Tegucigalpa, Honduras. – “¿Qué exige el Aguán?, ¡Justicia para Juan!”, gritaban juntos en un plantón, organizaciones campesinas con el apoyo de integrantes garífunas del campamento “Viva Berta”, mientras se desarrollaba la audiencia inicial contra el requerido, Lenir Pérez, representante legal de las empresas Inversiones Los Pinares y Ecotek, en horas de la mañana de este 17 de septiembre de 2026, en la sala III del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en Tegucigalpa.
En paralelo, había un grupo pequeño de personas frente al plantón que apoyaba a Lenir Pérez y que estaban a favor del trabajo minero. Los manifestantes apuntaban que lamentablemente existe división, porque hay personas que se aprovechan de la pobreza y el desempleo, para convencer a unos pocos pobladores que han trabajado para empresas mineras y de explotación de los recursos naturales.
Dentro del edificio se llevaba a cabo la audiencia de presentación de pruebas,en la que, Edy Tábora, abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, presentó documentación probatoria, sobre las operaciones ilegales de la Empresa Los Pinares, cuyo gerente general y presidente del Consejo de Administración es el acusado Lenir Alexander Pérez Solís, quien en contubernio con el Estado, desde 2013 al 2022, implementó un proyecto que ha dejado graves daños ambientales al Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”.
Lo hechos han sido calificados por el Ministerio Público como un delito de explotación ilegal de recursos naturales, mineros forestales, establecido en el artículo 325 del Código Penal y el delito de daños agravados, según el artículo 381 y 382 del Código Penal.
El Ministerio Público presentó varias pruebas documentales y peritajes importantes a nivel científico, para establecer el desarrollo de actividades ilegales y destructivas en contra del medio ambiente, como ser, la construcción de una carretera, un botadero de estériles de materiales que sacaban de la minería de la concesión ASP a ASP2, permisos para corte de árboles, todo sin contar con los requisitos de operación ni licencia ambiental.
La audiencia inicial celebrada hoy, se reprogramó en varias ocasiones, desde enero de 2026, desde que se llevó a cabo la audiencia de declaración de imputado. El desarrollo de la audiencia se sostuvo por alrededor de unas tres horas, luego el juez decidió suspenderla y agendarla para el uno de octubre de 2026 a las 9:00 de la mañana, en el Tribuna de Sentencia, del edificio del Poder Judicial.
En el transcurso, la defensa, la cual, ahora ostenta el abogado Walter Ramírez, presentó medios de prueba testificales y documentales que serán evacuados en la próxima audiencia. Lenir Pérez, mantiene cercanía con varias figuras del actual gobierno, sobre todo, con el exgobernante e indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Juan Orlando Hernández (2014 a 2018) y (2018 a 2021).
Se logró probar afectaciones y se están incorporando medios de prueba para discutir en la próxima sesión de la audiencia, en la cual se establecerán afectaciones a las cuencas hidrográficas, el amplio daño al bosque latifoliado y al ecosistema fluvial del Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”, ubicado en la región norte y oriental de Honduras, extendiéndose entre los departamentos de Colón, Olancho y Yoro.
Tábora, manifestó que se adhieren a la ratificación del Ministerio Público, con la que dio inicio la audiencia inicial, luego del requerimiento fiscal que anunciaron a través de un comunicado, el 23 de septiembre de 2024, contra Lenir Pérez, por los delitos de explotación ilegal de los recursos naturales, mineros, forestales agravados, según el artículo 325 y el delito de daños agravados, según al artículo 381 y 382 del Código Penal de Honduras, en perjuicio del Estado de Honduras y del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón.
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PRESENTACIÓN DE CARGA PROBATORIA
Entre los medios de prueba, presentados por el abogado Edy Tábora durante la audiencia inicial, resaltan: una copia simple de expediente de copia separada PS-DAC-2021 Tomo II, entre los folios 191 al 334, con especial relevancia en el informe técnico anual de actividades realizadas en el 2020, presentado por la empresa Los Pinares de diciembre de 2020, el cual está en el folio 191 al 227 del documento.
