La ZEDE Orquídea o las verduras libertarias
«Siempre he trabajado para los ricos». Así explica María Izaguirre su vida como campesina en Las Tapias, una aldea ubicada en el sur de Honduras. Sus palabras no suenan a lamento, más como a una realidad inevitable.
San Marcos de Colón, Choluteca. -Sin medios para cultivar, María es una de las aseadoras de Orquídea, el parque agroindustrial que opera bajo la figura legal de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), el proyecto insigne del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).
Texto y fotos/vídeos: Ariel Torres
Ilustración de portada: Guillermo Burgos
A sus 53 años, María barre los 16 invernaderos de esta empresa instalada en el municipio de San Marcos de Colón. Junto a otras mujeres, esta campesina limpia 34 hectáreas, un espacio equivalente a 47 campos de fútbol.
Los invernaderos del parque acentúan el calor habitual de esa región catalogada como el Corredor Seco. Pero María no se queja de las altas temperaturas, sobre todo, agradece que por primera vez en su vida recibe el salario mínimo. Como empleada doméstica o jornalera nunca había ganado doce dólares por día.
Cuando María afirma que trabaja para los ricos, no miente. A unos metros de ella camina su jefe, uno de los dueños de la agroexportadora. Se trata de Víctor Wilson Canessa, un estadounidense naturalizado hondureño que lidera la ZEDE Orquídea.
María no conoce a Víctor Wilson, ni él a ella. Tampoco está al tanto del debate alrededor de las ZEDE. Las discusiones sobre la relación entre el Estado y el sector privado le son ajenos. Para ella la ecuación es simple, su prioridad es tener un empleo para mantener a su familia.
La promesa de la empresa es abrir unas tres mil plazas de trabajo para exportar verduras a Estados Unidos. En su primer año empleó a unas 500 personas. Para la mayoría de la población económicamente activa del municipio -unas 18 mil personas-, esa es una oportunidad caída del cielo. Aún más durante la pandemia.
Sin embargo, para muchos campesinos y organizaciones, esta ZEDE también es una amenaza que no debe ignorarse.
«No estamos en contra del desarrollo del país, nos oponemos a que la empresa se extienda, porque la ley les permite sacarnos de nuestras tierras», comenta José Ignacio Dávila, vecino de María y miembro del patronato de Las Tapias.
Don José Dávila no exagera. Aunque asevera que no lo hará, efectivamente, la empresa que dirige Víctor Wilson tiene el permiso legal de expropiar sus tierras, las ocho manzanas que este campesino heredó de sus padres.
Expropiar propiedades es apenas una de las licencias que otorga el régimen de las ZEDE. Su Ley va mucho más lejos. Consecuente con la denominada ideología libertaria, a las empresas se les permite montar prácticamente un Estado autónomo adentro del territorio nacional, para muchos, similar a los antiguos enclaves bananeros.
«Con las ZEDE se vende a pedazos el país a extranjeros», exclama afligido José Dávila, quien a sus 78 años creció en los terrenos donde ahora opera el parque agroindustrial y quién desde joven participó en los procesos de formación y movilización del campesinado en la zona sur, en los cada vez más lejanos años setenta de la reforma agraria.
Con su experiencia gremial a cuesta, don José sigue asistiendo puntual a las reuniones que se convocan para oponerse a las ZEDE, pero, admite con franqueza, que «son otros tiempos, ya ni mis hijos participan».
Al tanto de las críticas que lo comparan con un Samuel Zemurray contemporáneo, Wilson presume que sus invernaderos son los más modernos de Honduras. Al recorrerlos, este estadounidense afirma que sin la Ley de las ZEDE ese terreno «sería un potrero con unos catorce trabajadores», no una inversión que alcanzará los dos mil millones de lempiras.
El nuevo vecino
La empresa que dirige Víctor Wilson se instaló a inicios de 2021, a un costado de la aldea Las Tapias, del municipio de San Marcos de Colón, en el departamento de Choluteca, a casi doscientos kilómetros de distancia de la capital de Honduras.
El parque agroindustrial Orquídea sobresale a la distancia. A sus alrededores, su dimensión no tiene parangón. Para tener una idea del tamaño de sus 16 invernaderos, estos son treinta veces más grandes que la terminal de pasajeros del nuevo aeropuerto de Palmerola, el más extenso del país.
Según Ricardo Lardizábal, el ingeniero agrónomo y socio de Víctor Wilson en Orquídea, el proyecto se lo compraron a otro de los inversionistas de la empresa, al abogado y empresario estadounidense Mort Taylor, por unos 4,9 millones de lempiras (196 mil dólares), luego que este norteamericano desistiera instalar una ZEDE de plantas de carbón en el departamento de Santa Bárbara.
