La Fiscalía, que inicialmente solicitó prisión preventiva, no se opuso a las medidas distintas a la detención planteadas por la defensa por supuestas razones de seguridad. Afuera, en la calle, unos 400 militantes del Partido Nacional y empleados de la Alcaldía del Distrito Central acompañaron al exmandatario durante una especie de mitin organizado por sus bases.
Foto portada: El indultado presidente Juan Orlando Hernández se dirige a sus seguidores afuera de los tribunales. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. – Aunque inicialmente solicitó prisión preventiva contra el expresidente Juan Orlando Hernández, el Ministerio Público cambió su postura durante la audiencia de declaración de imputado y no se opuso a la petición de la defensa para que enfrente en libertad el proceso por fraude y lavado de activos en el caso Pandora II.
Unos cuatrocientos militantes del Partido Nacional, provenientes de barrios periféricos de la capital hondureña, así como empleados de la Alcaldía del Distrito Central, acompañaron a Juan Orlando Hernández durante la audiencia de declaración de imputado en el caso conocido como Pandora II, en el que se le supone responsable de los delitos de lavado de activos y fraude.
Desde la Colonia Renacer, ubicada en la carretera vieja que conduce de la capital al departamento de Olancho, Miriam Castillo, afirmó que llegó “por amor al partido”, porque su “líder es el mejor de la historia” y “está en el corazón de la gente pobre”. Negó las acusaciones en contra de Hernández y afirmó que todo forma parte de un chantaje político y que para ellos “es inocente y será inocente siempre”. El discurso se repite con una simpatizante que proviene del barrio Buenos Aires, cerca del centro de la capital, quien agregó que de volver a lanzarse a la presidencia, pese a la prohibición expresa en la Constitución de la República, ella votaría por él.
Hernández arribó a Honduras el domingo 26 de julio, tras recibir en diciembre de 2025 un indulto del presidente Donald Trump, tras ser declarado culpable y condenado a 45 años de prisión por conspirar para distribuir más de 400 toneladas de cocaína y delitos relacionados con armas de fuego en 2024. Hernández fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022.
PANDORA II Y LOS FONDOS PARA CAMPAÑAS POLÍTICAS
Mientras Hernández enfrentaba en Estados Unidos el proceso por narcotráfico, en Honduras la Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (Uferco) presentó un requerimiento contra ocho exfuncionarios, entre ellos los expresidentes Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa, por su presunta participación en la ampliación del caso Pandora o Pandora II.
Ambos exmandatarios fueron acusados de fraude, mientras que a Hernández también se le imputó el delito de lavado de activos de más de 62 millones de lempiras. Lobo Sosa, sin embargo, recibió posteriormente sobreseimiento definitivo, por lo que el proceso en su contra concluyó.
Pandora II se desprende del caso Pandora, judicializado en 2018 por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (MACCIH), que investigó el desvío de más de 288 millones de lempiras de instituciones del Estado para financiar campañas políticas durante las elecciones de 2013.
Noticia relacionada: El regreso de JOH y el señalamiento que nunca concretó el Ministerio Público
Según las investigaciones de la Uferco, entre 2010 y 213 altos funcionarios participaron en la ampliación y aprobación de desembolsos de fondos públicos a favor de las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista. En el caso de Hernández, la Fiscalía sostiene que más de 62 millones de lempiras fueron canalizados mediante empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios hacia los movimientos Azules Unidos y amigos de Joh, la sociedad mercantil La Cachureca y gerentes departamentales de su campaña.
SISTEMA JUDICIAL A PRUEBA
Por este caso, Hernández, arribó a la Corte Suprema de Justicia antes de las 9:00 de la mañana, y a los medios de comunicación informó que de no resolverse el recurso de reposición interpuesto el pasado viernes 31 de julio para que su caso continúe siendo conocido por un juez natural, se declararía en indefensión.
Previo a la audiencia, pasadas las 10:00 de la mañana y tras saludar a sus seguidores desde el cuarto piso de la Corte Suprema de Justicia, Hernández bajó a la calle, y subido en la paila de un doble cabina, se dirigió a los militantes que lo acompañaban.
Hernández afirmó que desde el 9 de diciembre solicitó la suspensión de la orden de captura para regresar a Honduras y que la petición fue negada en al menos dos ocasiones. Según su versión, no fue sino seis meses después que la orden fue suspendida, del 20 al 3 de agosto, por lo que aduce no había podido retornar antes al país. Sin embargo, en otras entrevistas también ha mencionado entre las razones de su permanencia en Estados Unidos y la preparación de un documental y un libro junto a productores estadounidenses.
Hernández asegura respetar las instituciones y negó estar recibiendo un trato diferenciado. “No he pedido privilegios, me estoy sometiendo como cualquier hondureño”, afirmó ante los militantes del Partido Nacional.
Sin embargo, luego que la semana pasada el juez natural se declaró sin competencia para conocer el caso, al considerar que Hernández ya no es un alto funcionario, su defensa interpuso el viernes un recurso de reposición para que el proceso continuará bajo conocimiento de un juez natural y no fuera trasladado al Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
De interés: Amenazan con acciones legales a la prensa que se refiera a JOH como “exconvicto”
La competencia para conocer el proceso ya había generado cuestionamientos. El exfiscal de la Uferco, Luis Javier Santos había señalado que, al no ser Hernández un alto funcionario del Estado, el caso debía ser conocido por el circuito especializado y no por la Corte Suprema de Justicia. Santos También advirtió que en las audiencias contra altos funcionarios o exfuncionarios desarrolladas en la Corte ha observado la presencia de sesgos políticos en las resoluciones judiciales.
La ausencia de una resolución sobre el recurso de reposición retrasó la audiencia de declaración de imputado, que solo pudo continuar una vez que las partes fueron notificadas de la decisión.
Durante la audiencia, Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, explicó que la defensa rechazó el requerimiento fiscal y pidió la aplicación de medidas distintas a la detención judicial, argumentando razones de seguridad y las condiciones de los centros penitenciarios. Ante los planteamientos, el Ministerio Público no se opuso a la solicitud de lla defensa, mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) mantuvo su petición de detención judicial. El juzgado resolvió que Hernández se defenderá en libertad, bajo el cuidado y la vigilancia de su equipo de defensa.
Aunque el proceso corresponde al circuito en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción ubicado en la Avenida La Paz, la audiencia se desarrolló en las instalaciones del Tribunal de Sentencia, ubicado en el primer piso de la Corte Suprema de Justicia, supuestamente, por razones de espacio. Sin embargo, se desconoce el porqué Hernández y familia subieron hasta el cuarto piso que alberga las oficinas del Juzgado de Letras de lo Contencioso y Administrativo, entre otros.
En 2022, previo a su extradición a Estados Unidos, Hernández grabó un video sentado en la silla del entonces presidente de la Corte, Rolando Argueta, desde donde cuestionó el proceso de extradición y alegó que vulneraba la Constitución y tratados internacionales, pese a que él mismo la promovió siendo presidente del Congreso Nacional.
Tras reanudarse la audiencia, el Juzgado Penal en materia de Criminalidad Organizada, Medio ambiente y Corrupción determinó que el expresidente Juan Orlando Hernández se defenderá en libertad y le impuso como medidas cautelares la prohibición de salir del país y permanecer bajo el resguardo y vigilancia de su equipo de defensa, que deberá presentar semanalmente un informe sobre su condición. Además, Hernández deberá rendir caución juratoria. La audiencia inicial fue programada para el 12 de agosto a las 9:00 de la mañana.
