Tegucigalpa, Honduras. – “No nos vamos a reunir”, respondió Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), en respuesta a una convocatoria a reunión realizada por el Poder Judicial para mañana miércoles a las 2:00 de la tarde en el que proponen abordar la “conflictividad histórica vinculada a los derechos territoriales de las comunidades garífunas”.
La citación fue realizada por el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, durante una conferencia de prensa convocada por el magistrado presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo, quien se ausentó de la rueda de prensa argumentando una emergencia.
La citación se realiza luego que el viernes de la semana pasada, la oficina de la presidencia del Poder Judicial condicionó la participación de una reunión con el comité de cumplimiento de las cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a únicamente tres personas, que resultó en la prolongación de forma indefinida del campamento instalado frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Miranda planteó que la convocatoria de la reunión del Poder Judicial es una estrategía para aparentar estar atendiendo las demandas del pueblo garífuna de cara al Examen Periódico Universal (EPU) que se realizará el próximo 26 de agosto en Ginebra, Suiza, y durante el cual Honduras deberá presentar avances y retos en la ejecutoria de de derechos humanos.
“No nos vamos a reunir si no hay voluntad política de este gobierno de cerrar esa causa penal”, dijo la lideresa garífuna, en referencia al proceso judicial por usurpación que se sigue contra cinco personas defensoras del territorio garífuna, acusadas tras un desalojo ejecutado bajo la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial.
Pese a que la acusación se realizó tras la expulsión violenta de un predio de aproximadamente 9 manzanas, el pasado 6 julio, el proceso no ha superado la audiencia inicial, luego que el Juez de Letras con Jurisdicción Nacional en San Pedro Sula devolvió el expediente al Juzgado de Tela, pese a que la jueza de dicha jurisdicción se declaró incompetente para conocer el caso.
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Asimismo, la recién aprobada ley –cuestionada por favorecer empresariales en detrimento de los derechos de los campesinos y pueblos indígenas– fue usada para justificar el desalojo y las consecuentes acciones de criminalización contra las personas defensoras, pese a que la misma normativa establece que las disposiciones contenidas en la misma no serán aplicables en territorios indígenas y tribales reconocidos.
La comunidad garífuna de San Juan es beneficiaria de un falló de la Corte IDH, que responsabilizó al Estado de Honduras por vulnerar el derecho a la propiedad colectiva, a la obligación de garantizar la participación en los asuntos públicos y el acceso a la información pública, debido a que incumplió su obligación de titular, delimitar y demarcar su territorio, no garantizó el uso y goce de esa propiedad y no garantizó la participación de la comunidad en asuntos que la afectaron. El desalojo se desarrolló sin que se realicen aún las medidas de reparación dictadas en la sentencia.
Al ser cuestionado sobre la congruencia de abrir procesos penales contra personas de comunidades beneficiarias de sentencias favorables, mientras se invoca la independencia judicial para justificar la falta de intervención de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Duarte respondió que era necesario conocer los detalles de cada expediente. Señaló que los conflictos históricos que llegan a los tribunales no deben analizarse de forma fragmentada y recordó que el Estado tiene la responsabilidad de buscar soluciones, incluida la atención de las sentencias que reconocen también derechos de población no garífuna.
Añadió que esa responsabilidad no corresponde únicamente al Poder Judicial, sino también a las demás instituciones del Estado, por lo que planteó la necesidad de un diálogo para encontrar soluciones conjuntas con todas las instituciones del Estado, con la participación de los representantes del pueblo garífuna.
Sobre el retorno del expediente por parte del Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional de San Pedro Sula al Juzgado de Tela, Duarte declaró que este determinó que no podía conocer el caso. Señaló que ahora corresponde a la autoridad en Tela que reciba la causa fundamentar cualquier decisión y respetar el desarrollo normal del proceso.