Tegucigalpa, Honduras. – Mientras Honduras enfrenta graves hechos de violencia y persisten cuestionamientos sobre la consistencia de las cifras oficiales de homicidios, la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público han emitido instrucciones para priorizar las actuaciones relacionadas con desalojos de bienes inmuebles al amparo de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería, Pequeños Productores Agrícolas (Decreto 107-2026).
Mediante la circular DGF No. 001-2026 del Ministerio Público (MP) y la circular DGPN No. 009-2026 de la Secretaría de Seguridad, las autoridades hondureñas establecen como prioridad las denuncias por delitos vinculados a la usurpación de bienes inmuebles, en cumplimiento a la entrada en vigencia del Decreto 107-2026.
Criterio.hn solicitó a la Secretaría de Seguridad mediante una petición de acceso a la información pública una copia de la circular DGPN No. 009-2026. Sin embargo, la institución denegó la solicitud argumentando que lo solicitado corresponde a información que pone en riesgo la seguridad del Estado, de acuerdo con la resolución No. SO-139-2028 del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en el apartado B, inciso e), referido a “documentación interna de control”.
Pese a la negativa, Criterio.hn tuvo acceso a la circular DGPN No.009-2026, emitida por la Secretaría de Seguridad el 27 de junio de 2026, que establece instrucciones para priorizar las denuncias por usurpación vinculadas con el Decreto 107-2026 y ordena a las unidades policiales adoptar medidas preventivas, operativas e investigativas. En aplicación de estas instrucciones se ejecutaron los desalojos de San Juan en Tela, Atlántida; Cayos Cochinos en Islas de la Bahía; y en El Tulito, en Choluteca.
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DEFENSA DE TIERRA Y TERRITORIO BAJO PERSECUCIÓN PENAL
Pedro Mejía, abogado del Estudio para las Ciencias Jurídicas (ECJ), indicó que estos tres documentos, en conjunto, representan un riesgo para la sociedad. En primera instancia porque criminalizan las reivindicaciones por la tierra y el territorio que realizan grupos campesinos y pueblos indígenas.
Proponer como solución la vía penal para conflictos históricos, más que solucionarlos los profundizará aún más, advirtió Mejía, ejemplificando la problemática con la violencia que recientemente vivió la comunidad garífuna de San Juan durante la ejecución de un desalojo al amparo de la controvertida Ley Agroindustrial y que culminó con la criminalización de cinco personas defensoras del territorio bajo el delito de usurpación.
En segundo lugar, el abogado apuntó que los tres documentos definen la política de persecución penal que se dirigirá desde el Ministerio Público. A su juicio, la gravedad está en las prioridades que se están dejando de lado, particularmente el fortalecimiento de la persecución penal contra el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción.
Mejía señaló que esta preocupación adquiere mayor relevancia ante casos recientes en los que personas vinculadas al narcotráfico o la corrupción han sido liberadas o absueltas. Mencionó entre estos el caso del expresidente Juan Orlando Hernández y de Alexander Ardón, ambos sobreseídos.
Hernández, condenado e indultado en Estados Unidos por delitos ligados al narcotráfico y, en Honduras, sobreseído en la causa que enfrentaba por lavado de activos y fraude en el caso Pandora II. Por su parte, Alexander Ardón, alías “Chande”, fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico y testificó en el juicio contra Hernández y su hermano Juan Antonio Hernández. En Honduras fue sobreseído en el proceso que enfrentaba por lavado de activos, sin que se le abriera otro proceso, pese a que en Estados Unidos confesó haber ordenado 56 asesinatos.
“No colocar con evidencia y con esta misma fuerza la política y la persecución criminal en contra de narcotraficantes y de funcionarios y funcionarias corruptas es grave para la sociedad hondureña y es fundamentalmente grave para el funcionamiento del Estado”, sostuvo.
EL ESTADO AL SERVICIO DE INTERESES PRIVADOS
Por su parte, Javier Acevedo, abogado y director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), indicó a Criterio.hn que estas accioes evidencian al servicio de quiénes están los funcionarios de las instituciones de los tres poderes del Estado, incluso cuando ello implique violentar la ley, sobrepasar las facultades del Poder Legislativo y limitar la acción protectora que debería ejercer el Poder Judicial.
Consultado sobre lo que estas actuaciones revelan del sistema democrático hondureño, Acevedo sostuvo que la democracia se ha reducido al ámbito electoral y que, más allá de las elecciones, el Estado de derecho “se ha venido demoliendo de forma sistemática” para poner la institucionalidad pública al servicio de determinados sectores de la sociedad.
Sobre las implicaciones de ejecutar desalojos en las comunidades garífunas en San Juan y Cayos Cochinos, pese a que ambas son beneficiarias de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Acevedo señaló que la falta de mecanismos para garantizar su cumplimiento inmediato, termina generando consecuencias para toda la sociedad hondureña. Advirtió que podrían producirse nuevas sentencias y presión internacional, pero que el cumplimiento efectivo de las obligaciones podría prolongarse durante años, mientras la población hondureña en general no tome conciencia de sus derechos y acompañe estos procesos de exigibilidad con una movilización mucho más amplia.
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