Tras comprar 268 hectáreas de tierra -prácticamente ociosas- a los terratenientes de la zona, Orquídea se convirtió en la ZEDE más amplia del país. Su extensión supera las 184 hectáreas del proyecto habitacional instalado en Roatán o las 36 hectáreas de la empresa manufacturera en Choloma.
En 2021, los territorios de las ZEDE operando a nivel nacional sumaron 488 hectáreas de tierra. Según Wilson, la coordinación entre los tres proyectos es mínima, “cada uno trabaja a lo suyo, de cenar y platicar una vez cada seis meses no hay mucho más”, dice mientras explica la producción hidropónica de sus verduras.
En su caso, el proceso de instalación de la empresa Orquídea fue tan acelerado que ni el mismo Wilson parece conocer la extensión exacta de su propiedad. Eso sí, desmiente cualquier rumor de expropiación, “no sé quién comenzó con esa mentira”, pregunta con un semblante de molestia, mientras recibe un bote con agua de uno de sus guardaespaldas.
En teoría, la llegada de la agroexportadora de chiles morrones y tomates tomó por sorpresa al municipio de San Marcos de Colón. Hasta el propio alcalde alegó que la noticia les llegó tras unas declaraciones dadas en Tegucigalpa por el exmandatario Juan Orlando Hernández, seis meses después que Orquídea iniciara su construcción.
“Nadie me comunicó que sería una ZEDE. Este proyecto no ha sido socializado, ni se tomó en cuenta a la alcaldía”, declaró Douglas Ordóñez, un edil nacionalista que en enero del 2022 inició su cuarto mandato consecutivo al frente del municipio de San Marcos de Colón.
La regidora del Partido Liberal y adversaria política del alcalde, Vilma Lagos, pone un poco más de precisión a la versión del edil. Según ella, la administración municipal tenía conocimiento de la instalación de la empresa Agro Alpha, la productora que trabaja al interior de Orquídea, pero desconocía que el proyecto funcionaría como ZEDE.
Lagos no se opone a la empresa, sino a su figura legal. “Nosotros queremos que funcionen tres Orquídeas más, pero que no vengan como ZEDE”, expresa la regidora, quien además critica que la agroexportadora le donó 1700 bolsas de cemento al alcalde, justo cuando Ordóñez se encontraba en plena campaña para su tercera reelección. Finalmente, este alcalde ganó los comicios con 46% de los votos.
La instalación de la empresa también sorprendió a los pobladores del municipio. Antes de su llegada, las ZEDE era un tema ajeno para los san marqueños. Estar a favor o en contra del proyecto impulsado por el expresidente Hernández apenas se discutía en las comunidades.
“La Ley estaba aprobada desde 2013, pero mucha gente reaccionó hasta ver el proyecto construido”, comenta el director de la Pastoral Social Caritas en Choluteca, Sabas Portillo, uno de los portavoces en contra de la industria extractivista en la región del Sur.
La tardanza en reaccionar, casi siete años después, es uno de los reproches más frecuentes entre las propias organizaciones sociales. Nidia Castillo, coordinadora de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos (RADDH), aduce que la pandemia fue una de las causas, “la empresa aprovechó que la gente se encontraba confinada, porque sabían que en ese momento no iba a haber oposición”, opina.
Por su parte, sobre el presunto desconocimiento del alcalde, Víctor Wilson sonríe y responde a Crtiterio.hn que hace mucho tiempo aprendió a no opinar sobre lo que dicen los políticos, luego comenta que varios hijos de los regidores de la administración de San Marcos de Colón trabajan en su ZEDE.
Jean-François Peyrecave, es socio de la finca Aquacultivos de Honduras (AQH), una de las empresas que forma parte del conglomerado de Granjas Marinas, donde Víctor Wilson es el gerente. Pero no está directamente relacionado con la ZEDE. Peyrecave es el esposo de Hilda Hernández, la fallecida hermana del expresidente Juan Orlando Hernández.
Por encima de la municipalidad
En realidad, la ZEDE Orquídea no necesitaba el permiso de la alcaldía de San Marcos de Colón, ni el consentimiento de la ciudadanía para instalarse en su territorio. Según la Ley, no son las ZEDE las que se supeditan a los municipios, sino al revés. Tampoco se le exige a la empresa consultar a la población.
Presentar un estudio ambiental, el consentimiento para utilizar la tierra, el perfil del proyecto y compartir un análisis financiero inicial fueron suficientes para que la empresa recibiera el permiso para instalarse como ZEDE en San Marcos de Colón.
