Tegucigalpa, Honduras – A cinco días de haberse instalado en el Campamento Viva Berta Cáceres, ubicado frente al Poder Judicial, los liderazgos garífunas decidieron permanecer de forma indefinida luego que el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, condicionó la reunión con el comité de cumplimiento de las cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a la participación de únicamente tres personas.
“La Ofraneh no es Miriam Miranda, la Ofraneh es todo un pueblo, es el pueblo garífuna, es de todas las comunidades garífunas de este país. Por lo tanto, nosotros, nosotras, nosotres, decimos claramente que no se trata de recibirme a mí personalmente [y], a dos personas más como lo quieren hacer”, denunció la lideresa garífuna y coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda.
A un cuarto de hora para el mediodía, y tras la negativa de Vallecillo de ampliar la la delegación, en una conferencia de prensa, Miranda recalcó que el pueblo garífuna es una colectividad por lo tanto no pueden aceptar una reunión de tres personas, por lo que toman la determinación de mudarse temporalmente al Campamento Viva Berta Cáceres, aunque no descarta que les toque permanecer en el lugar por los próximos seis meses.
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“No nos vamos a ir si no hay una solución definitiva a la petición, a la exigencia del cierre definitivo de la causa penal contra nuestros compañeros y la compañera, defensores de la comunidad de San Juan. ¡No hay vuelta atrás! ¡Queremos decirle al mundo que no hay vuelta atrás! Son más de 15 años de estar luchando por [el cumplimiento de] las sentencias”, manifestó la lideresa.
Horas después, el Poder Judicial emitió un comunicado en el que rechazó haber negado recibir a la delegación, aunque confirmó que su propuesta era una “representación de delegaciones reducidas”, que fue precisamente lo denunciado por los liderazgos garífunas. Asimismo, señalaron la espera por una hora que las funcionarias realizaron, obviando que los liderazgos tienen una semana de estar pernoctando en el campamento en espera de la reunión.
En el centro del conflicto está el incumplimiento de cuatro sentencias de la Corte IDH, que responsabilizó al Estado de Honduras por no garantizar la protección del territorio ancestral garífuna en las comunidades de Punta Piedra en Iriona, Colón; Triunfo de la Cruz y San Juan en Tela, Atlántida; y Cayos Cochinos, jurisdicción del municipio de Roatán, Islas de la Bahía.
Es precisamente en San Juan, Tela, Atlántida, – aún pendiente el proceso de saneamiento territorial que ordenó la Corte IDH– donde se ejecutó el lunes 6 de julio el primer desalojo de un predio bajo la controvertida Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería, Pequeños Productores Agrícolas, aprobada por el Congreso Nacional presidido por el nacionalista Tomás Zambrano. Durante el operativo fueron detenidas y acusadas de usurpación cinco personas defensoras del territorio. Esta es la causa penal a la que se refiere Miranda.
La coordinadora de la Ofraneh, acuerpada por los liderazgos de las comunidades garífunas, llamó a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a las feministas, a las y los obreros y campesinos a sumarse a la exigencia para la derogación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, también conocida como ley del despojo.
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“Estamos luchando contra una barbarie, contra los monstruos que quieren siempre controlar este país. Esa Ley [Agroindustrial] debe ser derogada […] Esa ley debe ser enterrada y por lo tanto queremos decirles que se vengan. ¡Aquí estamos! Nos vamos a rejuntar aquí, porque este es nuestro espacio y vamos a ser cienes y miles exigiendo justicia”, remarcó la lideresa garífuna.
Durante la conferencia de prensa, Miranda también cuestionó la representación del Estado de Honduras ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU que se reunió esta semana en Ginebra, Suiza, quienes, según Miranda habrían llegado “a mentirle al mundo”. Agregando que “llegan a los espacios de Naciones Unidas, de las organizaciones internacionales, para decir que todo está bien en Honduras”.
Posteriormente, en entrevista a Criterio.hn, Miriam Miranda calificó como vergonzoso la ausencia de respuestas contundentes por parte de la representación y que incluso se presentara la Comisión Intersectorial de alto Nivel para el Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CIANCSI) –creada y enterrada durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro– como uno de los avances, así como otras iniciativas del gobierno del expresidente indultado por delitos ligados al narcotráfico, Juan Orlando Hernández.
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“Aquí no hay ningún tipo de diálogo con los pueblos, con las comunidades, con nosotros y nosotras. En ningún momento nos han llamado a dialogar. Lo otro es que hablan de que ellos quieren ser transparentes, […] que este gobierno respeta los derechos humanos, […] si respetaran los derechos humanos y sobre todo respetaran lo que es la jurisprudencia internacional no estuviéramos aquí”, declaró.
Esta no es la primera reunión con el magistrado presidente de la CSJ, Wagner Vallecillo, que no se concreta. Previamente, el miércoles 8 de agosto, coincidiendo con el día de la audiencia inicial contra Juan Orlando Hernández, acusado por la supuesta comisión de fraude y lavado de activos en el caso Pandora II, se negó el ingreso a los garífunas.
Pese a que el caso contra Hernández corresponde al Circuito en Materia Penal de Criminalidad Organizada y Corrupción, ubicados en la Avenida La Paz, por motivos de “espacio” fue trasladado al Tribunal de Sentencia en el edificio de la Corte Suprema de Justicia, una justificación que contrasta con la negativa de recibir a la delegación garífuna de más de tres personas en ese mismo edificio.
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