Tegucigalpa, Honduras. –La audiencia preliminar en el proceso judicial contra tres personas señalados como presuntos autores intelectuales del asesinato del ambientalista y exregidor de Tocoa, Colón, Juan Antonio López, fue nuevamente reprogramada para el 1 de octubre, mientras el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) cuestionó que dos de los imputados enfrenten medidas distintas a la prisión preventiva.
El Poder Judicial informó que la audiencia, que debía desarrollarse en el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en San Pedro Sula, Cortes, fue suspendida a solicitud del Ministerio Público. La nueva fecha quedó establecida para el 1 de octubre de 2026, de acuerdo con la notificación remitida a las partes procesales.
La nueva reprogramación se suma a los distintos retrasos que ha experimentado el proceso judicial desde el asesinato de López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024, cuando el defensor del territorio fue atacado a disparos al salir de una iglesia en Tocoa, en el departamento de Colón, donde fungió como regidor municipal.
El crimen provocó condenas nacionales e internacionales y mantiene abierta la exigencia de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de su familia para que se determine no sólo quiénes ejecutaron el asesinato, sino también quiénes estuvieron detrás de la planificación y presunta orden del crimen.
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PRESUNTOS AUTORES INTELECTUALES CON MEDIDAS SUSTITUTIVAS
En esta etapa del proceso figuran tres personas señaladas por su presunta participación como autores intelectuales del asesinato, entre ellas el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, quien enfrenta acusaciones relacionadas con el crimen.
En julio de 2026, una resolución judicial sustituyó la prisión preventiva de Fúnez por arresto domiciliario, decisión que el Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) considera un retroceso para el proceso de justicia.
En un comunicado emitido el 13 de agosto de 2026, el Comité denunció que Juan Ángel Ramos Gallegos, otro de los imputados, recibió medidas distintas a la prisión preventiva y permanece bajo arresto domiciliario en la colonia Favio Ochoa, en Tocoa, el mismo sector donde reside la familia de Juan López y donde el defensor fue asesinado.
La organización sostiene que estas decisiones judiciales incrementan los riesgos para las víctimas, sus familiares y las personas defensoras del territorio que han acompañado el proceso.
Según el Comité, la jueza Rosario Díaz Cruz, del Juzgado de Jurisdicción Nacional, modificó las medidas cautelares de Fúnez y Ramos Gallegos, pese a que en resoluciones anteriores había considerado que persistían los presupuestos que justificaban la prisión preventiva.
El Comité cuestionó particularmente el cambio respecto de la resolución del 15 de mayo de 2026, cuando se había considerado la gravedad de los delitos imputados, la posible pena y el riesgo de que los acusados pudieran influir en la investigación o en los testigos.
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PIDEN REVOCAR LAS RESOLUCIONES
Ante esta situación, el Comité exigió a la Corte de Apelaciones de Jurisdicción Nacional que resuelva con celeridad los recursos de apelación presentados por las víctimas y la acusación privada, con los que buscan que se revoquen las decisiones emitidas por la jueza Díaz Cruz.
La organización considera que permitir que los imputados regresen a Tocoa representa un riesgo adicional para quienes han denunciado durante años las amenazas y agresiones vinculadas con la defensa del territorio.
En el caso de Fúnez, el Comité recordó que durante más de una década habría sido señalado por campañas de desprestigio, amenazas e intimidaciones contra defensores del territorio, contexto que, según la organización, antecedió al asesinato de Juan Antonio López.
También advirtió que el cambio de medidas podría afectar otras investigaciones judiciales en curso relacionadas con el exalcalde, debido a su retorno a la zona donde ocurrieron los hechos y donde permanecen las víctimas y personas que han participado en las denuncias.
El Comité vinculó además el caso con los conflictos socioambientales de Tocoa y con la defensa del Parque Nacional Carlos Escaleras, donde organizaciones comunitarias mantienen oposición a proyectos mineros y energéticos.
Asimismo, recordaron que la familia de Juan López y personas integrantes de la organización son beneficiarias de las medidas cautelares MC-137-2023 otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según el Comité, el Estado hondureño tiene la obligación de implementar medidas de protección integral para las víctimas y personas defensoras, una responsabilidad que, aseguran, no ha sido cumplida de manera efectiva durante los últimos años.
El asesinato de Juan López se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de violencia contra defensores ambientales en Honduras. Su muerte ocurrió en medio de las denuncias de organizaciones comunitarias de Tocoa sobre amenazas contra quienes se oponen a proyectos extractivos en la zona. Ahora, la nueva reprogramación de la audiencia preliminar para el 1 de octubre vuelve a prolongar el avance del proceso contra los presuntos autores intelectuales.
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