Quien autorizó su instalación fue el Comité de Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), una entidad independiente compuesta por 21 miembros, 17 de ellos extranjeros y cuatro hondureños, escogidos directamente por el exmandatario Porfirio Lobo Sosa en 2013.
Los representantes del CAMP, en su mayoría políticos y empresarios de ideología conservadora -varios con una controversial trayectoria-, permitieron que la jurisdicción territorial de San Marcos de Colón perdiera 268 hectáreas, una resolución que no fue ni notificada formalmente a las autoridades locales.
Es decir, quienes autorizaron el establecimiento de la empresa a un costado de la aldea de María y don José, fueron una archiduquesa de Austria, el hijo del exmandatario estadounidense Ronald Reagan, el expresidente hondureño Ricardo Maduro y el exministro de la Presidencia, Ebal Díaz, entre otros miembros del CAMP.
“Es preocupante que la tierra donde se instaló la empresa Orquídea dejó de pertenecerle al municipio, ¿dónde están los alcaldes para defender la soberanía municipal?”, cuestiona Gerardo Herrera, uno de los voceros de la Plataforma del Sur contra las ZEDE, una coalición de 59 organizaciones sociales de la región.
Al contrario de la defensa territorial que exige la Plataforma, la reacción de algunos funcionarios es poner a disposición sus municipios. “Regularmente recibo correos y llamadas por parte de muchos alcaldes del país, ellos tienen interés en que se instalen ZEDE en sus regiones, eso no me lo esperaba”, comenta Wilson.
Sin embargo, Víctor Wilson prefiere no ahondar en el debate territorial en torno a la Ley de las ZEDE, cuando se le consulta su opinión sobre la soberanía nacional, responde tajante, “primero defíname usted qué es la soberanía del país”, luego hace hincapié en los beneficios del modelo.
“La ley me quita una docena de dolores de cabeza de burocracia, además reduce significativamente el riesgo de corrupción en los trámites”, señala Wilson, quien también es el gerente del Grupo Granjas Marinas S.A de C.V (GGM), la principal productora de camarones en Honduras.
En resumen, con el permiso del CAMP -donde figuran nominalmente unos siete miembros del Partido Republicano de Estados Unidos-, la empresa Orquídea se desligó prácticamente del Estado hondureño, considerado por el pensamiento libertario como un “estorbo” para la inversión privada.
Un proyecto ideológico
“Yo trabajaba en el Cohep (Consejo Hondureño de la Empresa Privada) cuando trajeron por primera vez a Paul Romer a Honduras”, recuerda Guillermo Peña Panting, el secretario técnico de Orquídea, un puesto que en el papel le coloca como el presidente de esa ZEDE.
Con estudios en Estados Unidos, Peña Panting es un joven libertario de formación y convicción. Con su Fundación Eléutera, la organización referente del libertarismo en Honduras, este secretario técnico promueve reformas políticas y legales que limiten la participación del Estado a favor de la empresa privada.
Peña también figura como empleado de Signal Power and Light, Inc., una empresa de generación de energía dirigida por el socio de la ZEDE Orquídea, Mort Taylor, un empresario libertario que forma parte de uno de los bufetes de abogados más influyentes del sureste de Estados Unidos.
“Tengo una mentalidad de creación de riqueza del sector privado y de respeto por el individuo (…) Aprendí temprano el valor del dinero en la vida”, dijo en una entrevista Peña Panting, cuyo tatarabuelo fue un empresario británico contratado por las empresas bananeras para construir la red ferroviaria en la Costa Norte.
Como era de suponer, Panting quedó impresionado con la visita de Paul Romer a Honduras en 2011. En aquel momento, este Nobel de Economía buscaba un país pobre, lo suficientemente desesperado para poner en práctica su experimento libertario conocido como las “ciudades modelo” o las “charter cities”
Durante su presentación en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Romer explicó su receta neoliberal para construir una ciudad parecida a Hong Kong o Shenzhen en Honduras. Para ello, el Estado debía ceder territorios escasamente poblados para sacarlos del sistema de legislación existente, creando ciudades autónomas regidas por el capital privado, bajo la garantía de un país desarrollado.
Como una versión extrema de las zonas de libre comercio existentes, según Romer, un país como Honduras debía flexibilizar su soberanía para superar sus problemas, creando burbujas extraterritoriales donde la gente escapara de las “malas reglas” que predominan en el resto del país.
Reformas constitucionales
Bajo el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), Honduras fue ese país pobre y desesperado que aceptó trabajar con Romer, asignando al entonces presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, como el principal encargado de montar el polémico proyecto.
