El objetivo de desperdir de manera masiva a los empleados afines al partido Libertad y Refundación (Libre) con que se creó la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano se cumple a cabalidad.

Los atropellos a los derechos laborales son parte de la lesiva construcción de esa ley, lo que ha llevado a los trabajadores a denunciar que hasta este 31 de julio todavía no se les ha efectuado su respectivo pago de prestaciones laborales.

Tegucigalpa, Honduras. – En algunos puntos del Distrito Central de fácil visibilidad, como puentes peatonales, en forma de protesta, se han colocado rótulos para exigir al procurador general de la República, Dagoberto Aspra, que dé cuentas de dónde está en dinero para el pago de prestaciones de los trabajadores que han sido despedidos de manera masiva de las diferentes instituciones del Estado.

Con el cambio de gobierno, el pasado 27 de enero de 2026, la mayoría de los trabajadores públicos que iniciaron a laborar en las dependencias estatales, durante el gobierno de Xiomara Castro (2022-2026), estaban conscientes que debido a la inestabilidad política que ocasiona el clientelismo político, serían despedidos en el transcurso del gobierno de Nasry Asfura Zablah (2026-2030).

Recién cumplido el primer mes de gobierno de Asfura, el 27 de febrero, entró en vigencia la sonada y controversial Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, bajo en Decreto No.17-2026, dicho marco legal creó temor por la confusión que desencadenó.

Empleados gubernamentales abordados por Criterio.hn, compartieron que creyeron que, si demandaban por el despido, aun siendo injustificado, los tiempos se alargarían y no lo vieron conveniente, por lo que optaron por solicitar sus prestaciones ante las oficinas de Recursos Humanos de la dependencia en la que laboraron.

La situación de despidos laborales involucra una serie de flagelos a los derechos laborales y el derecho humano al trabajo. Hasta el 30 de junio, la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH) denunció que más de 10 mil trabajadores del sector público han sido despedidos de manera ilegal. También hay casos de colaboradores que han sufrido cancelación de contrato y trasladados arbitrarios a otras instalaciones como una forma de represalia.

De la cantidad de despidos antes mencionados, más de 3,800 corresponden a empleados afiliados a organizaciones sindicales, lo que constituye un ataque directo contra quienes ejercen su derecho a la libre organización y libertad sindical.

Además, se reportan al menos 150 directivos sindicales separados de sus cargos sin importar la protección que les brinda el fuero sindical, una garantía reconocida por el Código del Trabajo y tratados internacionales ratificados por el Estado de Honduras, para quienes se sindicalizan y velan por los derechos de los demás trabajadores.

El FUTH agregó en su denuncia que se han cometido 510 despidos y actos de persecución, incluso contra personas protegidas por la legislación laboral, como personas con discapacidad, trabajadores con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas o en período de lactancia.

En entrevista con Criterio.hn, el abogado laboralista, Fredín Fúnez, apuntó que la ley es lesiva y que su fin no tiene nada que ver con la reactivación ni el desarrollo humano, todo lo contrario, no se puede tener desarrollo con despidos masivos.

Hasta el 28 de julio, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha recibido más de 4 mil demandas, las que no representan esa misma cantidad en despidos porque en varias demandas puede ir los casos de varios trabajadores, es decir, demandas colectivas. Hay abogados que en una sola demanda integran hasta 100 personas y otros por grupos de 10, lo que brinda una dimensión de la gran cantidad de despidos, compartió el abogado.

En su Artículo 9, la ley pretende neutralizar los procedimientos que ya están establecidos en la Ley de Servicio Civil. Por lo que vulneran ese marco legal ya establecido, al autorizar al Poder Ejecutivo y a los ministros de las distintas instituciones para que hagan despidos masivos y, según ellos, hacer eficaz el funcionamiento de la administración pública.

El abogado resaltó que la ley de reactivación económica es temporal, con una duración de dos años para realizar los despidos bajo los términos antes detallados.

Según las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e, incluso, según la jurisprudencia nacional de la Sala Laboral Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, no puede haber cancelación de servidores públicos sin debido proceso. Debe respetarse la carrera administrativa porque con dicha ley se violentaron muchos derechos fundamentales como el derecho a la defensa, el régimen de carrera y la misma estabilidad laboral.

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LA FARSA DEL PAGO DE PRESTACIONES

“Muchos optaron por cobrar las prestaciones porque tuvieron miedo. Yo les diría que es un error y los que estén a tiempo de interponer sus demandas, les aconsejo que lo hagan, porque no les están pagando, es una farsa lo del pago de las prestaciones, solo les están pagando pero a cuenta gotas a las instituciones que fueron suprimidas”, advirtió el abogado.

