Tegucigalpa, Honduras. – Mientras su esposa, Ana García, afirma ante los medios de comunicación que se violentan las garantías del debido proceso de Juan Orlando Hernández, el juez concedió a su defensa un “tiempo prudencial” para estudiar los 48 medios de prueba presentados por el Ministerio Público, que este miércoles ratificó la acusación por fraude y lavado de activos por 62 millones de lempiras en el caso Pandora II.
Entre los 48 medios de prueba presentados por la Fiscalía se encuentran 38 pruebas documentales, tres periciales, dos testigos protegidos y cinco evidencias. A estos, se suma un instrumento de prueba por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), que corresponde a un video de un perito criminalístico sobre la ponderación del imputado durante la audiencia de declaración de imputado, celebrada el 2 de agosto.
Juan Orlando Hernández gobernó Honduras durante dos períodos presidenciales (2014-2018 y 2018-2022), fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022 y declarado culpable en 2024 por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, usar y portar armas automáticas y dispositivos destructivos para promover esa conspiración de narcotráfico, y conspirar para utilizar dichas armas. Pese a la condena de 45 años de prisión, el 1 de diciembre de 2025 fue indultado por el presidente estadounidense Donald Trump.
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Durante su proceso judicial en Estados Unidos, la defensa de Hernández se caracterizó por sus prácticas dilatorias a las que recurrió su defensa a lo largo del proceso judicial que enfrentó en Estados Unidos, y que parece continuarán en este nueva causa judicial en Honduras.
SIMPATIZANTES DE JOH, ENTRE VÍTORES Y DESCONOCIMIENTO
Pasadas las 8:00 de la mañana llegó uno de los primeros buses. Abordo están los simpatizantes de Juan Orlando Hernández, quienes bajan del vehículo a un costado del Campamento Berta Cáceres, dónde los garífunas han pernoctado por dos noches exigiendo a la Corte Suprema de Justicia cese de la criminalización contra cinco personas defensoras de la comunidad de San Juan, sin que a la fecha sean escuchados.
Más adelante, subido en la paila de un vehículo estacionado en medio de la calle, se encuentra un coordinador del Partido Nacional. Con micrófono en mano afirma que quienes han llegado a acompañar a Juan Orlando Hernández durante su audiencia inicial lo hacen como una libre expresión de su simpatía al exmandatario de parte de quienes le conocen y trabajaron a su lado. Aunque muchos de ellos desconocen cuáles son las acusaciones en su contra, corean “inocente” y “queremos a JOH”. Contrario a la audiencia de presentación de imputado del 2 de agosto, está vez hay menos de 300 personas en el mitin.
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Aunque la audiencia estaba programada para las 9:00 de la mañana, sus abogados llegaron pasado un cuarto de la hora al Tribunal de Sentencia, ubicado en el edificio de la Corte Suprema de Justicia. El proceso judicial, que corresponde al Circuito en Materia Penal de Criminalidad Organizada y Corrupción, fue trasladado a esa sede supuestamente por motivos de “espacio”.
En el equipo técnico de la defensa de Hernández se encuentra el abogado Félix Ávila. También llegó Marco Midence, actual diputado del Partido Nacional por el departamento de Atlántida, quien otorgó entrevistas a medios de comunicación y afirmó –desde sus redes sociales– que como abogado forma parte del equipo de Hernández. Midence fue titular de la Secretaría de Finanzas, entre agosto de 2020 a mayo de 2021, durante la segunda e ilegal administración de Hernández.
Al arribar Hernández a la Corte, fuertemente resguardado y acompañado por su familia, se dirigió brevemente a los medios sobre la disputa mediática que sostiene con su correligionario del Partido Nacional y titular de la Procuraduría General de la República, Dagoberto Aspra, quien lo acusa de amenazar a sus subalternos durante la audiencia del 2 de agosto, luego que la PGR mantuvo la petición de detención judicial contra el exmandatario, quien finalmente se defiende en libertad.
ANTECEDENTES DE PANDORA Y EL DESVÍO DE FONDOS A PARTIDOS
Tras la suspensión de la audiencia a petición de la defensa de Hernández, su representante legal Félix Ávila calificó como normal la “enorme cantidad de medios de prueba” presentados por el Ministerio Público. Aunque admitió que la investigación es “vasta […] la experiencia nos dice, y la realidad es que al final, cuando los hechos no tienen la trascendencia jurídica, como en este caso, terminan con sobreseimientos como ocurrió en el caso Pandora I. […] Luego también en este apéndice de Pandora, ya se han dado sobreseimientos”.
Ávila, junto a la abogada Ritza Antúnez, representaron a José Celín Discua Elvir, Wilson Rolando Pineda Díaz, Ramón Antonio Lara Bueso y Armando José Rivera Marroquín –acusados por el delito de lavado de activos– en la primera iteración del caso Pandora, presentado por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la desaparecida Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic).
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El requerimiento inicial involucró a 38 imputados, entre entonces diputados, altos funcionarios públicos y particulares, que en el 2013 drenaron 282 millones de lempiras (USD 12 millones) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para financiar campañas políticas de los partidos Nacional, Liberal y Frente Amplio. Los fondos fueron drenados a través de las organizaciones no gubernamentales Todos Somos Honduras y Dibattista.
El caso Pandora II fue presentado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), sucesora de la Ufecic, en octubre de 2023 e involucró a los expresidentes Juan Orlando Hernández y Profirio Lobo Sosa, ambos acusados por fraude. Mientras que a Hernández se le imputó también lavado de activos de más de 62 millones de lempiras. En esa acusación también figuran Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, Jorge Johny Handal Hawit, Lilia María Bográn Rivera, James Aldana Medina, Roberto Alonso Zúniga Barahona y David Eduardo Ortíz Hawit, acusados por violación a los deberes de los funcionarios. Tanto en el caso Pandora I y Pandora II, los señalados recibieron, en la mayoría de los casos, sobreseimientos.
