Más de 40 organizaciones campesinas, indígenas y populares presentaron una denuncia mediante iniciativa ciudadana contra los congresistas que promovieron y aprobaron el Decreto 107-2026. Sostienen que la normativa favorece intereses privados, facilita desalojos y vulnera derechos territoriales y garantías constitucionales.
Foto portada: La alianza campesina, indígena y popular de Honduras, con mas de 14 mil firmas impulsa un juicio político mediante iniciativa ciudadana contra 16 diputados –entre ellos el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. – Al menos 200 personas se reunieron en la acera y alrededores de los bajos del Congreso Nacional para presentar una denuncia que impulsa un juicio político mediante iniciativa ciudadana contra 16 diputados –entre ellos el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano– por promover y aprobar el Decreto 107–2026, denominado Ley para el Fortalecimiento y protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores.
Agrupados en más de 40 organizaciones, la Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras, denunció que quienes promovieron esta normativa entregaron los territorios y los bienes comunes de Honduras a grupos de poder económico, violentando la Constitución de Honduras, los derechos humanos y el interés nacional. La iniciativa ciudadana fue respaldada con más de 14 mil firmas.
Además de Zambrano, también son señalados los congresistas Erick José Alvarado Alvarado, diputado proyectista del Decreto 107-2026; y los miembros de la comisión de dictamen que aprobaron y firmaron favorablemente la iniciativa: Marco Bertilio Paz Sabillón, Juan José Zerón González, Rumy Nahyp Bueso Meza, Juan Carlos Vargas Ríos, Eduardo José Elvir Ferrufino, Adrián Josué Martínez Soler, Jhosy Saddam Toscano Ramirez, Erick José Alvarado Alvarado, Rafael Leonardo Sarmiento A., Daysi María Andonie López, Francis Omar Cabrera Miranda, Víctor Napoleón Amador Morales, José Rolando Sabillón Muñoz y Mario Amilcar Portillo Contreras.
Edy Tábora, del Bufete Justicia para los Pueblos, explicó que a través de la aprobación del Decreto 107-2026 –también conocida como Ley Agroindustrial– se creó un andamiaje legal para favorecer los intereses privados en el país, una clase privilegiada, prohibido por la Constitución de la República, artículo 60.
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El abogado señaló “[e]l Decreto 107-2026, […] básicamente la ley lo que ordena son desalojos y criminalización, la creación de un nuevo tipo de desalojos administrativos que no requieren ningún control jurisdiccional y que ya se implementó en la comunidad de San Juan. La policía llegó y simplemente dijo ‘vamos a desalojar porque tenemos una base en el marco del Decreto 107-2026”.
Tábora calificó la situación como “sumamente delicada, violenta”, que en “la Constitución de la República anula todo el capítulo relacionado con el tema de la reforma agraria y también los artículos relacionados con la garantía y protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas”.
Esly Banegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), planteó que la decisión de presentar la denuncia para un juicio político mediante iniciativa ciudadana se determinó durante una asamblea amplia de las organizaciones que componen la Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras a raíz de las decisiones tomadas desde el Congreso Nacional.
“[E]n este caso están privilegiando a los agroindustriales en contra de todo un pueblo hondureño que vive en sus territorios, que es propietario de sus territorios, que tienen derechos en sus territorios y ellos vienen a invadir los territorios que son garífunas, que son indígenas y que son campesinos porque son de reforma agraria y ellos no son beneficiarios de la reforma agraria”, planteó Banegas.
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Mabel Robledo, lideresa y defensora garífuna, explicó que además del juicio político están exigiendo la derogación de la Ley Agroindustrial, porque criminaliza y pone en riesgo la defensa de la tierra, el territorio y la vida. Afirmó que la misma ya fue empleada contra pobladores garífunas de la comunidad de San Juan, pese a ser beneficiarios de medidas de reparación, luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) responsabilizó en 2023 al Estado de Honduras por la vulneración al derecho a la propiedad colectiva. De igual forma, recordó que la normativa en el artículo 1 dispuso que la misma no fuera aplicable en territorios indígenas y tribales.
Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), dijó a Criterio.hn que a través de esta iniciativa ciudadana se exige que el Congreso Nacional rinda cuentas por la aprobación del Decreto 107-2026 porque es una ley que violenta la Constitución, convenios internacionales en materia de derechos humanos y otras leyes nacionales.
“Es necesario sentar un precedente respecto de cuáles son los límites que tienen los diputados para tomar decisiones o para la toma de decisiones en el ejercicio de sus funciones”, planteó Acevedo. Agregó que al dar seguimiento a la actual legislatura está ha estado enfocada en consolidar el poder de sectores por encima de los intereses generales del país.
Además de la Ley Agroindustrial o Decreto 107-2026, Acevedo mencionó como lesivas el Decreto 84-2026 mediante el cual se reformó la figura de asociación terrorista, artículo 587 del Código Penal, dejándolo con una redacción ambigua que podría ser utilizada contra sectores populares que protesten. Asimismo, mencionó la Ley de Beneficiario Final cuya aplicación podría incrementar los controles sobre organizaciones de sociedad civil críticas al poder o incluso dificultar su acceso a financiamiento.
La aplicación de la figura del juicio político en Honduras en un tema controversial y con jurisprudencia internacional a través del caso Gutiérrez Navas vs. Honduras ante la Corte IDH. El Tribunal estableció que pese a la incorporación posterior de la figura dentro de la Constitución y la aprobación de la Ley Especial de Juicio Político este contenía deficiencias estructurales, como causales ambiguas de destitución, la ausencia de control judicial sobre las decisiones y la falta de garantías frente a destituciones arbitrarias, por lo que ordenó al Estado adecuarla a los estándares internacionales.
Pese a que las medidas de reparación en el caso Gutiérrez Navas vs. Honduras incluía garantías de no repetición, el Congreso Nacional bajo la presidencia de Tomás Zambrano aprobó el juicio político y la destitución del entonces fiscal general, Johel Zelaya; el consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa; y los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán (propietario), Lourdes Mejía Estapé (suplente) y Gabriel Gutiérrez Peralta (suplente). Mientras que la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, fue cohesionada a renunciar del cargo.