El escrito detalla que el botadero de estériles que había sido autorizado para desarrollarse en la concesión ASP se desarrollaría en la concesión ASP2. Asimismo, enfatizó en el Dictamen UMG-595-IF, del 17 de agosto de 2021, elaborado por Astrid Herrera, inspectora de la Unidad de Minas y Geología, establecido en el folio 229 al 238.
Además, un Acta de Inspección del 17 de marzo de 2021, con firma de Astrid Herrera, Libny Gómez, Elisa Rivas, inspectores del Instituto Hondureño de y Geología y Minas (Inhgeomin) y Fernando Manases Padilla, superintendente de Medio Ambiente de la empresa Los Pinares, según los folios 239 al 243 del expediente presentado por Tábora.
En esos informes y en la Acta de Inspección se detalla que se realizó acta de inspección de campo, el 17 de marzo de 2021, por parte de las Unidades de Minas y Geología, Ambiente y Seguridad y Desarrollo Social de Inhgeomin. Con el objetivo de revisar la declaración anual consolidada, correspondiente al 2020.
En dicha inspección se establecieron los hallazgos de: movimiento de tierra proveniente de la Concesión ASP hacia ASP2, en la que se determinaron trabajos de apertura de carretera y descapote, construcción de botadero de estériles de material orgánico, correspondientes a actividades de explotación sin contar con la respectiva licencia ambiental. En esos informes se recomendó no realizar ningún tipo de actividad mientras Inhgeomin no lo autorizara.
Se presentaron ocho documentos emitidos por el Instituto Hondureño de Geología y Minas, relacionados con la Concesión Minera ASP, según el expediente 543. El primero correspondiente a un contrato de derecho minero del 28 de enero de 2014, suscrito en Inhgeomin, representado entonces por el director ejecutivo, Aldo Francisco Sosa Santos y Lenir Pérez, en su condición de gerente de la empresa Los Pinares, mediante la cual Inhgeomin confirió a la contratista el derecho exclusivo para explorar y explotar la zona denominada ASP, conforme a la resolución 08-01-2014, por un plazo de 10 años conforme a la Ley General de Minería.
Los documentos originales en mención, se encuentran en el expediente 543, Tomo I, Folio 143 al 148. Además, el segundo documento, es un memorándum del 20 de septiembre de 2021 y un Informe Técnico de Inspección de Campo de Inhgeomin del 10 de septiembre de 2021.
De ellos, 12 pasaron por prisión preventiva, mientras Lenir Pérez, con orden de captura y una alerta migratoria en su contra, se mantuvo en condición de prófugo, medidas que pidió a través de sus abogados a un juez que se le retiraran, al asegurar que se presentaría de manera voluntaria, lo cual ha permitido que Lenir Pérez se mantenga en libertad, incluso puede salir del país y en una de tantas oportunidades no regresar, apuntó la abogada.
Al no presentarse “de manera voluntaria”, como aseguró Pérez, la audiencia se reprogramó dos veces. Ocho meses después de esperar que se presentara, desde enero de 2026 y luego en marzo de 2026, inició la audiencia este 17 de septiembre de 2026, sin su presencia, únicamente la de su representante legal, Walter Ramírez.
“Los representantes legales de las comunidades y del comité presentan los medios de pruebas de los daños ambientales severos, graves, causados en una zona protegida, mediante la explotación ilegal que tuvo Pinares Ecotek por más de 10 años, con el consentimiento de las autoridades. Y eso fue algo que Juan denunció con el comité desde el año 2013”, resaltó Rita Romero.
Lo mínimo que espera el comité y las comunidades cuando se retome la audiencia, es que el juez dicte auto de formal procesamiento y Pérez sea enviado a juicio oral y público, el cual derive en una sentencia condenatoria. Pero lo más importante, apuntó, es el resarcimiento de daños, aunque muchos son reversibles y, sobre todo, las vidas arrebatadas por la defensoría ambiental no se van a reparar.
En contraste, el empresario Lenir Pérez, acusado por la supuesta comisión del delito de explotación ilegal de recursos naturales y daños ambientales en el Parque Nacional Carlos Escaleras, se defiende en libertad tras ofrecer una caución de arraigo por tres millones de lempiras y una vivienda valorada en más de cinco millones, lo que el comité señala como “algo jamás visto”, porque goza de medidas cautelares distintas a la prisión, gracias a un juez que tampoco impuso la medida cautelar de prohibición de salir del país.