Entre las instituciones suprimidas están la Red Solidaria, la Secretaría de Planificación Económica, el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, entre otras.

En caso de que el trabajador quiera cobrar sus prestaciones, lo más aconsejable es demandar por reintegro, porque si pasa el tiempo y no cumplen, la demanda seguirá su curso y, al ganarla por fallo judicial, les pagarán también los salarios dejados de percibir.

Recordemos que en Honduras, los principales tipos de demandas contra instituciones centralizadas -como secretarías de Estado- y descentralizadas -como el IHSS o la ENEE-, se tramitan por la vía legal y se dividen en demandas laborales, contencioso-administrativas y civiles. Estas acciones legales son representadas y defendidas por la Procuraduría General de la República (PGR).

En la ley de reactivación económica, el Artículo 5 establece que el papel de la PGR, es actuar como la entidad facultada para gestionar conciliaciones judiciales, transacciones y arbitrajes para resolver litigios del Estado. La molestia de los extrabajadores gubernamentales despedidos surge porque la normativa facilita recortes de personal, condiciona o aplaza el pago de prestaciones e indemnizaciones según la disponibilidad presupuestaria, y suspende ciertas protecciones de la Ley de Servicio Civil.

Fredín Fúnez explicó que, en la parte de las conciliaciones, para todos los juicios que tipifica la ley de reactivación económica, es solamente para beneficiar a ciertas personas, como a quienes demandaron al Estado y pertenecen al Partido Nacional y son de alto perfil, como el director de la Administración Aduanera de Honduras (Aduanas), Marco Tulio Abadie, quien ni quiera había tenido su primera audiencia en el Juzgado del Trabajo y le conciliaron su demanda y lo elevaron al máximo cargo. Mismo caso sucedió con la ministra de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, Sulmy Ortez.

Lo anterior no sorprende, de hecho, cuando se aprobó la ley, el diputado del Partido Nacional, Jack Uriarte, sentenció que el objetivo era correr a todos los empleados de Libre.

De igual forma, en junio, la designada presidencial, María Antonieta Mejía, advirtió a todos los ministros estaban autorizados y que ya era el momento para despedir a los últimos empleados del mandato anterior [de Xiomara Castro] que quedaban en las instituciones, como fecha límite, finales de junio a inicios de julio. Misma advertencia hizo Fernando Anduray, comisionado presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), quien señaló que los ministros se estaban tardando en llevar a cabo los despidos contra empleados afines a Libre, que según él están boicoteando el gobierno de Asfura.

Tras esas observaciones, el abogado apuntó que con la ley se propició una masacre laboral jamás antes vista en la administración pública debido a los marcados atropellos que existen. Compartió que la mayoría de los despidos se han efectuado durante este mes de julio.

Criterio.hn conversó con exempleados del Instituto de la Propiedad (IP), de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y de otras entidades gubernamentales para conocer la situación de pago de sus prestaciones. La mayoría afirmó presentar problemas y que se les han dado largas cada vez que solicitan ser atendidos por los encargados del área laboral o de Recursos Humanos, además, otros denunciaron que ese trámite se está haciendo con letargo.

Solo un caso de los consultados, manifestó haber recibido ya sus prestaciones, pero esta persona admitió que recibió ayuda de personal que ya conocía y que siguen laborando con el gobierno actual.

A través de medios de comunicación se ha dado a conocer también denuncias de exempleados de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) que han protestado porque hasta finales de julio, todavía siguen en espera de recibir su pago de prestaciones.

A finales de junio, exempleados de la PGR interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público en contra del procurador general, Dagoberto Aspra, por retención ilegal de prestaciones laborales, discriminación y abuso de autoridad.

El manual de despidos que acompaña a la ley de reactivación económica fue elaborado conjuntamente por la PGR y la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) de Honduras. La iniciativa técnica y legal fue liderada Dagoberto Aspra, quien coordinó los equipos jurídicos de ambas instituciones del Estado.

Así como el abogado consultado por Criterio.hn, como otros especialistas en derecho laboral, coinciden que la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano no está por encima del Código del Trabajo, las leyes constitucionales ni de los contratos colectivos.

En conclusión, si el pago de prestaciones no se ha efectuado es porque no hay voluntad. Este gobierno es enemigo de los trabajadores, al grado que si realmente quisieran pagar las prestaciones al mismo tiempo en que entregan la notificación de despido, podrían hacerlo. Pero, al no ser esa la intención, los trabajadores jamás deberían confiarse, añadió el abogado Fredín Fúnez.