Los delitos de violencia sexual contra la niñez continúan aumentando en Honduras, bajo un manto de impunidad y falta de abordaje integral por parte de los entes persecutores del delito y de justicia, así como una sociedad que ha terminado por normalizar comportamientos que ahondan la violencia contra una niñez históricamente desprotegida.
Tegucigalpa, Honduras. – Los casos de violencia sexual contra la niñez, la trata, la pornografía infantil y los delitos de explotación sexual, respaldado por la falta de políticas públicas y un abordaje integral, se reflejan en los espacios de noticias y redes sociales a diario, así como la impunidad y la negligencia estatal que los envuelve.
Grecia Moreno, coordinadora del Observatorio de Casa Alianza, comentó a Criterio.hn, que la violencia sexual es una de las principales causas que flagela a la niñez y luego el maltrato infantil, que casi siempre proviene de un familiar o una persona cercana.
En el 2025 se registraron 1,887 denuncias remitidas al Ministerio Público y 552 denuncias remitidas a la Policía Nacional por violencia sexual, con mayor incidencia en Francisco Morazán, Cortés, Comayagua Choluteca y Atlántida. Durante el 2026, de enero a marzo, se han registrado 87 denuncias, entre ellas casos de violencia sexual especial en el Ministerio Público.
Sobre el caso reciente de los padres de familia que vendían por 4,000 lempiras mensuales, a sus hijas, de 10 y 13 años, por 4,000, en Catacamas, Olancho, se presenta el delito de trata y explotación sexual, -explicó Moreno-, porque hubo un intercambio de dinero. Según reportes iniciales de la Policía, está era una red de trata que se dedicaba a la explotación sexual de la niñez, uno de los implicados capturado por abusar de una de las víctimas fue Ángel Cardona.
Moreno destacó que aunque existe una ley contra la explotación sexual de las personas, el castigo debería ser incluso mayor cuando se trata de la niñez.
Por esa razón, hay una cantidad significativa de denuncias, pero en contraste, de 10 casos denunciados, sólo uno es judicializado y, cuando hay una judicialización, tarda varios años en darse la condena contra el agresor. Mientras tanto, muchos se “defienden” en libertad.
En un informe del Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (IUDPAS), de 2021 a 2024, se reveló una estrecha brecha para el acceso a la justicia en cuanto al tema de delitos de violencia sexual contra niñas y mujeres, en las que el 90.6% de los casos quedan en la impunidad.
Moreno, señaló que los casos han aumentado a nivel nacional a través de las debilidades estatales y los cuellos de botella en el acceso a la justicia, por lo que habría que ver cuáles son los problemas a la hora de investigar y judicializar o si se necesita modificar las leyes para que se haga más efectivo.
Los datos que están en negrita son de los departamentos donde se registran mayor número de denuncias por violencia sexual en 2025.
Por ejemplo, existe una falta de coordinación entre la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y los entes operadores de justicia, para procurar la protección del menor de edad y evitar su revictimización durante la investigación. Parte de la restitución de los derechos de la víctima es que el agresor pague por el delito que cometió y que la pena sea contundente y oportuna.
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SECUELAS DE POR VIDA Y CULPABLES EN LIBERTAD
Casa Alianza compartió que ha abordado múltiples casos donde el responsable queda en libertad, lo que provoca que la víctima se pregunte por qué debe estar en el encierro y actuar con cautela, además de estar lejos de su desarrollo normal en la sociedad, mientras el culpable está en libertad y seguramente provocando otros daños a otras personas.
Las víctimas necesitan tratamientos incluso psiquiátricos para intentar recuperarse del impacto ocasionado por el agresor. También debe llevar tratamientos para casos en los que el agresor le pudo haber transmitido a una enfermedad de transmisión sexual, es decir, muchas veces quedan heridas físicas y psicológicas para tratar de por vida.
Este tipo de situaciones manifiestan que hace falta una respuesta rápida y articulada de parte del Estado. A falta de alternativas y políticas públicas óptimas para garantizar una respuesta verdadera y efectiva para proteger a la niñez y en todo caso a la víctima de forma integral, es que este problema se profundiza y se repite.
Por cada 10 víctimas de delitos sexuales seis son menores de edad de acuerdo a datos del Observatorio del Centro de Derechos Humanos de la Mujer y del Ministerio Público, de los que el 90% son niñas menores de 18 años cuyos casos deberían ser investigados de oficio.
El tema de la vulneración de los derechos de la niñez es histórico. Una arista muy importante que debe preocupar es la normalización que la sociedad parece darle a la vulneración de los derechos de la niñez, cuando la violencia sexual infantil debería ser inaceptable.
El director ejecutivo de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), Wilmer Vásquez, compartió en entrevista con Criterio.hn que, al menos 24 o 26 niñas y niños son víctimas de abuso sexual a diario en Honduras. Además compartió que cada 4 horas con 52 minutos se interpone una denuncia ante el Ministerio Público, lo que indica que todavía no se ha logrado sensibilizar a la población de tal forma que cuando se identifique alguna situación irregular y evidencia que hay algún tipo de abuso sexual, la población debe denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes.
La denuncia puede ser directa o anónima, puede ser directamente a la Fiscalía, al Ministerio Público o la Policía Nacional, pero también se puede a través de una llamada telefónica a la línea del 911 o la línea que esté habilitada para las denuncias de vulneración de derechos de la niñez (líneas 114 y 110).
En conversación con Criterio.hn, Ludim Ayala, asesora nacional de Protección de Plan International Honduras, compartió que la Comisión de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor del Congreso Nacional junto a otras organizaciones que abordan el tema de la niñez, trabajan en la creación de un borrador de ley para tratar de forma integral los delitos sexuales, desde la prevención, la respuesta judicial y la recuperación de la víctima.
Siempre hay que tener en cuenta y no es desconocido, que muchas de las personas que cometen delitos sexuales están en una situación de ventaja en relación de poder en comparación a las niñas y los niños que son víctimas, puesto que los agresores son gente adulta parte de la familia, cuidadores, vecinos, dentro del centros escolares, iglesias y otros espacios.
