Tegucigalpa, Honduras. – Aunque el Estado hondureño ha incrementado en los últimos años los recursos destinados al Sistema Nacional de Protección, defensores de derechos humanos y del territorio beneficiarios del mecanismo cuestionan que ese aumento presupuestario no se traduzca en medidas oportunas, eficaces y acordes con los riesgos que enfrentan por su labor en la protección de los bienes comunes y los recursos naturales.
Criterio.hn solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) el número de personas amparadas en el Mecanismo de Protección, el cual registró hasta julio de 2026, 1,591 personas.
De esta cifra 1,383 son defensoras y defensores de derechos humanos, 43 periodistas, 87 comunicadores sociales y 78 operadores de justicia. De los cuales: 987 son hombres, 573 mujeres y 31 personas no binarias.
La Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, aprobada mediante el Decreto 34-2015, establece que las personas beneficiarias pueden recibir medidas preventivas, reactivas, urgentes y psicosociales.
El catálogo legal contempla desde evacuaciones, reubicaciones temporales y escoltas hasta protección de inmuebles, equipos de comunicación, cámaras, vehículos blindados y otras medidas que resulten necesarias.
Sin embargo, quienes reciben estas medidas aseguran que, en la práctica, la protección suele reducirse a mecanismos de reacción que no modifican las condiciones que originan las amenazas y tampoco se investiga de donde provienen las agresiones, campañas de odio e intimidación contra defensores de derechos humanos y del medio ambiente.
LIMITACIÓN PRESUPUESTARIA
Los datos presupuestarios muestran que los recursos destinados al programa de Protección de los Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) han aumentado respecto de años anteriores.
Criterio.hn revisó los informes de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestarias de esa dependencia en el que indicó que para el Mecanismo de Protección se destinaron 136,652,620.00 de lempiras entre 2022 y 2025.
En 2022 se asignaron 22.1 millones de lempiras; mientras que para 2023 se destinaron 35.1 millones de lempiras y en 2024 fueron 34.5 millones. Para 2025, el programa recibió una asignación de 44.8 millones de lempiras, destinada a acciones preventivas, atención y protección de personas desplazadas internamente por la violencia y protección de defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia.
Sin embrago, las y los defensores consultados, señalaron que el problema no puede medirse únicamente por cuánto dinero se asigna al mecanismo. La discusión, sostienen, está en cómo se utilizan esos recursos y si las medidas realmente reducen el riesgo.
Al respecto, el integrante de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), Christopher Castillo, consideró que las falencias del mecanismo no se explican exclusivamente por la falta de presupuesto.
A su juicio, existe un problema estructural relacionado con la dependencia institucional, la capacidad técnica y administrativa y la forma en que el Estado entiende la seguridad.
Castillo señala que el mecanismo nació como resultado de una demanda de organizaciones de derechos humanos, pero que posteriormente enfrentó un bajo respaldo presupuestario y una dependencia técnica de la SEDH.
En una conversación con este medio el defensor, quien ha sido objeto de campañas de desinformación, agresiones y amenazas, indicó que esta situación ha contribuido a que el mecanismo continúe siendo percibido con desconfianza por quienes deberían beneficiarse de él.
También cuestiona que algunas medidas aprobadas no requieren necesariamente recursos económicos y, aun así, no se ejecutan. La respuesta que, según relata, reciben las organizaciones es que existe una sobrecarga de trabajo.
Para Miriam Miranda, coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y beneficiaria del mecanismo, la protección estatal no debería limitarse a pagar vehículos blindados o asignar agentes de seguridad estatal (policías y militares).
Miranda quien sostiene que el Estado debe intervenir sobre las condiciones que generan las amenazas y no limitarse a proteger individualmente a quien ya está en riesgo.
A su juicio, si una persona enfrenta amenazas por defender su territorio, el mecanismo debería contribuir a cambiar las condiciones que originan el peligro, investigar las agresiones y garantizar que las denuncias tengan consecuencias penales contra quienes atentan contra la integridad física y emocional de los defensores.
Otro de los cuestionamientos o falencias denunciadas por los entrevistados es la distancia entre las medidas contempladas en la ley y las que reciben en la práctica.
Juana Esquivel, integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCPT), afirmó que para muchas personas defensoras las medidas se reducen a un número telefónico de un agente policial y un carné.
Esquivel cuestionó que “las medidas que el Estado ofrece son medidas inexistentes”, de igual manera indicó que, ante una emergencia, el contacto policial asignado no siempre está disponible o responde.
