Tegucigalpa, Honduras. – Tras 17 días del establecimiento del campamento del pueblo garífuna frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir el cese de la criminalización de cinco defensores del territorio de San Juan en Tela, consejos indígenas lencas, representados en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) se sumaron este jueves a la demanda.
Berta Zúniga, coordinadora general del Copinh, señaló que la lucha del pueblo garífuna frente a procesos judiciales contra personas defensoras del territorio es similar a las que enfrentan en otras comunidades indígenas y campesinas. También es “un ejercicio de demostración de fuerza contra un sistema que es parcial, que está defendiendo intereses empresariales y que está promoviendo la criminalización a los pueblos que reivindicamos nuestro derecho a poseer nuestro territorio ancestral”, señaló.
Otras exigencias del pueblo garífuna y la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) es el cumplimiento de cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la derogación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas.
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La normativa es cuestionada por favorecer intereses empresariales en detrimento de los derechos de los campesinos y pueblos indígenas. Además, declara de “interés y prioridad nacional” las tierras destinadas a actividades agroindustriales, energéticas, turísticas, ganaderas y agrícolas y prohíbe a las autoridades reconocer o tolerar ocupaciones, aún cuando se trate de “conflictos sociales” o “reivindicaciones colectivas” sobre el uso, goce, y posesión de la tierra.
La lideresa lenca planteó que la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial es el inicio de la instalación de un marco jurídico que permitirá la ejecución de acciones en contra de la defensa territorial que sostienen los pueblos originarios y las comunidades campesinas.
Zúniga manifestó que la normativa está “destinada sobre todo a las organizaciones de la costa norte de Honduras que han estado enfrentando también intereses empresariales [por parte] sector agroindustrial, pero también tiene cláusulas que hablan de proteger empresas generadoras de energía, entonces también tiene una dedicatoria para luchas como la que tuvo Río Blanco” en Intibucá.
La comunidad de Río Blanco se opuso a la imposición y construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (PHAZ) de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), y que se instalaría en el río Gualcarque, considerado sagrado por la población lenca de la zona. En el marco de esta oposición fueron asesinados Tomás García en julio de 2013 y Berta Cáceres en marzo de 2016.
GARÍFUNAS, LENCAS Y CAMPESINOS EN CONTRA DE LA LEY AGROINDUSTRIAL
El lunes pasado también se unieron al campamento sectores campesinos del Aguán, tras sufrir un violento desalojo cuando se manifestaban frente al Instituto Nacional Agrario (INA), en contra de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial. Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria del Aguán, denunció ese día al titular del INA, Javier Talavera, por promover mil desalojos en contra de las y los campesinos. Ese mismo día, unas 16 organizaciones campesinas, articuladas en la Alianza Campesina, Indígena y Popular interpusieron 21 recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, exigiendo un pronunciamiento ante la estrategia de despojo en sus territorios.
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Miriam Miranda, coordinadora general de la Ofraneh, sostuvo que la presencia del Copinh en el campamento indefinido Viva Berta, es una muestra de que continuarán llegando personas en representación de los movimientos organizados en Honduras. Agregó que es evidente que el pueblo hondureño quiere luchar, pero es necesario construir un espacio de articulación.
La lideresa garífuna señaló que no todos tienen que venir a Tegucigalpa, que los movimientos sociales pueden instalar campamentos en otras ciudades como San Pedro Sula y en La Ceiba. “Creo que es importante remecer a la ciudad [SPS], que es el centro empresarial en este país, que hagamos también un campamento […] para decir que no estamos de acuerdo con lo que está pasando”, comentó.
La “presencia [de individuos que se presentan a título personal] reafirma el respaldo del pueblo hondureño a esta lucha”, comentó la lideresa, especialmente, agregó, en medio de la campaña de deslegitimación que enfrentan desde las elites políticas y empresariales. “[T]iene que quedar bien claro para el pueblo hondureño, no es cualquier gobierno, es un gobierno que viene precisamente a fortalecer y a garantizar que el empresario nos despoje, que el empresario nos robe lo poquito que nos queda”, concluyó la lideresa garífuna.
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