Marta María Saire, es una mujer hondureña que vive con una discapacidad mental producto de una lesión cerebral, en dos ocasiones, cuando era apenas una niña fue víctima de abuso sexual, mientras estaba bajo la tutela del Estado de Honduras.
Actualmente vive en un hogar para personas sin hogar con discapacidad y el Estado sigue siendo incapaz de cumplir con sus cuidados básicos, pese a ser un caso emblemático con una solucion amistosa emitida por la comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH.
Tegucigalpa, Honduras. – El caso de Marta María Saire Vs. Honduras, es la radiografía del abandono del Estado hacia las personas con discapacidad, siendo un caso emblemático que cuenta con una solución amistosa emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la joven apenas sobrevive con fondos intermitentes y vacíos estructurales que no permiten el cumplimento integral de los derechos d niñez en orfandad con alguna discapacidad.
Marta María Saire, es una mujer hondureña que vive con una discapacidad mental producto de una lesión cerebral. En 1994, cuando tenía 11 años y se encontraba en un centro de orientación juvenil bajo el cuidado del Estado, fue víctima de violación sexual por parte de dos custodios que pertenecían al Ejército de Honduras. Los responsables fueron condenados años después a seis años de prisión.
Los custodios pertenecían al Agrupamiento Táctico Especial del Ejército de Honduras y habían sido asignados como guardias en el Hogar de Orientación Juvenil de Támara, lugar al que fue acogida debido a la situación de calle en que inicialmente se encontraba en San Pedro Sula, Cortés.
Luego, en 2012 cuando Martha estaba bajo la tutela del Estado en el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, sufrió una segunda violación sexual por parte de un visitante, quien fue posteriormente condenado a 12 años de cárcel. Desde el 2017, Marta, quien ya es una mujer, reside en la Fundación Hogar Los Ángeles, en el municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán.
Es oportuno mencionar que, en la década de los 70, nació Aldeas SOS con el objetivo de brindar atención de calidad a niños en riesgo social o en situación de orfandad. Algunos de los que se integraron al lugar padecían discapacidad intelectual y a veces también física, a todos se les recibió y se les brindó educación, alimentación, salud y protección.
Con el propósito de asegurar sus cuidados de acuerdo a sus necesidades, desarrollar sus habilidades, fomentar su autonomía y promover su inclusión social, esos niños fueron reasignados a las instalaciones de Aldeas SOS en Valle de Ángeles. Eventualmente llegaron a la adolescencia y la adultez, lo que traería nuevos retos y dificultades, debido a que el donante que sostenía el centro decidió retirarse por tratarse de una población de adultos con limitaciones especiales, que representaban mayores responsabilidades.
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CASO MARTA SAIRE VS. HONDURAS
En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunicó su decisión de aprobar y publicar el Informe de Solución Amistosa No. 204/21 del caso 11.545 de Marta María Saire de Honduras, que se suscribió el 30 de junio de 2003, entre el Estado de Honduras, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Casa Alianza, las organizaciones peticionarias.
El caso se refiere a la violación de los derechos humanos a la integridad personal, a las garantías judiciales, a los derechos de la niñez y a la protección judicial, respaldados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando Marta tenía 11 años.
La petición presentada ante la CIDH en 1995, denunció que Marta Saire era una niña con una discapacidad mental. Pese a esto, fue víctima de una violación sexual por parte de dos custodios del Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS).
Para el 30 de junio de 2003, se suscribió un acuerdo de solución amistosa, en el cual el Estado hondureño reconoció su responsabilidad internacional por las vulneraciones a los derechos a la integridad personal y derechos de la niñez en perjuicio de Marta Saire.
De esa forma, el Estado debió cumplir con otorgar un certificado de nacimiento a Marta Saire, imponer condenas a los responsables, mantener el personal necesario para la atención y cuidado de Marta. Asimismo, adoptar medidas de rehabilitación médica, psicológica, social y de reinserción social progresiva.
Posteriormente, el 26 de marzo de 2021, las partes suscribieron un acta de entendimiento para ajustar el acuerdo de solución amistosa a los estándares actualizados sobre la protección de los derechos de las personas que viven con discapacidad, en la cual acordaron la creación de un Plan Integral de Apoyo, con la participación activa de Marta para garantizar su autonomía en la toma de las decisiones que la afecten, a la luz de los principios de respeto a la dignidad, autonomía, independencia, autodeterminación e inclusión social.
El plan en mención contempla la creación del Comité de Acompañamiento para monitorear la implementación de la atención integral, al igual que la realización de una evaluación de salud mental, la generación del plan de desarrollo de capacidades y la creación de un dispositivo de apoyo con su participación
No obstante, el caso llegó a un Proceso de Solución Amistosa (ASA) a través de la CIDH, pero la situación actual es el incumplimiento de parte de Estado de Honduras, el hogar donde está viviendo Marta tiene una situación económica muy difícil.
El abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Luis David Aldana, compartió a Criterio.hn que el último estipendió entregado fue de L 24, 322, en diciembre de 2025. Aunque esa cantidad aún no es suficiente para las 80 niñas y niños en situación de orfandad que viven en el recinto, pero ayuda un poco a pagar algunos gastos como los servicios públicos.
Estas personas que además de ser huérfanos tienen alguna discapacidad, no han tenido una asignación presupuestaria constante, lo que los obliga a medio sobrevivir.
El recinto ha llegado a soportar incluso cuatro años de atraso de salarios para los trabajadores. Necesitaban 18 cuidadores y solo contaban con 10. Anteriormente se hacían asignaciones anuales al hogar, pero dependía de la voluntad política del gobierno de turno, sin contar con una asignación fija, pese a que se reciben niñas y niños en orfandad que son remitidos por otras instituciones estatales.
Recientemente se volvió a retomar la entrega de los fondos de enero, febrero y marzo, y se desembolsarán los meses pendientes en las próximas semanas, según lo informado a la directora de Fundación Hogar Los Ángeles, Karen Rosales.
Hace un año, durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro (2022-2026), se hizo un acuerdo para la transferencia de un monto para hacer los pagos de los trabajadores, servicios básicos públicos y salud.
Sin embargo, solo se desembolsó al menos el 30% del dinero presupuestado y el otro 70% se perdió básicamente en temas burocráticos. Supuestamente por el cambio de gobierno no se contaba con algunas firmas y que no se podía continuar con la entrega de los fondos que hacían falta.
“Nos preocupa la falta del apoyo presupuestario constante”, señaló Luis Aldana. Además, compartió que hubo conversaciones con la ministra de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Fátima Juárez y el presidente Nasry Asfura Zablah (2026-2030), sin embargo, nunca se llega a concretar la entrega de los fondos a partir de un presupuesto estable.
“Se necesitaría una ley en el Congreso que les puedan permitir un trabajo estable alrededor de la ejecución del presupuesto de cada gobierno, la directora quiere impulsar una conversación para apoyar a las personas huérfanas para lograr un sustento económico adecuado”, apuntó Luis Aldana.
Hasta ahora, el Estado sigue remitiendo niños huérfanos al hogar y las condiciones económicas son deplorables. Algunas otras medidas que no se han cumplido por parte del Estado porque hace falta voluntad política, como se la capacitación de funcionarios en materia de discapacidad.
