El pueblo garífuna en Honduras inició una resistencia sostenida tras el primer desalojo aplicado bajo el Decreto 107-2026 en San Juan, Tela, y exige la anulación del juicio contra cinco defensores territoriales.
Reportería y fotografías: Emy Padilla y Jorge Burgos
Fotografias aéreas: Geovanny Canahuati
Tegucigalpa, Honduras. – Bajo la protección de sus ancestros, la armonía de sus tambores y sus bailes espirituales, el pueblo garífuna de Honduras se declaró en resistencia la mañana de este miércoles 15 de julio y anunció que mantendrá acciones de protesta hasta que sus demandas sean atendidas.
Entre sus principales exigencias figuran la anulación del proceso judicial contra cinco defensores territoriales acusados de usurpación agravada tras el desalojo violento ocurrido el 5 de julio en San Juan, Tela, y la derogación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores (Decreto 107-2026), aplicada por primera vez para la ejecución del desalojo.
Criterio.hn estuvo presente en el paro indefinido que, desde tempranas horas de este miércoles 15 de julio, mantuvieron integrantes de la comunidad sobre la carretera CA-13, que conduce hacia El Triunfo de la Cruz, a la altura de la aldea El Boquete, Atlántida, donde reiteraron ambas exigencias.
Cientos de vehículos quedaron varados mientras se desarrollaba la protesta, en la que la comunidad denunció la criminalización de la defensa del territorio ancestral garífuna, así como el incumplimiento sistemático de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por parte del Estado de Honduras. A la movilización se sumaron organizaciones sociales, indígenas, negras, campesinas y de derechos humanos, además de personas solidarias, mientras un amplio despliegue policial se hizo presente en el lugar.
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En el centro de la disputa está un predio de al menos nueve manzanas de tierra frente a la playa ubicado dentro del polígono que la Corte IDH reconoce como territorio ancestral de la comunidad garífuna de San Juan, y que la familia Rosenthal Hidalgo, herederos del extinto banquero Jaime Rosenthal –acusado en 2015 por la supuesta comisión del delito de lavado de activos– reclama como propia.
Como parte de la resistencia, la comunidad instaló el campamento Tuba Mena en los predios que la empresa Promociones y Turismo, vinculada a la familia Rosenthal Hidalgo, reclama como suyos. El campamento, nombrado en memoria de una mujer garífuna que murió defendiendo las tierras ancestrales, concentra las acciones de resistencia y la solidaridad de organizaciones indigenas, campesinas y de derechos humanos.
Miriam Miranda, coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), mientras participaba en la toma de la carretera, denunció que pretenden desaparecer al pueblo garífuna “no solamente con las leyes” sino también mediante “esa campaña, esa forma de atacar a nuestro pueblo y a nuestras comunidades, diciendo que somos crimen organizado, que somos terroristas”.
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Ismael Moreno, exdirector de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), quien se presentó en solidaridad al plantón, dijo a Criterio.hn que, además de ser una obligación ciudadana acompañar las luchas de los pueblos, es necesario denunciar un “sistema de justicia que es racista, es excluyente, es discriminatorio y, en ese sentido, un atentado absoluto al Estado de Derecho”.
Afirmó que cuando se vulneran los derechos del pueblo garífuna y del campesinado, especialmente el acceso a la tierra, se quebranta el principio de igualdad ante la ley y se incurre en decisiones contrarias a la Constitución de la República.
EL ANDAMIAJE LEGAL CONTRA LA PROTESTA TERRITORIAL
Ayer, la jueza Norma Fuentes se declaró de oficio incompetente para conocer el caso y remitió el expediente a un juzgado con jurisdicción nacional en San Pedro Sula, al considerar que los cinco acusados integrarían una estructura de criminalidad organizada.
La decisión suspendió la audiencia inicial que este miércoles estaba prevista para Deinor Osmany Mejía Arzú, Onil Rigoberto Fernández Zelaya, Hirvin René López Ortiz, Sara Abigail Acosta Acosta y Carlos Enrique Fernández Guzmán, quienes fueron capturados y acusados del delito de usurpación, tras el operativo del desalojo el 5 de julio en la comunidad garífuna de San Juan.
Al respecto, el abogado constitucionalista y doctor en derechos humanos Joaquín Mejía señaló en X que, en el caso de la comunidad garífuna de San Juan, el sistema de justicia «asume que son una comunidad de criminalidad organizada», mientras que, a su juicio, quienes han sido condenados por narcotráfico o señalados por corrupción reciben un trato distinto por parte de las instituciones de justicia.
Edy Tábora, abogado del Bufete Justicia para los Pueblos y representante legal de la Ofraneh, señaló un día antes del paro que este caso reproduce el mismo patrón utilizado contra los defensores del agua de Guapinol, en Tocoa, Colón, quienes en 2019 fueron acusados de integrar una estructura de criminalidad organizada con el fin de sacar el expediente de la jurisdicción local. Añadió que esa es la plantilla que utilizan los poderes económico y político cuando actúan de manera coordinada para criminalizar a las comunidades que defienden su territorio.
Ofraneh mediante un comunicado señaló por abuso de autoridad y prevaricato a la jueza involucrada y calificó como “absurdo, abusivo y racista” el argumento de que la comunidad de San Juan forma parte de una organización criminal y notificó que se presentó a las 8:00 de la mañana un escrito ante los juzgados de San Pedro Sula solicitando la inaplicabilidad del Decreto 107-2026 y la corrección de los abusos.
Asimismo, realizó un llamado urgente al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, a que designe un juez competente e imparcial para que conozca el caso y garantice el acceso a una justicia independiente.
La aplicación del Decreto 107-2026 se da en un contexto de aprobación de normativas que configuran un andamiaje jurídico que facilita la persecución judicial de personas que reclaman derechos sobre tierras, territorio y ambiente, al tiempo que fortalece la protección de intereses empresariales vinculados a actividades agroindustriales y extractivas.
Además de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, el decreto 84-2026 modificó ocho artículos del Código Penal, entre ellos el artículo 587, ampliando de forma ambigua la definición del delito de asociación terrorista, una reforma que, según expertos, podría aplicarse incluso a organizaciones y asociaciones lícitas.
A estas normativas se sumó la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final el cual al incluir a fundaciones y organizaciones sin fines de lucro podría facilitar mayores controles contra sectores críticos al poder. Actualmente se impulsa la iniciativa denominada ley casa segura, que ampliaría los supuestos de legítima defensa, incluso en situaciones donde el bien jurídico protegido no sea la vida sino el patrimonio.
Previamente, en 2021, durante la segunda administración de Juan Orlando Hernández, mediante el Decreto 93-2021 se endureció el delito de usurpación, figura que es utilizada para criminalizar los liderazgos que defienden la tierra, el territorio y el ambiente.
Al cierre de esta nota y pese a las lluvias, garífunas y organizaciones aliadas mantenían la toma de la carretera CA-13 y reiteraban que las acciones de resistencia continuarán hasta que se anule el proceso judicial contra los cinco defensores territoriales y se derogue el Decreto 107-2026.
