Analistas consultados por Criterio.hn sostienen que las primeras decisiones del gobierno favorecieron intereses empresariales, concentraron poder y redujeron espacios de participación.
Tegucigalpa, Honduras. – Nasry Asfura del Partido Nacional asumió el poder en Honduras tras ser declarado presidente con una diferencia de 0.72 puntos porcentuales sobre su más cercano contendiente, Salvador Nasralla, sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyera el escrutinio especial y el apoyo injerencista de Donald Trump. Seis meses después, su gobierno ha estado marcado por retrocesos democráticos, concentración de poder y reformas que favorecen intereses privados por encima de las grandes mayorías.
Ismael Moreno, exdirector de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), señaló que el gobierno ha privilegiado una alianza con sectores de la elite empresarial, particularmente agroindustriales, energéticos y extractivos, dejando de lado la construcción de consensos. “En los hechos se convierte en un gobierno absolutamente antipopular, en el sentido de que actúa a espaldas de los intereses de las inmensas mayorías de la sociedad hondureña”, afirma.
LAS PRIMERAS SEÑALES
Las primeras decisiones de la administración Asfura delinearon las prioridades de su gobierno. En las primeras semanas de gestión, el Poder Ejecutivo promovió iniciativas como la ampliación del Régimen de Importación Temporal y la declaratoria de emergencias en sectores estratégicos, mientras el Congreso Nacional aprobó los decretos correspondientes a salud, red vial y otras reformas que sentaron las bases de una agenda centrada en la flexibilización de controles, el uso de regímenes excepcionales y el impulso a la inversión privada. Parte de estas medidas fueron documentadas por Criterio.hn en el balance de los primeros 100 días de gobierno.
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Martín Barahona, economista, señaló que el gobierno de Asfura ha operado bajo un enfoque de declaratorias de emergencia que permitió flexibilizar procedimientos para agilizar el desembolso de recursos. No obstante, afirma que “se flexibiliza el procedimiento, pero no se traduce en soluciones concretas, en avances significativos”, por lo que, a su juicio, hasta ahora esos mecanismos excepcionales no han demostrado resultados. Añade que, pese a contar con esas herramientas extraordinarias, durante el primer semestre no se observaron proyectos relevantes de infraestructura ni un incremento significativo de la inversión pública que justificara recurrir a esos mecanismos.
Uno de los principales ejemplos fue la emergencia sanitaria. Bajo ese régimen, el Congreso Nacional autorizó compras directas y la creación de un fideicomiso administrado por Banco de Occidente, al que el gobierno transfirió 500 millones de lempiras para atender el desabastecimiento de medicamentos y reducir la mora quirúrgica. Sin embargo, a inicios de julio, los hospitales públicos continuaban reportado escasez de medicamentos e insumos y ausencia de cirugías, mientras el mecanismo era cuestionado por la flexibilización de los controles sobre la administración de recursos públicos y la falta de resultados visibles en la atención sanitaria. Un reportaje de Criterio.hn reveló que cuatro meses después de la aprobación del fideicomiso, no se habían realizado las compras de medicamentos y apenas se habían efectuado 155 cirugías en hospitales privados.
El inicio de su gestión también estuvo marcado por nombramientos de funcionarios y asesores con antecedentes de señalamientos, por presuntos actos de corrupción, durante administraciones anteriores del Partido Nacional. Entre ellos figuraron Roberto Aníbal Martínez Lozano, nombrado asesor presidencial pese a haber sido señalado en investigaciones por presuntas irregularidades durante su gestión en la empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Gladys Aurora López, designada delegada presidencial a pesar de enfrentar un proceso por presunta malversación de caudales públicos y acumular otros señalamientos vinculados a concesiones energéticas, el caso Arca Abierta y su inclusión en la Lista Engel de Estados Unidos.
A ellos se sumó Mario Roberto Zerón Suazo, designado al frente del Servicio de Administración de Rentas (SAR) mientras enfrentaba un proceso judicial junto al propio Asfura por el presunto desvío de fondos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.
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Para Joaquín Mejía, abogado constitucionalista y doctor en derechos humanos, el nombramiento de funcionarios investigados o vinculados a administraciones anteriores constituye una señal política sobre el rumbo del gobierno. A ello se suma que el propio Asfura asumió la presidencia mientras enfrentaba un proceso judicial por presuntos actos de corrupción, lo que a su juicio envía un mensaje contradictorio respecto al combate a la impunidad.
UN ESTADO AL SERVICIO DE LA INVERSIÓN PRIVADA
Las primeras medidas no quedaron aisladas. El Ejecutivo junto al Congreso Nacional profundizaron esa agenda con la aprobación de reformas que favorecieron al sector empresarial y redujeron controles estatales, mientras organizaciones sociales y especialistas advirtieron sobre sus impactos en derechos laborales, territoriales y ambientales.
La Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano y la Ley de Empleo a Tiempo Parcial impactaron tanto a empleados de los sectores público y privado. Mientras la primera amplió las facultades del Ejecutivo para reorganizar instituciones públicas y condicionó el pago de prestaciones laborales, la segunda reintrodujo una modalidad de contratación que fue cuestionada por organizaciones sindicales y analistas por profundizar la precarización laboral.
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El economista Martín Barahona considera que la normativa parte de un diagnóstico equivocado, pues el desempleo en Honduras responde a problemas estructurales que requieren políticas integrales de inversión pública y privada, mayor dinamismo económico y condiciones que incentiven la inversión nacional, más que modalidades de contratación más flexibles.
Asfura también revirtió la salida de Honduras del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La decisión, anunciada desde el primer día de gobierno, fue interpretada por especialistas como una señal política hacia el capital trasnacional y el fortalecimiento de un sistema de arbitraje internacional cuestionado por privilegiar los intereses de los inversionistas, en su mayoría extranjeros, sobre las decisiones soberanas del Estado. El retorno ocurrió después de que Honduras, durante la administración de Xiomara Castro del Partido Libertad y Refundación (Libre), denunció el convenio con el CIADI tras acumular 16 litigios internacionales, la mayoría ante ese centro de arbitraje, con reclamos que ascendían a USD 19,440 millones.
La apuesta por ampliar la participación privada también alcanzó al sector energético. La reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica avanzó con una propuesta para dividir la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en tres sociedades mercantiles para las actividades de generación, transmisión y distribución. Especialistas del sector energético consultados por Criterio.hn advirtieron que la iniciativa facilitaría una privatización progresiva de la empresa estatal. A las puertas del tercer y último debate, los Partidos Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Liberal anunciaron contrapropuestas antes las críticas al proyecto.
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LA PROMESA INCUMPLIDA DEL COMBATE A LA IMPUNIDAD
El combate a la corrupción fue uno de los compromisos asumidos por Asfura, quien se comprometió a impulsar la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). Sin embargo, el gobierno sustituyó la propuesta por la Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras (ENTAH), presentada como el nuevo eje de su política anticorrupción. Analistas advirtieron que el nuevo modelo reemplazó un mecanismo internacional independiente por un esquema de asistencia técnica sin facultades de investigación propias.
A ello se sumó la lenta implementación de la estrategia. Asimismo, permaneció vacante el cargo de comisionado presidencial para la transparencia, creado para coordinar la ENTAH, mientras el ejecutivo también evaluó eliminar la Secretaría de Transparencia y trasladar sus funciones a la Procuraduría General de la República, una propuesta que generó cuestionamientos por los posibles conflictos de interés que enfrentaría el procurador Dagoberto Aspra.
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El abogado Joaquín Mejía señaló que la estrategia incorpora un aspecto positivo al reconocer que la corrupción en Honduras es un problema sistémico. Sin embargo, considera que cerró la posibilidad de instalar una CICIH independiente al sustituirla por un mecanismo de asistencia técnica sin autonomía para investigar las estructuras de corrupción que operan en el Estado. Asimismo, sostiene que el verdadero compromiso del gobierno con el combate a la impunidad dependerá de la implementación de las medidas anunciadas y de las personas designadas para ejecutarlas.
INFLACIÓN, COMBUSTIBLES Y COSTO DE VIDA
Aunque desde los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional se hable de la resiliencia y el Estado presente la estabilidad macroeconómica como uno de sus principales logros, durante el primer semestre también enfrentó cuestionamientos por el incremento sostenido de los precios de los combustibles y el aumento del costo de vida, factores que incidieron en la inflación y afectaron el poder adquisitivo de la población.
Martín Barahona apuntó que si bien el incremento internacional del precio del petróleo justificaba parte de las alzas, la respuesta del gobierno fue deficiente. Señala que las autoridades trasladaron rápidamente los aumentos internacionales al mercado interno, pero no actuaron con la misma rapidez cuando el precio del crudo comenzó a descender, manteniendo elevados los precios de los combustibles en el país.
El economista también cuestionó la política de subsidios aplicada por el ejecutivo. A su juicio, estos no amortiguaron efectivamente el impacto sobre los consumidores y el mantenimiento de precios altos favoreció un ambiente de especulación que terminó trasladándose al resto de bienes y servicios, provocando una inflación mayor a la reflejada por los indicadores oficiales.