Para aprobar las ZEDE, inicialmente bautizadas como Regiones Especiales de Desarrollo (RED), el Congreso Nacional modificó los artículos 294, 304 y 329 de la Constitución de la República, relacionados con la soberanía, territorio y la forma de gobierno.
Para asegurar las controversiales reformas legales, el Poder Legislativo destituyó a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que habían votado en contra de las ZEDE y de la Ley de Secretos del Estado.
Cabe recordar que, el único miembro de la CSJ que en 2012 votó a favor de esos proyectos fue Óscar Chinchilla, nombrado un año después como fiscal general de Honduras.
Wilson reconoce lo controversial de la ley, pero defiende la legitimidad de las ZEDE, “si quiero vivir en un país de leyes tengo que aceptar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Solo hay dos opciones, la ley o la jungla, y yo prefiero la ley”, señala, sin referirse a la destitución de los magistrados.
En contraste, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) – para el cual Wilson tiene críticas agudas- no comparte la opinión del empresario estadounidense y llama a los inversionistas a no participar en las ZEDE porque su ley “tiene vicios de inconstitucionalidad”.
El mismo Sistema de Naciones Unidas emitió un comunicado en el que advierte que estas zonas especiales podrían implicar “serios riesgos” para “el goce pleno de derechos humanos de todos y todas las habitantes” e hizo un llamado al Estado para que revise el marco constitucional y legal de las ZEDE.
“Para mí, ellos (Cohep) no son más que un pequeño club de monopolistas”, responde Wilson, quien en 2013 fue electo presidente de la Asociación de Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah) y actualmente también dirige la Cámara de Comercio e Industrias del Sur (CCIS).
Una ley libertaria
Inspirado en la propuesta de Romer -quien renunció al proyecto por desacuerdos con el gobierno hondureño-, el resultado de la Ley de las ZEDE permite a los empresarios montar prácticamente un Estado autónomo adentro del territorio nacional.
El marco legal autoriza a las empresas contar con su propio régimen fiscal, con sus propios tribunales de justicia, apegarse al marco jurídico de cualquier otro país, contraer convenios internacionales con otros Estados, gozar de exenciones aduaneras, establecer sus órganos de seguridad e investigación, sus propios sistemas de educación, de salud y de seguridad social, así como expropiar las propiedades aledañas que se opongan a su venta.
Para los críticos de las ZEDE, este modelo colocó al Estado hondureño en la vanguardia mundial en cuanto al despojo y a la pérdida de la soberanía de una nación frente a los intereses privados.
“El CAMP puede declarar territorios de interés para las ZEDE, eso quiere decir que las empresas pueden crecer y expandirse a costa de terceros”, comenta Gerardo Herrera, sobre la facultad que tienen las ZEDES de expropiar las tierras contiguas.
Wilson es un empresario que conoce como la palma de su mano el teje y maneje del poder en Honduras y sabe también sus debilidades y excesos. Identifica donde están los riesgos y los límites. Él mismo declara estar en contra del permiso de expropiación, “me hubiera gustado que no incluyeran lo de la expropiación, es un estorbo”, opina este estadounidense, quien durante siete años dirigió la empresa Chiquita Brands International en Honduras, la sucesora de la United Fruit Company.
“Nunca expropiaríamos tierras a los campesinos de la zona. ¿Para qué buscaríamos ese conflicto?”, se pregunta Wilson, mientras recorre sus instalaciones.
Probablemente una empresa como Orquídea no sea precisamente el proyecto que inicialmente planteó Romer. La visión de este economista se apegaría más a la ZEDE Próspera en Roatán, la cual aspira a ser habitada.
Hasta el momento, la Ley de las ZEDE parece ser una camisa muy grande para la empresa Orquídea, sus privilegios aparentan ser mayores a sus necesidades. Para el caso, ¿le interesa a una productora de chiles morrones tener un sistema propio de educación? ¿Un tribunal de justicia?
Sin embargo, Wilson tiene otra ZEDE en mente, “un proyecto muy grande que en doce años generaría unos cien mil empleos. Pero si la Ley deja de existir, vemos horizontes más verdes en otros lugares”, advierte, mientras pregona que en las últimas dos décadas ha invertido unos mil millones de lempiras en Honduras.
Oposición sureña a la zede
En pocos meses la ZEDE Orquídea se volvió un actor dominante en un municipio donde la alcaldía no sostiene ni los gastos del triaje de atención del covid. “Nosotros tuvimos que ayudar”, comenta Wilson, sobre el patrocinio que hace su empresa para enfrentar la pandemia en la región.
