Tegucigalpa, Honduras. – Las organizaciones sindicales del país afiliadas a la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH), contabilizan hasta la fecha unos 15 mil despidos ilegales de trabajadores estatales y unos 500 en contra de dirigentes sindicales. El panorama de indefensión para la clase obrera es tan delicado, que los casos de despidos han sido elevados ante entes internacionales.
El 25 de agosto, la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH), la Federación Sindical Mundial (FSM) y la Red contra la Violencia Antisindical, informaron a través de un comunicado que, el 14 de julio, 14 organizaciones sindicales afectadas de Honduras han presentado reclamos consolidados, ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para solicitar un mecanismo de seguimiento y el acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El objetivo es que conozcan in situ las quejas presentadas para que se investiguen los hechos y se constaten las múltiples violaciones contra las organizaciones sindicales, las negociaciones colectivas y los derechos laborales flagelados en contra de los trabajadores, que actualmente sufren una creciente y sistemática persecución y discriminación antisindical por parte del gobierno de Nasry Asfura Zablah (2026-2030).
Para el 31 de julio el Comité de Libertad Sindical de la OIT, confirmó por recibida dicha solicitud e informó haber contactado al gobierno de Honduras, en el marco de sus competencias y de los procedimientos internacionales aplicables.
La queja formal entregada a la OIT, documenta una serie de violaciones a los derechos laborales y sindicales fundamentales sin precedentes que se han efectuado actualmente en el país, lo cual se refleja, en la llamada, por los trabajadores y sindicatos aquí representados, como una “masacre laboral indiscriminada”, por el despido injustificado de, hasta el 31 de julio, de más de 12 mil empleados públicos y más de 400 dirigentes amparados por el fuero sindical.
“Yo no creo que vayan a tener argumentos válidos ni medios probatorios para para dilucidar lo que nosotros presentamos. Eso es irreal, pensar que el Estado puede justificar lo que ha hecho. Yo, la verdad que no entiendo qué pasa por la cabeza de esta gente, que creen que es su derecho estar sobre los demás. Tarde o temprano el Estado va a pagar esto”, apuntó Flores.
La denuncia de los sindicatos del país ha llegado a la Comisión Interamericana Derechos Humanos, sustentada en que dentro de esos despidos abusivos se ha perjudicado el acceso al Seguro Social de madres en lactancia, mujeres embarazadas, gente con enfermedades crónicas y personas con discapacidad.
El dirigente sindical se siente impotente ante la indiscriminada masacre laboral que lleva a cabo el gobierno actual, sobre todo porque pese a estar bajo la lupa internacional, continúan con sus acciones arbitrarias en contra de la estabilidad laboral que, de por sí, ya enfrenta el país, con el aumento del desempleo y el cierre de múltiples negocios.
Entre la documentación presentada ante los organismos internacionales, existen casos muy delicados de empleados que quedaron en indefensión luego de ser despedidos, por ejemplo, un trabajador con VIH, cuya vida quedó en riesgo porque ahora no podrá continuar con sus tratamientos médicos en el Seguro Social.
“Yo espero que este país no vaya a convulsionar, porque son demasiados los abusos de este gobierno. No sé realmente en qué pueda terminar esto. Al quitarle su seguridad social lo condenan a la muerte, desgraciadamente tendremos compañeros que van a fallecer por lo delicado de su condición de salud”, denunció el líder sindical ante este medio de comunicación.
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EN OCHO MESES DE GOBIERNO DE ASFURA, HAN DESPEDIDO 60% MÁS QUE EN CUATRO AÑOS DE CASTRO
Aunque en la denuncia también incluyen casos de atropellos a los derechos laborales y sindicales desde el 2025, Pablo Flores, apuntó que durante los ocho meses del gobierno de Asfura, estima que se han realizado un 60% más de despidos en comparación con los cuatro años de gobierno de Xiomara Castro (2026-2030). Reconoció que, durante el mandato pasado, aunque también hubo abusos, muchos casos fueron respetados.
Flores adelantó que las quejas que se pondrán a nivel internacional irán en aumento, ya que el sector de Educación y Salud cuenta con múltiples casos que todavía no han sido presentados. Además, unas siete instituciones más se sumarán y las 14 que ya presentaron esos recursos siguen acumulando nuevos despidos arbitrarios todos los días.
A través de una denuncia pública, compartida por la Red contra la Violencia Sindical, la presidenta del Sindicato de Trabajadoras del Programa Ciudad Mujer (Sitradinaprocimu), Katy Núñez, expuso la masacre laboral que ha sufrido la institución que dirige la ministra Welsy Vásquez, en la que, hasta el cinco de septiembre de 2026, han sido despedidas más de 90 mujeres.
“Son madres de familia, madres solteras, en un espacio donde cada día luchamos para empoderar a las mujeres, para que las mujeres mantengan sus derechos. Hemos sido víctimas en nuestra propia casa de una violación tajante contra los derechos fundamentales de las mujeres”, recriminó Núñez.
La OIT registró los casos con los números 3536 y 3493. Mientras que la CIDH respalda las denuncias con base a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador.
La FUTH compartió este 11 de septiembre a Criterio.hn, una convocatoria de carácter urgente para llevar a cabo un plantón de solidaridad y respaldo a las mujeres despedidas de Ciudad Mujer, el cual será el 17 de septiembre, desde las 7:00 de la mañana, frente a las instalaciones de la entidad, ubicada en la colonia Kennedy de Tegucigalpa. Además, habrá un segundo plantón el 28 de septiembre en el Centro Cívico Gubernamental (CCG).
Este día, el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social (Sitrasedesol), anunció el despido de siete empleados fundadores de dicho órgano sindical, quienes formaban parte de la junta directiva y eran amparados por el fuero sindical. Entre ellos, hay una persona con discapacidad. Mencionan patrones de hostigamiento, persecución y vulneración a la libertad sindical. Tanto este sindicato como el de Ciudad Mujer, forman parte de los reclamos interpuestos a la OIT y la CIDH.
Recién cumplido el primer mes de gobierno de Asfura, el 27 de febrero, entró en vigor la sonada y controversial Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, bajo en Decreto No.17-2026, cuyo marco legal se creó para generar despidos masivos de trabajadores públicos, sobre todo, según el mismo gobierno, contra los que pertenezcan al Partido Libertad y Refundación (Libre).
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