Tegucigalpa, Honduras. – En Honduras y en buena parte de América Latina, la influencia de Estados Unidos sobre las políticas de seguridad no es un fenómeno nuevo. Lo que parece haber cambiado es el pudor para evidenciar esa relación.
El domingo 27 de septiembre, la Policía Nacional dio inicio a la Operación Escudo de Honduras, en un contexto marcado por la nueva política regional de seguridad promovida por Estados Unidos bajo el denominado Escudo de las Américas.
Previamente, el 19 de septiembre, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció la designación de tres organizaciones criminales como terroristas pero reservó sus nombres bajo el argumento de que revelarlos sería “adelantar o anunciar a qué personas les va a caer todo el peso de la ley”.
El 22 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó la Declaración Conjunta relativa a la Defensa de la Soberanía en el Hemisferio, suscrita por Estados Unidos y otros países de la región, entre ellos Honduras, que plantea la seguridad como uno de los ejes de cooperación hemisférica y contempla acciones conjuntas contra organizaciones calificadas como narcoterroristas.
Dos días después, el 24 de septiembre, el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, que amplía las medidas penales contra las estructuras declaradas terroristas y, a la vez, genera alarma por la ambigüedad de conceptos como “dominio social”, “presencia territorial” y “sometimiento colectivo” dentro de la configuración del delito. Analistas han advertido que estos conceptos podrían ser utilizados en contra de organizaciones indígenas, campesinas y comunidades que se enfrentan a capital extranjero en oposición a la instalación de proyectos extractivos en sus territorios.
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El 25 de septiembre, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, felicitó a las autoridades por declarar a la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el Cartel del Diablo como organizaciones terroristas extranjeras.
UNA AGENDA QUE TRASCIENDE FRONTERAS
Javier Acevedo, abogado y director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), señaló a Criterio.hn que esta cascada de eventos y decisiones muestran que Honduras no tiene independencia, sino que al igual que el resto de América Latina, sigue el guion que responde a los intereses políticos y económicos de Estados Unidos.
Además, explicó, evidencia que no existe un interés real en resolver la problemática de inseguridad y violencia al interior del país. “No es lo mismo ni en la lectura ni en los hechos la consideración que pueden tener estas estructuras en Estados Unidos que las que tienen en el país. Y vemos […] que hay un sesgo de decisión en contra de una estructura criminal, pero el resto queda más o menos intacto, o con un toque muy marginal, solo para dar en el imaginario público la sensación de que se está abordando el asunto de forma integral”, apuntó.
En agosto, dos comunicaciones de expertos de Naciones Unidas advirtieron al gobierno de Honduras sobre la incompatibilidad con estándares nacionales e internacionales de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial (Decreto 107-2026), así como las reformas al Código Procesal mediante el Decreto 84-2026, que refieren a la definición del delito de asociación terrorista, criticando la equiparación de terminos entre crimen organizado y terrorismo.
Al respecto, Acevedo afirmó que pareciera que tanto en la región como en Estados Unidos, no existe un interés real de combate al crimen organizado. “Al final del camino sostengo que no ha sido tanto que el crimen organizado ha permeado a la clase política, sino que la clase política realmente entró y se apoderó de las estructuras de criminalidad organizada. Y hay estructuras de criminalidad organizada en la región o en el país en las cuales no hay ningún interés en hacer persecución. Por ejemplo, las estructuras de criminalidad organizada alrededor de la corrupción de lo público y de lo privado, inclusive”, sostuvo.
MÁS CAPTURAS ¿MÁS SEGURIDAD?
Claudia Paz y Paz, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), en entrevista con Radio Progreso, al ser abordada sobre las reformas y creación de leyes represivas en Honduras para el combate de la criminalidad, cuestionó si realmente son necesarias o acaso se trata de una solución fácil para combatir un problema complejo, porque, remarcó, no es que en Honduras no existan suficientes normas.
En el marco de la Operación Escudo, la Dirección Policial de Investigación (DPI), cuantificó el 28 de septiembre la detención de 292 personas a nivel nacional, que buscan, según ellos, “neutralizar el accionar delictivo y garantizar el cumplimiento de la ley”.
Paz y Paz, quien también fue fiscal general del Ministerio Público de Guatemala, fue consultada sobre la efectividad de las detenciones masivas para enfrentar la criminalidad. La abogada señaló que las detenciones deben estar sustentadas en investigaciones y evidencias, y advirtió que las capturas masivas sin pruebas pueden llevar a la prisión a personas que no deberían estar detenidas y saturar el sistema penitenciario.
Sobre el uso del delito de terrorismo como herramienta para combatir el crimen organizado, señaló que, de acuerdo a la experiencia en la región, este tipo penal puede terminar siendo aplicado a opositores y no necesariamente a quienes se dedican al narcotráfico. Planteó que la respuesta debe concentrarse en investigaciones capaces de identificar cómo operan las organizaciones criminales, seguir los circuitos por donde circulan los bienes ilícitos y el dinero que generan, desmontar sus estructuras y aplicar la extinción de dominio sobre sus bienes. Para Paz y Paz, es posible combatir y reducir la criminalidad sin recurrir a políticas represivas y con respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos.
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