Barahona sostiene que el problema trasciende el comportamiento de los combustibles. Afirma que la inflación responde, sobre todo, al bajo dinamismo económico, caracterizado por una reducida inversión pública, escasa inversión privada nacional y el estancamiento de la inversión extranjera, factores que limitan el crecimiento y la generación de empleo, problemáticas que han quedado sin ser resueltas a lo largo de varias administraciones.
LA TIERRA Y TERRITORIO COMO EJE DE MODELO DE INVERSIÓN
La agenda de protección a la inversión privada también se reflejó en la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial. La normativa otorgó protección especial a las tierras destinadas a proyectos agroindustriales y fue cuestionada por organizaciones campesinas, indígenas y defensoras de derechos humanos por debilitar la reforma agraria y favorecer la concentración de la tierra. Días después de su aprobación, el Congreso amplió sus alcances mediante una reconsideración del acta, incorporando a los sectores de energía, turismo y ganadería, una modificación que constitucionalistas calificaron de irregular por alterar el contenido de una ley ya aprobada.
Las advertencias se materializaron el 14 de julio de 2026, cuando la ley fue utilizada por primera vez para justificar el desalojo violento de un predio de nueve manzanas ubicado en la comunidad garífuna de San Juan, en Tela, pese a que este territorio está amparado por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Estado hondureño garantizar su protección y restitución. La primera aplicación de la normativa evidenció sus alcances, y resultó en la detención y criminalización bajo la aplicación del delito de usurpación (decreto 93-2021) de cinco personas defensoras.
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Lucía Vijil, investigadora del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), señaló que estas reformas reflejan la configuración de un “nuevo régimen agrario autoritario”, en el que el Estado reorganiza sus dinámicas alrededor del interés privado y consolida a la empresa privada como su principal interlocutor en los conflictos por la tierra. A su juicio, esa orientación responde a un modelo histórico de desarrollo basado en el extractivismo.
El avance de este modelo coincide con un incremento de la violencia. En mayo de 2026 ocurrió la masacre de Rigores en Trujillo, Colón, donde fueron asesinadas al menos 20 personas. Paralelamente, Criterio.hn documentó modificaciones en las estadísticas oficiales de homicidios que alteraron la comparación interanual utilizada por el gobierno para sostener una reducción de la violencia. La actualización del Sistema Estadístico Policial en Línea (CEPOL) incorporó 297 homicidios más a las cifras de 2025, incluidos 137 casos adicionales solo en mayo, pese a que ese mismo periodo estuvo marcado por la masacre de Rigores.
Mientras la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) Próspera amplió su territorio, pese al fallo que declaró inconstitucional el régimen, la administración Asfura fortaleció sus relaciones con representantes de la ZEDE y con inversionistas del Proyecto Satuyé Technology & Data Center (STDC), impulsado en Satuyé, La Ceiba, Atlántida, a más de 70 kilómetros de Crawfish Rock, en Roatán, Islas de la Bahía, donde originalmente se estableció la ZEDE. El acercamiento evidenció la proyección de Próspera más allá del territorio donde fue establecida, mientras mantiene un litigio internacional contra el Estado hondureño por la derogación del régimen ZEDE.
Las reformas económicas, el retorno al CIADI, la ampliación de la protección a determinados sectores productivos y la apuesta por proyectos estratégicos de inversión muestran una orientación común durante los primeros seis meses del gobierno.
UN GIRO EN LA POLÍTICA EXTERIOR
Tras ser ungido por el presidente Donald Trump, Asfura reconfiguró la política exterior al estrechar la relación de Honduras con Estados Unidos e Israel. El acercamiento comenzó incluso antes de su investidura y continuó durante sus primeros seis meses de gobierno mediante reuniones bilaterales, una agenda de acercamiento con el Estado de Israel impulsada desde el Ejecutivo y el Congreso, así como decisiones diplomáticas y legislativas que marcaron un giro respecto a la administración anterior. Ese viraje también quedó reflejado en el anuncio de una revisión de las relaciones diplomáticas con China, establecidas en 2023.
La nueva orientación también se trasladó al ámbito económico y estratégico. Además de respaldar el proyecto Satuyé Technology & Data Center (STDC), promovido por la trasnacional con vínculos israelí MAG Technologies Group, fundada y presidida por Rami Arad, excomandante de las Fuerzas de Defensa Israelí (IDF), en alianza con la ZEDE Próspera, el gobierno abrió la puerta a la cooperación con la empresa estatal israelí Mekorot para implementar su modelo de gestión del agua en Honduras, una iniciativa que, según anunció el alcalde de la capital hondureña, Juan Diego Zelaya, estaría próxima a concretarse. Ambos proyectos confirmaron que el acercamiento con Israel trascendió el plano diplomático y despertó cuestionamientos por sus implicaciones para la soberanía sobre activos estratégicos del Estado.
