A juicio del extitular de la Uferco, Luis Javier Santos, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) se convirtió en un «elefante blanco» al facilitar, mediante finiquitos, estrategias de defensa de funcionarios señalados por corrupción, mientras cuestionó la falta de independencia del órgano contralor.
Tegucigalpa, Honduras. –El exjefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, cuestionó el papel desempeñado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en los casos de corrupción investigados por el Ministerio Público, al asegurar que el órgano contralor se convirtió durante años en una institución que facilitó la impunidad mediante la emisión de finiquitos a favor de funcionarios y exfuncionarios señalados por el manejo irregular de fondos públicos.
En los últimos años, varios exfuncionarios investigados por presuntos actos de corrupción han utilizado resoluciones y finiquitos emitidos por el TSC como parte de su estrategia de defensa.
Su defensa argumentó que Chávez contaba con un finiquito emitido por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y respaldado por una resolución judicial, documento que, según sus abogados, acreditaba que no existían responsabilidades derivadas de su administración.
Durante su participación en el podcast de un diario digital, el fiscal Santos manifestó que la institución difícilmente podrá desprenderse de la imagen de “elefante blanco” que, a su juicio, arrastra desde hace años debido a su escasa efectividad como ente contralor y auditor.
“El Tribunal Superior de Cuentas es un elefante blanco. Al menos durante el tiempo que estuvimos en la Uferco y antes en la UFECIC, servía más para limpiar los casos a los corruptos que para investigar o deducir responsabilidades”, declaró el fiscal.
De igual manera, explicó que, durante las investigaciones de alto impacto impulsadas por la desaparecida Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y posteriormente por la Uferco, era recurrente que diputados y otros funcionarios acudieran a las citaciones del Ministerio Público portando finiquitos emitidos por el TSC como argumento para evitar procesos penales.
Uno de los ejemplos que mencionó fue el denominado caso Red de Diputados, en el que varios de los imputados presentaron estos documentos asegurando que habían sido liberados de cualquier responsabilidad.
Entre los señalados figuran los exdiputados Alberto Chedrani, José Oswaldo Ramos Soto (quien falleció en 2024), Ricardo Antonio Díaz Aceituno, José Vicente León Rojas y Rodimiro Mejía Merino.
“Lo primero que hacían los diputados cuando los citábamos era presentar el finiquito del Tribunal de Cuentas. Llegaban diciendo que el Tribunal ya los había liberado de responsabilidad”, recordó el exjefe de la Uferco.
No obstante, Santos enfatizó que dichos documentos únicamente pueden tener efectos en el ámbito administrativo o civil, pero no extinguen la responsabilidad penal de una persona investigada por el Ministerio Público.
Luis Javier Santos, quien por años asumió la titularidad de la Uferco, explicó que el Tribunal de Cuentas no puede liberar a una persona de responsabilidad penal. Esa es una competencia exclusiva del Ministerio Público. El Tribunal tiene funciones constitucionales distintas y no puede sustituirlas.
UN TSC CONTROLADO POR POLÍTICOS
Por otro lado, el fiscal Luis Javier Santos cuestionó y atribuyó las debilidades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a la forma en que históricamente ha sido integrado, ya que el pleno de magistrados es electo por el Congreso Nacional.
El órgano contralor está integrado por tres magistrados, que son designados por las tres fuerzas políticas con mayor representación en el Congreso Nacional y posteriormente se realiza la votación, que debe alcanzar la mayoría calificada, es decir 86 votos.
Actualmente, los partidos Nacional, Liberal y Libertad y Refundación (Libre) tienen a sus representantes en ese órgano contralor.
Según el exjefe de la Uferco, la institución operaba bajo un esquema de reparto político entre sus tres magistrados, quienes controlaban directamente parte del personal.
“Los tres magistrados tenían repartido el 33% del personal cada uno, y ese personal respondía únicamente al magistrado del cual dependía. Así estaba politizado el Tribunal y, hasta donde sé, no ha habido una reforma que cambie esa realidad”, sostuvo.
Las observaciones de Santos coinciden con el análisis del exfiscal y exprocurador general de la República, Tomás Emilio Andrade, quien considera que el principal problema o falencia del TSC radica en el mecanismo de elección de sus autoridades.
Durante una entrevista brindada a Criterio.hn el jurista explicó que los magistrados son seleccionados por los partidos políticos representados en el Congreso Nacional, lo que genera compromisos políticos desde su nombramiento.
“El pecado original es que son electos por los partidos políticos. Generalmente cada magistrado responde al partido que lo propuso y luego son esos mismos actores políticos quienes terminan siendo objeto de investigaciones”, manifestó el jurista.
El exprocurador agregó que la legislación tampoco establece criterios estrictos de meritocracia para ocupar esos cargos, por lo que considera necesario fortalecer los requisitos académicos, la trayectoria profesional y la independencia de quienes integran el órgano contralor.
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LOS FINIQUITOS COMO HERRAMIENTA DE DEFENSA
Andrade explicó que, aunque los finiquitos del TSC no eliminan por sí mismos la responsabilidad penal, en la práctica suelen ser utilizados por las defensas de funcionarios acusados de corrupción para solicitar sobreseimientos durante las etapas iniciales de los procesos judiciales.
Añadió que, cuando se concede un sobreseimiento provisional y durante cinco años no surgen nuevas pruebas o actuaciones del Ministerio Público, la causa puede cerrarse de forma definitiva.