De acuerdo con la ley, las ZEDE son espacios territoriales con el mismo estatus constitucional de un municipio, pero con mayor poder económico. Para el caso, la inversión prevista de la empresa Orquídea equivale a 113 años del presupuesto anual de la municipalidad de San Marcos de Colón, quien recibe 17,7 millones de lempiras desde la Secretaría de Finanzas (SEFIN).
Conscientes de esta asimetría, las organizaciones sociales del municipio reconocen la importancia de las iniciativas privadas para generar empleos, sin embargo, se oponen a que los trabajos provengan de empresas constituidas bajo el modelo de las ZEDE, donde el Estado se desliga de sus responsabilidades.
El empleo también fue la justificación de Juan Orlando Hernández para impulsar las ZEDE. El exmandatario prometió que el ingreso promedio de los trabajadores en estos paraísos fiscales sería de unos 20 mil dólares anuales y que en pleno funcionamiento generarían 11% del empleo total del país.
De acuerdo con Wilson, en unos cuatro años, su ZEDE abriría unos tres mil puestos de trabajo, es decir, emplearía al 17% de toda la población económicamente activa del municipio de San Marcos de Colón.
“La Iglesia no se opone a la empresa ni a los empleos que puede generar, nos oponemos a que su figura legal violentó la Constitución de la República”, explica Heber Solórzano, vicario parroquial del municipio.
Para Víctor Wilson, la postura de la Iglesia Católica es incongruente con sus deseos de erradicar la pobreza, “el que se opone a las ZEDE confabula con la pobreza del pueblo”, exclama este empresario estadounidense de origen chileno.
Wilson recalcó que su proyecto no existiría sin la figura legal en la que se ampara. Otros regímenes como el de las Zonas Libres (ZOLI) no protegen tanto su capital como el modelo de las ZEDE. Entre más lejos del Estado de Honduras, mejor.
La discusión también fomenta otros análisis. “Hace falta que el movimiento social discuta y proponga otros modelos de desarrollo. Tenemos que hacer más propuestas de políticas públicas”, opina Sabas Portillo, el representante de Caritas en Choluteca.
Mientras tanto, la Plataforma exige derogar la Ley de las ZEDES. Muchos están esperanzados con las promesas del nuevo gobierno de Xiomara Castro. Sin embargo, la propia Ley se blindó ante una posible derogación, la cual tendría que ser consensuada con los dos tercios de los diputados del Congreso Nacional o a través de una nueva CSJ.
El empresario estadounidense se muestra seguro, “la realidad es que, aunque deroguen la Ley, seguiríamos siendo ZEDE por los menos unos diez años más”, dice. No exagera, el artículo 45 de la Ley Orgánica de las ZEDE lo respalda. Llevar el caso a los tribunales internacionales podría ser otra de sus alternativas.
Sin privilegios
“Nadie confía en los políticos, nadie confía en el sistema. Necesitamos renovar el sentido de confianza en Honduras, mostrarle a la gente que hay una manera de ascender en la escala económica de una manera legal y moral”, expresó Peña Panting, el secretario técnico de la ZEDE Orquídea.
A pesar de que los libertarios como Panting pregonen su desconfianza hacia los políticos, en sus ocho años de gobierno, el expresidente Juan Orlando Hernández visitó unas cuatro veces los terrenos de la empresa Orquídea. No es para menos, junto a la Policía Militar del Orden Público (PMOP), las ZEDE son probablemente sus dos proyectos insignes.
El expresidente Juan Orlando Hernández durante una visita a la ZEDE Orquídea, ubicada en el municipio de San Marcos de Colón, en el departamento de Choluteca.
“Él es el presidente y este es el proyecto agrícola más grande del país, ¿qué presidente no va a visitar un proyecto de esta naturaleza?”, argumenta Víctor Wilson, quien según algunos medios de comunicación, fue el director de Juntos Podemos, la fundación de Mauricio Oliva, el expresidente del Congreso Nacional durante los dos periodos del exmandatario Hernández.
“Estamos hablando de un pueblo que por primera vez tiene la posibilidad de tener un mejor futuro socioeconómico”, dice Víctor Wilson, antes de subirse a una de sus camionetas con las que atraviesa los caminos polvorientos del municipio.
Mientras tanto, a sus 78 años, don José Dávila expresa: “mi lucha ahora es dejar asegurada esta tierrita para que mis hijos y nietos la sigan trabajando y luchen por ganarse la vida”.
A diferencia de la ZEDE que les instalaron a un lado, los pobladores de Las Tapias no tienen ningún privilegio especial en Honduras.
“Nacimos torcidos”, sentenció un campesino que escuchó la entrevista a don José, como resignado a que es el destino y no el sistema quien pone a cada uno en el extremo de las desigualdades.