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Ese alineamiento también se expresó en decisiones de política pública. Entre ellas figuran la aprobación de la Ley del Beneficiario Final y el decreto que prohíbe la importación de mercancías producidas bajo trabajo forzoso. Esta última medida fue adoptada luego de que Washington anunció nuevos aranceles para los países que no contaran con este tipo de restricciones. Mientras el Ejecutivo sostuvo que respondía a compromisos internacionales asumidos por Honduras, el economista Martín Barahona considera que ambas decisiones buscaron principalmente atender exigencias de organismos internacionales y proyectar una señal de alineamiento con Estados Unidos, más que resolver problemas estructurales del sistema tributario o de condiciones laborales.
DEMOCRACIA BAJO PRESIÓN Y DEBILITAMIENTO INSTITUCIONAL
Mientras el Ejecutivo consolidaba una agenda económica y geopolítica favorable a determinados intereses, en el plano interno también avanzaron reformas impulsadas junto al Congreso Nacional que modificaron el equilibrio institucional y ampliaron las herramientas de control del Estado para responder mediante el derecho penal a la protesta y los conflictos sociales, al tiempo que aumentaron la presión sobre la institucionalidad democrática.
Una de las más cuestionadas fue la reforma al artículo 587 del Código Penal, que amplió la definición del delito de asociación terrorista y motivó la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte de organizaciones de derechos humanos. Junto con la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial y la iniciativa de Ley Casa Segura, integra un andamiaje legal que, según organizaciones sociales y expertos, fortalece las herramientas del Estado para reprimir la protesta social y la defensa del territorio mediante mecanismos penales, administrativos y de seguridad.
Aunque la mayoría de estas medidas fueron aprobadas por el Congreso Nacional, el abogado Joaquín Mejía, sostiene que deben entenderse en el contexto de un “cogobierno liberal-nacionalista” que concentra el control del Ejecutivo y el Legislativo. “[C]on la Ley Agroindustrial [Asfura] hubiera podido vetarla y no la vetó. Aquí estamos hablando de una política de Estado en donde quien controla ese Estado es un cogobierno liberal nacionalista”, cuestionó.
Para Mejía, estas reformas no responden a hechos aislados, sino a una política de Estado impulsada desde el cogobierno liberal-nacionalista, que ha permitido extender el control político sobre instituciones llamadas a actuar como contrapesos del poder. En ese sentido, sostiene que las decisiones del Congreso y del Ejecutivo forman parte de una misma estrategia de gobierno, más que de actuaciones independientes entre poderes del Estado.
CONTROL DE LOS CONTRAPESOS DEL ESTADO
La ampliación de las herramientas legales para enfrentar la protesta y los conflictos sociales estuvo acompañada por decisiones que también incidieron en el funcionamiento de las instituciones del Estado. Durante el primer semestre, el Congreso Nacional activó por primera vez la figura del juicio político y posteriormente amplió su aplicación contra altos funcionarios del Ministerio Público, el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), extendiendo su alcance hacia instituciones encargadas de ejercer controles sobre el poder.
La aplicación de este mecanismo derivó en suspensiones, destituciones y nuevos nombramientos en cargos estratégicos, lo que profundizó las preocupaciones sobre la independencia de los órganos de control. Organizaciones nacionales e internacionales y especialistas en derecho constitucional advirtieron que el juicio político, además de contravenir la sentencia de la Corte IDH en el caso Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras, representa un riesgo para la separación de poderes y la independencia judicial.
Las restricciones al espacio cívico también comenzaron a reflejarse en el ámbito municipal. En julio de 2026, la alcaldía de Santa Elena, La Paz, aprobó una ordenanza que obliga a organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas, empresas privadas y personas naturales a registrarse para desarrollar actividades en las comunidades de ese municipio. Aunque la alcaldía justificó la medida como un mecanismo de coordinación y seguridad, desde el Cespad, Lucía Vijil, advirtió que este tipo de disposiciones refleja cómo las restricciones al espacio cívico impulsadas desde el ámbito nacional comienzan a replicarse en los gobiernos locales, generando mayores controles sobre la organización y participación comunitaria.
En conjunto, las reformas económicas, los cambios institucionales y las nuevas restricciones al espacio cívico muestran, según analistas consultados, un patrón de concentración de poder y de fortalecimiento de actores privados, mientras se reducen los espacios de participación y protección para comunidades y organizaciones sociales. Para Vijil este proceso refleja un Estado que progresivamente desplaza su obligación de garantizar derechos para privilegiar esos intereses, profundizando las desigualdades y debilitando su función constitucional frente a la ciudadanía.
