Úrsula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso, afirmó que tras participar en decenas de audiencias sobre independencia judicial en la región es la primera vez que encuentra una respuesta como la del Estado hndureño. Joaquín Mejía, con más de 20 años de litigio ante el Sistema Interamericano, coincidió y señaló que nunca había escuchado a Honduras acusar a la Comisión de extralimitarse por convocar una audiencia.
Tegucigalpa, Honduras. – Bajo el argumento de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se extralimita en sus funciones y favorece a organizaciones críticas del gobierno, la representante alterna de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Marlene Villela, leyó el posicionamiento oficial sin apartarse del guion y sin responder al tema central de la audiencia temática que era la independencia judicial en Honduras.
Desde hace semanas se instaló en los medios corporativos del país la narrativa de que la audiencia temática realizada este miércoles en Washington se trataba de un juicio o que podría derivar en una condena, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no es un tribunal, como sí lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), una confusión que terminó desplazando la discusión sobre el verdadero objetivo de la audiencia.
La audiencia fue solicitada por seis organizaciones nacionales e internacionales: la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Abogados Sin Fronteras Canadá (ASF Canadá), el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), el Centro Jurídico por los Derechos Humanos (CJDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC).
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Entre las temáticas planteadas por las organizaciones destacan el uso del juicio político contra operadores de justicia, la ausencia de un Consejo de la Judicatura independiente, las presiones externas sobre decisiones judiciales y la falta de transparencia y participación ciudadana alrededor del proyecto de Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.
Es así que, mientras las organizaciones plantearon los problemas estructurales que continúan afectando la independencia judicial en Honduras –utilizando casos concretos para evidenciar la problemática–, el Estado centró su postura en cuestionar la competencia de la CIDH, al considerar que la discusión de situaciones particulares desnaturalizaba la audiencia y podría interferir en procesos internos o casos que eventualmente lleguen al sistema interamericano.
Úrsula Indacochea, directora del programa de independencia judicial de DPLF y una de las ponentes, explicó a Criterio.hn que las organizaciones identificaron previamente una confusión sobre el alcance de la audiencia y, por ello, fueron cuidadosas en no convertirla en una discusión sobre casos individuales. “Cuidamos muchísimo que eso no sucediera porque era una audiencia sobre independencia judicial”, señaló.
A Indacochea también le sorprendió que el Estado centrara su respuesta en cuestionar la competencia de la CIDH para abordar la situación planteada durante la audiencia. Aseguró que ha participado en decenas de audiencias sobre independencia judicial en distintos países de la región y que es la primera vez que encuentra una respuesta de este tipo.
Una valoración similar expresó Joaquín Mejía, quien señaló en redes sociales que, en más de 24 años litigando ante la CIDH y la Corte IDH, es la primera vez que escucha al Estado de Honduras sostener que la Comisión se extralimita en sus funciones por convocar una audiencia.
Sobre los juicios políticos, Indacochea explicó que el interés estaba puesto en el marco legal y el diseño institucional que permite su aplicación y no en determinar si las actuaciones contra determinadas personas fueron correctas o no. A su criterio, llevar la discusión hacia esos casos particulares termina evadiendo el problema de fondo, una regulación que facilita a los poderes políticos separar de sus cargos a altas autoridades del del sistema de justicia.
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Sin embargo, fue precisamente sobre los casos particulares que el Estado construyó la mayor parte de su respuesta. La representante alterna ante la OEA, Marlene Villela, sostuvo en su lectura que discutir situaciones que aún se encuentran en trámite a nivel interno, que podrían llegar al sistema interamericano o que ya están bajo conocimiento de sus órganos desnaturalizaba la audiencia y suponía una extralimitación de las competencias de la CIDH. La postura se mantuvo dos horas después, cuando la Procuraduría General de la República transmitió la videoconferencia con el posicionamiento oficial y Villela volvió a leer un documento con prácticamente los mismos argumentos expuestos durante la audiencia.
Indacochea calificó lo ocurrido como una “oportunidad perdida” para entablar un diálogo entre el Estado y las organizaciones solicitantes. Aseguró que, pesé al esfuerzo por plantear puntos que podían ser debatidos, encontraron un muro en la representación estatal, que no respondió a sus planteamientos ni abrió un canal de comunicación.
Sobre el caso Gutiérrez Navas y otros vs Honduras, otro de los puntos cuestionados por el Estado, la directora del programa de independencia judicial de DPLF reconoció que el cumplimiento de la sentencia cuenta con un mecanismo de supervisión ante la Corte IDH, pero señaló que eso no impide discutir ante la Comisión los efectos que la falta de adecuación de la legislación tiene sobre la independencia judicial.
“Lo que se discutirá ante la Corte Interamericana es si se cumplió o no con reformar la legislación. Lo que nosotros estamos discutiendo es el impacto que eso tiene en la protección de los derechos y en la protección de la independencia judicial”, explicó.
Indacochea recordó que la Corte IDH ordenó modificar la normativa sobre juicio político para evitar la repetición de violaciones y advirtió que mantenerla vigente permite que sus efectos continúen produciéndose. A su criterio, las eventuales responsabilidades de los funcionarios sometidos a estos procesos deben determinarse mediante procedimientos adecuados a los estándares internacionales y con respecto a todas las garantías.
En abril, el Congreso Nacional destituyó vía juicio político al entonces consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán (propietario), así como de los suplentes Lourdes Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, pese a los señalamientos de que no se cumplían las garantías mínimas para su defensa ni las recomendaciones emitidas por la Corte IDH en el caso Gutierrez Navas y otros vs Honduras.
