Un nuevo boletín revela 38 muertes violentas en los primeros diez meses del año y más de 230 denuncias de agresiones, evidenciando la creciente inseguridad y discriminación que enfrenta esta población
Tegucigalpa, Honduras. – Las personas LGBTIQA+ en Honduras enfrenta una alarmante y constante violencia, convirtiéndose en uno de los grupos más vulnerables del país.
Un nuevo boletín que destaca la alarmante situación de violencia que enfrentan las disidencias sexuales en Honduras. A lo largo de los primeros diez meses de 2024, se han registrado 38 muertes violentas, un número que refleja la creciente inseguridad y discriminación hacia esta población. Aunque el boletín no incluye datos de noviembre, se anticipa que el total de muertes violentas podría ser significativo al finalizar el año.
Lucia Barrientos, directora de la asociación Lésbico, Bisexual, transfeminista Ixchel, detalló que el noveno boletín Observatorio de Violencia Hacia las Personas LGBTI+ de Honduras KAI+, además de las, muertes violentas documenta, al menos, 230 quejas y denuncias interpuestas por personas LGBTIQA+, quienes han buscado visibilizar la violencia y discriminación que sufren en diversos contextos.
Comparando con años anteriores, enfatizó que se observa una tendencia preocupante: en 2022 y 2023, se registraron 518 muertes violentas, lo que indica que no ha habido una disminución en la violencia, sino un aumento generalizado en los ataques.
Respecto a los departamentos más afectados por esta violencia, Barrientos, señaló que son Cortés, Francisco Morazán y Atlántida, con un nuevo reporte de violencia en Olancho, un área que anteriormente no había sido mencionada en este contexto.
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VIOLENCIA PERSISTENTE
En un contexto de creciente violencia y discriminación, las personas LGBTIQ+ en Honduras enfrentan desafíos alarmantes que amenazan su seguridad y derechos fundamentales. A pesar de los avances en la visibilidad y la defensa de sus derechos, las agresiones físicas, verbales y psicológicas persisten, revelando un panorama sombrío donde la intolerancia y el odio siguen siendo moneda corriente.
Dany Montecinos, coordinador de la organización Kukulcán, en entrevista con Criterio.hn, expresó su preocupación sobre la persistente violencia contra las disidencias sexuales en Honduras y los retos que enfrenta el gobierno para contrarrestarla. En un contexto donde las muertes violentas continúan siendo alarmantes, Montecinos enfatiza que es fundamental que el gobierno cumpla con los compromisos adquiridos para abordar esta problemática.
Uno de los principales retos identificados por Montecinos es la implementación efectiva de protocolos de investigación y la creación de un sistema de información robusto. Estos elementos, enfatiza, son cruciales para mejorar la capacidad del Estado en la investigación de delitos y en la recopilación de datos que permitan una respuesta más efectiva a la violencia. Además, señala la necesidad de modificar reglamentos del Registro Nacional de las Personas y fortalecer las unidades de investigación, lo que podría contribuir a una disminución significativa de las estadísticas de violencia en el país.
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DESPLAZAMIENTO FORZADO
El noveno boletín, que comprende información recopilada entre los meses de enero a octubre de 2024 destaca que en el 87% de los casos, las autoridades no avanzaron más allá de la etapa inicial de investigación, lo que pone de manifiesto una grave deficiencia en los procesos judiciales.
De igual manera, señala que la diversidad de métodos utilizados para cometer los crímenes y su amplia distribución geográfica indican que la violencia es generalizada, afectando principalmente a jóvenes entre 18 y 35 años.
El informe también señala un aumento en la migración forzada entre la diversidad sexual, con 23 casos sistematizados entre enero y octubre de 2024.
En ese sentido, Lucia Barrientos, destacó que las principales razones para este desplazamiento incluyen la discriminación, amenazas a la vida y agresiones físicas.
Barrientos, añadió, que otro factor que influye en el desplazamiento es la falta de garantía de los derechos fundamentales, como el acceso a servicios de salud, educación y el empleo.
