Tegucigalpa, Honduras. – Tras treinta días de resistencia pacífica en el campamento Viva Berta, ubicado frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), liderazgos garífunas anunciaron que no presentarán a las cinco personas defensoras criminalizadas en la próxima audiencia, convocada para el 11 de septiembre. Las cinco fueron acusadas por el delito de usurpación tras el desalojo ejecutado el pasado 6 de julio, al amparo de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial.
“A partir de la fecha le decimos al mundo que nosotros no nos vamos a someter a ningún sistema judicial parcializado, corrupto, asesino, en el cual se privilegian los intereses de la empresa privada, de los delincuentes, de los mafiosos”, afirmó Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), durante una conferencia de prensa realizada el martes 8 de septiembre.
El anuncio se produce en medio de una escalada de tensiones. Por un lado, las cinco personas defensoras del territorio garífuna, acusadas bajo la figura de usurpación, llevan más de un mes desde su acusación sin que se definiera el juzgado competente para conocer su causa, luego de que el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional declaró nulas sus actuaciones y devolvió el expediente a Tela, Atlántida, donde una jueza ya se había declarado incompetente.
A esto se sumó la ausencia de apertura inicial por parte del Poder Judicial para sostener una reunión, sin limitar la participación de la delegación garífuna a un máximo de cuatro personas, medida que fue rechazada por los liderazgos, quienes cuestionaron las condiciones de un segundo encuentro, esta vez organizado desde la CSJ, quienes cuestionaron las condiciones de la convocatoria y la ausencia de garantías para un diálogo efectivo sobre cuatro sentencias a favor de cuatro comunidades garífunas por violaciones a sus derechos.
Noticia relacionada: Cinco defensores garífunas siguen sin juez en caso por desalojo de tierras de san juan
“Nos negamos a convalidar una simulación jurídica y una emboscada procesal construida por el Poder Judicial de Honduras para proteger los intereses de la familia Rosenthal Hidalgo y su empresa Promotur a quién obedece el magistrado Wagner Vallecillo, en la que no existen garantías de que nuestros argumentos sustentados en el Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia internacional y las sentencias de la Corte IDH, sean valorados con independencia, imparcialidad y apego a derecho”, lee la declaratoria del pueblo garífuna.
El magistrado Vallecillo, de filiación liberal, fue nombrado por el Congreso Nacional para presidir el Poder Judicial y posteriormente confirmado por el pleno de la CSJ, tras la renuncia, en marzo de 2026, de la entonces presidenta del máximo tribunal, Rebeca Ráquel Obando, quien dejo el cargo bajo la amenaza de ser sometida a un juicio político. Su nombramiento como magistrado se produjo en el marco del acuerdo político tripartito alcanzado en febrero de 2023 entre las principales fuerzas políticas del país y, en el que también habría participado el entonces presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal Hidalgo.
Desde la Ofraneh detallaron que, previo al desalojo violento del predio que la familia Rosenthal Hidalgo disputa con la comunidad garífuna de San Juan, y en el que habrían participado 300 policías, realizaron una serie de acciones judiciales para intentar detener la intervención estatal. El 16 de junio interpusieron un hábeas corpus preventivo y, el 30 de junio, un amparo colectivo ante la Sala de lo Constitucional para impedir la aplicación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial (Decreto 107-2026).
Apuntan que, pese a estas acciones, siete días después se ejecutó el desalojo, que terminó con la captura de las cinco personas defensoras del territorio, quienes incluso fueron señaladas de pertenecer a estructuras de criminalidad organizada. Según Ofraneh, la actuación estatal ocurrió mientras el amparo seguía en curso, pese a que una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reconoce los linderos del territorio ancestral de San Juan. Además, la propia Ley Agroindustrial dispone que la normativa no puede ser aplicada en comunidades indígenas.
Conoce más: Wagner Vallecillo, liberal y bajo investigación, es nombrado presidente interino de la CSJ
Ofraneh anunció que el campamento ubicado frente al área verde de la Corte Suprema en la capital hondureña, mientras otra parte se trasladará a la bahía de Tela donde se mantendrán en movilización permanente para defender el territorio, la vida, la justicia y la autodeterminación del pueblo garífuna.
En el marco del reactivación del campamento Viva Berta – nombrado en honor a la lideresa indígena asesinada en 2016 por denunciar las irregularidades detrás de la instalación de un proyecto hidroeléctrico en territorio lenca–, otras organizaciones indígenas y campesinas se sumaron al pueblo garífuna para acompañar su exigencia de justicia y denunciar la implementación de la controvertida Ley para el Fortalecimiento y Protección al Sector Agroindustrial.
Apoya el periodismo independiente
Para seguir leyendo noticias y coberturas que importan, añade a Criterio.hn a tus preferencias de contenido y recibe nuestras actualizaciones directamente en tu feed.
Añadir Criterio.hn a mis preferencias