extranjeros grabar en un área protegida, pese a que no existe un estudio de impacto ambiental por las actividades realizadas tanto por los concursantes como el equipo de grabación.
La defensora territorial señaló que no es desconocido para quienes realizan las grabaciones de los reality shows, que la Corte Interamericana determinó la necesidad de una consulta previa libre e informada antes de su realización. Denunció que para quienes organizan estas filmaciones es más fácil poner en riesgo la vida de los defensores.
El abogado Caleb Navarro comunicó a Criterio.hn que los liderazgos garífunas fueron desalojados la noche del lunes 14 de septiembre, tras ser rodeados por policías antimotines, quienes formaron un perímetro para hacerlos retroceder hacia el mar. Además incendiaron sus casas de campaña y los abastecimientos con los que tenían planeado pernoctar en la playa, por lo que tuvieron que trasladarse a otro cayo para dormir y reabastecerse. Actualmente, se mantiene la protesta de manera permanente, movilizándose entre cayos.
Durante el primer día de la movilización, un representante de la Procuraduría General de la República (PGR) abordó a los garífunas afirmando que estaba presente para documentar y trasladar las peticiones del pueblo garífuna a la institucionalidad gubernamental. En respuesta, los defensores territoriales le invitaron a leer la sentencia.
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Estas acciones policiales y militares ocurren en un contexto marcado por la entrada en vigencia del Decreto 107-2026, Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería, Pequeños Productores Agrícolas de Honduras. La normativa declara de orden público, interés y prioridad nacional, entre otras actividades, los proyectos de turismo, y establece que la Policía Nacional, el Ministerio Público y otras autoridades deben actuar ante ocupaciones, usurpaciones, tomas, bloqueos o actos que afecten directa o indirectamente actividades turísticas.
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