La estrategia que sustituyó la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción en Honduras (CICIH) sigue sin su principal autoridad. El Poder Ejecutivo mantiene pendiente el nombramiento del Comisionado Presidencial para la Transparencia, mientras persisten dudas sobre el alcance de sus competencias y su dependencia de Casa Presidencial.
Tegucigalpa, Honduras. – A más de un mes de la entrada en vigor de la Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 2026-2030, el gobierno del presidente Nasry Asfura Zablah, continúa sin nombrar al Comisionado Presidencial para la Transparencia, la figura creada para coordinar la política anticorrupción del Estado y que sustituyó la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción en Honduras (CICIH).
La estrategia, publicada en el diario oficial La Gaceta el 9 de junio mediante el PCM-011-2026, establece que el comisionado será la máxima autoridad política en materia de transparencia y lucha contra la corrupción en el país. Sin embargo, hasta la fecha no se ha anunciado quién ocupará el cargo, tampoco el presupuesto con el que contará ni la estructura institucional que respaldará las funciones del zar anticorrupción.
La falta de nombramiento ocurre mientras persisten cuestionamientos sobre el diseño de la estrategia, debido a que el decreto delega al propio comisionado la definición de sus atribuciones, y porque su designación la hará directamente el mandatario.
Criterio.hn buscó la reacción del Poder Ejecutivo, a través de llamadas telefónicas a la designada presidencial, María Antonieta Mejía, pero no obtuvimos respuesta.
A juicio del director ejecutivo del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías, esta situación evidencia las debilidades de una estrategia que, aunque incorpora buena parte de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas para la instalación de la CICIH, carece de los mecanismos institucionales necesarios para garantizar su implementación.
Durante una entrevista brindada a Criterio.hn, Irías señaló que el documento reconoce que la corrupción dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en “un problema estructural impulsado por redes político-empresariales con capacidad de capturar las instituciones del Estado”. No obstante, considera que la respuesta gubernamental no corresponde a la magnitud del problema.
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UN CARGO SIN FUNCIONES DEFINIDAS
El artículo 4 de la estrategia, establece que, posterior a su nombramiento, el Comisionado Presidencial para la Transparencia (CPT)Anticorrupción deberá presentar ante la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, una propuesta con las atribuciones, funcionamiento interno y requerimientos, incluyendo personal y logísticos para su correspondiente y oportuna aprobación por la Presidencia de la República, que en este caso recae en Nasry Asfura Zablah.
Por su parte, el artículo 3 del mismo decreto deja expresamente establecido que el Comisionado Presidencial para la Transparencia no constituye un órgano de investigación penal ni de representación judicial del Estado.
En ese sentido, la persecución de los delitos de corrupción continúa siendo una atribución exclusiva del Ministerio Público, mientras que la representación y defensa legal del Estado en los procesos judiciales corresponde, por mandato legal, a la Procuraduría General de la República (PGR).
Gustavo Irías, director ejecutivo de Cespad, cuestionó que el decreto no establezca con claridad las facultades, funcionamiento y presupuesto del nuevo comisionado y que sea el propio funcionario quien posteriormente defina el alcance de sus competencias y atribuciones.
A juicio de Irías, la figura nace además sin garantías de independencia, ya que dependerá directamente de Casa Presidencial y no contará, al menos por ahora, con facultades legales ni recursos económicos claramente establecidos para impulsar reformas o coordinar acciones entre las diferentes instituciones.
De igual manera, recordó que experiencias anteriores con otros comisionados presidenciales han evidenciado limitaciones para incidir en decisiones de alto nivel, precisamente por depender políticamente del Poder Ejecutivo.
Otro de los aspectos que genera preocupación es la independencia del funcionario frente al gobierno que lo nombrará. Al respecto, Irías considera que el diseño institucional podría derivar en un conflicto de interés, ya que el comisionado tendría la responsabilidad de coordinar acciones de transparencia dentro de una administración encabezada por el mismo presidente que lo designó.
«Es una figura que depende de manera directa del presidente de la República y que no tiene definidas sus funciones, por lo que realmente es difícil o complejo saber si se moverá en función de los intereses que puedan existir desde la Presidencia o su trabajo será el de la veeduría», cuestionó el entrevistado.
Explicó que esta dependencia limita la posibilidad de ejercer una supervisión efectiva sobre la administración pública y reduce la credibilidad de la estrategia como herramienta para combatir la corrupción.
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La instalación de un mecanismo internacional contra la corrupción surgió a partir de 2015 cuando se descubrió un colosal saqueo a las arcas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que se cuantificó en al menos 300 millones de dólares. Fue así como, en 2016, se instaló la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), desmantelada en enero de 2020, tras el procesamiento de 14 casos emblemáticos de corrupción que pusieron al descubierto varias redes de corrupción, propiciada especialmente por diputados y funcionarios del Poder Ejecutivo.
LA CICIH QUEDA FUERA DEL PANORAMA
Con la entrada en vigencia de la Estrategia Nacional Anticorrupción (ENTA) y el Plan de Asistencia Técnica Internacional (PATI), el país le cierra las puertas a la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción en Honduras (CICIH), que ha sido una demanda de las y los hondureños por más de una década.
Según el análisis del Cespad, el PATI no constituye una misión internacional con capacidad investigativa o de acompañamiento independiente, sino un mecanismo de cooperación bilateral mediante el cual organismos internacionales brindarán asistencia técnica al Estado hondureño.
Aunque la estrategia contempla varias reformas legales que incluye modificaciones al Código Procesal Penal, la derogación de pactos de impunidad, el fortalecimiento del Ministerio Público y la creación de una unidad especializada en casos de alta complejidad, Irías considera que dichas reformas dependerán de la voluntad política del Congreso Nacional.
«Lo que realmente se cuestiona es que la CICIH fue reemplazada por un mecanismo de cooperación que no tiene las características de una misión internacional independiente», concluyó Gustavo Irías.
Mientras tanto, a más de un mes de la publicación del decreto en el diario Oficial La Gaceta, el Gobierno mantiene pendiente el nombramiento del Comisionado Presidencial para la Transparencia, una figura llamada a dirigir la nueva política anticorrupción del país, pero cuya independencia, competencias y capacidad de acción continúan sin definirse.
