Tegucigalpa, Honduras. –Mientras las y los hondureños conmemoraban la independencia de Honduras y Centroamérica, Próspera ZEDE anunció el nombramiento del abogado Alberto Hernández Franks como fiscal civil, una figura encargada de hacer cumplir las normas de esa jurisdicción especial, pese a la sentencia de inconstitucionalidad emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
El nombramiento, divulgado el 15 de septiembre desde las cuentas oficiales de Próspera ZEDE, ocurre en un contexto en el que la empresa mantiene sus operaciones y busca fortalecer sus estructuras de gobierno interno, a pesar de que el máximo tribunal hondureño declaró inconstitucionales las ZEDE en septiembre de 2024, y dos años antes el Congreso Nacional derogó Ley Orgánica que las regulaba.
La decisión vuelve a poner en el centro del debate la actuación de las instituciones hondureñas frente a una estructura que, según abogados, no debería continuar ejerciendo funciones propias del Estado.
La controversia también se produce tras el retorno del Partido Nacional al Poder Ejecutivo, principal promotor político de las ZEDE durante su creación, y en medio de un nuevo acercamiento entre sectores del Gobierno, la empresa privada, medios de comunicación, lideres de iglesias evangélicas y Próspera ZEDE.
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DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD NO DETIENE NOMBRAMIENTOS EN PRÓSPERA ZEDE
De acuerdo con el anuncio realizado por Próspera ZEDE, el abogado Alberto Hernández Franks asumirá la responsabilidad de hacer cumplir las normas en materia civil y administrativa dentro de esa jurisdicción especial.
Entre sus atribuciones, según la propia empresa, se encuentran liderar la aplicación de las Normas, Estatutos y Regulaciones de Próspera ZEDE; interponer acciones de cumplimiento, conocidas como injunctions, ante el Proveedor de Servicios de Arbitraje por defecto; impulsar procedimientos de cobro forzoso de tributos y velar por el respeto de las reglas relacionadas con la vida, la propiedad y el orden público.
En la práctica, el nombramiento refuerza una estructura que pretende ejercer funciones de carácter normativo, administrativo y de resolución de controversias dentro de un territorio hondureño.
La designación de Hernández Franks no es un hecho aislado. Durante los últimos meses, Próspera ha continuado anunciando acciones y nombramientos vinculados con su estructura institucional, mientras persisten cuestionamientos sobre la legalidad de su funcionamiento.
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LA SENTENCIA DE LA CSJ QUE DECLARÓ INCONSTITUCIONALES LAS ZEDE
En septiembre de 2024, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró, por mayoría de votos, la inconstitucionalidad total y de origen del Decreto 236-2012, mediante el cual se reformó la Constitución para crear las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. Dos años antes, específicamente en abril de 2022, el Congreso Nacional derogó –por unanimidad de votos— así la Ley Orgánica de las ZEDE.
El abogado constitucionalista y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, recordó que la sentencia del máximo órgano de justicia hondureño expulsó del ordenamiento jurídico las normas relacionadas con las ZEDE, por lo que estas no pueden operar legalmente en Honduras.
Sin embargo, Próspera continúa funcionando y ahora anuncia el nombramiento de un fiscal civil, lo que, a juicio de Mejía, evidencia la falta de cumplimiento de la sentencia por parte de las instituciones del Estado.
“Próspera (ZEDE) sigue operando y nombra un ‘fiscal civil’ en pleno 15 de septiembre para mostrarnos su poder para no cumplir una sentencia del máximo órgano del Poder Judicial y crear y designar una ‘autoridad fiscal’, usurpando las funciones del Estado hondureño”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter, el jurista.
Mejía cuestionó que, pese a la declaratoria de inconstitucionalidad, ningún poder del Estado haya actuado de manera efectiva para hacer cumplir la resolución judicial.
Joaquín Mejía, abogado constitucionalista, objetó al Partido Nacional y Partido Liberal, a quienes llamó co-gobierno, de seguir tratando a las inconstitucionales ZEDE como “entidades validas” y “permitir que sustituya al Estado en su territorio”. Jorge Burgos/Criterio.hn
Además, vinculó el nombramiento de Hernández Franks con una reflexión sobre la independencia nacional, al considerar que la falta de respuesta institucional demuestra una contradicción entre el discurso oficial sobre la soberanía y la actuación del Estado frente a intereses privados.
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A juicio del abogado y director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Javier Acevedo, el nombramiento de un fiscal civil dentro de Próspera ZEDE debe analizarse a partir de la sentencia de inconstitucionalidad y la derogación de la Ley Orgánica de las ZEDE.
Durante una entrevista brindada a Criterio.hn el jurista lamentó la inacción o parsimonia por parte de las instituciones responsables de hacer cumplir las resoluciones judiciales, entre ellas la Procuraduría General de la República (PGR) y la propia Corte Suprema de Justicia (CSJ).
A juicio del jurisconsulto, la inacción de la CJS y de la PGR, sumado al espaldarazo desde el Poder Ejecutivo y sectores de la empresa privada, evidencian una relación de complicidad entre autoridades estatales y quienes controlan estas estructuras privadas.
Acevedo también señaló que, a lo largo de los últimos meses, se ha desarrollado una campaña mediática para otorgar legitimidad y reconocimiento a Próspera ZEDE, mientras funcionarios del Gobierno han participado en actividades relacionadas con esta empresa.
El jurista consideró que la continuidad de las operaciones de Próspera, a pesar de la sentencia constitucional, podría estar vinculada con intereses privados que la población hondureña desconoce.
Ante la continuidad de las operaciones de Próspera y el nombramiento de autoridades propias, Acevedo planteó que las instituciones hondureñas deberían adoptar medidas para garantizar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitida en septiembre de 2024.
En ese sentido, planteó la suspensión del permiso de operación, investigar si existe responsabilidades penales o administrativas e investigar a fondo las actividades de Próspera ZEDE.
Acevedo amplió el análisis más allá del caso de Próspera ZEDE y señaló que la falta de cumplimiento de resoluciones judiciales también afecta a comunidades y pueblos que defienden sus territorios frente a proyectos extractivos y otras actividades económicas.
Mientras Próspera ZEDE continúa fortaleciendo su aparato institucional y anunciando cargos para aplicar sus propias normas, pese a la declaratoria de inconstitucionalidad –desde su origen— emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra las Zonas de Empleo.
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