Ley Agroindustrial, las ZEDE y la “cisjordanización de América Latina”

Tegucigalpa, Honduras. – En el marco de las exigencias y compromisos planteados por la Delegación Internacional de Solidaridad con el Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna, Marco von Borstel, de la organización Otros Mundos Chiapas, advirtió sobre los alcances de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería, Pequeños Productores Agrícolas, particularmente por sus implicaciones para el régimen de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). 

“Tenemos muchos tentáculos de esta ley, de esta privatización y desocupación” dijo von Borstel ante la interrogante planteada por Criterio.hn sobre las implicaciones de la ejecución de esta normativa para la población garífuna, indígena y campesina en Honduras. 

“Minería, represas, palma de aceite, todo el tema de la agroindustria, todo el turismo y lo que eran las ciudades modelos, transformadas en ZEDE, que son pequeños cotos donde se le retira la potestad al Estado hondureño del territorio concreto de Honduras, donde los hondureños ni siquiera pueden entrar. Es la cisjordinización de América Latina”, planteó. 

Aprobada el 3 de junio como la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, fue modificada en violación a la normativa parlamentaria el 8 de junio, mediante reconsideración para ampliar su alcance al sector energético y proyectos turísticos. Posteriormente, fue publicada en el diario oficial La Gaceta como Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería, Pequeños Productores Agrícolas (Decreto 107-2026).

La ley no integra a las ZEDE directamente entre las actividades declaradas de prioridad nacional. Sin embargo, algunas de las ZEDE que operan en Honduras desarrollan actividades que coinciden con los sectores contemplados en la nueva normativa. 

ZEDE Orquídea, ubicada en San Marcos de Colón, Choluteca, en el sur de Honduras, está enfocada en la producción agroindustrial, mientras que Próspera en Roatán, Islas de la Bahía, si bien se vende como un “centro de innovación de alta tecnología”, promociona las aguas turquesas del Caribe hondureño como atractivo turístico a posibles residentes e inversores.

Conoce más: Corte Suprema de Justicia declara inconstitucionales, desde su origen, las ZEDE 

En este contexto, von Borstel planteó que la ley forma parte de una dinámica más amplia de expansión del modelo de las ZEDE. Las describió como espacios dentro del territorio hondureño en los que, según su análisis, se limita la intervención del Estado y la supervisión externa. Advirtió además que este modelo podría extenderse por América Latina, proceso que denominó la “cisjordanización de América Latina”

“Justamente en Cisjordania lo que hicieron fue empezar a ocupar pequeños espacios, pequeños cotos donde se situaban los sionistas y empezaban a desplazar a la población palestina, hasta dejar a la población palestina en su propio territorio fragmentada. Creemos que hacia eso está apuntando esta ley, porque hay que recordar que no solo es una Ley Agroindustrial, sino que implica turismo, minería, y varios otros aspectos económicos que son considerados de prioridad nacional y entonces los derechos humanos quedan por debajo de los intereses económicos de las corporaciones internacionales” señaló von Borstel. 

Un proyecto similar a las ZEDE en Honduras se desarrolla en Venezuela, en la Isla de Margarita, donde CryptoCity se presentó inicialmente como una comunidad privada de 13 hectáreas para empresarios e inversores, pero posteriormente amplió su proyección a 40 hectáreas. El proyecto plantea un modelo de gobernanza basado en una organización autónoma descentralizada (DAO) y forma parte de Free Cities Foundation, el mismo ecosistema que incluye a Próspera entre sus proyectos. 

ZEDE CONTINÚAN OPERANDO Y EXPANDIÉNDOSE PESE A INCONSTITUCIONALIDAD

El andamiaje legal de las ZEDE fue declarado inconstitucional de origen mediante un fallo del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en septiembre de 2024. El Congreso Nacional había derogado previamente la Ley Orgánica de las ZEDE por unanimidad de votos el 21 de abril de 2022. Sin embargo, las ZEDE continuaron operando.

Mientras Próspera sostiene que sus inversiones están protegidas por tratados internacionales y garantías de estabilidad jurídica, la doctora en Derecho Constitucional y exfiscal para la defensa de la Constitución, Georgina Sierra Carvajal, cuestiona este argumento y manifiesta que esos instrumentos no pueden proteger derechos derivados de actos, según su análisis, que carecen de validez constitucional.

Pese a esta disputa jurídica, Próspera continúa expandiendo su presencia territorial en Roatán. En mayo de 2026, la Comisión Permanente del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP) aprobó la incorporación de al menos doce nuevos inmuebles al régimen especial, con una extensión de 737,870.85 metros cuadrados. Con estas nuevas incorporaciones, el territorio bajo el régimen de la ZEDE supera los 3.2 millones de metros cuadrados, cerca del 4% de la superficie total de la isla. 

La continuidad de Próspera también quedó expuesta el 15 de septiembre, cuando anunció el nombramiento del abogado Alberto Hernández Franks como fiscal civil, pese al fallo de la CSJ. Inversionistas de Próspera mantienen además una demanda contra el Estado de Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), inicialmente por 10,775 millones de dólares, monto que posteriormente fue reducido a 1,630 millones de dólares. 

Von Borstel planteó que la expansión de estos proyectos constituye una “dinámica de expropiación de los territorios ancestrales”, particularmente frente a la propiedad colectiva de la tierra, que, según explicó, representa una herencia que los pueblos deben proteger y preservar para las siguientes generaciones.