Tegucigalpa, Honduras. – Mientras los tribunales hondureños dictan sobreseimientos definitivos a funcionarios y exfuncionarios vinculados a casos de presunta corrupción, personas defensoras del territorio y del medio ambiente continúan enfrentando procesos penales y medidas judiciales que organizaciones sociales consideran desproporcionadas. El contraste vuelve a poner en el centro del debate la independencia y la aplicación desigual de la justicia en Honduras.
Uno de los casos más recientes es el de la exdiputada nacionalista y actual delegada presidencial, Gladys Aurora López Calderón, a quien una Corte de Apelaciones le dictó un sobreseimiento definitivo por el delito de malversación de caudales públicos por uso diferente.
Duarte explicó a medios de comunicación que la resolución se produjo tras el recurso de apelación presentado por la defensa de López, luego que en febrero de 2025 se le dictara auto de formal procesamiento.
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EL CASO DE LOS MATERIALES DE ELECTRIFICACIÓN
Según publicaciones del Ministerio Público, la acusación contra López se originó por el retiro de materiales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) que, de acuerdo con la solicitud presentada, serían utilizados en un proyecto social de electrificación en la comunidad de La Ceibita.
La Fiscalía señaló en febrero de 2025 que, durante las investigaciones realizadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se estableció que el 25 de junio de 2021, López suscribió un acta para solicitar los materiales, argumentando que la mano de obra para ejecutar el proyecto ya estaba disponible.
Sin embargo, según el expediente fiscal, la comunidad ya contaba con electrificación desde 2019 mediante un proyecto municipal. Una inspección realizada en junio de 2022 por el Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (FOSODE) determinó que los materiales retirados no se encontraban en La Ceibita.
Posteriormente, de acuerdo con ese mismo comunicado del Ministerio Público, un seguimiento realizado por la ATIC permitió localizar los materiales en un proyecto privado en San Pedro Sula, Cortés.
La Fiscalía calificó estos hechos como constitutivos de malversación de caudales públicos por uso diferente y estimó que la acción habría ocasionado un perjuicio superior a 290 mil lempiras al Estado.
No obstante, la resolución de la Corte de Apelaciones puso fin al proceso penal contra López por este caso.
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JUSTICIA HONDUREÑA SE VUELCA A FAVOR DE FIGURAS POLÍTICAS
El director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, cuestionó que en Honduras la aplicación de la justicia no sea percibida de la misma manera para todos los sectores.
“Lamentablemente eso es lo que pasa en Honduras. Aquí no se juzga a todos por igual. El que tiene billete, el que tiene apellido, el que tiene recorrido es una justicia”, afirmó.
A juicio de Hernández los sobreseimientos definitivos deben analizarse a partir de la calidad de las investigaciones y de la solidez de las pruebas presentadas ante los tribunales.
Además, recordó que durante los últimos años se han producido reformas legales que han modificado las condiciones bajo las cuales se desarrollan determinados procesos penales.
Durante una entrevista brindada a un noticiero capitalino el integrante de sociedad civil remarcó que uno de los principales desafíos consiste en fortalecer las capacidades del Ministerio Público para realizar investigaciones sólidas, documentadas y con suficiente respaldo probatorio, así como garantizar la independencia judicial.
En tanto, el diputado del Partido Liberal, Carlos Umaña, manifestó su descontento tras el sobreseimiento definitivo otorgado a Gladys Aurora López, a la vez que dijo sentirse “completamente decepcionado” por la rapidez con la que se están resolviendo algunos procesos judiciales contra exfuncionarios vinculados a la administración de Juan Orlando Hernández.
Umaña sostuvo que varios casos de alto impacto fueron documentados y judicializados por el Ministerio Público, pero cuestionó que algunas de las causas estén concluyendo con resoluciones favorables para los imputados.
En el caso de López, afirmó que existían elementos que, desde su perspectiva, justificaban que el proceso continuara hasta una etapa de juicio oral y público.
A criterio del congresista en Honduras la justicia es “selectiva”, a su vez, cuestionó la falta de independencia de algunos jueces que en ocasiones terminan favoreciendo a sectores relacionados con quienes han ejercido el poder político.
LÓPEZ Y LOS CASOS DE CORRUPCIÓN POLÍTICA
El sobreseimiento por el caso de los materiales de electrificación se suma a los antecedentes que han colocado a Gladys Aurora López, actualmente funcionaria del Poder Ejecutivo, en investigaciones relacionadas con el manejo de fondos públicos.
La exdiputada fue señalada en el caso Arca Abierta, presentado en diciembre de 2018 por la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC), hoyconocida como Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco)del Ministerio Público,
En ese expediente fueron acusados cinco diputados y seis exdiputados por presunta malversación de caudales públicos, a raíz del supuesto traslado de 21.1 millones de lempiras de la Fundación Planeta Verde hacia cuentas personales de legisladores.
López figuró entre las personas acusadas en ese proceso, junto con los entonces diputados Juan Carlos Valenzuela, Gustavo Pérez Cruz, Welsy Vásquez y Milton Jesús Puerto, quienes posteriormente no lograron ser reelectos.
La exdiputada también ha sido mencionada en informes de organizaciones internacionales como Global Witness, en investigaciones relacionadas con concesiones hidroeléctricas y posibles conflictos de interés vinculados a su entorno familiar.
El nuevo sobreseimiento definitivo, sin embargo, corresponde específicamente al proceso por la presunta malversación de materiales de electrificación y significa el cierre de esa causa penal.