Cuando la situación se considera extrema, agrega, puede llegar a ofrecerse acompañamiento policial, pero bajo condiciones que trasladan parte del costo a la persona defensora, quien tendría que asumir la alimentación y alojamiento del agente, esta versión fue secundada por la lideresa garífuna Miriam Miranda.
Para Esquivel, esta situación evidencia una contradicción entre el reconocimiento formal del riesgo y la capacidad real del Estado para responder ante situaciones de peligro para los defensores, especialmente en Honduras considerado como uno países más peligrosos para la defensa del territorio, recursos naturales y derechos humanos.
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EL TERRITORIO COMO FACTOR DE RIESGO
Los defensores consultados coinciden en que quienes defienden tierra, territorio y recursos naturales enfrentan riesgos particulares vinculados con conflictos territoriales, proyectos extractivos y disputas donde intervienen actores con poder económico y político, e incluso el crimen organizado.
Miriam Miranda, coordinadora de Ofraneh, explicó que la protección debe partir de una comprensión colectiva del riesgo. En su caso, explica, la amenaza no está relacionada únicamente con su persona, sino con la defensa de un pueblo y de un territorio.
“No es porque me hallaron por allá o que yo dije: ‘Vine yo a decir, miren, protéjanme’. No, es porque hay un proceso y un movimiento. Entonces, la cuestión es colectiva”, afirmó la lideresa garífuna quien ha sido víctima de varios atentados a lo largo de los años por su constate lucha por la defensa de los territorios ancestrales del pueblo garífuna.
Ese enfoque, según los defensores, no siempre es incorporado en las evaluaciones de riesgo ni en el diseño de las medidas.
Juana Esquivel, defensora del territorio, consideró que el procedimiento puede volverse especialmente lento cuando ya existen medidas cautelares otorgadas por organismos internacionales.
Desde su experiencia como beneficiaria del Mecanismo de Protección y la defensa de los bienes comunes, relató que integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCPT) recibieron medidas cautelares en 2023 y que el Estado realizó el contacto para efectuar un análisis de riesgo hasta meses después, sin que las medidas de protección llegaran oportunamente.
“Debería ser un mecanismo ágil, rápido y eficiente y además debe de contar con los recursos necesarios para salvaguardar la vida de las personas que defendemos los territorios”, planteó la defensora, Juana Esquivel. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn
EL PROBLEMA NO TERMINA CON UNA MEDIDA APROBADA
Los testimonios de las y los defensores consultados por Criterio.hn apuntan a otro problema: la diferencia entre aprobar una medida y ejecutarla de manera efectiva.
En ese caso los defensores explicaron que, una política pública de protección no debería limitarse a reaccionar cuando una amenaza ya se concretó. Debe incorporar investigación de las agresiones, seguimiento permanente, protección colectiva y acciones para modificar las condiciones que generan el riesgo.
Miriam Miranda, lideresa garífuna, cuestionó que, pese a las denuncias y ataques sufridos por defensores, las investigaciones no avancen con la misma rapidez con la que se realizan las evaluaciones de riesgo.
En su opinión, cuando el Estado conoce el origen de las amenazas y no actúa sobre quienes las generan, la protección puede terminar siendo insuficiente e incluso aumentar la vulnerabilidad de las personas beneficiarias.
Por su parte, el defensor Christopher Castillo advirtió que el desgaste producido por las respuestas tardías genera un efecto que termina favoreciendo al propio Estado: las organizaciones dejan de recurrir al mecanismo porque desconfían de su funcionamiento y, posteriormente, esa disminución de solicitudes puede presentarse como una reducción de los incidentes.
El debate, por tanto, no se limita a cuánto dinero destina el Estado a proteger a defensores, periodistas y operadores de justicia. La pregunta central es ¿qué resultados producen esos recursos?
Porque mientras el presupuesto del programa de Protección de los Derechos Humanos pasó de 22.1 millones de lempiras en 2022 a 35.1 millones en 2026, los beneficiarios continúan describiendo un sistema en el que una llamada telefónica puede ser presentada como protección frente a amenazas que, en algunos territorios, involucran conflictos por la tierra, intereses económicos y agresiones que ya han terminado en asesinatos.
Para los defensores consultados, la verdadera medida de la política pública no debería ser cuánto se presupuestó ni cuántas medidas se aprobaron, sino si esas medidas consiguen que una persona amenazada pueda seguir defendiendo su territorio y sus derechos sin que su vida quede en riesgo.
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