Tegucigalpa, Honduras. – El día en que fue publicada la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, la Policía Nacional ya tenía un día utilizando la figura de “asociación terrorista” para señalar a personas detenidas.
Una publicación de la institución del viernes 25 de septiembre informó sobre la captura de un presunto integrante de la pandilla Barrio 18, remarcando que el Plan de Seguridad Escudo de Honduras “continúa dando resultados contundentes contra los terroristas”. La operación fue activada desde el 21 de septiembre, y para el 28 de septiembre, la Dirección Policial de Investigación (DPI) reportaba 292 personas detenidas por diferentes delitos.
En una semana, la Policía Nacional realizó más de una docena de publicaciones de acciones directamente relacionadas con la “asociación terrorista” y, para el jueves 1 de octubre, publicó la captura de “nueve terroristas de la Pandilla 18 en la capital”, apuntando que “entre los capturados se encuentran dos mujeres y seis menores de edad”.
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Carlos Sierra, analista en temas de seguridad ciudadana del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), consideró grave que personas menores de 18 años fueran señaladas como “terroristas” y planteó dudas sobre el procedimiento. No queda claro, señaló, si se trata de un error o cuál es el mensaje que se pretende transmitir, ya que la DPI –en la publicación del 28 de septiembre– habla de seis menores infractores detenidos bajo la tipificación del Código de la Niñez, en el marco de la Operación Escudo.
Sierra explicó a Criterio.hn que la reforma al Código Penal contenida en el Decreto 84-2026 exige determinar de manera individual si cada persona encaja en la figura de “asociación terrorista”, por lo que, a su juicio, no bastaría con la designación de la Pandilla 18 por parte del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS). Señaló que, si las autoridades están utilizando únicamente esa declaratoria para atribuir el delito, estarían “incumpliendo la propia reforma” que establece que se deberá determinar en cada persona si entra o no en la tipificación. “Evidentemente no se hizo y ya se está haciendo de manera pública o publicando esas capturas”, cuestionó.
En el caso de los menores infractores, Sierra advirtió además que existe un problema jurídico particular, porque están amparados por el Código de la Niñez y la Convención sobre los Derechos del Niño. Consideró que la reforma de por si, tiene un “asidero legal muy leve” y que ahora al incluir a menores de edad bajo la figura de asociación terrorista está generando una “posible violación de sus derechos”.
CUESTIONAN APLICACIÓN
Carlos Sierra también cuestionó la rapidez con la que se presentaron los resultados tras la entrada en vigor del Decreto 208-2026, referente a la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional. Señaló que, si una parte de las capturas reportadas corresponde a órdenes de captura y no a casos en flagrancia, estas debieron responder a requerimientos fiscales o a investigaciones previas. “Cómo es que se acaba de dar la reforma y de repente esta gran cantidad de personas que hablan [según la Policía] que la mitad fueron en flagrancia y la otra mitad por órdenes de captura”, preguntó Sierra.
El integrante de Ciprodeh calificó la situación como un “aparente show por mostrar resultados rápidos en materia de seguridad”, con el agravante de que las autoridades están utilizando la tipificación reformada de terrorismo. A partir de ello, planteó otra preocupación respecto al destino de las personas detenidas y las condiciones en que permanecerán recluidas. Advirtió que podría producirse un “despliegue publicitario” similar al de El Salvador, con posibles vulneraciones de derechos, como el corte de cabello y la imposición de uniformes. El Decreto 208-2026, en efecto, establece una vestimenta especial obligatoria para quienes sean sometidos al régimen especial de permanencia, aunque no contempla expresamente el corte de cabello.
De interés:
Las advertencias sobre el uso de esta figura también han sido planteadas desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), que llamó la atención sobre la necesidad de acreditar individualmente la participación de las personas detenidas bajo la figura de asociación terrorista. Ricardo López, delegado adjunto del organismo, señaló que el Estado debe “acreditar fehacientemente” esa participación antes de someter a una persona a un proceso penal bajo esa figura.
Esta crítica también ha sido planteada tanto por expertos nacionales e internacionales, así como los relatores y equipos de trabajo de las Naciones Unidas, que en una comunicación dirigida al gobierno de Honduras expresaron su preocupación por elementos del Decreto 84-2026. Señalaron posibles incompatibilidades con estándares internacionales de derechos humanos, particularmente en materia de legalidad, debido proceso, independencia judicial, vigilancia de las comunicaciones y defensa de los derechos humanos.
López, delegado adjunto del Conadeh, planteó el riesgo de trasladar experiencias de otros países sin escuchar a las poblaciones vulnerabilizadas y sin analizar si responden a la realidad hondureña. “A veces copiar los modelos que se dan en países vecinos no siempre es la respuesta para nuestra situación”, dijo al referirse a El Salvador y a las medidas adoptadas bajo el régimen de excepción.
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