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LOS HECHOS CONTADOS DURANTE LA AUDENCIA
El abogado Edy Tábora, narró que, en el corazón del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, un área protegida, declarada por Decreto Legislativo 127-2012, se ejecuta desde el año 2013, un proyecto minero energético de extracción de óxido de hierro que ha intervenido 115.93 hectáreas, de las cuales 58.70%, se encuentra dentro del área protegida, incluido 0.98 hectáreas de la zona núcleo intocable.
Entre ellas un tramo carretero de 335.68 metros, una alcantarilla de tubería de 40 pulgadas con cabezal sementado en contravención con el plan de manejo del área protegida y con el artículo 123 de la Ley Forestal.
El proyecto ha afectado 16 causes naturales de agua, ha intervenido 36.02 hectáreas dentro de franjas de protección hídrica, ha ocasionado la eliminación ilegal de al menos 11.3 hectáreas bosque latifoliado húmedo y ha comprometido la calidad y disponibilidad del recurso hídrico de varias comunidades del sector.
Este mega proyecto se ha desarrollado sin la cobertura administrativa legitima y con los peritos oficiales del Ministerio Público, se acreditará que tanto la licencia ambiental 014-2014, renovación 02-2020 no autorizaron el paso ni ubicación del paso de trituración del botadero de estériles ni de la carretera construida.
La concesión ASP2 fue autorizada únicamente para fase de exploración y las 11 autorizaciones forestales conocidas como planes de salvamento del ICF presentan vicios sistemáticos individualizados en el dictamen técnico y que las siete autorizaciones municipales también de plan de salvamento fueron emitidas por autoridades sin competencia territorial ni material.
Se acreditó que dichas actividades han sido ejecutadas por una cadena empresarial única, con distintas denominaciones sucesivas. Inicialmente Emco Minería S.A. de C.V. en el 2011, luego Emco Mining Company S.A. de C.V. y después Inversiones Los Pinares S.A. de C.V., como una sola empresa con distintas denominaciones sociales, integrada además por Inversiones Ecotek S.A. de C.V., que es la planta peletizadora, cuya propietaria con acciones mayoritarias es la empresa Inversiones Los Pinares y la planta eléctrica “Tocoa Energy”.
Durante todo ese periodo desde el 23 de agosto del 2011 hasta el 13 de mayo de 2011, Lenir Pérez fue representante legal, presidente del Consejo de Administración y, desde el 2011, hasta la fecha, socio mayoritario del grupo empresarial.
Los hechos más graves, leyó Tábora, son la apertura y ejecución del botadero de estériles, la Concesión ASP2, el depósito masivo de material estéril fuera del área concesionada, los dos derrumbes que provocaron la pérdida adicional de 6.90 hectáreas de bosque y la apertura del patio de trituración fuera de toda concesión al margen de los ríos San Pedro, lo que está satelitalmente documentado como ejecutados bajo la representación legal directa de Lenir Pérez.
En la audiencia de este día estuvieron presentes, representante de la Fiscalía, de la Procuraduría General de la República (PGR), defensores de derechos humanos y ambientales, observadores nacionales e internacionales y público en general, lo que incluye a pobladores que viajaron más de ocho horas desde distintas comunidades de Tocoa, Colón, en condiciones calamitosas, con la misión de que no se vaya a trastocar la persecución del delito que han mantenido por diez años, de la cual la institucionalidad no les dio crédito.
Sin embargo, mientras acontece este escenario, en paralelo los defensores siguen siendo criminalizados, hace unas horas un grupo de policías y militares llegaron a Cayos Cochinos, Islas de la Bahía, para ejecutar un desalojo armado y violento contra la comunidad garífuna que está en contra de la destrucción de la zona, que se utiliza como el área de juegos del reality show de España llamado “Supervivientes”. Dichas acciones van en contra de la consulta previa, libre e informada, respaldada por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a beneficio de los garífunas.
La audiencia inicial contra Lenir Pérez puede verse en vivo desde la página de Facebook del Poder Judicial.
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